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¿Hay libre acceso a la Universidad Pública?

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La educación universitaria incide de forma trascendental en el desarrollo de la sociedad y tiene una tarea fundamental que es la generación de conocimiento nuevo, pertinente y que ayude a resolver los grandes problemas que enfrenta la humanidad, a más de formar profesionales con alta calidad humana y rigurosidad académica para servir a la sociedad. Para hacer efectivos estos postulados, los asambleístas constituyentes junto al pueblo ecuatoriano tuvieron la visión de consagrar en la Constitución del 2008, en su Art. 28 la gratuidad de la educación pública hasta el tercer nivel de educación superior.

Una de las ofertas de campaña del presidente Guillermo Lasso Mendoza en 2021 y de Daniel Noboa Azín en 2023 fue garantizar el libre acceso a la Universidad pública a los bachilleres Ecuatorianos para que estudien la carrea de su preferencia. Sin embargo, lejos de cumplir su oferta de campaña, recortaron el presupuesto a las universidades públicas y escuelas politécnicas del país, poniendo en riesgo su estabilidad financiera y afectando la  contratación de personal, la admisión de estudiantes y la operatividad de las 31 universidades públicas que existen en el país.   

Los recortes del presupuesto a la Educación superior, van en sentido contrario de  los ofrecimientos de garantizar el libre acceso a la Universidad pública a todos los bachilleres, ya que  en el Ecuador se gradúan cada año aproximadamente 350.000 bachilleres y las Universidades sólo tiene capacidad para recibir al 29% de los bachilleres, es decir sólo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la Universidad. Para cumplirles la palabra a los bachilleres de garantizar el libre ingreso a la Universidad pública,  se requiere incrementar el presupuesto para educación superior para construir nuevas Universidades, ampliar la infraestructura de las existentes y contratar más Docentes, con ello se lograría incrementar la oferta de cupos.

En el ecuador hay 31 universidades públicas, 14 están en la costa, 15 en la sierra y dos en la amazonia. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, establece en la DÉCIMA PRIMERA DISPOSICIÓN TRANSITORIA…que en un plazo máximo de dos años, a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial (21 de mayo de 2018), realizará los trámites constitucionales y legales correspondientes, para la creación y funcionamiento de universidades públicas autónomas en cada una de las provincias amazónicas, priorizando la de Sucumbíos, Orellana, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La decisión política de crear Universidades en estas provincias amazónicas, ayudaría muchísimo a su desarrollo, porque la academia es parte sustancial en el progreso de los pueblos; pero también ahorraría a los padres de familia los altos costos por concepto de alimentación, transporte y vivienda, cuando tenemos que enviar a nuestros hijos a otros lugares del País para que se profesionalicen.

Los bachilleres ecuatorianos siguen acariciando el sueño de  poder ingresar a la Universidad pública para hacer realidad el sueño de profesionalizarse y posteriormente servir a su gente; para que ese sueño se haga realidad, nuestros gobernantes deben cumplir sus ofertas de campaña asignando el presupuesto necesario para que la educación superior incremente la oferta de cupos para la juventud de nuestro país. La palabra agua no es la que calma la sed, lo que calma la sed es el agua; los ofrecimientos (palabras) no incrementan los cupos para el ingreso a la educación superior, lo que resuelven el problema que 7 de cada 10 estudiantes no puedan estudiar en la Universidad es la decisión política de poner el “billete” suficiente y necesario para incrementar la oferta de cupos y garantizar el ingreso a la Universidad de nuestra juventud.

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Alerta sobre ocupación del terreno destinado para la construcción del nuevo Hospital de Zamora

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En una entrevista pública concedida a Diario El Amazónico, el arquitecto Luis Zaruma, del cantón Zamora, expresó su profunda preocupación ante la ocupación progresiva de los terrenos destinados a la construcción del nuevo Hospital Julius Doepfner, infraestructura considerada estratégica para la atención de salud no solo de la ciudad de Zamora, sino de toda la provincia de Zamora Chinchipe e incluso del sur del país.

