Nacionales
Así fue cómo los narcos albaneses tomaron el control del tráfico mundial de cocaína desde Ecuador
La industria de la cocaína experimenta una explosión global y Ecuador es uno de los puntos más importantes para el transporte de la droga. Esto ocurre por la presencia de la mafia albanesa, comandada por Dritan Rexhepi, quien volvió al país en su centro de operaciones. El líder criminal creó un negocio, que iba desde las plantaciones colombianas, hasta los puertos ecuatorianos y las calles de Europa. Es lo que revela un reciente reportaje publicado por Washington Post.
Esta investigación se basa en entrevistas con más de dos docenas de funcionarios actuales y anteriores en Ecuador, Colombia, Europa y Estados Unidos, miembros de pandillas en Ecuador y miles de páginas de documentos judiciales de Ecuador, Albania e Italia.
El reportaje, elaborado por Samantha Schmidt, Arturo Torres, director de Código Vidrio, y Anthony Faiola, revela cómo las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en los puertos, el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad de Ecuador para hacerse con el control de partes clave de la cadena de suministro de cocaína y desencadenar un diluvio de la droga en Europa: un mercado de cocaína anual de más de 12 mil millones de dólares, según la Agencia Europea de Medicamentos.
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LA INDUSTRIA DE LA COCAÍNA SE GLOBALIZÓ
La investigación del Post documenta que durante décadas los consumidores de cocaína fueron principalmente estadounidenses, y la interdicción era una prioridad de ese gobierno, indica el reportaje. Pero a pesar de las decenas de miles de millones de dólares gastados en la guerra de ese país contra las drogas en América Latina, la industria no solo ha crecido, sino que se ha globalizado, con nuevas rutas, nuevos mercados y nuevas empresas criminales.
Casi todos los países de la región se han convertido en un importante productor o transportador de la droga. Ecuador es hoy uno de los puntos de tránsito de cocaína más importantes del mundo. La demanda se está disparando en Europa, que rivaliza con EE.UU. como el principal destino de cocaína del mundo.
El consumo de cocaína en los países se quintuplicó entre 2011 y 2021, y superó al de Estados Unidos en 2022. Si bien EE.UU. sigue siendo un mercado enorme, el consumo de cocaína ha disminuido un 20 por ciento desde 2006, según la ONU.
Los grupos criminales de los Balcanes, Italia, Turquía y Rusia han llegado a América Latina para obtener una parte del negocio, indica el reportaje. Pocos han logrado abrirse camino en el tráfico de cocaína como las redes criminales albanesas, coinciden los investigadores y analistas.
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REXHEPI LEVANTÓ SU IMPERIO DESDE UNA CELDA EN ECUADOR
Rexhepi, de 44 años, construyó gran parte de su imperio desde una celda en una prisión ecuatoriana, fomentando conexiones con pandillas latinoamericanas y convirtiendo su bloque de celdas en una suite ejecutiva.
Un abogado que lo representa en Albania se negó a hacer comentarios. Rexhepi, en una apelación de 2015, negó cualquier participación en el tráfico de drogas, “ya sea como autor o cómplice”. Pero en 2021, Italia solicitó su extradición, advirtiendo a las autoridades de Ecuador en una carta de su embajada en Quito que Rexhepi era el “líder indiscutible” de una red de narcotráfico albanesa con alcance global y acceso a “cantidades infinitas de cocaína”.
El surgimiento de Rexhepi como un temido agente de poder dentro de la prisión de Cotopaxi fue sintomático del colapso del control gubernamental en Ecuador. Pero como las autoridades de Roma buscaban encarcelarlo por tráfico de drogas, decidió que era hora de mudarse nuevamente. En agosto de 2021, el juez Diego Poma, alegando una necesidad médica, ordenó su liberación y dio paso a su arresto domiciliario en Samborondón, en Guayaquil, según consta en el proceso judicial. Luego, como era previsible, Rexhepi desapareció, indica el reportaje del Post.

SOCIOS, NO RIVALES: EL SALTO DE LOS ALBANESES
Los empresarios del narcotráfico de Albania, un país de 2,8 millones de habitantes, han comenzado a rivalizar con los cárteles más poderosos del mundo trabajando con ellos, no contra ellos, transformando la forma en que se maneja el negocio. Las nuevas redes, dicen los investigadores, son a menudo coaliciones criminales de grupos dispares e independientes, en lugar de cárteles jerárquicos y violentamente competitivos.
