Nacionales
Asamblea Nacional 2025: esta es la ‘nueva generación’ de jóvenes menores de 30 años
La nueva Asamblea, elegida el pasado 9 de febrero del 2025, tendrá un número histórico de legisladores jóvenes menores de 30 años. La mayoría cuenta con título de tercer nivel, pero otros aún no han culminado sus carreras universitarias y este será su primer trabajo. Expertos cuestionan la falta de formación política y la desconexión con la realidad del país.
Un análisis efectuado por Jonathan Saraguro, editor del portal Primera Línea, muestra que la nueva Legislatura estará integrada por 20 asambleístas jóvenes, 18 pertenecen al movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y dos a la Revolución Ciudadana (RC).
La mayoría posee título de tercer nivel y cuatro tienen una preparación de cuarto nivel. Mientras que seis no registran estudios en la Senescyt, algunos de ellos aún no terminan su carrera y se decantaron por la política.
Es el caso de Dominique Serrano (ADN), de 19 años, lo que lo convierte en el asambleísta más joven que ha ocupado una curul. Él fue elegido por el distrito sur de Quito. En una entrevista publicada en sus redes sociales, comentó que cursaba el primer semestre de Derecho y al mismo tiempo estudiaba Gastronomía, una de sus más grandes pasiones.
En el grupo de quienes ya cuentan con un título universitario, la profesión más común es la abogacía, luego hay un economista, ingeniero civil, licenciado en comunicación, tecnólogo en planificación del transporte, etc.
Para casi todos los jóvenes será su primera vez ejerciendo como asambleístas, a excepción de Valentina Centeno (ADN-27 años), Nathaly Farinango (ADN-25 años) y Jahiren Noriega (RC-27 años), quienes fueron reelegidas. Asimismo, Cristina Jácome (RC-25 años) es asambleísta suplente de Juan Pablo Molina.
En cambio, otras personalidades ya han ocupado cargos públicos como Sade Fritschi (27 años), quien fue ministra de Ambiente de Daniel Noboa, y Camila León (20 años), coordinadora zonal 6 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Las dos han sido cuestionadas por polémicas declaraciones. Fritschi confundió a la Amazonía con un país y Camila León no supo responder una pregunta sobre un quintil, que es un sistema que divide a la población según sus ingresos o gastos.
¿POR QUÉ HAY MÁS JÓVENES Y QUÉ PROPONEN?
El gran número de jóvenes que ocuparán una curul es el resultado de la reforma que se hizo al Código de la Democracia, el cual dispone que las organizaciones políticas incluyan un 25% de jóvenes, entre 18 y 29 años, en sus listas. Un panorama similar se observará en las próximas elecciones seccionales.
El aumento ha sido significativo, ya que en anteriores Legislaturas había entre dos y cinco como máximo. Ahora son 20.
Sin embargo, en redes sociales se ha empezado a cuestionar la preparación de estos nuevos políticos. En entrevistas concedidas a diversos medios digitales durante la campaña electoral, la mayoría planteaba temas para los que ya existen leyes o que son competencia directa del Ejecutivo.
Dominique Serrano (ADN), por ejemplo, mencionó en un video de redes sociales que llegará a la Asamblea porque “es urgente” aplicar la ley de salud mental existente con la finalidad de crear más espacios de apoyo. Pero eso es obligación del Ministerio de Salud.
Lea también: Correísmo o Noboísmo: ¿Quién tomará el control de la nueva Asamblea Nacional 2025?
Promover el empleo, el acceso a la universidad, créditos y velar por las causas justas son otras de las propuestas más recurrentes en este grupo de legisladores jóvenes.
Grace Jiménez, analista política, menciona que el gran problema de la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) es que “no tienen un proyecto de país de mediano y a largo plazo” y eso se evidencia en sus legisladores, “que están viendo a la política como marketing y no como un verdadero proyecto que solucione los problemas de la gente”.
Agrega que otro tema de fondo es la crisis de partidos del Ecuador, “porque no existe una formación política adecuada para contar con cuadros orgánicos”.
FALTA DE CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES
Por su parte, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), subraya que el nivel de estudios y la edad no es garantía para que haya calidad, probidad y ética en el ejercicio parlamentario.
