Opinión
Estados Unidos también votará en la segunda vuelta

Santiago Basabe. Politólogo, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, analista político y Director de la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política (Aecip)
En una segunda vuelta de alta intensidad como la que se avecina, todas las aristas de análisis cuentan antes de decidir. Una de ellas tiene que ver con el entorno internacional y la posición del Ecuador respecto a los países con los que mantiene mayor cercanía política y económica.
Ahí, pocas dudas quedan respecto al rol determinante de los Estados Unidos. Si a ese tipo de vínculo se lo llama sociedad estratégica, interacción con agenda compartida, dependencia, sumisión al imperialismo o lo que fuera, para fines prácticos el tipo de membrete importa menos. En lo de fondo, llevarse bien o mal con el gigante del norte influye y el tipo de gobierno que tenga el país va a ser determinante para ello.
Esta realidad, expresada en evidencia como aquella que señala que Estados Unidos es el espacio en el que se comercializa la mayor cantidad de nuestros productos, se observa también en la percepción que tienen nuestros ciudadanos sobre ese país. En la encuesta de Latinobarómetro del año 2023, el porcentaje de ecuatorianos que tenían una opinión “muy favorable” y “algo favorable” sobre Estados Unidos superaba el 80%. Cerca del 70% opinó en forma similar sobre la Unión Europea. Aunque esta percepción podría haber variado durante el 2024 y eventualmente en los dos primeros meses de este año, el dato ofrecido es el punto de referencia para algunas reflexiones.
La primera reflexión tiene que ver con la cooperación que el país requerirá en el corto plazo de cara al combate al crimen organizado y la delincuencia transnacional. Está claro que no estamos en condiciones de afrontar este problema por nosotros mismos por lo que, establecer espacios de articulación con el entono internacional es necesario, mejor, imprescindible.
Ahí el rol de Estados Unidos podría ser clave en términos de apoyo no solo económico sino también en el plano de la capacitación. Aunque esta posible articulación implicará, naturalmente, concesiones que se deban efectuar, la discusión no es esa sino respecto a qué país podría proponer condiciones más favorables para Ecuador que las que seguramente impondrá Estados Unidos. No se ve quién pueda cumplir ese rol. En el terreno de lo internacional, cada quien vela primero por sus intereses, dicen los entendidos.
Otra reflexión se relaciona con el financiamiento de la escuálida economía nacional. Hay que partir del hecho que los organismos multilaterales de crédito, una de las posibles fuentes para amainar nuestros problemas de ese orden, tienen la influencia directa o indirecta, expresa o tácita, del gobierno de Estados Unidos.
Dada esta realidad, el tipo de relación de nuestro próximo gobierno con la Casa Blanca será determinante para valorar el futuro del país en cuanto a desembolsos. Es cierto que los organismos multilaterales imponen condiciones para operar, no hay quien lo dude. Por ello, el debate debe orientarse más bien hacia la identificación de otros financistas que ofrezcan recursos inmediatos en mejores términos que los ofrecidos por los organismos multilaterales. Difícil hallar una respuesta que vaya más allá de las consignas ideológicas.
Acorde al escenario internacional vigente, el foco de análisis no está, por tanto, en cómo se posicionará Trump frente al Ecuador en el futuro inmediato sino en cómo nosotros nos acoplaremos a las nuevas políticas de Estados Unidos. El diagnóstico puede ser tachado de triste y duro, pero al mismo tiempo se lo puede calificar de realista.
Por estas y otras consideraciones, al momento de decidir por Noboa o González, es necesario valorar bajo qué términos se vinculará uno u otra con la Casa Blanca. Estados Unidos no es un país más en el concierto internacional, para nosotros es el país clave. ¿Cuán cercano es Noboa y González con el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuáles son las alternativas a los Estados Unidos para establecer una agenda internacional? Ahí dos preguntas decisivas que tenemos que valorar al momento de tomar una decisión. Estados Unidos también votará en la segunda vuelta. Fuente: Primicias
Noticias Zamora
Oro entre la esperanza y la exclusión: el grito silenciado de Zamora Chinchipe

