Nacionales
Estas son las cifras oficiales de desapariciones en Ecuador en 2024, según la Fiscalía
Las desapariciones -calificadas judicialmente como forzadas- de Josué, Ismael, Saúl y Steven no constan en las estadísticas de la Fiscalía, que señalan que de enero a noviembre de 2024 se han presentado nueve denuncias por este delito, castigado con prisión de hasta 26 años.
Tampoco consta ahí la denuncia que puso Lorena Roca Magallón el 12 de septiembre de 2024 y que también fue calificada como desaparición forzada, luego de que su hijo Dave Loor Roca y el amigo Juan Santillán Suárez, fueran vistos por última vez cuando dos camionetas de militares los interceptaron en el cantón Ventanas, Los Ríos.
Solo considerando los casos de los cuatro niños de Guayaquil y de los amigos Dave y Juan, las cifras de desaparición forzada llegan a 15 en Ecuador, una cantidad que supera las doce registradas en 2023, pero que a decir de los activistas no refleja la realidad de una problemática que creció en 2024.
«Hay miles de casos de desapariciones año tras año, no podemos aceptar que se vea como común, ni siquiera un caso, no podemos verlo como algo normal”. Lidia Rueda, coordinadora de Asfadec.
Según las cifras de la Fiscalía, desde 2014 hasta noviembre de 2024 se han registrado 146 denuncias por desaparición forzada, de las cuales la mayoría se ha presentado en las provincias de El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16) y Manabí (15).
Casi la mitad de estas 146 denuncias, es decir 67, se encuentran en etapa de indagación previa, fase en la cual la Fiscalía investiga los casos.
Sin embargo, la mayoría, esto es 78, ha sido archivada. En las estadísticas proporcionadas a PRIMICIAS no consta un solo caso que tenga una sentencia en firme o ejecutoriada, solo hay uno con apelación de sentencia.
Los casos en Ecuador
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) recoge las denuncias que se presentan en todo el país, la mayoría considerada como desapariciones involuntarias, un delito que se castiga con prisión de hasta 10 años, pero que puede esconder casos también de desaparición forzada, consideran activistas de derechos humanos.
Billy Navarrete, por ejemplo, muestra una lista de al menos cinco casos reportados por los familiares como desaparición forzada, pero que la Fiscalía ha registrado como involuntaria. Solo en uno de ellos el delito se cambió tras un recurso de hábeas corpus admitido por los jueces.
“Desaparición involuntaria es otro delito en que no se identifica el perpetrador, esa lista es enorme en Ecuador, son miles. Tengo una lista de casos en el litoral, especialmente en Guayas y Los Ríos, que no se han resuelto, han ocurrido en Fiscalía estos meses”, reveló Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil.
Las estadísticas de la Fiscalía confirman que, efectivamente, las desapariciones involuntarias se cuentan por miles. De enero a noviembre de 2024 han recibido 6.407 denuncias, mientras que en todo 2023 la cifra llegó a 7.550 y en 2022 fueron 8.047 casos. En estos tres últimos años, en total, se ha denunciado 22.004 casos de desaparición involuntaria.
Y en esta cantidad tampoco constan sentencias. La gran mayoría de denuncias, 14.528, fue archivada. Hay 7.439 en indagación previa, cuatro llamados a juicio, ocho dictámenes acusatorios.
Las provincias con mayores casos de desapariciones involuntarias son Pichincha (5.467), Guayas (4.738), Manabí (1.082) seguidas de Chimborazo (989), Azuay (963), Los Ríos (908).
En las cifras de este delito consta la denuncia que presentó Dennis Álava Murillo el 27 de noviembre en Babahoyo. En los archivos de la Fiscalía figura como desaparición involuntaria, pero ella asegura -por testimonios de vecinos- que a su hijo Justin Valverde, de 20 años, y su amigo Michael Castañeda, de 17 años, se los llevaron militares en una camioneta blanca doble cabina.
Los fiscales solo le han dicho que están investigando, que tiene que esperar, pero ella insiste cada semana para que el caso de su hijo no quede en la impunidad. En vísperas de Navidad, incluso, viajó a Guayaquil para sumarse a la protesta que organizaron familiares de los cuatro niños de Las Malvinas, cuya muerte se confirmó la tarde del 31 de diciembre de 2024.
Así mismo, el CDH enlista otros casos de desapariciones que constan como involuntarias, pero que consideran como forzadas porque han recopilado versiones y las circunstancias en que sucedieron.
