La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitirá hoy, a las 14h00 locales, un pronunciamiento histórico sobre el caso de los pueblos Tagaeri Taromenane en Ecuador. Su sentencia podría sentar un precedente vital para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) del mundo, confirmó a Vistazo el jurista Mario Melo, abogado de los demandantes.

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Nunca antes la Corte Interamericana de DDHH conoció un caso relacionado con pueblos indígenas en aislamiento. Es un hecho sin precedentes. El proceso internacional empezó en 2006, tras la masacre a un clan sin contacto, que no fue investigada por el Estado ecuatoriano. Para entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, dispuso medidas cautelares a favor de los pueblos no contactados.

Se trata del caso 12.979 “Pueblos Indígenas en Aislamiento Tagaeri y Taromenane versus Ecuador”. La audiencia se realizó en Brasil el 23 de agosto de 2022. En ella compareció la joven indígena C., nombre protegido, por ser sobreviviente de una masacre, quien para la fecha de la audiencia tenía unos 17 años.

Ella se dirigió ante la Corte Interamericana, a través de un vídeo grabado en la Amazonía. “Quiero que venga (la) Corte para hablar en persona (…) dicen que no pienso nada; que venga, y (que) diga al Gobierno que deje vivir libre con territorio. Que no acabe la selva”, dijo la joven.

Una franja de color rojo estaba pintada en su rostro. Es la mayor de dos hermanas que sobrevivieron a una masacre perpetrada en 2013. El clan familiar al que pertenecían ambas hermanas fue asesinado, durante un ataque con armas de fuego, por parte de un grupo waorani. Las hermanas sobrevivientes se habrían escondido. Fueron integradas en un mundo que no conocían y separadas, ya que las llevaron a vivir con familias waorani de comunidades distantes. La menor de las hermanas tenía entre dos y cinco años, al momento del ataque.

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Los grupos waorani son considerados de contacto reciente. Sus parientes que se resistieron optaron por internarse selva adentro, para mantener su aislamiento. Sin embargo, ellos no permanecen en un solo sitio, sino que mantienen patrones de movilidad estacional y cíclica en la selva, según el antropólogo Roberto Narváez .

El primer patrón tiene que ver con la temporada en que obtenga frutos y alimentos en distintas zonas del bosque. El segundo patrón obedece a la lógica de volver a la tierra de sus ancestros, respetando el linaje femenino, es decir, regresa a la tierra donde las abuelas sembraron alimentos para sus descendientes, de acuerdo con este investigador.

Por esta lógica de movilidad, crear la Zona Intangible Tagaeri Taromenani (ZITT) en la Amazonía ecuatoriana fue insuficiente. Los indígenas aislados no se restringen a esos límites. En 1999, la ZITT fue constituida en territorios sin actividades extractivas y sin reservas de petróleo. Se delimitó recién en 2007, con una zona de amortiguamiento en la que estaban prohibidas nuevas obras de infraestructura, como carreteras e instalaciones petroleras.

En 2019 se aumentó el área de la ZITT, pero al mismo tiempo se permitió la realización de actividad extractiva en una parte de la zona de amortiguamiento. La Corte Constitucional dejó sin efecto el permiso para nuevas actividades extractivas en la zona de amortiguamiento. Todo esto consta en el texto de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se basa en testimonios, documentos y peritajes.

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La superficie actual de la ZITT alcanza 8.185 kilómetros cuadrados , algo más de un tercio del territorio tradicional del pueblo waorani. Los grupos aislados se movilizan fuera de esos límites. ¿Quién puede explicarles que deben restringirse a un cerco para ellos desconocido?

Ahora, los expertos se preguntan si los pueblos aislados están a un paso del exterminio. “El incesante cerco territorial amenaza con devenir en exterminio” , concluye el antropólogo José Proaño, quien trabajó con la ONG Land is Life en el levantamiento de información en la zona. Esta organización actúa como Secretaría del grupo de trabajo internacional sobre Pueblos en Aislamiento y Pueblos Indígenas en Contacto Inicial.

El mapa de encuentros violentos en el territorio tradicional Waorani muestra que los indígenas en aislamiento se desplazan más allá de los límites de la ZITT.

La masacre que dejó a las dos niñas sobrevivientes ocurrió, de hecho, fuera de la Zona Intangible, ZITT. Tuvo un antecedente. A inicios de ese año, 2013, la pareja de ancianos waorani conformada por Ompore y Buganey murió por lanzas de indígenas aislados.

Algunos de ellos habían mantenido algún tipo de comunicación inicial con el viejo Ompore: le habían pedido que terminara el ruido incesante de los generadores en el pozo petrolero. Todo esto ocurrió en el bloque 16, entonces operado por la firma española Repsol. A pesar de las muertes, la operación extractiva nunca se suspendió. No eran solo hechos de violencia intertribal, como intentó posicionar el Gobierno de la época. El fenómeno respondía a otras lógicas.

El grupo waorani de reciente contacto y los pueblos en aislamiento comparten un tronco familiar común, detalla José Proaño, antropólogo. El primero fue contactado por la fuerza, por misioneros evangélicos desde fines de la década del 50. Los segundos se negaron.

Ahora, ambos comparten similares problemas: “una serie de presiones territoriales, conflictos interétnicos y expansión de las fronteras extractivas, especialmente madereras”. Éstas desembocaron en el estallido de conflictos motivados por varios factores, entre ellos, la presión sobre territorios ocasionada por la expansión de la frontera de colonización, señala Proaño.

El territorio tradicional waorani cubría 2 millones de hectáreas en la selva amazónica, apenas medio siglo atrás, según recoge el texto de la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, basado en peritajes, como el de la geógrafa Paola Maldonado.

Esta zona es conocida como la Reserva de Biósfera Yasuní. En su interior, se crearon el Parque Nacional, la Zona Intangible Tagaeri Taromenani, el área de amortiguamiento, el área titulada para los waorani. Algunas de ellas se superponen entre sí, y además cobijan actividades extractivas, como las madereras y las petroleras. Ese es uno de los problemas. Las distintas zonas superpuestas tienen además diferentes autoridades, desde el punto de vista administrativo. Esto dificulta el manejo y el control.

El expediente ante la Corte Interamericana incorpora los argumentos de los demandantes. El antropólogo Roberto Narváez, quien presentó su testimonio, explicó que una vez que sucedió el ataque contra los ancianos waorani, “no existió gestión eficiente del Estado para evitar el ingreso de parientes en busca de venganza. La única gestión del Estado fue judicial contra los atacantes waorani, pero no se consideró la incidencia de las actividades extractivas en el contexto del bosque”.

Desde esa perspectiva, cuando el Estado no investigó ni sancionó las masacres previas (2003 y 2006) “generó un clima de impunidad”. Es más, según Narváez, agentes estatales tuvieron información relevante “sobre la inminencia de un ataque en contra de pueblos en aislamiento a raíz de la muerte de Ompore y Buganey”, sin que tomara medida alguna frente a terceros. Por esa razón, la demanda menciona que el Estado habría vulnerado el derecho a la vida.

En agosto de 2023 se realizó una consulta popular para dejar el crudo bajo la selva en Yasuní. El cumplimiento de la voluntad expresada en urnas se ha realizado en forma progresiva. Fuente: Vistazo