Nacionales
Estas son las cifras oficiales de desapariciones en Ecuador en 2024, según la Fiscalía
Las desapariciones -calificadas judicialmente como forzadas- de Josué, Ismael, Saúl y Steven no constan en las estadísticas de la Fiscalía, que señalan que de enero a noviembre de 2024 se han presentado nueve denuncias por este delito, castigado con prisión de hasta 26 años.
Tampoco consta ahí la denuncia que puso Lorena Roca Magallón el 12 de septiembre de 2024 y que también fue calificada como desaparición forzada, luego de que su hijo Dave Loor Roca y el amigo Juan Santillán Suárez, fueran vistos por última vez cuando dos camionetas de militares los interceptaron en el cantón Ventanas, Los Ríos.
Solo considerando los casos de los cuatro niños de Guayaquil y de los amigos Dave y Juan, las cifras de desaparición forzada llegan a 15 en Ecuador, una cantidad que supera las doce registradas en 2023, pero que a decir de los activistas no refleja la realidad de una problemática que creció en 2024.
«Hay miles de casos de desapariciones año tras año, no podemos aceptar que se vea como común, ni siquiera un caso, no podemos verlo como algo normal”. Lidia Rueda, coordinadora de Asfadec.
Según las cifras de la Fiscalía, desde 2014 hasta noviembre de 2024 se han registrado 146 denuncias por desaparición forzada, de las cuales la mayoría se ha presentado en las provincias de El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16) y Manabí (15).
Casi la mitad de estas 146 denuncias, es decir 67, se encuentran en etapa de indagación previa, fase en la cual la Fiscalía investiga los casos.
Sin embargo, la mayoría, esto es 78, ha sido archivada. En las estadísticas proporcionadas a PRIMICIAS no consta un solo caso que tenga una sentencia en firme o ejecutoriada, solo hay uno con apelación de sentencia.
Los casos en Ecuador
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) recoge las denuncias que se presentan en todo el país, la mayoría considerada como desapariciones involuntarias, un delito que se castiga con prisión de hasta 10 años, pero que puede esconder casos también de desaparición forzada, consideran activistas de derechos humanos.
Billy Navarrete, por ejemplo, muestra una lista de al menos cinco casos reportados por los familiares como desaparición forzada, pero que la Fiscalía ha registrado como involuntaria. Solo en uno de ellos el delito se cambió tras un recurso de hábeas corpus admitido por los jueces.
“Desaparición involuntaria es otro delito en que no se identifica el perpetrador, esa lista es enorme en Ecuador, son miles. Tengo una lista de casos en el litoral, especialmente en Guayas y Los Ríos, que no se han resuelto, han ocurrido en Fiscalía estos meses”, reveló Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil.
Las estadísticas de la Fiscalía confirman que, efectivamente, las desapariciones involuntarias se cuentan por miles. De enero a noviembre de 2024 han recibido 6.407 denuncias, mientras que en todo 2023 la cifra llegó a 7.550 y en 2022 fueron 8.047 casos. En estos tres últimos años, en total, se ha denunciado 22.004 casos de desaparición involuntaria.
Y en esta cantidad tampoco constan sentencias. La gran mayoría de denuncias, 14.528, fue archivada. Hay 7.439 en indagación previa, cuatro llamados a juicio, ocho dictámenes acusatorios.
Las provincias con mayores casos de desapariciones involuntarias son Pichincha (5.467), Guayas (4.738), Manabí (1.082) seguidas de Chimborazo (989), Azuay (963), Los Ríos (908).
En las cifras de este delito consta la denuncia que presentó Dennis Álava Murillo el 27 de noviembre en Babahoyo. En los archivos de la Fiscalía figura como desaparición involuntaria, pero ella asegura -por testimonios de vecinos- que a su hijo Justin Valverde, de 20 años, y su amigo Michael Castañeda, de 17 años, se los llevaron militares en una camioneta blanca doble cabina.
Los fiscales solo le han dicho que están investigando, que tiene que esperar, pero ella insiste cada semana para que el caso de su hijo no quede en la impunidad. En vísperas de Navidad, incluso, viajó a Guayaquil para sumarse a la protesta que organizaron familiares de los cuatro niños de Las Malvinas, cuya muerte se confirmó la tarde del 31 de diciembre de 2024.
Así mismo, el CDH enlista otros casos de desapariciones que constan como involuntarias, pero que consideran como forzadas porque han recopilado versiones y las circunstancias en que sucedieron.
“Me permito mencionar los nombres de otros casos de desaparición forzada, también jóvenes de la provincia de Los Ríos: Oswaldo Mauricio Morales Santana, tiene 23 años, la investigación continúa siendo investigada como desaparición involuntaria”, dijo Fernando Bastias, abogado del CDH.
