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Elecciones: ¿En que estado recibirá la economía el nuevo presidente de la República?

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El escenario electoral sigue marcado por una gran incertidumbre. A medida que se acerca la segunda vuelta del 13 de abril, el presidente candidato Daniel Noboa y Luisa González, de la Revolución Ciudadana, continúan en un virtual empate técnico, reflejo no solo de una contienda extremadamente reñida, sino también de un país polarizado entre dos modelos opuestos.

Lo cierto es que, gane quien gane, el próximo presidente asumirá un país polarizado y grandes desafíos por delante.

1. Una economía en recesión
El año 2024 cerró con un decrecimiento cercano al 2% del PIB. Según los datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el país acumula al menos tres trimestres consecutivos de caída en la actividad económica, lo que cumple con la definición técnica de una recesión.

Históricamente, los ciclos económicos en Ecuador muestran una duración promedio de ocho trimestres en la fase expansiva y alrededor de siete trimestres en la fase recesiva (Gráfico 3). Con base en estos antecedentes, y considerando que el último pico del ciclo se registró a finales de 2022, podemos inferir que la recesión podría extenderse hasta el tercer o cuarto trimestre de 2025.

Ciclo económico del Ecuador (Indicador base=100)

 

La pregunta clave para el próximo gobierno será si podrá acelerar la salida de la recesión o si Ecuador quedará atrapado en un período prolongado de bajo crecimiento.

Uno de los mayores desafíos será reestablecer la confianza empresarial y ciudadana, ya que la incertidumbre ha generado un freno en la inversión y consumo. Además, la restricción fiscal limita la capacidad del gobierno para estimular la demanda interna mediante el gasto público. Por lo tanto, la salida de la recesión dependerá en gran medida de la recuperación de la inversión y de una estrategia clara para impulsar sectores productivos que puedan generar crecimiento y empleo.

2. Confianza estancada
La confianza de los agentes económicos es un factor clave para la estabilidad y el crecimiento. Sin embargo, los indicadores recientes muestran un deterioro en las expectativas empresariales y en la percepción de los consumidores sobre la economía ecuatoriana.

El Índice de Expectativas de la Economía (IEE), que mide la confianza empresarial en sectores clave como la construcción, manufactura, comercio y servicios, cayó a 49,6 puntos en enero de 2025. Este índice oscila entre 0 y 100 puntos y su interpretación se basa en un punto de referencia central de 50 puntos, que marca la diferencia entre un escenario de optimismo y uno de pesimismo.

Índice de expectativas de la economía

 

1Comercio
El sector más afectado ha sido el comercio, cuyo Índice de Expectativas se ubicó en 44,8 puntos, con una caída de 15,3 puntos respecto al mes anterior. Este desplome sugiere que las empresas comerciales enfrentan una menor demanda y prevén dificultades en el corto plazo, lo que podría traducirse en menores ventas y una reducción de inversión en inventarios.

A pesar de esta caída, las expectativas de los empresarios del sector se han estabilizado: el 26% de los comerciantes anticipa una evolución favorable en sus negocios. Solo un 8% prevé un deterioro. Mientras que el 66% restante considera que la situación de sus negocios permanecerá sin cambios.

2Construcción
En contraste, el sector de construcción mostró una leve mejora en su confianza, alcanzando 45,5 puntos, un incremento de 2,2 puntos respecto a diciembre de 2024. A pesar de esta mejora, el índice sigue reflejando un sector que se mantiene en la zona pesimista, con bajas expectativas de crecimiento en el corto plazo.

Aun así, los empresarios del sector construcción proyectan un escenario más estable: el 76% de los entrevistados cree que su situación económica permanecerá sin cambios. El 18% espera una mejora en su negocio y solo un 6% prevé un deterioro.

3Manufactura
El sector manufacturero, en cambio, muestra una relativa estabilidad, con un índice de 50,6 puntos, apenas por encima del umbral del optimismo. El 24% de los empresarios anticipa una mejora en su situación económica. El 9% prevé un deterioro en su negocio. Y el restante 67% considera que la situación se mantendrá sin cambios.