Durante su intervención, el profesional recurrió a una metáfora ampliamente conocida en el lenguaje popular —la denominada “rana en la olla”— para explicar cómo situaciones que avanzan de manera lenta y silenciosa pueden no generar una reacción inmediata, hasta que sus consecuencias se tornan irreversibles. Bajo esta analogía, Zaruma advirtió que Zamora ha perdido históricamente terrenos reservados para proyectos públicos, los cuales, con el paso del tiempo, fueron ocupados por terceros, dificultando o incluso impidiendo la ejecución de obras de interés colectivo.

Verificación técnica y ocupación parcial del predio
Zaruma informó que, tras la alerta ciudadana emitida por Smilcar Rodríguez, se realizó un recorrido técnico y ciudadano junto al periodista Alcíbar Lupercio y Víctor Guamán en el predio donde se proyecta la construcción del hospital. Durante la inspección se constató que una parte significativa del terreno está siendo utilizada para actividades agrícolas, evidenciándose parcelas delimitadas con mallas plásticas, sembríos recientes de maíz y cultivos de mayor antigüedad en plena producción.

De acuerdo con la evaluación realizada, de las aproximadamente 3,5 hectáreas que conforman el terreno del hospital, al menos una quinta parte estaría actualmente ocupada o utilizada por terceros. Esta situación fue puesta en conocimiento al director del Hospital Julius Doepfner, doctor Gustavo Apolo, quien dispuso la conformación de una comisión técnica del hospital para realizar una inspección in-situ, la cual se llevó a cabo el miércoles 14 de enero, a partir de las 14h00, con el objetivo de verificar el estado real del predio.

El arquitecto recordó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) es el legítimo propietario del terreno, conforme consta en escritura pública, por lo que recae en esta institución la responsabilidad de conservar, proteger y resguardar el predio, a fin de evitar futuros conflictos legales relacionados con la posesión prolongada y eventuales reclamos por mejoras, tal como lo establece la normativa vigente.

Incertidumbre presupuestaria para la consultoría del hospital
Otro de los temas centrales abordados fue la falta de confirmación del presupuesto para la consultoría del nuevo hospital. Zaruma indicó que el 26 de noviembre del año anterior, el colectivo ciudadano fue convocado por la Gobernación, instancia en la que se informó sobre la existencia de un presupuesto aproximado de USD 591.000, destinado específicamente a la consultoría del proyecto, el cual —según se indicó— sería aprobado por el Ministerio de Salud hasta el mes de diciembre.

Sin embargo, tras una solicitud formal de información presentada por el ingeniero Smilcar Rodríguez, coordinador del colectivo ciudadano, se confirmó que hasta la fecha dicho presupuesto no ha sido aprobado, ni existe certeza de que el rubro correspondiente a la consultoría esté efectivamente incluido en la planificación institucional.

Desde un análisis técnico, Zaruma expuso que, incluso en el escenario más optimista, la contratación de la consultoría podría concretarse recién a mediados de 2026, con una duración estimada de nueve meses a un año, lo que permitiría contar con el proyecto finalizado hacia 2027. Posteriormente, la asignación del presupuesto para la construcción podría darse en 2028, con un tiempo de ejecución de al menos dos años, proyectando la puesta en funcionamiento del hospital alrededor del año 2030, siempre que se garantice la disponibilidad de recursos.

Llamado a liderazgo institucional y acción articulada
Finalmente, el arquitecto Luis Zaruma expresó su preocupación por la ausencia de un liderazgo visible, articulado y sostenido por parte de las autoridades provinciales y locales en torno a este proyecto prioritario. Enfatizó que no se trata de confrontar al Gobierno Central, sino de gestionar de manera unificada, técnica y responsable, canalizando las demandas ciudadanas mediante asambleas, comisiones y pronunciamientos oficiales.

