En el contexto de la crítica situación que atraviesa Zamora Chinchipe por los efectos de la temporada invernal, la asambleísta Esperanza Rogel reafirmó su compromiso con la provincia, destacando que las acciones articuladas entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ya están en marcha para atender con urgencia a las comunidades afectadas.

Durante la sesión del Pleno No. 016 de la Asamblea Nacional, se propuso un cambio en el Orden del Día para incluir una resolución sobre la emergencia provincial. La legisladora Rogel votó en contra de esta moción, calificándola de “impropia y extemporánea”, dado que el pasado 4 de julio la Secretaría de Gestión de Riesgos emitió la Resolución Nro. SNGR-234-2025, declarando el Estado de Emergencia Regional. Esta declaratoria otorga al Ejecutivo la facultad de movilizar recursos financieros, técnicos y humanos de forma inmediata para la atención de la crisis en Zamora Chinchipe.

“La emergencia no puede convertirse en escenario para discursos vacíos ni en plataforma para cálculos partidistas”, expresó Rogel en su cuenta oficial de Facebook, haciendo un llamado a la responsabilidad y la unidad. “Hoy más que nunca es momento de actuar con altura política y con un enfoque en el bienestar de nuestra gente, y lo estamos haciendo de la mano del Gobierno Nacional”, añadió.

En paralelo, la asambleísta participó en una mesa de trabajo junto a entidades del Gobierno Central y los GAD provinciales y cantonales, en la que se evaluó la situación y se articularon acciones efectivas para la atención inmediata de las familias afectadas.

Rogel concluyó reafirmando su compromiso con la provincia: “Desde mi rol como asambleísta seguiré trabajando, articulando con todas las instituciones del Estado y haciendo un seguimiento permanente para que los recursos lleguen a donde más se los necesita. Zamora Chinchipe no está sola”.

En una decisión que ha provocado indignación en la ciudadanía y líderes amazónicos, la Asamblea Nacional del Ecuador rechazó este martes el pedido de cambio del orden del día para tratar la emergencia que azota a la provincia de Zamora Chinchipe. La moción, presentada por el legislador Héctor Valladarez, obtuvo 66 votos a favor frente a 77 en contra, dejando en evidencia una falta de voluntad política para atender la crisis humanitaria y ambiental que sufren las comunidades afectadas.

Uno de los votos negativos que más controversia generó fue el de la asambleísta Esperanza Rogel, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). Rogel, representante también de la Amazonía, decidió oponerse a la propuesta de su colega Valladarez, desatando un profundo malestar en la provincia que esperaba solidaridad y acción desde el Parlamento.

La iniciativa buscaba incluir en la agenda legislativa un debate sobre un texto de seis artículos que exhortaba al Ejecutivo y a diversas instituciones del Estado a:

Declarar el estado de excepción en Zamora Chinchipe.

⚠️ Establecer un estado de desastre a través del COE provincial.

️ Disponer la evaluación técnica y la recuperación de infraestructura destruida.

Gestionar la transferencia urgente de recursos económicos a los gobiernos locales.

Hacer un llamado a la solidaridad nacional para asistir a las familias damnificadas.

️ Zamora Chinchipe enfrenta hoy uno de los momentos más duros de su historia reciente: deslizamientos, inundaciones y pérdida de infraestructura crítica han dejado a comunidades enteras en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la mayoría parlamentaria optó por la indiferencia.

️ “La Asamblea ha perdido una oportunidad histórica de mostrar unidad y compromiso con una provincia que clama por ayuda”, expresó visiblemente afectado el legislador Valladarez tras conocer el resultado de la votación.

Este hecho, ampliamente criticado en redes sociales, abre un debate nacional sobre el papel de la Asamblea en la defensa de los derechos y la vida de las poblaciones amazónicas, históricamente relegadas por el centralismo político.

Zamora Chinchipe no pide favores, exige justicia. La omisión de hoy quedará registrada como un acto de indiferencia que podría costar vidas.

En un pronunciamiento considerado emblemático para la defensa de los derechos laborales en la provincia Amazónica, la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe emitió una sentencia que marca un paso importante en los procesos judiciales emprendidos por extrabajadores del Municipio del cantón Chinchipe, quienes durante años han luchado por la reivindicación de sus derechos constitucionales y laborales.

Así lo dio a conocer el abogado defensor de los trabajadores. Edgar Robayo, durante una entrevista en Diario El Amazónico, donde explicó el contexto, implicaciones y alcances jurídicos de este fallo que, luego de más de cuatro años de litigio, favorece a los trabajadores despedidos en mayo de 2019, tras el cese de su relación laboral con la municipalidad.