4Servicios
Por su parte, el sector servicios experimentó una reducción de 4,4 puntos en su índice, ubicándose en 52,5 puntos, aunque todavía dentro del rango optimista. El 20% de las empresas del sector espera mejoras en su negocio. El 69% prevé que su situación económica se mantendrá sin cambios y el 11% anticipa un deterioro.

Por otro lado, la confianza de los consumidores ecuatorianos continúa en niveles bajos. En enero de 2025, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 37,7 puntos, lo que, si bien representa un leve incremento respecto al mes anterior (37,2 en diciembre de 2024), sigue muy por debajo del umbral de optimismo.

La mayoría de los hogares ecuatorianos no percibe mejoras en su situación económica reciente:

El 64% de los encuestados reportó que su situación económica permaneció sin cambios.
El 29% señaló un deterioro en sus condiciones.
Un 7% indicó que su situación económica mejoró.
Las expectativas para los próximos tres meses también reflejan una visión conservadora sobre el futuro:

El 71% cree que su situación económica permanecerá sin cambios.
El 20% prevé un deterioro en sus condiciones financieras.
Solo un 8% anticipa una mejora en su economía personal.
Además, los patrones de consumo han cambiado en respuesta al deterioro de la confianza y a la incertidumbre económica. Los hogares han ajustado su presupuesto priorizando el gasto en alimentos:

El 58% de los hogares mantuvo estable su gasto en alimentos.
El 31% aumentó su gasto en esta categoría.
El 11% redujo su consumo en alimentos.
En contraste, el gasto en entretenimiento, vestimenta y electrodomésticos mostró una reducción generalizada:

Más del 30% de los hogares redujo su gasto en entretenimiento.
Un 32% gastó menos en vestimenta.
El 36% recortó sus compras de electrodomésticos.
El 6% aumentó su gasto en vestimenta.
Este comportamiento es consistente con un entorno de menor confianza y disponibilidad de ingresos, lo que lleva a los consumidores a postergar compras no esenciales y enfocarse en bienes esenciales como los alimentos.

3. Mercado laboral y seguridad social
Empleo
Dos de los desafíos más urgentes que enfrentará la siguiente administración, son el deterioro del mercado laboral y la crisis financiera del sistema de seguridad social, factores que no solo afectan la estabilidad económica del país, sino que también tienen un impacto directo en el bienestar de millones de ecuatorianos.

En 2014, el 49% de los trabajadores tenía un empleo adecuado. Sin embargo, en los últimos diez años, esta cifra se ha reducido constantemente, llegando a apenas el 33% en 2024, lo que significa que dos de cada tres trabajadores ecuatorianos no tienen empleos con las condiciones adecuadas (salario básico y 40 horas laborales).

Evolución del mercado laboral (% de la PEA)

 

El empleo inadecuado alcanzó el 64,2% en 2024. Mientras tanto, el desempleo se redujo al 2,7%, pero esto no es una señal de recuperación, sino una consecuencia de la creciente informalidad, donde muchas personas simplemente aceptan cualquier tipo de trabajo sin estabilidad ni derechos laborales.

La ausencia de empleo pleno limita el consumo, reduce la capacidad de ahorro de los hogares y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Sin una estrategia clara para generar empleo de calidad y reducir la informalidad, Ecuador enfrentará épocas de menor crecimiento y mayor desigualdad.

Seguridad Social
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) enfrenta una crisis estructural, donde el número de afiliados activos no es suficiente para sostener el creciente número de jubilados. En los siguientes años, el déficit del sistema de pensiones aumentará rápidamente, pasando del -0,2% del PIB en 2015 a un déficit proyectado de -11,8% en 2050 y -21,8% en 2080.

El sistema de pensiones depende en gran medida de las transferencias estatales, con el 40% de las jubilaciones financiadas directamente por el gobierno. Sin embargo, este modelo es insostenible, ya que el crecimiento del gasto en pensiones reduce la capacidad del Estado para invertir en otras áreas clave, como educación, salud e infraestructura.

