Nacionales
Crisis financiera golpea al Gobierno de Noboa ante la falta de $1.914 millones
El Gobierno de Daniel Noboa enfrenta una fuerte presión económica tras la pérdida de dos fuentes clave de financiamiento que sumaban $1.914 millones. La caída de la concesión del campo petrolero Sacha, que debía generar un anticipo de $1.500 millones, y el retraso en la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que posterga el desembolso de $414 millones, han dejado un vacío en las arcas estatales en un momento crítico.
Estos fondos eran esenciales para el flujo de caja gubernamental, especialmente en un contexto de pagos atrasados, emergencias causadas por el invierno y la incertidumbre electoral que complica aún más la situación económica del país.
El FMI pospone desembolso hasta después de las elecciones
El FMI tenía programada una reunión el 15 de marzo para evaluar el cumplimiento de las metas económicas de Ecuador y aprobar el tercer desembolso del acuerdo financiero. Sin embargo, la decisión de aplazar la revisión hasta después de la segunda vuelta electoral, el 13 de abril, ha sumado incertidumbre a la estabilidad económica.
El organismo internacional suele evitar comprometer recursos en contextos de alta volatilidad política. Dependiendo del resultado electoral, la estrategia económica del país podría cambiar drásticamente, razón por la cual el FMI prefiere esperar antes de autorizar nuevos desembolsos.
Esta situación ha impactado negativamente en el riesgo país, que ha escalado hasta los 1.500 puntos. Según Santiago Mosquera, decano de la Escuela de Negocios de la UDLA, la expectativa inicial de una victoria de Noboa en primera vuelta había impulsado la compra de deuda ecuatoriana, reduciendo el riesgo país. Sin embargo, el empate técnico en los comicios ha generado incertidumbre y una reacción negativa en los mercados internacionales.
Fracaso de la concesión de Sacha agrava el déficit fiscal
Otro golpe financiero ha sido la cancelación de la concesión del campo petrolero Sacha, cuyo proceso de licitación no logró concretarse debido a la falta de acuerdos con inversionistas y problemas en la estructuración del modelo de concesión. Esto significa la pérdida de $1.500 millones que el Gobierno contaba como parte de su estrategia para cubrir compromisos inmediatos, incluyendo el pago a proveedores y la gestión de emergencias.
Un panorama económico incierto en plena coyuntura electoral
Ante la falta de estos ingresos clave, el Ministerio de Economía enfrenta un escenario complejo y deberá buscar alternativas para cumplir con sus obligaciones. Entre las opciones están la obtención de financiamiento en mercados internacionales bajo condiciones más costosas o la implementación de ajustes adicionales en el gasto público.
La combinación de incertidumbre política, dificultades fiscales y desconfianza de los inversionistas deja a Ecuador en una de sus situaciones económicas más frágiles en los últimos años. Con el desenlace electoral aún por definirse, el país se encuentra en una encrucijada que determinará su estabilidad financiera en el corto y mediano plazo.
Nacionales
Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.
Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.
La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.
De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.
Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.
Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.
Nacionales
Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum
Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.
¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?
La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.
Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)
Nacionales
Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.
La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.
Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».
«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,
Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.
«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.
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