En este contexto, hizo un llamado a la Prefectura, alcaldías, GAD parroquiales y demás autoridades de Zamora Chinchipe para que asuman un rol activo en la defensa y viabilización del nuevo Hospital Julius Doepfner, recordando que esta lucha ciudadana se mantiene vigente desde 2013 y responde a una necesidad urgente de salud pública para toda la provincia.

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Concejal de Chinchipe expone avances, fiscalización de obra y gasto público

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En una entrevista concedida a Diario El Amazónico, el concejal del cantón Chinchipe, Medardo Celi, realizó un análisis técnico, político y administrativo sobre la situación actual de varias parroquias rurales del cantón Chinchipe, particularmente de Pucapamba, La Chonta y El Chorro, abordando temas relacionados con el abastecimiento de agua potable, saneamiento ambiental, vialidad rural, fiscalización de obras públicas, priorización presupuestaria y gasto corriente municipal.

Durante su intervención, el edil destacó la importancia de las plataformas digitales y los medios de comunicación como mecanismos para fortalecer la cercanía entre autoridades y ciudadanía, subrayando la necesidad de transparentar la información pública y rendir cuentas de manera permanente.

Abastecimiento de agua potable en Pucapamba y sistema Uriarango
El concejal informó que, en el caso específico de la parroquia Pucapamba, el 26 de diciembre de 2025 se firmó un convenio interinstitucional destinado a atender la problemática del agua potable. Este acuerdo contempla la construcción de un tanque de almacenamiento y desarenadores, con el objetivo de mejorar el tratamiento del líquido vital y reducir la turbiedad del agua que actualmente llega a los hogares, situación que ha generado preocupación por posibles afectaciones a la salud pública.

Indicó que el 31 de diciembre de 2025, la ingeniera July Núñez, responsable de la administración del convenio, solicitó formalmente el desembolso de los recursos al GAD Municipal de Chinchipe. No obstante, explicó que el proceso se encuentra a la espera del cierre del año fiscal y de la activación del sistema SIGAM, pasos necesarios para viabilizar la transferencia de fondos y la ejecución de la obra.

En relación con el sistema de agua Uriarango, que debería abastecer a las parroquias El Chorro, La Chonta y Pucapamba, el concejal señaló que uno de los principales problemas es la pérdida de caudal debido a acometidas clandestinas, las cuales afectan gravemente la distribución y provocan escasez durante el día. Añadió que este factor obliga a algunas comunidades a captar agua de vertientes cercanas, sin el tratamiento adecuado.

Presupuesto para agua potable y alcantarillado
Medardo Celi informó que, dentro del presupuesto municipal del año 2026, se ha destinado un monto de USD 4.388.313,43 exclusivamente para proyectos de agua potable y alcantarillado, con la finalidad de atender progresivamente estas problemáticas estructurales en el cantón. Manifestó su expectativa de que, durante el presente año, la administración municipal pueda ejecutar estos recursos de manera eficiente y oportuna.

Vialidad rural y cuarto eje vial
En cuanto a la infraestructura vial rural, el concejal reconoció que el cantón Chinchipe presenta serias deficiencias de mantenimiento, debido a su extensión territorial y a la limitada disponibilidad de maquinaria. Hizo un llamado a la autoridad provincial y nacional para que se mejore la distribución de recursos y se priorice la atención a las zonas rurales.

De manera particular, expresó su preocupación por el deterioro del cuarto eje vial, señalando que, pese a haber transcurrido más de 25 años desde la firma del Tratado de Paz, esta vía estratégica no ha recibido una intervención integral. Destacó que, recientemente, el GAD Municipal inició trabajos de mantenimiento en el puente de Isimanchi, el cual presentaba socavones que impedían el tránsito normal de buses y vehículos pesados.

