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Estas son las cifras oficiales de desapariciones en Ecuador en 2024, según la Fiscalía

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Las desapariciones -calificadas judicialmente como forzadas- de Josué, Ismael, Saúl y Steven no constan en las estadísticas de la Fiscalía, que señalan que de enero a noviembre de 2024 se han presentado nueve denuncias por este delito, castigado con prisión de hasta 26 años.

Tampoco consta ahí la denuncia que puso Lorena Roca Magallón el 12 de septiembre de 2024 y que también fue calificada como desaparición forzada, luego de que su hijo Dave Loor Roca y el amigo Juan Santillán Suárez, fueran vistos por última vez cuando dos camionetas de militares los interceptaron en el cantón Ventanas, Los Ríos.

Solo considerando los casos de los cuatro niños de Guayaquil y de los amigos Dave y Juan, las cifras de desaparición forzada llegan a 15 en Ecuador, una cantidad que supera las doce registradas en 2023, pero que a decir de los activistas no refleja la realidad de una problemática que creció en 2024.

«Hay miles de casos de desapariciones año tras año, no podemos aceptar que se vea como común, ni siquiera un caso, no podemos verlo como algo normal”. Lidia Rueda, coordinadora de Asfadec.

Según las cifras de la Fiscalía, desde 2014 hasta noviembre de 2024 se han registrado 146 denuncias por desaparición forzada, de las cuales la mayoría se ha presentado en las provincias de El Oro (39), Guayas (29), Pichincha (16) y Manabí (15).

Casi la mitad de estas 146 denuncias, es decir 67, se encuentran en etapa de indagación previa, fase en la cual la Fiscalía investiga los casos.

Sin embargo, la mayoría, esto es 78, ha sido archivada. En las estadísticas proporcionadas a PRIMICIAS no consta un solo caso que tenga una sentencia en firme o ejecutoriada, solo hay uno con apelación de sentencia.

Los casos en Ecuador
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) recoge las denuncias que se presentan en todo el país, la mayoría considerada como desapariciones involuntarias, un delito que se castiga con prisión de hasta 10 años, pero que puede esconder casos también de desaparición forzada, consideran activistas de derechos humanos.

Billy Navarrete, por ejemplo, muestra una lista de al menos cinco casos reportados por los familiares como desaparición forzada, pero que la Fiscalía ha registrado como involuntaria. Solo en uno de ellos el delito se cambió tras un recurso de hábeas corpus admitido por los jueces.

“Desaparición involuntaria es otro delito en que no se identifica el perpetrador, esa lista es enorme en Ecuador, son miles. Tengo una lista de casos en el litoral, especialmente en Guayas y Los Ríos, que no se han resuelto, han ocurrido en Fiscalía estos meses”, reveló Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil.

Las estadísticas de la Fiscalía confirman que, efectivamente, las desapariciones involuntarias se cuentan por miles. De enero a noviembre de 2024 han recibido 6.407 denuncias, mientras que en todo  2023 la cifra llegó a 7.550 y en 2022 fueron 8.047 casos. En estos tres últimos años, en total, se ha denunciado 22.004 casos de desaparición involuntaria.

Y en esta cantidad tampoco constan sentencias. La gran mayoría de denuncias, 14.528, fue archivada. Hay 7.439 en indagación previa, cuatro llamados a juicio, ocho dictámenes acusatorios.

Las provincias con mayores casos de desapariciones involuntarias son Pichincha (5.467), Guayas (4.738), Manabí (1.082) seguidas de Chimborazo (989), Azuay (963), Los Ríos (908).

En las cifras de este delito consta la denuncia que presentó Dennis Álava Murillo el 27 de noviembre en Babahoyo. En los archivos de la Fiscalía figura como desaparición involuntaria, pero ella asegura -por testimonios de vecinos- que a su hijo Justin Valverde, de 20 años, y su amigo Michael Castañeda, de 17 años, se los llevaron militares en una camioneta blanca doble cabina.

Los fiscales solo le han dicho que están investigando, que tiene que esperar, pero ella insiste cada semana para que el caso de su hijo no quede en la impunidad. En vísperas de Navidad, incluso, viajó a Guayaquil para sumarse a la protesta que organizaron familiares de los cuatro niños de Las Malvinas, cuya muerte se confirmó la tarde del 31 de diciembre de 2024.

