Nacionales
Ahora la polémica rodea a Sacha; en el correísmo la adjudicación de los campos Shushufindi y Auca estuvo plagada de irregularidades
La adjudicación de Sacha, el campo petrolero más productivo de Ecuador ha avivado la confrontación entre el Gobierno y el movimiento político Revolución Ciudadana, con el que disputa la segunda vuelta por las elecciones presidenciales en abril de 2025.
El candidato presidente Daniel Noboa dijo, mediante una carta pública, que el movimiento correísta «hipotecó» los campos estatales Auca y Shushufindi con un préstamo a una tasa del 19,95% de interés anual, cuando estuvieron en el Gobierno (2007 – 2017) y defendió que con Sacha no ocurrió eso, sino que ha conseguido condiciones a la altura que merecen los ecuatorianos.
En cambio, el movimiento correísta, que busca volver al poder, ha reaccionado diciendo que el actual Gobierno pretende privatizar Sacha, al delegar, sin concurso, a un consorcio extranjero, bajo condiciones que califican de lesivas, pues la compañía se llevará entre el 81% y el 73,5% de la producción petrolera que se extrae del campo a cambio de las inversiones ofrecidas.
Incluso, la candidata correísta, Luisa González, ha hablado de revertir el contrato si llega a la Presidencia.
¿Por qué esos campos están en disputa?
La petrolera estatal Petroecuador maneja 23 bloques petroleros, pero cinco son los llamados campos maduros o también las «joyas de la corona» porque, pese a que comenzaron a explotarse en los años setenta, siguen en producción y, además, poseen un petróleo de alta calidad.
Son: Sacha, Auca, Shushufindi, Libertador y Cuyabeno, ubicados en la Amazonía norte. Juntos, los cinco campos producen 235.241 barriles diarios de petróleo, esto es, el 63% de la producción de la estatal Petroecuador.
Dado su enorme valor, gobiernos en la última década han buscado delegarlos o concesionarlos a privados cuando han necesitado liquidez en la caja fiscal.
¿Qué pasó con Shushufindi en el correísmo?
En 2012, el gobierno de Correa adjudicó los campos Shushufindi-Aguarico al Consorcio Shushufindi, cuya principal accionista es la compañía francesa Schlumberger; y los campos Libertador-Atacapi a la empresa Pardaliservices, integrado por las empresas españolas Servicios Libertador y Tecpetrol Servicios (cuyo mayor accionista es Schlumberger).
Lo hizo por un plazo de 15 años y mediante un contrato de prestación de servicios.
Bajo este modelo, el Estado se queda con el 100% del petróleo extraído y las compañías privadas reciben una tarifa por cada barril de crudo a cambio de sus inversiones. La tarifa en Shushufindi fue de USD 30,62; y en Libertador de USD 39,53.
En 2022, Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y que fuera asesinado el 9 de agosto de 2023, denunció que esas tarifas eran sobredimensionadas en perjuicio del Estado. Y dijo que debían fijarse en unos USD 13 por barril, según las estimaciones técnicas oficiales de la época.
Pero esta no fue la única señal de alarma. Los oscuros términos en los que se negociaron esos contratos serían revelados años más tarde.
A finales de 2013, el entonces director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar conformó una comisión para auditar los contratos de Shushufindi y Libertador.
Uno de los hallazgos fue que la curva estimada de declinación de la producción del campo, así como la tarifa pagada, no tenían ningún soporte técnico, ni estaban documentadas.
La curva sirve para determinar el petróleo nuevo añadido por la contratista y sobre el cual tenía derecho a cobrar la tarifa.
En febrero de 2014, Cortázar informó de estas novedades al entonces vicepresidente Jorge Glas, hoy sentenciado por corrupción, pero él le pidió que tuviera cuidado con lo que estaba investigando, que no dejara nada por escrito, «pues con eso, años más tarde, podrían encarcelar al presidente Correa».