A esto se suma la baja cobertura del sistema, ya que casi un 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) no está afiliada a ninguna forma de seguridad social. La creciente informalidad laboral ha reducido el número de cotizantes, lo que agrava aún más el déficit del IESS y pone en riesgo la capacidad del sistema para pagar las pensiones futuras.

Además, la crisis del IESS no solo es financiera, sino también de gobernanza. La politización del sistema ha generado una administración ineficiente y falta de transparencia en la gestión de los fondos, lo que ha impedido la implementación de reformas estructurales necesarias para garantizar su sostenibilidad.

Proyecciones del sistema de pensiones (% de PIB)

 

El próximo gobierno no debe eludir estos problemas, ya que su postergación solo aumentará el impacto negativo en la economía y la sociedad. El deterioro del mercado laboral significa que menos trabajadores estarán en condiciones de aportar al sistema de seguridad social, agravando aún más su déficit. A su vez, si el IESS colapsa, millones de jubilados quedarán sin ingresos, lo que aumentará la pobreza en la población mayor y generará una crisis social sin precedentes.

4. Sector energético sin inversión
El sector energético ecuatoriano enfrenta desafíos estructurales que limitan su capacidad de crecimiento y sostenibilidad. La producción petrolera, pese a ser un pilar fundamental de las exportaciones y de los ingresos fiscales del país, ha caído en un preocupante estancamiento, afectada por falta de inversión, manejo ineficiente de recursos y la reducción de la participación privada.

Por otro lado, el sector eléctrico atraviesa una crisis sin precedentes, con apagones de más de 12 horas al día durante 2024, impactando la actividad económica y la calidad de vida de la población. A pesar de la gravedad del problema, no hay certezas de que estos cortes no vuelvan a ocurrir en el futuro cercano.

En 2004, la producción total de petróleo alcanzó 192 millones de barriles anuales, con una importante contribución del sector privado, que llegó a 120 millones de barriles. Sin embargo, a partir de ese año, la producción privada comenzó a caer drásticamente, desplazada por la expansión del sector público

Producción de petróleo (millones de barriles)

 

Pero este cambio no se tradujo en un aumento sustancial de la producción total. De hecho, tras un pico en 2014 con 203 millones de barriles, la producción ha mostrado un estancamiento, con cifras alrededor de los 175 millones de barriles en los últimos años. En 2024, la producción total cerró en 174 millones de barriles, una cifra menor a la registrada hace 20 años.

En los últimos días, el debate en torno al sector petrolero se ha centrado en la concesión del campo Sacha, uno de los más productivos del país. Este proceso ha generado preocupaciones sobre la transparencia y conveniencia de la adjudicación, ya que no se realizó un concurso competitivo para seleccionar la mejor oferta. La Asamblea Nacional anunció que analizará el proceso para determinar su viabilidad y evitar posibles perjuicios para el país.

Adicionalmente, líderes sociales y sectores políticos han expresado su rechazo a la concesión, advirtiendo que Ecuador podría estar cediendo un activo estratégico sin garantizar las mejores condiciones económicas y operativas. Monitorear este proceso será clave para asegurar que las decisiones tomadas no perjudiquen los ingresos del país ni comprometan la soberanía sobre sus recursos naturales.

Por su parte, el sector eléctrico ecuatoriano enfrenta su peor crisis en décadas. En 2024, el país experimentó apagones de más de 12 horas diarias, lo que afectó a industrias, comercios y hogares, generando pérdidas económicas millonarias y una reducción en la competitividad del país. El colapso del sistema eléctrico se debe a tres factores:

Falta de inversión en generación y transmisión: No se han desarrollado nuevos proyectos eléctricos de gran escala en los últimos años, lo que ha limitado la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda.
Dependencia de fuentes hídricas vulnerables: Ecuador depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, lo que lo hace altamente vulnerable a fenómenos climáticos como sequías.
Ausencia de inversión privada: Al igual que en el sector petrolero, el Estado ha restringido la participación del sector privado, limitando la innovación y eficiencia en la producción de energía.