“Me permito mencionar los nombres de otros casos de desaparición forzada, también jóvenes de la provincia de Los Ríos: Oswaldo Mauricio Morales Santana, tiene 23 años, la investigación continúa siendo investigada como desaparición involuntaria”, dijo Fernando Bastias, abogado del CDH.
El jurista agregó más casos. “Justin Álvarez Chávez tiene 17 años, también sigue investigándose por desaparición involuntaria”. Y mencionó ahí la denuncia de Lorena Roca, la única que se cambió a desaparición forzada por decisión judicial.
«Gracias a las acciones judiciales se logró rectificar por desaparición forzada, es el primer caso reconocido por una jueza constitucional, las Fuerzas Armadas vergonzosamente apelaron la decisión, pero se ratificó y ahora está siendo investigado por desaparición forzada”. Fernando Bastias, abogado CDH
¿Qué es la desaparición forzada?
El delito de desaparición forzada se configura cuando la persona pierde su rastro en manos de agentes del Estado y es considerado “tortura a su nivel más alto”, señalan activistas de derechos humanos que piden a la Fiscalía que revise sus procedimientos para que no haya subregistro de denuncias.
“Hacemos un llamado a Fiscalía a corregir ese tipo de prácticas que lo que causan es zozobra, si esto (el caso de los cuatro de Guayaquil) se hubiera investigado como lo que es, desaparición forzada, estuviéramos en otro escenario”, lamentó indignado el abogado de la CDH.
La Fiscalía, entidad a la que PRIMICIAS solicitó una entrevista sobre este tema, no dio una respuesta hasta el cierre de esta publicación. Fuente: Primicias
Resolver conflictos mediante el diálogo y sin recurrir necesariamente a un proceso judicial es una de las alternativas que ofrece el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CENARC) de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), mediante servicios de mediación orientados a facilitar acuerdos voluntarios entre las partes.
El CENARC cuenta con atención en Loja, Quito, Guayaquil y Cuenca, y brinda mecanismos alternativos de solución de controversias en diferentes áreas, entre ellas familia, civil, inquilinato, laboral, convivencia social o vecinal, tránsito y asuntos tributarios, entre otros.
El proceso se desarrolla con el acompañamiento de un mediador neutral e imparcial, quien facilita el diálogo entre las partes para que sean ellas mismas quienes construyan una solución acorde con sus necesidades e intereses.
Entre las principales ventajas de la mediación se encuentran la posibilidad de alcanzar acuerdos de manera ágil, voluntaria y menos confrontativa que un proceso judicial. Además, el procedimiento tiene carácter confidencial y, cuando las partes llegan a un acuerdo, el acta de mediación adquiere validez jurídica.
¿Cómo acceder al servicio?
Para iniciar un proceso, primero se verifica que la controversia pueda ser sometida a mediación. Posteriormente, el solicitante presenta el formulario correspondiente junto con los documentos habilitantes y cancela la tasa establecida.
Una vez cumplidos estos requisitos, se notifica a la parte invitada y se fija la audiencia de mediación, espacio en el que las partes, con el acompañamiento del mediador, buscan alcanzar una solución mediante el diálogo.
97 procesos atendidos en Loja durante 2026
Las cifras evidencian el alcance de este mecanismo. En lo que va de 2026, el CENARC Loja ha atendido 97 procesos, de los cuales 66 han concluido con acuerdo total, equivalente aproximadamente al 68 % de los casos atendidos.
Pedro Puertas, responsable del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la UTPL, destaca la mediación como una alternativa efectiva para la solución de controversias y como una herramienta que contribuye a fortalecer una cultura basada en el diálogo y la construcción de paz.
A este trabajo se suma el respaldo institucional a los servicios jurídicos de la UTPL, cuya calidad ha sido reflejada en una calificación de acreditación de 99 sobre 100 ante la Defensoría Pública, indicador relacionado con el cumplimiento de estándares para la prestación de servicios jurídicos.
El costo de la mediación es de USD 25, lo que permite acceder a este mecanismo alternativo para la atención de conflictos susceptibles de ser resueltos mediante acuerdo.
Para conocer los requisitos y el procedimiento de acceso, los interesados pueden consultar la plataforma de servicios jurídicos de la UTPL: Servicios Jurídicos UTPL.
Nacionales
Toque de queda en cuatro provincias de Ecuador se aplicará desde el 17 al 30 de septiembre
Un nuevo toque de queda se aplicará en Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, provincias afectadas por la violencia criminal en Ecuador, anunció este viernes, 11 de septiembre de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, mientras continúa vigente el estado de excepción.
El funcionario precisó que esta medida se aplicará desde las 00:00 del 17 de septiembre hasta las 23:59 del 30 de septiembre de 2026, en el horario comprendido entre las 00:00 y las 05:00.