El video del encuentro, que fue grabado con cámara oculta por el propio Cortazar, fue difundido por el portal Código Vidrio, en mayo de 2022 (mire el video de Glas aquí).
Cinco meses después, en julio de 2014, Cortazar fue convocado por Rafael Poveda, entonces ministro de Sectores Estratégicos y otros funcionarios a una reunión en la que le advirtieron sobre los riesgos que implicaba su auditoría para el entonces gobierno de Rafael Correa. Esta reunión también fue filmada por Cortázar, con cámara oculta. El video fue publicado por el portal PRIMICIAS en julio de 2022.
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En la reunión, Cortázar insiste en que no existían sustentos técnicos en el contrato para fijar la tarifa pagada por el Estado ni se sabe de dónde salió, lo cual implicaba un perjuicio para el fisco, en beneficio de Schlumberger.
Molesto y preocupado, Poveda le dice a Cortázar: «estás cuestionando es toda la política petrolera de los últimos cinco años».
Ante los reclamos, Cortázar terminó aceptando borrar de su informe datos clave sobre la curva de producción de los campos y sobre la tarifa que el Estado paga a los consorcios liderados por Schlumberger.
Mas tarde, en agosto de 2017, el régimen del entonces presidente Lenín Moreno renegoció las tarifas de estos campos.
En Shushufindi-Aguarico la tarifa bajó a USD 19,50 por barril, una reducción de USD 10,35 frente al valor inicial.
En Libertador-Atacapi, la nueva tarifa fue de USD 25,5 por barril, es decir, una baja de USD 13,04 frente a lo que negoció el correísmo.
Los dos contratos propuestos para los campos Auca y Sacha no son comparables, porque la forma de pago a la compañía es distinta, los parámetros legales también son diferentes, al igual que sus modelos económicos. Sin embargo, se puede describir algunos elementos de cada uno de ellos.
Qué pasó en Auca
El 14 de diciembre de 2015, tras una negociación directa y apresurada que duró solo tres meses, el Gobierno del entonces presidente Rafael Correa adjudicó el campo Auca a la compañía privada Shaya Ecuador, filial de Schlumberger.
Lo hizo bajo un contrato de prestación de servicios con financiamiento. Por la negociación, el país recibió USD 1.000 millones bajo la figura de Derecho Contractual Intangible, una especie de bono anticipado, que el gobierno de la época destinó a gasto público.
Mientras los contratos de Shushufindi y Libertador eran a 15 años, el contrato en Auca fue a 20 años plazo.
Otra diferencia era que la contratista privada en Shushufindi y Libertador cobraba una tarifa solo por el petróleo que logre incrementar.
En cambio, Shaya cobraba una tarifa por el 100% del petróleo de Auca y no solo del que logre incrementar, es decir, de los barriles que hoy se extraen gracias a las inversiones que ha hecho el Estado en el pasado. La tarifa ponderada negociada fue de USD 26,05.
Pero esa tarifa no era real según denunció a la Fiscalía, en 2022, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio (+).
Lo anterior porque Petroecuador tiene que pagar costos operativos adicionales a Shaya. Entre esos están transporte de petróleo por el oleoducto estatal SOTE, provisión de energía, combustibles, seguridad física, mantenimiento de la infraestructura de producción o la contribución a las provincias amazónicas, establecida en la Ley. Tomando en cuenta esos costos operativos, según la misma denuncia de Villavicencio, el costo por barril en Auca ascendió a USD 43,05 por barril en 2022.
Qué se negocio en Sacha
El Gobierno de Daniel Noboa adjudicó el 28 de febrero de 2025, de manera directa y sin concurso, la operación de Sacha al consorcio extranjero Sinopetrol, pero aún falta firmar el contrato.
Un cuadro publicado en X por el exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador, Pablo Noboa permite ver las diferencias y semejanzas con Auca.