El jurista agregó más casos. “Justin Álvarez Chávez tiene 17 años, también sigue investigándose por desaparición involuntaria”. Y mencionó ahí la denuncia de Lorena Roca, la única que se cambió a desaparición forzada por decisión judicial.
«Gracias a las acciones judiciales se logró rectificar por desaparición forzada, es el primer caso reconocido por una jueza constitucional, las Fuerzas Armadas vergonzosamente apelaron la decisión, pero se ratificó y ahora está siendo investigado por desaparición forzada”. Fernando Bastias, abogado CDH
¿Qué es la desaparición forzada?
El delito de desaparición forzada se configura cuando la persona pierde su rastro en manos de agentes del Estado y es considerado “tortura a su nivel más alto”, señalan activistas de derechos humanos que piden a la Fiscalía que revise sus procedimientos para que no haya subregistro de denuncias.
“Hacemos un llamado a Fiscalía a corregir ese tipo de prácticas que lo que causan es zozobra, si esto (el caso de los cuatro de Guayaquil) se hubiera investigado como lo que es, desaparición forzada, estuviéramos en otro escenario”, lamentó indignado el abogado de la CDH.
La Fiscalía, entidad a la que PRIMICIAS solicitó una entrevista sobre este tema, no dio una respuesta hasta el cierre de esta publicación. Fuente: Primicias
Nacionales
Gobierno inicia control masivo a las utilidades por venta de acciones: hay una empresa de Telecomunicaciones en la mira
El Gobierno de Daniel Noboa implementará un control masivo a las utilidades generadas por la compra y venta de acciones. Esta medida será ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que pondrá en marcha un proceso de fiscalización de manera inmediata.
La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, hizo el anuncio este lunes 16 de junio de 2025, y destacó que se trata de una medida “sin precedentes” en Ecuador, ya que por primera vez se llevará a cabo la fiscalización del Impuesto a la Renta Única (IRU).
La portavoz explicó que, hasta la fecha, cerca de 300 contribuyentes han declarado voluntariamente, reportando aproximadamente un promedio de USD 30 millones anuales, pero se ha detectado un universo potencial de 6.000 contribuyentes que no han cumplido con esta obligación.
Jaramillo incluso expuso un ejemplo concreto —aunque sin mencionar nombres— ya que, según dijo, “fácilmente se podrá inferir de quién se trata”, al referirse a una empresa de telecomunicaciones muy conocida y rentable.
Detalló que, en este caso, el hijo transfirió sus acciones a su padre por un valor un 80 % menor al real: apenas USD 58. Esta operación habría provocado un perjuicio al Estado de al menos USD 6,6 millones.
Al ser consultada sobre si el caso en mención tiene que ver con la familia Topic, Jaramillo solo respondió: «me estoy refiriendo a todas la empresas que defraudan al Estado ecuatoriano».
«Cuando se defrauda al SRI, se defrauda al Estado ecuatoriano», enfatizó la vocera.
Por último, la funcionaria acotó que, según las estimaciones del Gobierno, este año se puede llegar a recaudar más de 50 millones de dólares si se realiza esta fiscalización a este impuesto que ya existe.
Especialistas contra la corrupción
Otro anuncio presidencial fue que el Gobierno Nacional implementará la figura de Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC) para prevenir la corrupción.
Sobre este punto indicó que se trata de un proceso progresivo que lleva adelante la Secretaría de Integridad Pública desde el 2 de junio, con la implementación de los responsables en 35 entidades priorizadas del Estado.
La medida forma parte de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP) con el propósito de garantizar la aplicación efectiva de la normativa, promover la transparencia y generar una cultura de integridad.
“Nunca se designó especialistas dentro de la Función Ejecutiva para cumplir la misión de prevenirla corrupción”, indicó.
Con esta medida, se formará a una persona para detectar riesgos de corrupción en procesos administrativos, quien reportará la alerta a la Secretaría de Integridad Pública.
Según el Gobierno, la diferencia medular entre esta acción y las gestiones de entidades en el pasado es precisamente el enfoque desconcentrado y de visibilidad que ofrece el tener funcionarios responsables en cada entidad. Fuente: Vistazo
Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la captura del conductor de una volqueta en la que se encontró droga.
En su cuenta de X, la Policía informó que en el vehículo, que se movilizaba por la localidad de Ahuano, en la provincia de Napo, encontró media tonelada de droga. «Mediante técnicas de observación y perfilamiento, se detuvo la marcha de una volqueta, en la se identificó una estructura de doble fondo, dentro de la cual se encontraron 500 envolturas de bloques rectangulares, con 499.000 gramos de pasta base de cocaína», detalló la autoridad.
Además de esta sustancia, la Policía encontró un celular, que fue democisado. El sujeto detenido fue puesto a las órdenes de la justicia.
Fuente: Primicias
Nacionales
Ecuador reabre el catastro minero tras siete años: ¿qué significa este cambio para el país?