5. Muchos problemas, pocos recusos fiscales
El próximo gobierno asumirá un país con múltiples problemas económicos, pero con una severa restricción de recursos fiscales para enfrentarlos. La economía está en una fase recesiva, la inversión está deprimida, el mercado laboral muestra signos de deterioro, el sistema de seguridad social es insostenible, el sector energético enfrenta crisis en petróleo y electricidad, y la confianza empresarial y del consumidor se mantiene en niveles bajos. A todo esto, se suma una realidad fiscal ineludible: no hay margen de maniobra para grandes soluciones sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.

Ecuador arrastra un déficit fiscal persistente desde hace más de una década, lo que ha obligado a un constante endeudamiento para cubrir sus necesidades. En 2024, el déficit global del sector público no financiero (SPNF) fue de USD 1.665 millones, y aunque es menor a los niveles críticos de años anteriores, sigue reflejando la dificultad del Estado para equilibrar sus ingresos y egresos.

Resultado fiscal del SPNF (USD millones)

El problema central es que la mayor parte del gasto público es rígido, es decir, el gobierno no puede reducirlo fácilmente sin afectar el funcionamiento del Estado. En 2024, el 84% del gasto total fue permanente, lo que significa que se destinó a sueldos, compra de bienes y servicios, seguridad social y pago de intereses de deuda.

Mientras tanto, el gasto en inversión pública sigue cayendo, ubicándose en apenas USD 1.848 millones en 2024, una cifra baja para un país que necesita infraestructura, mejoras en servicios y estímulo económico. Sin inversión, no hay crecimiento, y sin crecimiento, no hay mayor recaudación fiscal.

Los ingresos fiscales de Ecuador siguen dependiendo en gran medida del petróleo, a pesar del estancamiento en la producción. En 2024, los ingresos petroleros representaron el 32% de los ingresos totales, lo que significa que una caída en los precios internacionales o en la producción pone en riesgo la estabilidad fiscal.

Por otro lado, la recaudación tributaria ha crecido, pero no lo suficiente para cerrar la brecha fiscal. En 2024, los ingresos tributarios sumaron USD 16.501 millones, un aumento respecto a años anteriores, pero insuficiente frente a un presupuesto que supera los USD 47.000 millones.

Además, la presión tributaria ya es alta en algunos sectores, lo que limita la capacidad de nuevos aumentos sin afectar el crecimiento económico. En este contexto, cualquier intento de ajuste fiscal debe evaluar cuidadosamente el impacto sobre la inversión y el consumo.

Otro detalle no menor es que Ecuador se encuentra en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que impone compromisos de ajuste fiscal que restringen aún más el margen de acción del próximo gobierno. Entre las principales metas están:

Reducción del déficit fiscal
Mayor sostenibilidad en la deuda pública
Disciplina en el gasto
Eliminación de subsidios ineficientes
Si bien el acuerdo ha permitido acceder a financiamiento en mejores condiciones, también limita la capacidad del gobierno para tomar decisiones autónomas en materia fiscal y económica. El incumplimiento de las metas pactadas con el FMI podría cerrar aún más el acceso a financiamiento internacional, complicando la estabilidad macroeconómica del país.

En definitiva, el nuevo gobierno enfrentará un escenario complejo, pero sin reformas estructurales, el país seguirá atrapado en un ciclo de endeudamiento, recortes y falta de inversión, lo que limitará aún más su capacidad de crecimiento y estabilidad en el futuro cercano. Fuente: Primicias

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USD 300 millones cuesta el seguro para proteger a Ecuador de las caídas de precios del petróleo

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Han pasado un poco más de tres meses desde que en abril de 2026, el Gobierno de Ecuador anunció que contrató un seguro petrolero, también conocido como hedging.

En esencia, Petroecuador pagó una prima de seguro, hasta diciembre de 2026, para proteger a las finanzas públicas en caso de que el precio del petróleo caiga por debajo de un precio establecido.

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Esto, debido a que luego de la recaudación de impuestos, las exportaciones de petróleo son el segundo ingreso más importante del Presupuesto del Estado.

Petroecuador destinó USD 300 millones a esa prima de seguro, confirmó el viceministro de Hidrocarburos, Eduardo Racines, en entrevista con PRIMICIAS el pasado 10 de junio de 2026.