Para que sus distinguidos no se confundan. El contrato de Sacha entregará a las condiciones actuales el 82.5% de la producción a un consorcio privado, mientras que en Auca, el Estado mantiene 100% del petróleo y solo paga una tarifa fija por barril extraído. Además, en Auca… pic.twitter.com/S0FBdpSBOo — Pablo N (@PabloNoboa1) March 6, 2025
Una similitud entre Auca y Sacha es que ambos están en producción y fueron adjudicados con el argumento de la falta de dinero para invertir en el sector petrolero.
Otra semejanza: ambos contratos prevén reconocimiento de las inversiones de las empresas sobre el 100% de la producción que genera el campo y no solo sobre la que logren incrementar.
Ambos prevén la entrega de un bono anticipado, aunque en Auca fue de USD 1.000 millones y en Sacha se ofrece USD 1.500 millones.
Pero también hay diferencias. La primera es el modelo contractual. En Auca se firmó un contrato de servicios específicos, donde el Estado no pierde la propiedad del petróleo, se queda con el 100% del crudo extraído.
En cambio, en Sacha se prevé firmar un contrato de participación, con el que el consorcio extranjero se lleva una buena parte de la extracción petrolera (entre un 77,5% y un 85%, dependiendo del precio del petróleo) a cambio de las inversiones, lo que ha generado el rechazo de movimientos sociales.
En Sacha, el consorcio extranjero Sinopetrol se compromete a hacer inversiones por USD 1.750 millones, por los 20 años que duraría el contrato: esto es USD 87,5 millones al año en promedio, menos que los USD 158 millones al año que en promedio invierte la actual operadora estatal Petroecuador, según denuncian trabajadores petroleros. Sacha tiene una producción diaria de 77.000 barriles diarios y 342 millones de reservas.
Para Auca, la empresa Shaya ofreció inversiones mucho más altas, de USD 3.987 millones para los 20 años del consorcio. Aunque hay observaciones sobre los límites impuestos en el contrato para el control del plan de inversiones. Auca produce 73.000 barriles diarios y tiene 280 millones de reservas.
El presidente Noboa defendió las condiciones del contrato en Sacha el 6 de marzo de 2025 y dio hasta el 11 de marzo a Sinopetrol para entregar el bono de USD 1.500 millones o dijo que no firmaría el contrato. Fuente: Primicias
Nacionales
Un año del caso Malvinas | Familias exigen la verdad, mientras se acerca el veredicto contra 17 militares
Katy Bustos, madre de dos de las víctimas del caso Malvinas, cuenta que su hijo Josué Arroyo, de 14 años, soñaba con ser militar y vestir el uniforme camuflado de las Fuerzas Armadas. Pero fueron los uniformados a los que admiraba los presuntos responsables de su desaparición, en medio de una serie de revelaciones sobre insultos racistas, golpes y disparos durante la detención.
«Tengo una niña de nueve años que todas las noches pasa llorando, me dice ‘mamá, ¿por qué los militares le hicieron todo eso a mis hermanos?’”, señaló Bustos tras una reciente audiencia por la revisión de un habeas corpus en la Corte Constitucional.
El caso deja una estela de dolor irreparable en las familias. “Nos han destruido la vida. Yo tampoco soy la misma de antes. Necesitamos saber la verdad, por qué lo hicieron”, agrega Bustos.
Este lunes 8 de diciembre de 2025 se cumple un año de la desaparición de los cuatro menores del barrio Las Malvinas. Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron luego de ser interceptados -tras un supuesto robo- por dos patrullas militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil.
Las versiones recogidas en el proceso indican que habrían sido abandonados por los militares a oscuras, heridos y sin ropa, en un camino de tercer orden en un área rural de Taura, a dos kilómetros del centro parroquial. Dieciséis días después, sus restos fueron encontrados calcinados en un paraje aislado y de difícil acceso en esa misma parroquia rural de Naranjal, en la provincia del Guayas.