Así mismo, el CDH enlista otros casos de desapariciones que constan como involuntarias, pero que consideran como forzadas porque han recopilado versiones y las circunstancias en que sucedieron.

“Me permito mencionar los nombres de otros casos de desaparición forzada, también jóvenes de la provincia de Los Ríos: Oswaldo Mauricio Morales Santana, tiene 23 años, la investigación continúa siendo investigada como desaparición involuntaria”, dijo Fernando Bastias, abogado del CDH.

El jurista agregó más casos. “Justin Álvarez Chávez tiene 17 años, también sigue investigándose por desaparición involuntaria”. Y mencionó ahí la denuncia de Lorena Roca, la única que se cambió a desaparición forzada por decisión judicial.

«Gracias a las acciones judiciales se logró rectificar por desaparición forzada, es el primer caso reconocido por una jueza constitucional, las Fuerzas Armadas vergonzosamente apelaron la decisión, pero se ratificó y ahora está siendo investigado por desaparición forzada”. Fernando Bastias, abogado CDH

¿Qué es la desaparición forzada?
El delito de desaparición forzada se configura cuando la persona pierde su rastro en manos de agentes del Estado y es considerado “tortura a su nivel más alto”, señalan activistas de derechos humanos que piden a la Fiscalía que revise sus procedimientos para que no haya subregistro de denuncias.

“Hacemos un llamado a Fiscalía a corregir ese tipo de prácticas que lo que causan es zozobra, si esto (el caso de los cuatro de Guayaquil) se hubiera investigado como lo que es, desaparición forzada, estuviéramos en otro escenario”, lamentó indignado el abogado de la CDH.

La Fiscalía, entidad a la que PRIMICIAS solicitó una entrevista sobre este tema, no dio una respuesta hasta el cierre de esta publicación. Fuente: Primicias

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Paquisha conmemoró 45 años de la Gesta Heroica y fue sede del IX Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú

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El cantón Paquisha fue el escenario del acto solemne por la conmemoración de los 45 años de la Gesta Heroica de Paquisha (1981) y el 31 aniversario de la Gesta del Alto Cenepa (1995), evento que se desarrolló mediante una Ceremonia Civil y el Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú, como símbolo de memoria histórica, reconocimiento y compromiso con la paz.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa encargada del cantón Paquisha, María Velásquez, autoridades civiles y militares, representantes de la Gobernación de Zamora Chinchipe, delegados del Batallón de Selva N.º 62 Zamora, miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, delegaciones de veteranos de guerra de Ecuador y del Perú, instituciones educativas, organizaciones de paz y ciudadanía en general.

En sus palabras de bienvenida, la alcaldesa encargada María Velásquez, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Paquisha, destacó que la fecha “no es un día cualquiera”, sino un momento en el que la historia exige memoria, respeto y gratitud. Subrayó que Paquisha no solo representa un punto geográfico, sino un símbolo de dignidad, soberanía y amor profundo por la patria, reafirmando el compromiso institucional de preservar la memoria histórica y promover valores de unidad, justicia social y paz duradera.

Por su parte, el capitán Luis Eras, delegado del Batallón de Selva N.º 62 Zamora y del teniente coronel Héctor Chimborazo Martínez, transmitió un mensaje de reconocimiento a los veteranos de las gestas de Paquisha, Mayaico, Machinaza y Alto Cenepa, resaltando el legado de patriotismo, disciplina y sacrificio que constituye un ejemplo para las nuevas generaciones militares y civiles. En su intervención, enfatizó que la paz alcanzada es fruto del valor y la entrega de quienes defendieron la soberanía nacional.

Durante el acto, el coronel Guillermo Vélez, miembro del Comité Mundial de la Paz, realizó una reflexión histórica y humanista sobre el significado de Paquisha como territorio de patriotismo, progreso y reconciliación binacional. Recordó su participación en los acontecimientos de 1981 y resaltó que el mayor triunfo de los pueblos no es la guerra, sino la construcción de una paz basada en justicia, democracia y libertad. Asimismo, destacó el crecimiento y desarrollo del cantón como evidencia del valor de la paz consolidada.