La cifra también apareció en el reporte de la petrolera estatal bajo el rubro de gastos por soporte administrativo en abril de 2026.

¿Era prioritario contratar un seguro petrolero?
La exgerente del Petroecuador, Marcela Reinoso, dice que el seguro busca proteger al país de riesgos por caída de precios, «pero los ingresos del país corren riesgos mayores por otros factores como los problemas de generación eléctrica en el sector petrolero».

«Un seguro para los precios no era una prioridad», dice Reinoso.

El gasto de USD 300 millones en ese seguro es un monto similar a todo lo que Petroecuador ha destinado en inversión en exploración y producción petrolera en el primer semestre de 2026, que fueron USD 327 millones.

Esto, en un momento en el que la producción de Petroecuador tuvo una caída de 2,42% en el primer semestre de 2026 frente a igual período de 2025.

Y añade que los recursos también se pudieron usar para atender la erosión regresiva del río Coca.

Construir una variante definitiva para el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), la principal arteria petrolera del país, pudo cubrirse con ese dinero, ya que se estima que la obra costaría unos USD 200 millones, dice.

Lea: La erosión se acerca a la captación de Coca Codo Sinclair, reubicar esta toma de agua es costoso y tomará tiempo
Esta obra es crucial para proteger este oleoducto del fenómeno de la erosión regresiva que amenaza la continuidad del transporte de petróleo.

Por roturas y suspensiones, el Sote no pudo transportar unos 23,5 millones de barriles de petróleo y se dejaron de percibir unos USD 1.124 millones entre 2020 y 2025.

¿Un seguro o un fondo de ahorro petrolero?
El exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, reconoce que el seguro petrolero es una herramienta útil para mitigar el impacto que podría tener en el Presupuesto del Estado el desplome de los precios del barril, que es una materia prima muy volátil.

Sin embargo, considera que para Ecuador, una herramienta más apropiada y menos costosa que un seguro es un fondo de ahorro petrolero. «Ecuador ya lo tuvo, cuando fui ministro lo hicimos crecer, pero en el gobierno de Rafael Correa se lo gastaron», recuerda.

Se refiere a dos fondos de ahorro, uno llamado Fondo de Estabilización Petrolera (FEP), que se conformaba con el 55% de los excedentes petroleros y otro denominado Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva, y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep).

Pozo dice que un fondo de ahorro «es más sostenible y sano para las finanzas del país», porque el dinero se invierte para que siga creciendo, siempre que exista la política de mantener orden fiscal. «Si el gasto crece mucho y el Estado está obeso es difícil implementar el fondo», dice.

La exgerenta de Petroecuador, Marcela Reinoso, dice que debido a que el precio del petróleo ha vivido un período de altísima incertidumbre, no se puede saber todavía si el hedging contratado va a ser efectivo y dar beneficios al país.

Y añade que sería clave conocer el precio al que se aseguró el barril.

Petroecuador solo ha informado que el seguro cubre un aproximado de 30 millones de barriles, que representan entre el 40% y 50% de los volúmenes que Petroecuador vendería hasta diciembre de 2026.

El viceministro de Petróleo, Eduardo Racines, explicó a PRIMICIAS que se definió un volumen de crudo a exportar a un precio mínimo asegurado por barril, pero no confirmó el valor.

 «Independientemente de lo que pase en el mercado externo, el precio de venta es el que está asegurado. A mayor precio del seguro, menor posibilidad de cobertura de volumen».

Eduardo Racines, viceministro de Hidrocarburos.
Esto significa que, mientras más alto sea el valor asegurado por barril, el dinero pagado alcanza para cubrir menos barriles.

Boom de precios: Los ingresos de Ecuador por venta de petróleo en lo que va de 2026 casi igualan a lo recibido en todo 2025
El instrumento fue contratado por Ecuador en un año en el que el precio del petróleo en el mundo ha experimentado alzas, por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Reinoso, explica que lo adecuado es contratar este tipo de seguros cuando el precio del petróleo está alto, pues es una forma de blindarse por anticipado ante las probabilidades de que se desplome luego de un período de crecimiento.

«Cuando el precio está bajo no es muy lógico contratar un seguro, porque ¿contra qué te estás protegiendo si ya está bajo el precio?»