El toque de queda «será temporal, focalizado y acompañado de un amplio despliegue de seguridad. Esta medida responde a una necesidad concreta de seguridad», dijo Reimberg en su cuenta de X y advirtió que no habrá salvoconductos.
El anuncio se da un día después de que el presidente Daniel Noboa se reuniera con el Consejo de Seguridad para tratar nuevas acciones en contra de las organizaciones criminales en Ecuador.
Reimberg explicó que, durante ese tiempo, se intensificarán las operaciones «contra las estructuras criminales que pretenden sembrar el miedo y desafiar al Estado».
Por ello, el ministro señaló que se ejecutarán operaciones que requieren que quienes residen en las provincias mencionadas permanezcan en sus domicilios durante las horas establecidas.
«No es una medida contra los ciudadanos»
Tras remarcar que no se entregarán salvoconductos de ningún tipo, Reimberg precisó que en estos horarios únicamente podrán circular personal de primera respuesta, personal sanitario, personal para atención a emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia.
En cuanto a medios de comunicación, únicamente podrán realizar coberturas debidamente identificados y siempre acompañando a las fuerzas del orden.
«No es una medida contra los ciudadanos, es para protegerlos», acotó Reimberg, al apelar a la «colaboración y comprensión» de los ecuatorianos.
Se trata del segundo toque de queda que aplicará el Gobierno en estas provincias en lo que va del año, en donde ya se ejecutó esta medida en abril pasado.
«Sabemos que estas medidas pueden generar inconvenientes, pero hoy tenemos una prioridad: proteger la vida de los ciudadanos y recuperar la tranquilidad», insistió.
«A las organizaciones criminales les decimos algo muy claro: El Estado no se va a detener. No vamos a retroceder. No habrá territorios del crimen organizado y sobre todo, no habrá impunidad. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y objetivo final». John Reimberg, ministro del Interior
«Juntos, como Bloque de Seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerios del Interior y Defensa, así como nuestros aliados internacionales, vamos a ganar esta batalla», concluyó el Ministro.
La medida se anuncia dos días después de la visita a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante la cual ambos gobiernos anunciaron la continuidad de las operaciones conjuntas contra el crimen organizado.
Esta no es la primera vez que el Gobierno de Daniel Noboa dispone un toque de queda focalizado y temporal. En mayo de 2026, la misma medida se aplicó en nueve provincias y cuatro cantones. En esa ocasión, la restricción incluyó a Quito.
Como parte de la política de seguridad, en julio pasado, el presidente Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, ofreciendo inmunidad a personal extranjero e indultos a policías, militares y civiles ecuatorianos.
A mediados de año también decretó un estado de excepción, que fue renovado el 14 de agosto y está vigente por 30 días desde esa fecha. Fuente: Vistazo
Nacionales
A 25 años del 11-S: Las 10 transformaciones que reescribieron la seguridad mundial y su huella en Ecuador
¿Cuántas veces ha tenido que quitarse los zapatos al pasar los filtros de seguridad de un aeropuerto? Eso sucede porque desde el martes 11 de septiembre de 2001, todo cambió. “Gran parte de nuestra realidad actual se deriva directamente del 11-S”, lo recuerda Charles Homans, reportero político de The Times Magazine.
La reconfiguración de la seguridad que siguió a esos atentados no se detuvo en las fronteras de los Estados Unidos: sus efectos llegaron también a Ecuador y al resto de América Latina, donde se combinaron con problemas de seguridad, migración y narcotráfico ya existentes en la región.
A continuación, un repaso de 10 de las transformaciones globales que se desprendieron del 11-S y su vínculo en la realidad nacional y regional.
Estados Unidos reestructuró su seguridad interior en 2002 con la creación del Department of Homeland Security y la figura del Director of National Intelligence, en un esfuerzo por coordinar a sus agencias de inteligencia y evitar fallas como las que precedieron a los atentados.
- Repercusión en la región: La centralización se tradujo en un intercambio de inteligencia más estrecho y en la cooperación directa de agencias como la DEA y la CIA con los países andinos, incluido Ecuador, en el combate al narcotráfico y el control fronterizo
2. La «Guerra contra el Terrorismo»: Afganistán e Irak
Bajo la presidencia de George W. Bush, Estados Unidos invadió Afganistán en 2001 e Irak en 2003, y reorientó su política de seguridad nacional hacia la lucha antiterrorista durante las dos décadas siguientes.