En el marco del encuentro binacional, Jorge Acuña, obispo y representante de la delegación del Perú, señaló que este noveno encuentro bilateral forma parte de un proceso sostenido de integración iniciado en 2018, orientado a promover la amistad, la convivencia y el desarrollo entre Ecuador y Perú. Recordó que la Unión Binacional de Veteranos de Guerra Ecuador–Perú fue nominada en 2019 al Premio Nobel de la Paz y al Premio Princesa de Asturias, como reconocimiento a su labor por la reconciliación y la paz.

A su vez, Emilio González, en representación de los veteranos de guerra, enfatizó el rol de los excombatientes como constructores de paz y guardianes de la memoria histórica, destacando que la historia de los conflictos de 1941, 1981 y 1995 debe ser comprendida desde una mirada ética y humana, orientada a evitar la repetición de la violencia. Subrayó que la verdadera victoria no se mide en territorios, sino en la capacidad de preservar la vida y fortalecer el diálogo entre los pueblos.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el reconocimiento público al señor Job Sarango, héroe civil de la provincia de Zamora Chinchipe, destacado por su apoyo y guía a las tropas durante la Gesta Heroica de Paquisha, resaltando el papel fundamental de la población civil en la defensa del territorio nacional.

El Noveno Encuentro Binacional de Veteranos de Guerra ratificó el compromiso de Ecuador y Perú con la paz, la integración y la cooperación, dejando como mensaje central que recordar la historia no divide a los pueblos, sino que los fortalece, y que la memoria es una herramienta fundamental para construir un futuro de convivencia, desarrollo y esperanza para las nuevas generaciones.

¡Que viva Paquisha! ¡Que viva Zamora Chinchipe! ¡Que viva el Ecuador y la paz entre los pueblos!

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Minería en disputa: Zamora Chinchipe reivindica autonomía gremial frente al centralismo del sector industrial

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La Cámara de Minería del Ecuador (CME), organismo gremial con 47 años de trayectoria institucional, reafirmó públicamente su rol como entidad técnica y empresarial encargada de agrupar y representar a las empresas del sector minero industrial, promoviendo una actividad minera responsable, legal y en estricto apego al marco normativo vigente.

En su pronunciamiento oficial, la CME precisó que el ciudadano Paul Pineda, de la provincia de Zamora Chinchipe, no integra esta organización, por lo cual la institución no reconoce ni valida ninguna vocería, representación o declaración atribuida al sector minero industrial que provenga de personas u organizaciones ajenas a su estructura formal. En ese contexto, la Cámara Nacional reiteró que no avala manifestaciones realizadas a nombre de la industria minera por actores externos al gremio.

Posición institucional de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe

Frente a este comunicado, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe (CAMIZ) emitió una aclaración pública dirigida a la ciudadanía y al sector minero nacional, en la que ratifica su constitución legal, su autonomía gremial y su ámbito legítimo de representación.

La CAMIZ explicó que su presidente, el Sr. Paul Pineda, ejerce su liderazgo exclusivamente en representación de los pequeños mineros y mineros artesanales de la provincia, sin que exista pretensión alguna de representar a la minería industrial o transnacional, competencia propia de la CME. La organización enfatizó que su legitimidad se sustenta en la base productiva local, vinculada directamente al territorio y a la economía provincial.

Regularización minera y derechos constitucionales

En su pronunciamiento, la Cámara provincial advirtió sobre la necesidad de centrar el debate público en los procesos de regularización minera pendientes, señalando que la falta de cumplimiento estatal constituye un factor de inseguridad jurídica para miles de familias que dependen históricamente de esta actividad.

La CAMIZ recordó que la Constitución del Ecuador garantiza el derecho al trabajo, así como la seguridad jurídica para quienes, por tradición productiva, han ocupado y trabajado el territorio. En este sentido, reiteró su oposición a cualquier iniciativa que implique desplazamiento o despojo territorial en favor de intereses económicos externos a la provincia.

Autonomía gremial y ética institucional

Desde una perspectiva jurídica, la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe subrayó que el derecho de asociación, reconocido por el ordenamiento legal ecuatoriano, garantiza la independencia organizativa de los gremios, por lo que no existe relación de subordinación entre la CAMIZ y la Cámara Nacional.