El informe del Post indica que Europol está al tanto de docenas de clanes o redes criminales organizadas “de habla albanesa” que operan actualmente en Europa, dijo Robert Fay, el jefe de la unidad de drogas de Europol, en una entrevista con Washington Post.
“No se trata de cuántas personas tienes”, dijo Fatjona Mejdini, analista albanesa de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional. “Se trata de las alianzas adecuadas que puedes formar”.
Desde su celda en la prisión de Ecuador, Rexhepi allanó el camino. Se hizo amigo de los líderes de la banda más poderosa de Ecuador, Los Choneros, que ya trabajaban para el cártel de Sinaloa de México, según uno de los miembros fundadores de ese grupo, que, como otros entrevistados para el artículo, habló bajo condición de anonimato por seguridad.
Así crearon asociaciones estratégicas tanto con traficantes sudamericanos como con líderes de pandillas en toda Europa. Su objetivo era simple: vender tanta cocaína como fuera posible con abundantes ganancias para todos los socios de los acuerdos. “Rexhepi es el pionero”, dijo Mejdini.
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LAS 22 TONELADAS DE LOS ALBANESES
Fue una de las incautaciones de cocaína más grandes del mundo registradas, y las autoridades se toparon con ella por accidente.
A fines de enero, oficiales militares ecuatorianos siguieron una pista sobre un alijo de armas y explosivos oculto en una granja de cerdos en Los Ríos. En cambio, en un sótano subterráneo, encontraron 22.000 ladrillos de cocaína, 22 toneladas en total, un botín valuado en más de 660 millones de dólares en el mercado europeo. Los paquetes estaban etiquetados con logotipos de aerolíneas: Iberia, KLM, Qatar, AB, Jet2.
El alijo pertenecía a un grupo criminal albanés, según registros judiciales y agentes de inteligencia.
Para un gobierno ecuatoriano que casi se había derrumbado debido a la violencia del narcotráfico, fue aclamado como un gran golpe al comercio de cocaína. También confirmó el papel global de Ecuador como un punto de tránsito crucial y centro logístico para los narcotraficantes más poderosos del mundo.
Enclavado entre los países productores de cocaína de Colombia y Perú, Ecuador se convirtió en un lugar ideal para los traficantes, dijeron los investigadores. El país contaba con una vigilancia costera limitada, instituciones frágiles y corruptibles, políticas de visas indulgentes que permitían la residencia a largo plazo de extranjeros y un sólido grupo de bandas locales ansiosas por asociarse con grupos europeos para transportar drogas.
El país también contaba con una próspera industria naviera. Es el principal exportador de banano a Europa, y un acuerdo de libre comercio con la UE hizo que las exportaciones de banano crecieran un 40 por ciento desde 2017. El negocio del transporte de banano, que representa más de dos tercios de las exportaciones que salen de Ecuador, proporcionó una forma ideal de tránsito, dijeron los investigadores.
En 2023, aproximadamente la mitad de la cocaína incautada en contenedores en Ecuador antes de partir hacia Europa estaba oculta en envíos de banano, según las autoridades ecuatorianas.
La incautación de enero pasado en una granja para criar cerdos también ilustró el modelo de tráfico albanés, dijeron los funcionarios de inteligencia, con socios externos contratados para cada eslabón de la cadena de suministro de cocaína.
Los grupos armados colombianos manejan la producción y el transporte por la frontera, y las bandas ecuatorianas se encargan de eso. Para trasladar las 22 toneladas de cocaína, por ejemplo, una banda, Los Lobos, transportó la droga a la bodega subterránea, según un funcionario de inteligencia con conocimiento del caso. Otra, Los Choneros, se encargó de custodiar la droga, mientras que una tercera, Los Lagartos, se suponía que la introduciría de contrabando en el puerto. Por último, Los Chone Killers, se encargaría de que saliera oculta en un buque portacontenedores designado.