De hecho, hay exasambleístas que incurrieron en delitos pese a tener una amplia trayectoria o títulos universitarios como, por ejemplo, Daniel Mendoza (delincuencia organizada) y Norma Vallejo (concusión).
Pero más allá de las actuaciones de los asambleístas, Celi indica que es responsabilidad de las organizaciones políticas cumplir con procesos de formación y tener evaluaciones del desempeño de sus legisladores.
Cita, por ejemplo, el caso de la asambleísta Jahiren Noriega (RC), de 27 años, quien entró con un discurso enfocado en los jóvenes, pero “se ha ausentado al menos en el 20% de las votaciones en el Pleno, lo cual debería ser tomado en cuenta por su movimiento político”.
Celi también considera importante que el equipo de trabajo de los legisladores sea profesional y de alto nivel, porque son ellos los que preparan las leyes, propuestas, discursos, etc. Actualmente, para ser asesor solo se necesita tener un título universitario o experiencia, la cual se puede acreditar de cualquier manera porque la norma es muy amplia.
En todo caso, habrá que esperar que se posesione la nueva Asamblea para conocer la calidad de propuestas y debate de esta generación joven, que podría darle un toque distinto a la legislatura o retroceder a las mismas prácticas de siempre. Fuente: Vistazo
Nacionales
Yaku Pérez presenta denuncia en Fiscalía contra Daniel Noboa, su esposa y una minera canadiense
El excandidato presidencial, Yaku Pérez, acudió este martes 26 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia contra el presidente de la República, Daniel Noboa.
A su arribo, Pérez señaló que denuncia el presunto cometimiento del delito de cohecho y tráfico de influencias por parte del Primer Mandatario, su esposa Lavinia Valbonesi y la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals.
Según Pérez, el 23 de julio de 2025 se expidió una licencia ambiental por parte del Gobierno Nacional que se conoció públicamente un mes después a través de medios internacionales, según denuncia, se hizo «en secreto y en la clandestinidad».
Se firma entendimiento con minera Barrick International
También, sostuvo que antes de la fecha en que se expidió la licencia hubo sendas reuniones entre la minera Dundee Precious Metals y el presidente Noboa y su canciller, Gabriela Sommerfeld, en Toronto, Canadá. Estas reuniones coinciden con la fecha que el Primer Mandatario realizó una gira presidencial por la nación norteamericana.
Según, Yaku Pérez, la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi habría recibido donaciones de la empresa canadiense mientras mostraba capturas de las redes sociales X e Instagran de la misma Primera Dama.
Pérez indicó que presentaría toda esta información a la Fiscalía General del Estado, porque «estas donaciones se hicieron de manera irregular». Pérez, señala que estas acciones están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como tráfico de influencias.
Desde el Gobierno Nacional aún no ha existido un pronunciamiento sobre la denuncia. Fuente: Teleamazonas
Nacionales
Ley de Transparencia Social: Asamblea aprueba cuarta económica urgente de Noboa contra el lavado de dinero
Este martes 26 de agosto, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como ‘Ley de Fundaciones‘, calificada por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica.
Con 78 votos afirmativos, la bancada oficialista ADN consiguió el respaldo mínimo para aprobar el texto íntegro de la normativa, la cuarta calificada como económica urgente por el presidente Daniel Noboa y aprobada en la Asamblea.
Según el Ejecutivo, la iniciativa busca reforzar los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional para frenar la penetración del lavado de activos en el sistema financiero nacional.
“Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, había argumentado Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.
Tras elaborar el informe, Centeno destacó la inclusión de la Disposición General Primera, que establece la prohibición de persecución política contra las organizaciones sociales sin fines de lucro. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley; lo que buscamos es transparencia y control de flujos irregulares de recursos”, explicó.
Según la mesa legislativa, esta disposición garantiza que ninguna medida de control, supervisión o intervención por parte de entidades públicas podrá ser utilizada como mecanismo de persecución política, restricción arbitraria a la libertad de asociación o interferencia ilegítima en las actividades lícitas de las organizaciones sociales.
No obstante, la bancada de la Revolución Ciudadana mostró su rechazo al proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social. En un comunicado, el bloque afirmó: “Denunciamos ante el país que la única intención del presidente ilegítimo y de su bloque es controlar a las organizaciones sociales que no han podido comprar. Esta propuesta es un nuevo intento de silenciar las voces críticas y restringir derechos”.