Asimismo, la organización hizo un llamado a la ética institucional, instando a que el debate minero se conduzca con responsabilidad, evitando prácticas de desinformación o confrontación política que afecten la credibilidad del sector y la convivencia social en los territorios.

Compromiso con una minería justa y soberana

La Cámara de Minería de Zamora Chinchipe reiteró su compromiso con una minería justa, soberana y socialmente responsable, orientada al desarrollo local, al respeto de la historia productiva de la provincia y a la defensa de los derechos de los pequeños productores.

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Estudiantes de derecho de la UTPL presentan el primer boletín jurídico del sur del país

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En una entrevista concedida al programa informativo de Diario El Amazónico, Gabriela Durán, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), dio a conocer los alcances, objetivos y proyección académica del Primer Boletín Jurídico del sur del Ecuador, una iniciativa inédita impulsada desde la comunidad estudiantil universitaria.

Durante su intervención, Durán explicó que este proyecto surge como resultado del interés de los estudiantes de Derecho por materializar ideas académicas generadas en espacios de reflexión, diálogo con docentes y trabajo colaborativo entre compañeros. El boletín tiene un doble propósito: constituirse en un aporte tangible a la sociedad y, a su vez, funcionar como una escuela de formación académica para futuros abogados y abogadas del país.

La entrevistada señaló que el boletín busca cubrir vacíos de información jurídica en la región sur, ofreciendo perspectivas estudiantiles sobre derecho, política y sociedad. Al tratarse de un proyecto “de estudiantes para estudiantes”, su enfoque se centra en brindar información actualizada, verídica, accesible y de alta calidad, dirigida no solo a jueces, fiscales y profesionales del Derecho, sino también a la ciudadanía en general.

Desde el ámbito formativo, Gabriela Durán destacó que el valor del boletín trasciende lo material, pues constituye un referente simbólico y académico, al ser una de las primeras iniciativas de este tipo en la región. Asimismo, subrayó que el proyecto demuestra que los estudiantes no deben esperar al ejercicio profesional para liderar propuestas de impacto, sino que pueden hacerlo desde su etapa universitaria, con el respaldo institucional correspondiente.

En cuanto al proceso editorial, Durán informó que para esta primera edición se recibieron alrededor de 150 artículos a nivel nacional, provenientes de estudiantes de Derecho de la UTPL en modalidad presencial y a distancia. Los criterios de selección se centraron en aspectos técnicos, estructura, argumentación jurídica y redacción, brindando además un acompañamiento personalizado a cada autor, lo que fortaleció el carácter formativo del proyecto.

Los contenidos del boletín abarcan diversas ramas del Derecho, entre ellas Derecho Constitucional, Penal, Ambiental y Derecho Comparado, así como análisis de coyuntura social y política internacional. Entre los artículos destacados constan trabajos sobre los derechos de la naturaleza, temática en la que Ecuador es referente mundial, y estudios comparativos sobre figuras jurídicas como el infanticidio y la cadena perpetua en Ecuador y Perú.

Gabriela Durán resaltó que los estudiantes cumplen un rol central como investigadores y protagonistas del boletín, lo que contribuye a fortalecer el pensamiento crítico, la capacidad analítica y el compromiso social desde la academia. En este sentido, enfatizó la importancia de democratizar el conocimiento jurídico, promoviendo el acceso ciudadano a información que permita comprender y ejercer los derechos establecidos en la normativa vigente.

Finalmente, la estudiante agradeció el apoyo brindado por las autoridades y docentes de la UTPL, quienes respaldaron el proyecto tanto en el ámbito técnico como logístico y presupuestario, posibilitando la publicación del boletín en formato físico y digital, disponible en las plataformas oficiales de la universidad, en la sección de novedades.

Al cierre de la entrevista, Gabriela Durán invitó a la comunidad académica, jurídica y a la ciudadanía en general a leer el boletín, señalando que este no está dirigido exclusivamente a especialistas, sino a toda persona interesada en la justicia y en la construcción de un país más informado. “Aquí el derecho deja de ser herencia para convertirse en porvenir”, concluyó.

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