Marcela Reinoso, exgerenta de Petroecuador.
Antes de la guerra, en enero y febrero de 2026, el precio promedio del WTI, que es el de referencia para Ecuador, fue de USD 62 por barril.

Pero entre marzo y mayo de 2026, el WTI se disparó y alcanzó un precio promedio de USD 95,4 por barril. Entre  junio y lo que va de julio el precio promedió los USD 80 por barril.

El petróleo ecuatoriano se ha vendido también a un precio más alto del que el Ministerio de Finanzas fijó como precio promedio esperado para 2026: USD 53,5.

En el primer semestre de 2026, el barril de Ecuador se vendió en USD 70,78 en promedio.

Así fue el proceso de contratación del seguro
El Gobierno empezó a allanar el camino para contratar el hedging desde enero de 2026.

En enero de 2026 un decreto ejecutivo reformó el reglamento del Código de Finanzas Públicas para viabilizar estas operaciones.

El nuevo decreto reconoce ese pago del seguro como un costo legítimo de gestión de riesgo y otorga seguridad jurídica a las instituciones que ejecuten esas operaciones. De manera que el pago de primas por coberturas no constituye daño al Estado, blindando a los funcionarios responsables de realizar estas operaciones.

¿Cómo funciona el seguro petrolero?
Pablo Noboa, exgerente de comercio internacional de Petroecuador dice que no existe una cobertura perfecta, y que se trata de una decisión de enorme responsabilidad que requiere un equipo altamente técnico.

«Existe una línea muy delgada entre una decisión estratégica orientada a proteger los ingresos del Estado y una apuesta sobre la dirección futura del mercado.” Pablo Noboa, exgerente de comercio internacional de Petroecuador.

Noboa explica que estas son  las opciones que hay en el mercado:

1Opción de venta, conocido como Put
La opción Put funciona como un seguro. El país paga una prima para asegurarse un precio mínimo de venta. Si el petróleo cae por debajo de ese nivel, la cobertura compensa la diferencia. Pero si el precio sube, el país puede vender al valor de mercado y aprovechar esa subida.

En este caso se habla de un costo de USD 300 millones, lo que hace pensar en una estructura con opciones, porque ahí sí existe el pago de una prima.

2Collar con precio piso y  un techo
El Collar combina una protección hacia abajo con un límite hacia arriba. Se compra una opción Put para establecer un precio mínimo y, al mismo tiempo, se vende una opción Call para fijar un techo.

Eso permite reducir u en algunos casos eliminar el costo de la prima. La desventaja es que, si el petróleo sube mucho, el país ya no aprovecha completamente esa subida. Por ejemplo, si se fija un piso de USD 60 y un techo de USD 80, el país queda protegido si en el mercado cae por debajo de USD 60. Pero si el precio sube a USD 100, el beneficio queda limitado por el techo que se acordó.

3Swaps o Forwards
En un Swap o un Forward se fija desde el inicio un precio para un volumen determinado de petróleo y para una fecha o período futuro.

Normalmente aquí no se paga una prima como en una opción Put. Por eso, si realmente hubo un pago de USD 300 millones, no parecería que se trató de un Swap o un Forward simple. El efecto sería el siguiente: si se fija un precio de USD 70 y luego el mercado cae a USD 55, el país mantiene los USD 70. Pero si el mercado sube a USD 90, igual recibe los USD 70 y deja de aprovechar esa subida. Fuente: Primicias

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Tribunal decide el futuro de Aquiles Alvarez: Fiscalía pide condena y defensa cuestiona toda la acusación del caso ‘Triple A’

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El futuro judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quedó en manos del Tribunal que conoce el caso Triple A, luego de que concluyeran los alegatos de clausura de todas las partes procesales.

Con ello, los jueces ingresaron a la fase de deliberación para emitir una sentencia sobre la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles subsidiados.

Durante su intervención final, la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvo que logró demostrar la existencia de una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización ilegal de hidrocarburos entre 2020 y 2024, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en USD 61,5 millones.