Por: Alcíbar Lupercio – Periodista comunitario.
En este pedazo de la Amazonía ecuatoriana, donde el verde espeso de la selva se funde con el sudor del trabajo honrado, la tierra guarda un tesoro tan brillante como polémico: el oro. Desde su redescubrimiento en la década de los 80, cuando las minas de Nambija abrieron sus entrañas a la esperanza, la provincia de Zamora Chinchipe no volvió a ser la misma. Pero el oro, que debía traer desarrollo, ha terminado sembrando conflicto, división y desconfianza.
No fue la riqueza la que trajo primero a los habitantes, sino la necesidad. En los años 60, cuando la sequía azotaba a Loja, muchos migraron hacia esta provincia. Vinieron con la firme decisión de hacer patria, de habitar estas tierras que también eran codiciadas por intereses extranjeros. Aquí alzaron la bandera del Ecuador, hombro a hombro con los pueblos originarios, como el shuar, defendiendo con valor un territorio que otros intentaban arrebatar. Hoy, medio siglo después, la amenaza no viene del vecino país, sino de los tentáculos de poder económico –nacional e internacional– que han descubierto en Zamora no solo un suelo fértil, sino un botín dorado que se pretende arrancar sin importar el costo social o ambiental.
La minería, legal o no, ha sido durante décadas el motor económico de esta provincia. Miles de familias han vivido de ella, han puesto pan en sus mesas, han pagado estudios y han generado empleo donde el Estado ha estado ausente. Y sin embargo, son precisamente esos pequeños mineros los que hoy son estigmatizados, perseguidos y silenciados. El discurso de la defensa del medio ambiente se ha vuelto el nuevo dogma de los poderosos para legitimar el despojo y marginar a los verdaderos actores del territorio.
La criminalización de la pequeña minería, en contraste con la permisividad hacia las transnacionales, es una paradoja que hiere. Se persigue al campesino que extrae oro con sus propias manos, mientras se abren las puertas a quienes vienen con maquinaria pesada, contratos blindados y respaldo político. Se ignora que el problema no es la minería, sino la falta de regulación justa, de acompañamiento técnico, de créditos, de capacitación, de visión de Estado.
Hoy no hay dinero en las calles de Zamora. La paralización minera no solo afecta a los mineros, sino a los comerciantes, transportistas, productores, emprendedores. Se detuvo el flujo económico y con él, el aliento de una provincia que ha aprendido a sostenerse casi sola. La pobreza golpea con fuerza, mientras las autoridades locales miran de lejos, sin proponer soluciones ni liderar un verdadero diálogo.
No se puede andar sobre oro y vivir en la miseria. No se puede exigir cuidado ambiental sin ofrecer alternativas reales. Y no se puede llamar ilegal a quien ha trabajado la tierra por generaciones, mientras se legaliza, con leyes a la medida, a los grandes capitales.
La solución no está en la represión, ni en el silencio cómplice. Está en la regularización, en el acompañamiento, en la justicia social y en el respeto por quienes han sostenido esta provincia sin ayuda estatal. Está en mirar con seriedad a la pequeña minería y reconocer su aporte al tejido económico local. Está en sembrar paz, diálogo, desarrollo y dignidad.
Zamora Chinchipe no es solo un mapa minero. Es un territorio de historia, de lucha, de cultura y de gente que merece vivir con derechos, no con dádivas. El Estado tiene una deuda histórica con esta provincia, y es momento de saldarla con políticas públicas reales, no con persecuciones disfrazadas de legalidad.
Los mineros no son delincuentes. Son emprendedores, padres y madres de familia, ciudadanos que exigen ser reconocidos. Y su grito, aunque intenten callarlo, retumba en las montañas que alguna vez defendieron héroes anónimos. Porque esta tierra, rica en recursos, no puede seguir empobrecida por decisiones centralistas ni por intereses ocultos.
Legalizar la pequeña minería, apoyar al productor, invertir en infraestructura social, y erradicar la corrupción que se esconde en las instituciones del Estado no es una opción: es una urgencia ética. De lo contrario, nos estaremos auto eliminando como sociedad y como país.
Es tiempo de unidad. Es tiempo de verdad. Es tiempo de justicia.
Noticias Zamora
Un buen padre deja huellas, no cicatrices

Noticias Zamora
La nueva regulación del consumo de drogas y su impacto en la sociedad ecuatoriana

El 7 de junio de 2025, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una reforma integral que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. Esta ley introduce cambios significativos en la regulación del consumo de drogas, reemplazando la anterior «Tabla de Drogas» por un sistema más técnico y contextualizado.
La Tabla de Umbrales de Consumo, también conocida como «Tabla de Drogas» establecida en 2013 por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP), fijaba cantidades máximas de diversas sustancias que una persona podía portar para que se considerara consumo personal y no tráfico ilícito. Sin embargo, en noviembre de 2023, el presidente Daniel Noboa derogó esta tabla mediante el Decreto Ejecutivo N.º 28, argumentando que facilitaba el microtráfico al permitir que se encubriera como consumo personal el tráfico de pequeñas cantidades. Esta eliminación dejó un vacío legal que fue parcialmente cubierto por una resolución de la Corte Nacional de Justicia número 14-2023, instruyendo a jueces y fiscales a evaluar caso por caso, basándose en análisis meticuloso del caso en concreto.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, aprobada el 7 de junio del 2025, reforma el artículo 228 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para establecer que los parámetros para determinar el consumo personal de drogas serán fijados y actualizados mediante una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Lo que busca evitar la criminalización de los consumidores y garantizar que no se confundan con traficantes por la sola posesión de una cantidad determinada.
La nueva normativa establece que no se presumirá el consumo de drogas en ningún caso. Por lo tanto, será requisito obligatorio la realización de pericias toxicológicas o psicológicas antes de emitir cualquier decisión o informe legal correspondiente. Lo cual permite una evaluación más justa y precisa de cada situación, diferenciando claramente entre consumo personal y microtráfico.
Aunque la reforma ha sido vista como un avance hacia un trato más justo para los consumidores, algunos expertos en derecho penal han cuestionado la participación de entidades judiciales en la definición de parámetros técnicos sobre adicciones, argumentando que se trata de un tema de salud pública que requiere la intervención de especialistas. Además, la implementación efectiva de estos nuevos criterios dependerá de la capacitación y coordinación entre las instituciones involucradas.
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