Un proceso largo y plagado de obstáculos
El jurista explicó que el proceso ha estado marcado por una serie de irregularidades judiciales que entorpecieron el acceso a la justicia por parte de los trabajadores. Desde inadmisiones arbitrarias de la demanda, hasta dilaciones procesales injustificadas —como la falta de juez en el cantón Chinchipe durante casi un año, los extrabajadores enfrentaron un sistema que, en palabras del abogado, “los obligó a litigar en una cancha inclinada”.
Una de las principales controversias surgió cuando el juez de primera instancia declaró la prescripción de los procesos, aduciendo demoras en su tramitación, las cuales habían sido provocadas precisamente por decisiones judiciales que contravenían lo dispuesto por el Código Orgánico General de Procesos (COGEP). En específico, el juez declaró de oficio su incompetencia, acción expresamente prohibida por la normativa en materia laboral, que reserva dicha excepción exclusivamente a la parte demandada.

Corte Provincial rectifica y sienta precedentes
El caso dio un giro con la sentencia dictada el 2 de julio de 2025 por la Corte Provincial, en la causa del extrabajador Darwin Patricio Saquinaula Rueda. En dicha resolución, los jueces provinciales Frans Ricardo Camaño Ochoa y Marcos Gavino Coronel Vélez revocaron la sentencia de primera instancia, dejando sin efecto la declaratoria de prescripción. La sentencia de la Corte destacó que el proceso había sido injustamente archivado por obstáculos generados por el mismo sistema judicial.

Este fallo no solo resolvió favorablemente para el demandante, sino que, según Robayo, se convierte en una “trocha abierta” que guiará más de un centenar de juicios laborales pendientes en la provincia. “Esta sentencia reivindica una lucha obrera, ya no por la obtención de nuevos derechos, sino para que los ya reconocidos constitucionalmente sean efectivamente aplicados”, indicó.

Valor académico y jurídico de la sentencia
El abogado resaltó el contenido técnico y argumentativo de la sentencia, que ha comenzado a ser analizado en espacios universitarios de posgrado por su valor en materia de argumentación jurídica. “Esta decisión judicial no solo tiene un impacto formal, sino que adquiere dimensión material y pragmática, al interpretar con profundidad el sentido protector del Derecho del Trabajo y su finalidad social”, expresó.

Uno de los fragmentos destacados de la sentencia, contenido en el numeral 25.3, establece que “subsumir al trabajador dentro de lo preceptuado en el artículo 2419 del Código Civil es torturar mortalmente la norma”, refutando así la visión meramente mercantilista que se pretendió aplicar desde primera instancia para desestimar el carácter laboral de la relación y evadir la obligación patronal.

Impacto económico y social del fallo
Según las estimaciones de Robayo, cada trabajador podría recibir una indemnización que bordea los 15.000 dólares, suma que incluye montos por concepto de sueldos impagos, intereses legales acumulados y multas contempladas en el Código del Trabajo. Cabe señalar que el empleador, en este caso el Municipio, incumplió el pago de tres meses de remuneración tras la finalización de los contratos, lo que generó el inicio de esta gesta jurídica.

“Esto no es atribuible a los trabajadores, sino estrictamente a la administración municipal, que contrató de forma inadecuada y omitió sus obligaciones legales”, indicó el jurista.

Denuncias y riesgos en la defensa de derechos
Robayo también denunció las agresiones físicas que sufrió como consecuencia de su labor profesional. Relató haber sido víctima de un atentado en el que resultó con heridas graves, tras ser atacado por familiares del exalcalde del cantón. Estas acciones, señaló, reflejan los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y laborales en la provincia.

Un llamado a la ética profesional y al compromiso social
Finalmente, el abogado en libre ejercicio, realizó un llamado a la comunidad jurídica, exhortando a los abogados laboralistas a honrar los principios éticos de la profesión y asumir con valentía la defensa de los más vulnerables. “No basta con aparecer cuando hay juicios fáciles; hay que estar en las verdaderas luchas, junto al pueblo trabajador, cuando el poder político y judicial se convierten en obstáculo para la justicia”, señaló.

Este proceso judicial, más allá de su dimensión legal, encarna una lucha simbólica y estructural por la dignidad laboral en la provincia de Zamora Chinchipe. Gracias a la actuación de la Corte Provincial, se sienta un precedente que fortalece el Estado de Derecho y visibiliza las históricas desigualdades que han afectado a los trabajadores. Y a la ciudadanía, organizaciones laborales y actores institucionales están llamados ahora a acompañar y vigilar el desarrollo de los procesos pendientes, en el camino hacia una justicia más equitativa, eficaz y humana.