Entre actos de memoria y la reinstalación del juicio
Las familias y organizaciones de Derechos Humanos organizan una serie de actos de memoria al conmemorarse un año de la desaparición, que incluyen caminatas, marchas y vigilias en el barrio Las Malvinas y en el punto de aprehensión, la tarde y noche de este lunes 8 de diciembre de 2025.
En una ceremonia simbólica de reparación, a las 17:00, el parque de la ciudadela Coviem será rebautizado con el nombre de ‘Los cuatro niños de Las Malvinas’. Se trata del parque donde las víctimas jugaron fútbol por última vez, antes de retomar el camino a casa, que terminó con su detención a las afueras de un conocido centro comercial del sector.
El primer aniversario de la desaparición de los menores coincide con el juicio contra 17 militares en su etapa final, cerca al veredicto tras el cierre formal de la etapa de prueba, y luego de 12 jornadas de audiencia desarrolladas a lo largo del último mes, desde el 5 de noviembre.
El Tribunal Penal de Guayaquil que conoce el caso convocó a la reinstalación de audiencia para este lunes 8 y martes 9, cuando se tiene previsto escuchar los alegatos finales -etapa en la que defensa, Fiscalía y los abogados de las familias de las víctimas presentarán sus conclusiones-.
Pero se trata de un juicio que valora solo el presunto delito de desaparición forzada, mientras que el caso de secuestro con resultado de muerte sigue en etapa de sustentación en Fiscalía y registra poco avance a un año de los hechos, según Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas.
Un año de investigaciones
El voluminoso expediente fiscal del caso lo integran 50 carpetas y alrededor de 5.000 páginas. Se trata de un acervo documental que recoge testimonios, reconstrucciones de hechos, informes antropológicos y forenses, videos de cámaras públicas y privadas, pericias sobre los restos, cuerdas y prendas parcialmente carbonizadas y declaraciones que muestran la secuencia de la detención.
Las pruebas documentales han sido matizadas y enriquecidas durante las declaraciones e interrogatorios a peritos, testigos y procesados durante las audiencias de juicio, iniciadas el 5 de noviembre de 2025. A continuación algunas de las principales revelaciones del proceso:
Estas son las 10 principales revelaciones expuestas en la audiencia de juicio
Las autopsias
¿Qué pasó?: Los cuerpos se hallaron en reducción esquelética y carbonizados. La autopsia determinó que presentaban impactos de bala en la cabeza, al menos en tres de los cuatro menores. Se determinó muerte violenta y se evidenciaron fracturas.
Versiones contradictorias
¿Qué pasó?: Se expusieron relatos de violencia: golpes, amenazas y disparos durante el traslado de las víctimas. Según la Fiscalía hubo intención de causar daño. Cinco militares acusan la violencia; el resto la niega.
Les dimos «una paliza»
¿Qué pasó?: Durante la revisión de los teléfonos, un perito presentó audios de militares. En uno, un uniformado decía que los cuatro menores asaltaban a una mujer en la 25 de Julio y que “les dieron durísimo”. En otro, reiteraba que les dieron “una paliza”.
El chat de las culpas
¿Qué pasó?: Los militares crearon un chat donde discutían y se culpaban. El subteniente John Henry Z. E., jefe de la patrulla, sentía que lo responsabilizaban. “Nadie puso que usted disparó -le responden-, solo decimos la verdad”.
¿Encubrimiento?
¿Qué pasó?: Un testigo afirmó que el subteniente a cargo ordenó borrar videos comprometedores grabados durante la detención. Un video sobrevivió -con insultos racistas y amenazas- porque el militar que lo grabó lo envió antes a su hermana como respaldo.
Manipulación de evidencias
¿Qué pasó?: Un sargento denunció una presunta cadena de encubrimiento que involucraría a un general y tres coroneles, quienes habrían ordenado borrar un video incriminatorio al subteniente a cargo de la patrulla.