Fiscalía pidió la pena máxima y la disolución de seis empresas

En su alegato de clausura, la Fiscalía afirmó haber sustentado su acusación con 21 testimonios, cuatro pericias y 110 pruebas documentales.

Según la teoría del caso, 15 personas naturales y seis personas jurídicas habrían participado en la presunta red de comercialización ilegal de combustibles.

La FGE solicitó al Tribunal:

Declarar la culpabilidad de todos los procesados.

Imponer la pena máxima contemplada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Aplicar las circunstancias agravantes correspondientes.

Reconocer una atenuante únicamente para el procesado señalado como cómplice, por su colaboración.

Respecto al grado de participación, la Fiscalía señaló que existen siete autores directos, siete coautores y un cómplice, mientras que las seis empresas procesadas habrían actuado como autoras directas.

Además, pidió la disolución y clausura definitiva de las compañías Copedesa, Corpalubri, Ternape Petroleum, Fuelcorp, Indudiesel y Harsajudi, así como el pago de la reparación integral al Estado, la imposición de multas y la ratificación de las medidas cautelares sobre los bienes involucrados en el proceso.

La defensa de Aquiles Alvarez cuestiona la base jurídica de la acusación

Tras la intervención de la Fiscalía, la defensa del alcalde de Guayaquil aseguró que existe un problema jurídico de fondo en la acusación.

El abogado Julio Cueva sostuvo que la FGE habría construido su caso sobre un texto del artículo 265 del COIP que, según afirmó, no estaba vigente durante el período en que ocurrieron los hechos investigados.

«Si eso es correcto, no estamos frente a un simple error: estamos ante un problema jurídico de enorme gravedad. El principio de legalidad exige aplicar la norma vigente al momento de los hechos, no una posterior», manifestó el jurista.

El abogado acotó que aquello sería «desconocer el principio más básico del Derecho Penal. No hay pena sin ley previa».

Una vez concluidos los alegatos de clausura, el Tribunal suspendió la audiencia e ingresó en la fase de deliberación.

Los jueces deberán analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos expuestos por las defensas antes de emitir su fallo. La legislación no establece un plazo fijo para que el Tribunal anuncie su decisión, por lo que la sentencia podría conocerse en los próximos días. Fuente: Vistazo

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Ministro de Producción dice que solicitará a Estados Unidos la revisión de la tasa del 10% para camarón, atún y brócoli

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En entrevista con PRIMICIAS, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo, informó sobre los avances de los acuerdos comerciales que negocia Ecuador o están en proceso de ratificación con otros países.

Sobre la reciente sobretasa que aplicó Estados Unidos a Ecuador y otros países, Jaramillo señaló que el país solicitará a la Administración de Donald Trump que se incorporen otros productos a la exoneración de la sobretasa. Sin embargo, no es optimista sobre este tema.

En cuanto al acuerdo comercial firmado recientemente con Canadá, el titular de Producción reiteró que el principal interés de Canadá son las inversiones en minería.

¿Cuándo entrará en vigencia el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos?
El acuerdo se presentó a la Corte Constitucional meses atrás, pero no ha habido avances al respecto. Tampoco hemos insistido porque estábamos a la espera del cambio que los Estados Unidos implementó la semana pasada, con el que se ratificó la sobretasa de 10% que ya estaba vigente.

Sobre esta nueva investigación relacionada con trabajo forzoso, en el caso de Ecuador, la Administración de Donald Trump ya había indicado que el país cumplía parcialmente con los controles a las importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso, y por eso aplicaba una tasa de 10% y para el resto de países, 12,5%.

Considero que más allá de esta investigación, se trata de una medida que llegó para quedarse, esto va a sustituir al 10% que teníamos antes. Es una ventaja para Ecuador tener 2,5 puntos porcentuales menos que el resto de países, pero más allá de eso, creo que Estados Unidos va a mantener la medida.

Entonces, ¿usted no cree que aún haya la posibilidad de renegociar esta sobretasa en el marco del acuerdo firmado?
Nosotros hemos hecho la defensa. Hubo una reunión en Washington hace tres semanas, en la que expusimos lo que nosotros estamos haciendo al respecto. De hecho, en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) consta que Ecuador va a implementar controles al respecto y que los Estados Unidos inclusive ayudará con inteligencia al respecto.

