Nacionales
La violencia se agudiza entre las bandas criminales ecuatorianas, que no logran encontrar nuevos liderazgos
Ecuador lleva más de cuatro años en su peor crisis de seguridad. Las muertes violentas siguen en sus índices más altos. Y tres Gobierno -Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa- han coincidido a que esto se debe a una guerra de bandas narcodelictivas.
Todo empezó en 2020. A finales de ese año, en Manabí, fue asesinado alias ‘Rasquiña’, quien era el jefe máximo de Los Choneros, la banda más poderosa del país. A su alrededor, esa agrupación había formado varios grupos armados: Los Lobos, Los Tiguerones y Los Chone Killers, estaban a la cabeza.
Tras la muerte de ‘Rasquiña’, cabecillas de Los Choneros y de sus grupos armados como ‘Fito’, ‘JR’, ‘Pipo’, ‘Negro Willy’ y el ‘Patrón Norero’ quisieron asumir ese liderazgo. Esto genero una disputa que dejó cientos de asesinatos, sobre todo, en las cárceles, que fueron el escenario del primer episodio de esta guerra.
Desde esa época, varios de estos cabecillas fueron cayendo. Norero y ‘JR’ fueron asesinados en 2022 y 2023, respectivamente. Mientras que a lo largo de 2024, los demás cabecillas han ido complicando su situación por fugas, asesinatos o encarcelamientos.
Agentes de inteligencia policial, consultados por PRIMICIAS en reserva, explican que esta situación ha causado que las bandas delictivas vivan en una constante reorganización en busca de nuevos cabecillas. Y esta búsqueda, generalmente, se hace a través de la violencia.
Por esta razón, explican los uniformados la guerra -en los últimos meses- se ha llevado a la calle. Diferentes facciones de distintas bandas delictivas conviven en determinados territorios, ocurriendo repetidas masacres que, incluso, ha cobrado vidas de decenas de víctimas colaterales, incluyendo niños.
Es así que desde mayo de 2024, las muertes violentas han empezado a crecer nuevamente -luego de una discreta reducción a inicios de ese año-. La causa, según la Policía, son estos enfrentamientos.
La fuga de Fito
A inicios de enero de 2024, las autoridades aceptaron que Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla máximo de Los Choneros, se había fugado de la Cárcel Regional del Guayas, a finales de diciembre del año anterior.
La evasión del cabecilla manabita desató una ola de violencia en las prisiones y calles del país, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar la existencia de un conflicto armado interno, que se mantiene vigente, pero que no ha sido suficiente para frenar la escalda de violencia, que ha llegado a su expresión máxima en el arranque de 2021.
Un año de la fuga de alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, que desató una ola criminal
La ‘reaparición’ de Pipo
Desde 2020, Wilmer Chavarría Barré, alias ‘Pipo’, cabecilla máximo de Los Lobos, está oficialmente muerto. Sin embargo, casi desde la misma época, la Policía empezó a sospechar que la boleta de defunción que se registró en la pandemia era falsa.
En marzo de 2024, durante los descubrimientos del caso Metástasis, una serie de chats revelaron que este narcotraficante fingió su muerte, operó su rostro para cambiar de apariencia y viajó a Europa, desde dónde sigue operando.
Cambio de rostro y orden de matar a tres capos desde Europa: así se reconstruye la historia de ‘Pipo’, cabecilla de Los Lobos
Las disidencias
Los espacios de poder dejados por ‘Fito’ y ‘Pipo’, en Los Choneros y Los Lobos (las organizaciones delictivas ecuatorianas más poderosas), hicieron que nuevos grupos surgieran, desde el interior de las propias organizaciones para buscar liderazgo.
Por ejemplo, en Manabí empezó a operar Los Pepes, un grupo aliado al Cartel de Jalisco de México y que se dedicó a eliminar a miembros de Los Choneros. Mientras que en El Oro, los Sao-Box, una disidencia de Los Lobos comandada por alias ‘Saoco’ (foto), libran una violenta guerra contra sus excompañeros para ganar espacio en el mundo criminal.
Qué es Sao-Box, la disidencia de Los Lobos
La caída del ‘Comandante Willy’
En octubre de 2024, una operación policial de Ecuador y España, permitió la captura en Cataluña de Willian Alcívar, alias ‘Comandante Willy’, el máximo cabecilla de Los Tiguerones, quien es sindicado como ideólogo del ataque terrorista en TC Televisión. Así como de su hermano, alias ‘Ronco’, segundo al mando de esa organización.
Los hermanos Alcívar están aún España, mientras se tramita su extradición. Sin embargo, hasta ahora no se conoce quién ha asumido el liderazgo de ese grupo criminal, que ha ido perdiendo espacio.
Con papeles venezolanos: así fue como el ‘Comandante Willy’ entró a España
‘Ben 10’ y ‘Trompudo’, asesinados
El 30 de diciembre de 2024, en Cali (Colombia), fueron asesinados Antonio Benjamín y Terry Israel Camacho Pacheco, conocidos con los alias de ‘Ben 10’ (foto) y ‘Trompudo’, cabecillas de Los Chone Killers, una de las bandas más importantes en Ecuador, debido a su brazo armado lleno de sicarios en todo el país.
Los hermanos Camacho tuvieron un papel importante en el inicio de la guerra de las bandas criminales, en 2021. Su organización nació como un brazo armado de Los Choneros, pero luego quisieron eliminarlos.
Tras crímenes de ‘Ben 10’ y ‘Trompudo Israel’, tres cabecillas de Chone Killers emergen como sus sucesores
Nuevos cabecillas caídos
La guerra que se libra en Ecuador por generar nuevos liderazgos fuertes, en las bandas narcodelictivas ha generado ataques y asesinatos de varios de los cabecillas que han querido asumir esas posición. Otros, en cambio, han sido encarcelados.
En Los Choneros, por ejemplo, alias ‘Gordo Mendoza’ (foto) ganó poder, por su cercanía con ‘Fito’, pero fue asesinado en enero de 2025. En febrero de ese año, ‘Saoco’ fue baleado en Colombia. Mientras que ‘Invivible’, ‘Chino’ y ‘Maduro’, nuevos jefes de Los Lobos, están presos en La Roca.
Alias ‘Gordo Mendoza’, integrante del grupo criminal Los Águilas, fue asesinado. Fuente: Primicias
Nacionales
Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense
El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.
A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.
Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».
Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.
Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.
Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.
Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas
Nacionales
Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero
Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.
Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.
“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.
Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.
El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.
Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.
Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.
El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.
El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo
El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.
El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.
El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.
90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses
El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.
Estos son los jueces separados de la Función Judicial:
- Cotopaxi: 1
- El Oro: 7
- Tungurahua: 1
- Los Ríos: 8
- Bolívar: 2
- Manabí: 3
- Guayas: 8
- Esmeraldas: 3
- Chimborazo: 4
- Pastaza: 1
- Santa Elena: 1
- Loja: 1
- Santo Domingo: 6
Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.
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