El catastro minero volverá a abrirse en Ecuador el lunes 16 de junio de 2025, después de permanecer cerrado por más de siete años. La última vez que el país permitió nuevas concesiones mineras fue en 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno clausuró el sistema, alegando irregularidades y la necesidad de una evaluación ambiental.
Desde entonces, los siguientes gobiernos anunciaron su reapertura sin concretarla. Incluso, el expresidente Guillermo Lasso la prometió como parte de su agenda de atracción de inversiones, pero no logró implementarla.
Ahora, el gobierno de Daniel Noboa ha dado el paso definitivo: el lunes 2 de junio, la vocera Carolina Jaramillo, anunció –entre otras medidas- la reactivación del sistema en fases, empezando por la mediana y gran minería. Esto se suma a una estrategia más amplia de posicionar al país como un destino atractivo para la inversión minera. De hecho, el mandatario viajó en 2024 a Canadá para promocionar al país en The Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), la mayor feria minera del mundo.
El catastro minero es una herramienta técnica y jurídica: un registro oficial que delimita las áreas del país disponibles -o no- para actividades mineras. Es, en palabras de Rodrigo Darquea, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, “el mapa del país” que establece dónde puede operar una empresa, y bajo qué condiciones.
El cierre del catastro, según el experto, provocó un fuerte freno en la inversión extranjera. Mientras en 2024 países como Chile, Perú y Argentina captaron entre 493 y 637 millones de dólares solo en exploración, Ecuador no accedió a ese capital. Además, advierte que la minería ilegal se ha expandido de forma alarmante durante este período de inactividad.
Para el consultor minero Santiago Yépez, el catastro es más que un software de geolocalización:
Yépez destaca también que no todas las concesiones terminan en minas: apenas 3 de cada 1.333 proyectos exploratorios llegan a etapa de producción. De ahí que reabrir el sistema sea solo el primer paso de un proceso largo, complejo y costoso.
Para noviembre de 2024, se habían exportado 689 toneladas de minerales de Ecuador, equivalente a 2.814 millones de dólares. Esto representó una caída de 9% en comparación con el mismo periodo de 2023, debido principalmente a apagones y mayor control fiscal e investigativo a causas de irregularidades
Reacciones a la nueva tasa minera: ¿oportunidad o freno?
La reapertura del catastro llega acompañada de una nueva tasa minera, anunciada por el gobierno como parte del esfuerzo por financiar la lucha contra la minería ilegal. Se espera que esta recaudación supere los 200 millones de dólares solo en el primer año, con pagos exigidos en junio y diciembre.
El sector, sin embargo, ha reaccionado con cautela.
Yépez, por su parte, considera que cualquier esfuerzo conjunto para ordenar el sector es bienvenido, pero cuestiona la magnitud de la nueva carga fiscal.
Ambos expertos coinciden en que el sector está abierto al diálogo, pero insisten en la necesidad de seguridad jurídica y una política tributaria razonable para atraer inversión sostenible.
Crítica desde la sociedad civil
Si bien algunos expertos consideran que la reapertura del catastro minero es una oportunidad para atraer inversión formal y frenar el avance del crimen organizado, desde sectores sociales y ambientalistas la reacción ha sido radicalmente distinta.
David Fajardo, representante del colectivo Cabildo por el Agua, sostiene que la medida es “preocupante, irresponsable e incluso inconstitucional”. Según explica, el regreso del catastro implica “la reactivación de procesos de concesión de territorios ecuatorianos para los intereses mineros, sobre todo de empresas transnacionales”.
“No se puede abrir un catastro sin que previamente existan leyes orgánicas que regulen la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas, afrodescendientes, montubios y campesinos”, afirma.
Fajardo subraya que estas leyes son condiciones indispensables para que cualquier concesión sea legal, y advierte que sin ellas no se puede garantizar la participación de las comunidades en decisiones que afectan sus territorios. En su lectura, sin esos instrumentos legales, la apertura del catastro vulnera derechos constitucionales y colectivos.
Además, critica el argumento del gobierno de que la nueva tasa minera servirá para financiar la lucha contra la minería ilegal. “Esa justificación no tiene sustento legal ni operativo. No hay certeza de que ese dinero se use para lo que se promete y, además, es parte de un entendimiento erróneo del problema”, señala.
Desde su visión, en Ecuador no existe minería plenamente legal, ya que la mayoría de los proyectos no cumple con todos los requisitos constitucionales, particularmente los relacionados con la consulta y los derechos de la naturaleza. Para Fajardo, lo que el Estado y el sector privado llaman “minería ilegal” incluye tanto actividades informales como operaciones criminales, pero también aquellas que no respetan los procesos de legalización en sentido estricto.
Finalmente, anticipa que la medida generará resistencia.
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