Fiscalización de canchas cubiertas y uso de recursos públicos
Respecto a la construcción de canchas cubiertas ejecutadas mediante administración directa, el concejal confirmó que parte de la estructura metálica proviene de tubería donada por Petroecuador. Sin embargo, aclaró que el costo total de estas obras no se limita a dicho material, ya que las planillas incluyen mano de obra, perfilería, cubierta, techado y otros insumos técnicos.

Indicó que, desde el Concejo Municipal, se ha solicitado formalmente al Ejecutivo la entrega de las planillas detalladas de las canchas cubiertas construidas en sectores como San José de los Cruceros, San José de los Guayusos, la escuela Yahuarzongo y el barrio Los Rubíes, con el fin de conocer el costo real de cada proyecto y garantizar la transparencia. Añadió que, una vez recibida esta información, será socializada públicamente a través de los medios de comunicación.

Priorización de obras y saneamiento ambiental
Frente a los cuestionamientos ciudadanos sobre la priorización de obras en sectores con baja densidad poblacional, el concejal sostuvo que, si bien se busca una distribución equitativa de los recursos, también se considera el valor social y comunitario de este tipo de infraestructuras, especialmente para actividades deportivas y de integración barrial.

No obstante, enfatizó que no se ha dejado de lado el saneamiento ambiental, indicando que existen recursos asignados para el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales del cantón, particularmente en la parroquia La Chonta, donde operan dos plantas. Detalló que una de ellas presenta daños en su infraestructura, presuntamente ocasionados por el paso de maquinaria pesada, por lo que solicitó la elaboración de un informe técnico que permita definir si es viable su mantenimiento o si se requiere la construcción de una nueva planta.

Asimismo, hizo un llamado a los propietarios de predios donde se ubican estas plantas, especialmente en el sector Reina del Cisne, para que permitan el ingreso del personal técnico municipal y se pueda realizar el mantenimiento correspondiente, en beneficio de la salud pública.

Gasto corriente y compromiso institucional
En relación con el gasto corriente, Medardo Celi señaló que durante el año 2025 no se registró un incremento significativo y recordó que en 2024 se logró una reducción mediante la supresión de partidas y desvinculaciones, conforme a la normativa vigente. Manifestó su expectativa de que en 2026 se mantenga esta línea de austeridad, en concordancia con la LOEP y la Ley de Contratación Pública, priorizando siempre la inversión en obras antes que el incremento de personal.

Finalmente, el concejal reiteró su compromiso de apoyar todas las iniciativas de inversión pública que contribuyan a resolver las problemáticas estructurales del cantón Chinchipe, al tiempo que exhortó a las autoridades locales y parroquiales a trabajar de manera articulada, dejando de lado diferencias políticas, en favor del bienestar colectivo.

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Municipio de Zamora endurece controles por mal manejo de escombros y basura

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Comisaría Municipal de Zamora refuerza control y llama a la corresponsabilidad ciudadana en el manejo de escombros, desechos sólidos, fauna urbana y uso del espacio público.

El comisario municipal del cantón Zamora, Norman Toledo, informó sobre las acciones que ejecuta la Municipalidad, a través de la Comisaría Municipal y en coordinación permanente con la Dirección de Gestión Ambiental, para el control del manejo adecuado de escombros, desechos sólidos, fauna urbana y el uso correcto del espacio público, en cumplimiento de las ordenanzas vigentes.

Durante su intervención, la autoridad destacó que el trabajo institucional es arduo y complejo, pero se desarrolla diariamente con la predisposición de servir a la ciudadanía y hacer cumplir la normativa municipal, con el objetivo de proteger las riberas de los ríos, las áreas verdes y los espacios públicos del cantón.

Control del mal manejo de escombros
El comisario explicó que el antiguo relleno sanitario, ubicado vía a la quebrada de Jenairo, ha sido designado como escombrera municipal, con un horario de atención de 08h00 a 14h00, destinada exclusivamente al depósito de escombros de construcción, mas no de basura doméstica u otros desechos.