El correísmo también considera que el proyecto, calificado como económico urgente, es “innecesario y redundante”, ya que, según su perspectiva, existe normativa vigente para combatir el lavado de activos.
Asimismo, el bloque de la Revolución Ciudadana señaló que el proyecto de ley económico urgente es «innecesaria y redundante» porque ya existe normativa para combatir el lavado de activos.
Durante el debate, Alfredo Serrano, de la bancada del Partido Social Cristiano, expresó su oposición a la implementación de nuevos impuestos a través de esta ley. Serrano destacó que el 80% de las empresas en el país son familiares y que se debe promover la libertad económica y empresarial, así como el derecho de los socios a decidir sobre el uso de sus dividendos.
El legislador también señaló que el proyecto incluye reformas que no estuvieron presentes en el primer debate, entre ellas la propuesta de exonerar del pago de multas y recargos a empresas con deudas pendientes al IESS. Serrano enfatizó: “No le metan la mano al recurso de los afiliados y jubilados del país”.
El proyecto consta de 18 artículos; diez Disposiciones Generales; nueve Transitorias; seis Reformatorias a las Leyes Orgánica de Economía Popular y Solidaria; Orgánica de Participación Ciudadana; de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de otros Delitos; de Régimen Tributario Interno; de Minería; Código Tributario; y al Código de Planificación y Finanzas Públicas, además de tres Disposiciones Finales. Fuente: Vistazo
El ministro del Interior, John Reimberg, volvió a cuestionar públicamente a funcionarios judiciales que dejan en libertad a presuntos delincuentes peligrosos. Este lunes 25 de agosto criticó la decisión de la jueza Verónica Macas, de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Yantzaza (Zamora Chinchipe), quien rechazó la prisión preventiva para Rolando M., acusado de tentativa de homicidio y detenido el pasado 21 de agosto por la Policía Nacional.
El funcionario calificó la resolución como una “decisión inexplicable” y reprochó que al sospechoso se le impusieran medidas cautelares menores, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salida del país. “¿Hasta cuándo la Función Judicial tiene que tolerar este tipo de actos? ¿Cuándo van a estar del lado de los ecuatorianos y no de los grupos delincuenciales?”, cuestionó Reimberg en su cuenta de X.
El ministro confirmó que la denuncia ya fue recibida por el Consejo de la Judicatura (CJ) y pidió celeridad en el trámite. “Tenemos acusado recibo de la denuncia. Esperamos el procedimiento del caso”, afirmó.
90 funcionarios judiciales destituidos en 11 meses
El CJ ha intensificado los procesos disciplinarios en contra de servidores judiciales. Entre julio de 2024 y junio de 2025, un total de 90 funcionarios fueron destituidos, de los cuales 46 eran jueces de 13 provincias.
Estos son los jueces separados de la Función Judicial:
- Cotopaxi: 1
- El Oro: 7
- Tungurahua: 1
- Los Ríos: 8
- Bolívar: 2
- Manabí: 3
- Guayas: 8
- Esmeraldas: 3
- Chimborazo: 4
- Pastaza: 1
- Santa Elena: 1
- Loja: 1
- Santo Domingo: 6
Además, fueron destituidos 11 fiscales, 10 secretarios, 5 ayudantes judiciales, 5 directores provinciales y otros servidores de apoyo, sumando un total de 90 funcionarios sancionados.
-
Entretenimiento4 años agoAdriana Bowen, sobre la cirugía bariátrica: Siento que recuperé mi vida
-
Internacionales4 años agoMuere Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 y presentadora de televisión
-
Internacionales4 años agoTiroteo en concierto en Paraguay deja dos muertos y cuatro heridos
-
Politica4 años agoEl defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue llamado a juicio en la investigación por el delito de abuso sexual
-
Fashion8 años ago
Amazon will let customers try on clothes before they buy
-
Nacionales4 años ago¿Qué hay detrás del asesinato de Fredi Taish?
-
Deportes4 años agoFEF solicita al COE Nacional 60% de aforo para partido Ecuador vs. Brasil
-
Deportes4 años agoLa LigaPro presentó el calendario para el campeonato nacional 2022