Entonces, nos sorprendió que, a pesar de que el acuerdo indica esto, hayan señalado que se cumple parcialmente. Pero, como decía, más allá de cumplir o no, creo que se trata de una medida que llegó para quedarse y no la van a mover. Además, pienso que van a venir más investigaciones de Estados Unidos en la que podríamos estar incluidos.

Más allá de cumplir o no, creo que la sobretasa a Ecuador y el resto de países es una medida que llegó para quedarse y no la van a mover.

El presidente Daniel Noboa había dicho que el acuerdo con Estados Unidos se renegociaría en agosto. ¿Esto ya comenzó? 
Al respecto, tenemos que llevar a cabo una sesión del Consejo de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y Ecuador (TIC, por su siglas en inglés). Estaba programado para junio, en Ecuador, pero ha habido postergaciones por parte del USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos); esperemos que la reunión se concrete para agosto o septiembre.

El TIC es el vehículo por el que Ecuador puede exponer su posición y solicitar que se incorporen más productos sin sobretasa, como el caso del camarón, el atún en «pouch» y en lata o el brócoli.

Sobre el TLC con Canadá, usted ha resaltado el interés de ese país en las inversiones mineras. ¿Qué empresas mineras canadienses estarían interesadas en invertir en Ecuador o incrementar sus inversiones?
El acuerdo fue un ganar-ganar. Nosotros ganamos en la posibilidad de incrementar nuestro volumen de exportación a Canadá y también porque van a venir inversiones canadienses, no solo en minería, si no en diferentes sectores. El interés principal de Canadá son las inversiones y que esas inversiones se queden en propiedad canadienses.

También, recordemos que Canadá es una potencia minera y aquí en Ecuador hay proyectos de oro, en el caso canadiense, pero también tienen interés en cobre y en otros minerales. Algunos proyectos están en curso y otros están en análisis. Entonces, sí, el principal interés en Canadá está en invertir en minería.

¿Qué faltaría para la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Corea del Sur? 
Falta aún la aprobación del Parlamento coreano, esperemos que sea muy pronto, dentro de los próximos 30 o 60 días.

Una vez que el acuerdo entre en vigencia, el siguiente paso sería renegociar los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos. Eso ya lo acordamos con el Ministerio de Comercio de Corea del Sur.

Vamos a renegociar con Canadá los plazos de desgravación arancelaria de algunos productos, como banano y atún.

Por ejemplo, el atún ecuatoriano tiene un plazo de desgravación de 15 años y la idea es reducirlo a máximo cinco años. El banano, que tiene un arancel de 30%, tiene un plazo de cinco años y queremos bajarlo a dos, porque tiene una desventaja competitiva frente a Filipinas.

Además, vamos a iniciar las negociaciones de un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Corea del Sur, pero una vez que quede ratificado el acuerdo comercial en ambos países.

También, hay otros temas que tratar con Corea, ellos realizan pruebas para controlar la mancha blanca en el camarón, que es un tema endémico y que no afecta al ser humano. Entonces, quedamos en que se llevaría a cabo una investigación científica para demostrar que la mancha blanca no afecta al ser humano.

¿Cuántas rondas tendrá el acuerdo con República Dominicana y para cuándo se prevé firmar?
Hubo una primera ronda de negociaciones y la segunda se llevará a cabo desde el lunes 3 de agosto, en República Dominicana. No deberían pasar de cuatro rondas. Este será un acuerdo parcial acotado, se ha hablado de negociar una lista de 10 productos, pero podrían ser hasta 20. Podría firmarse en unos 60 días.

¿Qué avances se han logrado para comenzar las negociaciones de un acuerdo comercial con Marruecos?
La primera ronda de las negociaciones se llevará a cabo en agosto. Este acuerdo se negociará en poco tiempo, son solo cuatro productos de lado y lado. Nosotros tenemos interés en productos como camarón, flores, banano, tableros de madera, enlatados de atún. Marruecos es un importante exportador de fertilizantes de potasio. Fuente: Primicias

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