Toledo señaló que el mal uso de este espacio responde, en parte, a la falta de control en periodos anteriores, situación que permitió el depósito indebido de residuos. No obstante, aclaró que el Municipio no arroja basura en la escombrera, y que las irregularidades detectadas corresponden a prácticas inadecuadas de ciertos ciudadanos.

Asimismo, indicó que la Dirección de Gestión Ambiental mantiene un inventario de lotes autorizados para el desalojo de material de relleno, previo trámite y autorización municipal, exhortando a la ciudadanía a vincularse formalmente con el Municipio antes de realizar construcciones o demoliciones.

Sanciones y debido proceso
El comisario informó que la Ordenanza de Desechos Sólidos establece sanciones claras para quienes incumplen la normativa. Las infracciones flagrantes generan multas inmediatas, mientras que otros casos requieren una investigación previa, notificación formal y aplicación del debido proceso administrativo, conforme al Código Administrativo.

Las sanciones económicas oscilan entre el 5 % y el 25 % de un salario básico unificado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Manejo de residuos y contenedores en la Feria Libre
Respecto a los contenedores ubicados en la Feria Libre, Toledo aclaró que estos están destinados exclusivamente a los residuos orgánicos e inorgánicos generados en este espacio, y no para el depósito de cartones voluminosos, materiales de construcción, animales muertos u otros desechos impropios.

Denunció que se han encontrado residuos de alto impacto ambiental, incluso animales muertos en ríos, lo cual atenta contra la salud pública y el entorno natural. La Comisaría reiteró que el objetivo de las publicaciones institucionales es generar conciencia ciudadana, no restringir el uso responsable de los contenedores.

Fauna urbana y tenencia responsable
En relación con la ordenanza de fauna urbana, Toledo recalcó que la responsabilidad del manejo de mascotas recae en los propietarios, y no en los animales. Indicó que uno de los principales obstáculos para sancionar estas infracciones es la falta de pruebas, ya que muchas denuncias se realizan fuera de tiempo o sin identificar al responsable.

En este contexto, destacó la necesidad de implementar un sistema integral de videovigilancia, que permita mejorar la seguridad ciudadana y, a su vez, respaldar legalmente los procesos sancionatorios en casos de infracción flagrante.

Uso del espacio público y vendedores ambulantes
Sobre la presencia de vendedores ambulantes en veredas y vías de alto tránsito, el comisario subrayó que existe un vacío normativo en el cantón Zamora, ya que actualmente no se cuenta con una ordenanza específica que regule su reubicación, horarios y condiciones de operación.

Recordó que, si bien el derecho al trabajo está garantizado constitucionalmente, también es responsabilidad del Concejo Municipal emitir ordenanzas claras que permitan ordenar el uso del espacio público, evitando riesgos para peatones y conductores. En ausencia de esta normativa, la Comisaría y la Policía Municipal se ven limitadas en su accionar.

Toledo instó a tomar como referencia experiencias exitosas de cantones vecinos como Yantzaza y El Pangui, donde existen ordenanzas claras que regulan el comercio informal, garantizando el derecho al trabajo y el orden urbano.

Acciones planificadas para 2026
Finalmente, el comisario anunció que para el presente año se ha planificado un fortalecimiento de los operativos de control, en coordinación con Gestión Ambiental, presidentes barriales y otras dependencias municipales. Entre las acciones previstas constan:
• Recorridos de control en barrios e instituciones públicas y privadas.
• Notificación de limpieza de veredas, bordillos y predios en aparente abandono.
• Revisión y readecuación de veredas deterioradas.
• Campañas de concienciación ciudadana sobre el respeto a las ordenanzas.

“Este trabajo lo realizamos no solo como funcionarios públicos, sino como ciudadanos comprometidos con el bienestar y el desarrollo ordenado de Zamora”, concluyó Toledo.

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