Nacionales
Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Cotopaxi; las provincias que han tenido más gobernadores
El presidente Daniel Noboa no solo ha tenido dificultades para completar su gabinete ministerial, que depende de encargos para permanecer completo, sino para encontrar gobernadores para las 20 provincias que requieren un representante del Ejecutivo con ese rango.
Por ejemplo, hubo dos casos de gobernadores que duraron un día en el cargo: Juan Aroca Plaza (Los Ríos) y Consuelo Jumbo (Santo Domingo). Ambos recibieron sus nombramientos el 11 de diciembre de 2023 y fueron reemplazados al día siguiente.
Otros menos extremos son aquellos que casi completaron una semana al mando de las gobernaciones: Héctor Paredes (Loja), Fausto Rosero (Los Ríos), Christian Pérez (Napo) y Silvio Dávila (Santo Domingo).
Entre esas provincias, Santo Domingo tuvo tres gobernadores en el transcurso de diciembre de 2023 y la tercera designación fue la vencida: Miguel Quezada ha permanecido 14 meses en el cargo.
Mientras que Los Ríos, que también tuvo tres gobernadores ese mismo diciembre, cambió a un cuarto funcionario en mayo pasado: Luis Martínez, que ya suma ocho meses en el puesto.
Al igual que Los Ríos, otras cuatros provincias han tenido cuatro gobernadores en lo que va del periodo: Guayas, Manabí, El Oro y Cotopaxi.
¿Qué hacen los gobernadores?
Las gobernaciones son las autoridades reguladoras de las políticas públicas ordenadas por el Ejecutivo en cada provincia. Y sus titulares son los representantes directos del Presidente de la República en cada jurisdicción.
Entre las funciones de los gobernadores están: supervisar la actividad de los órganos de la administración pública ejecutiva, coordinar con los gobiernos locales y garantizar el orden y la seguridad pública.
Y, al parecer, los únicos que han tenido éxito en esa representación son los gobernadores de Cañar, Morona, Pastaza y Sucumbíos, que ocupan los cargos desde el 4 de diciembre de 2023. Y estuvieron presentes en la única reunión grupal de gobernadores con el Primer Mandatario, en Quito.
Imbabura también ha mantenido el mismo gobernador, sin embargo, el nombramiento llegó cuatro meses después de que Noboa llegara al poder. Mientras tanto, esa dependencia estuvo a cargo del gobernador designado por el expresidente Guillermo Lasso.
Los cambios y reajustes
Son pocos los casos en los que se conoce el motivo de los cambios. Por ejemplo, la designación de Fausto Rosero, en Los Ríos, fue detenida por el mismo Gobierno, que se echó para atrás en menos de 24 horas y le pidió una renuncia voluntaria, después de que salieran a la luz algunos cuestionamientos.
Rosero estuvo en el primer bloque de nombramientos que tenía por objetivo ‘devolverle la paz al país’ y estaba conformado principalmente por militares y policías en servicio pasivo. Sin embargo, desde junio de 2024, la mayoría de designaciones han recaído sobre empresarios privados o funcionarios civiles.
Entre las provincias con mayor inestabilidad en esta dependencia se encuentran cuatro de las más violentas del país: Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, que registraron 398, 125, 79 y 64 muertes violentas, respectivamente, solo este enero.
Pero, aunque los dos primeros gobernadores de Guayas se enfocaron en la seguridad y apenas duraron unos cuatro meses en el cargo, la última designación, en medio del balotaje presidencial, recayó sobre la exministra de Inclusión Social, Zaida Rovira, lo que apunta a un giro en las metas de esa entidad.
La gobernación de Manabí también pasó de dos gobernadores uniformados a dos funcionarios civiles. Mientras que en Los Ríos, tres de los cuatro han sido parte de las fuerzas del orden. Y en El Oro pasó lo contrario, la mayoría han sido perfiles alejados del tema de seguridad.
Además, las designaciones también varían en función de los cálculos políticos del Gobierno. Por ejemplo, en octubre, el presidente candidato Daniel Noboa reemplazó a los gobernadores de cuatro provincias con fines electorales: Orellana, Carchi, Cotopaxi y El Oro.
Los tres primeros, Nuvia Vega, Brígida Pozo y Marco Olmedo, pasaron a encabezar las listas provinciales de candidatos del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) a la Asamblea Nacional. Y Jimmy Blacio, de El Oro, estuvo en la lista nacional, pero al no obtener una curul fue nombrado nuevamente como gobernador el 25 de febrero. Fuente: Primicias
Nacionales
Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense
El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.
A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.
Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».
Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.
Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.
Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.
Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas
Nacionales
Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero
Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.
Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.
“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.
Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.
El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.
Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.
Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.
El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.
El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo
El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.
El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.
El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.
90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses
El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.
Estos son los jueces separados de la Función Judicial:
- Cotopaxi: 1
- El Oro: 7
- Tungurahua: 1
- Los Ríos: 8
- Bolívar: 2
- Manabí: 3
- Guayas: 8
- Esmeraldas: 3
- Chimborazo: 4
- Pastaza: 1
- Santa Elena: 1
- Loja: 1
- Santo Domingo: 6
Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.
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