Sangre en camionetas
¿Qué pasó?: Las pruebas de luminol reactivo dieron positivo en las dos camionetas de los militares. Se hallaron rastros de sangre en el piso del balde de un vehículo y en una estructura metálica del balde de otra.
Orden de Acción
¿Qué pasó?: En la Orden de Acción Táctica de la patrulla de militares involucrados se determinó que estaba integrada por 15 hombres y no constaba en ella el subteniente que la lideró, señalado por abandonar y maltratar a las víctimas.
Hallazgo de los cuerpos
¿Qué pasó?: Fuentes humanas alertaron sobre el posible lugar de incineración de los cuerpos de las víctimas. Se trata de claro entre manglares y lodo en el Estero Chabelo, cerca al río Taura, 11 kilómetros al sur de Taura.
Nacionales
A un año de los fallidos contratos de Progen, los motores no funcionan y Celec ha recuperado un valor mínimo
Ha pasado un año de que la empresa estadounidense Progen Industries LLC incumplió los plazos de los millonarios contratos de generación eléctrica que recibió de la empresa pública Celec. Los motores debían entrar en funcionamiento en noviembre de 2024, pero nunca llegaron a funcionar y, en cambio, se convirtieron en un problema que no se ha podido solucionar.
Progen Industries fue adjudicada con dos contratos, para la generación de 150 MW en total, en las centrales de Salitral y Quevedo. Ambos contratos suman USD 149,1 millones, y contemplaban el pago del 70% del monto contrato contra la presentación del packing list, el informe de inspección y la supervisión técnica de Celec.
Progen efectivamente presentó esos documentos y envió los motores a Ecuador, por lo que Celec llegó a pagar el 70%, que ascendía a USD 104 millones. Los pagos se hicieron hasta marzo de 2025, a pesar de que para ese entonces ya se había registrado atrasos e incumplimientos.
Los pagos a Progen Industries por los contratos con Celec
| Salitral | 01/10/2024 | Estados Unidos | 69 580 000 |
|---|---|---|---|
| Quevedo | 28/01/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| Quevedo | 06/02/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| Quevedo | 14/02/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| Quevedo | 20/02/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| Quevedo | 07/03/2025 | Estados Unidos | 6 958 000 |
| TOTAL | 104 370 000 |
PRIMICIAS consultó el 2 de diciembre de 2025 a Celec y al Ministerio de Energía si se han ejecutado ya las garantías presentadas por Progen en ambos contratos, y cuánto se ha podido recuperar de lo pagado. Hasta las 18:30 del 4 de diciembre de 2025, no se recibió ninguna respuesta.
Sin embargo, PRIMICIAS ha logrado verificar que parte de las garantías sí se ejecutaron. La información consta en un proceso judicial en Estados Unidos, que sigue Seguros Confianza contra Progen Industries LLC, y que es público.
Celec recuperará poco, porque tiene los motores
De acuerdo con las liquidaciones económicas de los contratos, Progen debía devolver a Celec poco más de USD 30 millones, incluido el valor de las garantías. Este valor es apenas el 28% de lo pagado, dado que sí se reconoce una buena parte de la ejecución de los contratos.
Los contratos de Celec con Progen Industries
Montos en millones de dólares
| Quevedo | 49,70 | 34,79 | 19 |
|---|---|---|---|
| Salitral | 99,40 | 69,58 | 12 |
| TOTAL | 149,10 | 104,37 | 31 |
El saldo se contabiliza así porque, según Celec, los contratos sí fueron ejecutados satisfactoriamente: en el caso de Salitral, consideran una ejecución del 73,58%, y en el caso de Quevedo, del 67,58%. Es decir, lo que se cobra son multas más garantías y repuestos, y Celec se queda con los motores que no funcionan.
En septiembre de 2025, la entonces vocera Carolina Jaramillo anunció que Celec se haría cargo de los motores y de ponerlos en funcionamiento. PRIMICIAS consultó a Celec y al Ministerio de Energía sobre los valores recuperados de los contratos con Progen Industries, y sobre si ya se ha tomado posesión de las obras y los motores. Sin embargo tampoco ha habido respuesta.