- Repercusión en la región: Ese marco doctrinal —la «guerra contra el terror»— se trasladó al Plan Colombia, que dejó de ser una iniciativa antidrogas para convertirse en un respaldo militar directo contra organizaciones catalogadas como «narcoterroristas», entre ellas las FARC.
3. Expansión de la vigilancia masiva y el Patriot Act
El Congreso estadounidense aprobó el Patriot Act semanas después de los atentados, ampliando las facultades de vigilancia electrónica, intervención de comunicaciones e interceptación financiera del Estado.
- Repercusión en la región: Las nuevas reglas contra el lavado de activos -protocolos de «conozca a su cliente» y reportes obligatorios de transacciones sospechosas- encarecieron el envío de remesas hacia economías dolarizadas como la nuestra, una fuente de ingresos de la que dependen muchos miles de hogares.
4. El nuevo estándar de seguridad aeroportuaria (TSA)
En 2001 se creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que impuso controles más exhaustivos, entre otros: revisión estricta de equipajes, restricciones a líquidos y escáneres corporales antes de cada vuelo.
- Repercusión en la región: Los controles migratorios y biométricos para viajar a Estados Unidos se volvieron más rigurosos, lo que modificó los trámites de visado e incentivó rutas migratorias ilegales para la diáspora ecuatoriana hacia ese país.
5. Guantánamo y el debate sobre «combatientes enemigos»
Estados Unidos abrió en enero de 2002 la prisión de la base naval de Guantánamo y creó la categoría legal de «combatiente enemigo» para detener sin cargos ni plazos definidos a sospechosos de terrorismo, originando tensión con el derecho internacional humanitario.
- Repercusión en la región: El precedente sirvió de referencia para que distintos gobiernos latinoamericanos usaran marcos legales de corte «antiterrorista» en la criminalización de la protesta social. Sucedió en el Ecuador y en países vecinos con la movilización indígena y sindical, siempre bajo el argumento de una amenaza a la seguridad del Estado.
6. Endurecimiento migratorio y blindaje fronterizo
La seguridad en fronteras pasó de ser un asunto aduanero a una cuestión de seguridad nacional, con bases de datos biométricas compartidas entre agencias y perfilamiento de viajeros.
- Repercusión en la región: En la región aparecieron políticas como la «seguridad democrática» de Colombia, que redefinió el conflicto interno bajo la clave del terrorismo y coincidió con un incremento de la asistencia militar de Washington: de un promedio de 260 millones de dólares anuales subió a 400 millones entre 2001 y 2016.
7. La primera invocación del Artículo 5 de la OTAN
El 12 de septiembre de 2001, la Organización del Tratado del Atlántico Norte invocó por primera vez en su historia la cláusula de defensa colectiva escrita en el Artículo 5, que llevó a varios de sus miembros a sumarse a la campaña militar en Afganistán.
- Repercusión en la región: La misma lógica de cooperación militar con Washington tuvo su expresión local en la base de Manta, un Puesto de Operaciones de Avanzada (FOL) para el monitoreo antinarcóticos. Su cierre en 2009 quedó consagrado en la Constitución de Montecristi, que prohibió expresamente las bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
8. Estigmatización, sentimiento antimusulmán y securitización global
Los atentados motivaron la vigilancia diferenciada por origen, raza y religión, particularmente hacia comunidades musulmanas y de Medio Oriente, en aeropuertos, fronteras y sistemas financieros de Estados Unidos y Europa.
- Repercusión en la región: La misma lógica de perfilamiento se extendió a los migrantes latinoamericanos y a sus remesas dentro de los sistemas financiero y migratorio.
9. La modernización de la inteligencia estadounidense (DNI y NCTC)
Las fallas de coordinación identificadas tras el 11-S llevaron a la creación en 2004 del Centro Nacional Antiterrorista (NCTC) y de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que centralizaron la recopilación de datos entre agencias.
- Repercusión en la región: El Comando Sur (SOUTHCOM) ganó peso como actor en la formulación de políticas de defensa para los países andinos y en la vigilancia de la frontera norte de Ecuador frente a riesgos transnacionales.
10. El actual debate sobre bases extranjeras
Veinticinco años después, la discusión sobre la presencia militar extranjera en el Ecuador ha vuelto al centro de la agenda nacional.
- Repercusión en la región y Ecuador: El 16 de noviembre de 2025, casi 14 millones de ecuatorianos rechazaron, con el 61% de votos, la eliminación de la prohibición constitucional a las bases militares extranjeras vigente desde 2008. A 25 años del 11-S, ese resultado confirma que la tensión entre soberanía y cooperación militar con Washington -uno de los legados de aquel día- sigue sin resolverse en el Ecuador. Fuente: Vistazo
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