PRIMICIAS también contactó por correo electrónico a Progen y a Alberto Paredes, su apoderado en Ecuador. Este último respondió: «no manejo temas comunicacionales ni técnicos de la compañía Progen».
Progen enfrenta una demanda en EE.UU.
El 17 de noviembre de 2025, Seguros Confianza presentó una demanda civil contra Progen ante la Corte del Distrito Medio de Florida, en Tampa. La aseguradora ecuatoriana exige que la empresa estadounidense, con sede en Florida, reembolse los valores de las garantías ejecutadas por Celec, tras la terminación de los contratos.
Según los anexos a la demanda, que son públicos en el sistema judicial estadounidense, Seguros Confianza emitió las garantías para Progen y, después de la terminación unilateral de los contratos, ejecutó las garantías e hizo dos pagos a Celec, por USD 7,43 millones:
Un pago por USD 2,48 millones por el contrato de Quevedo.
Otro pago por USD 4,97 millones por el contrato de Salitral.
Seguros Confianza asegura que el acuerdo con Progen para la emisión de las garantías incluía una cláusula que establecía que, de ejecutarse las garantías, Progen debía reembolsar los valores en 24 horas, pero no lo había hecho. El caso sigue abierto hasta la publicación de esta noticia.
PRIMICIAS contactó Brett Divers, abogado de Confianza en Estados Unidos, para hablar sobre este caso, pero declinó cualquier comentario.
Las denuncias de Celec siguen en investigación previa
Celec ha presentado dos denuncias en contra de Progen Industries. La primera fue por el delito de estafa, interpuesta el 20 de junio de 2025, y la segunda por el delito de delincuencia organizada, el 31 de julio de 2025. Pero los casos no han avanzado.
Unos días antes de que Celec presente la segunda denuncia, la Fiscalía allanó las oficinas de dicha empresa pública y varias viviendas, en el caso Apagón. La Fiscalía anunció que se ingada el presunto delito de peculado, y entre los investigados estaba Fabián Calero, ex viceministro de Energía y exgerente de Celec.
El allanamiento se dio días después de que la Contraloría aprobó un informe de auditoría efectuado a los contratos de Celec con Progen. Según el examen, habría un perjuicio para el Estado de USD 100 millones por los pagos realizados a esta empresa: USD 70 millones corresponden a El Salitral, ubicado en Guayaquil, provincia de Guayas, y USD 30 millones a Quevedo, en Los Ríos.
Sin embargo, el caso sigue en investigación previa y no hay procesados. Según Celec, se solicitó una asistencia penal internacional a Estados Unidos en agosto de 2025.
Además, la ministra Inés Manzano anunció que el Gobierno de Ecuador impulsa un proceso contra Progen en Estados Unidos. Sin embargo, en el sistema judicial estadounidense no aparece ninguna denuncia a nombre de Ecuador contra Progen. Esto podría deberse a que el caso todavía esté como reservado.
Un nuevo hecho violento se registró este domingo 7 de diciembre de 2025 en la cárcel de Machala, apenas tres semanas después de la última masacre ocurrida en el centro penitenciario.
Según información difundida por El Universo, nueve personas privadas de libertad fueron encontradas sin vida durante una intervención policial motivada por un ataque explosivo ocurrido en los exteriores del Centro de Privación de Libertad No. 1 El Oro.
El incidente habría ocurrido en horas de la tarde, cuando un individuo dejó un objeto sospechoso en la intersección de las calles San Martín y Juan Montalvo, a pocos metros del penal. Según testigos citados por el medio, el artefacto detonó segundos después, lo que activó protocolos de emergencia y el cierre de accesos.
En el sitio, unidades de Criminalística y del GIR levantaron indicios, incluida una nota intimidante dirigida al director del centro penitenciario. Fuente: Vistazo
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