Tras la captura, los albaneses, a través de uno de sus intermediarios, contactaron al sargento de Inteligencia Héctor Castillo Viejo, para que consiguiera información sobre los uniformados que participaron en el operativo. Su objetivo era ubicarlos, en especial a quien dirigió la operación de inteligencia desde una unidad especial del Ejército. Castillo fue detenido en Quito cuando intentaba sobornar a militares de la unidad, que le tendieron una trampa para detenerlo en un operativo con la Policía. Pese a las evidencias en su contra fue liberado, y la jueza no ha convocado a la audiencia de su juzgamiento. En el Ejército fue dado de baja, en septiembre pasado, pero volvió a ser detenido por robo de combustibles hace pocas semanas.
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LA ARTISTA DEL ESCAPISMO
La investigación del medio estadounidense indica que Rexhepi llegó a Ecuador alrededor de 2011. Era parte de una oleada de albaneses, muchos de los cuales tenían profundos vínculos con grupos criminales en Europa. Ecuador estaba empezando a surgir como un centro de tránsito en el tráfico de cocaína, la residencia era relativamente fácil de adquirir y había pocas dificultades para los extranjeros en la adquisición de propiedades y la creación de empresas, dijeron los funcionarios ecuatorianos.
Rexhepi, que tenía múltiples identidades falsas, aterrizó como un hombre de negocios griego, dijeron los investigadores.
Hijo de agricultores de uva en Velce, un pueblo de montaña albanés, Rexhepi alcanzó la mayoría de edad cuando los esquemas Ponzi de finales de los años 90 provocaron un devastador colapso económico en Albania, destaca el reportaje.
Los arsenales militares fueron saqueados, lo que llevó al surgimiento de bandas criminales que hicieron que partes del país se volvieran ilegales.
“Todos tenían armas en el pueblo”, dijo el tío de Rexhepi, Arben Jaupaj, de 64 años, que regenta un bar en Velce. “Los adultos y los niños”.
Rexhepi ascendió rápidamente dentro de las filas de una red con ambiciones continentales, dijeron funcionarios albaneses. Fue arrestado en 2006 por los asesinatos seis años antes de dos oficiales de policía y un transeúnte. En un acto que convirtió a Rexhepi en un nombre familiar en Albania, escapó el día de su arresto de una estación de policía en la ciudad costera de Durres simplemente abriendo una puerta con una cerradura defectuosa en una sala de interrogatorios del sótano. Salió bailando vals, diciendo a los oficiales de policía con los que se encontró que su interrogatorio había terminado.
“Se le considera inteligente, valiente y dispuesto a asumir riesgos”, dijo un funcionario policial albanés que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.
En los años siguientes, Rexhepi se convirtió en uno de los criminales más buscados de Europa, perseguido de un país a otro, destaca la investigación.
Fue arrestado por tráfico de drogas en los Países Bajos y extraditado a Italia, donde fue sentenciado a 13 años de prisión. En 2011, él y otros dos albaneses escaparon de una cárcel cerca de Milán después de usar sierras de contrabando para limar barrotes y saltar por una ventana con una cuerda improvisada hecha con sábanas atadas. Meses después, fue arrestado en España, pero extraditado a Bélgica, donde era buscado por su papel en un robo violento años antes. Pero la prisión belga de baja seguridad no pudo contener a Rexhepi. Una vez más, escapó, escalando un muro de la prisión.
Pero permanecer en Europa se estaba volviendo cada vez más insostenible debido al riesgo de otro arresto. Entonces Rexhepi huyó a Ecuador. Rexhepi construyó su red haciendo uso de empresas fachada legítimas, según los fiscales italianos. Rexhepi comenzó a establecer vínculos con empresas ecuatorianas que lo ayudarían a desarrollar sus operaciones de contrabando y lavar dinero. Uno de sus socios, un vicecónsul diplomático albanés en Ecuador, tenía grandes acciones en empresas de alimentos y cannabis, según registros públicos y un analista de inteligencia ecuatoriano que ha estudiado la red.
En pocos años en Guayaquil, Rexhepi y sus compinches construyeron un sofisticado sistema de logística de drogas, comprando personal portuario y compañías navieras que les permitían un acceso casi gratuito a los contenedores que se dirigían a Europa, dijeron los investigadores. Formó alianzas en todo el espectro de grupos criminales en el país, al vender Europa como un nuevo mercado abierto donde todos podían beneficiarse.
Sin embargo, la ley alcanzó a Rexhepi nuevamente, y en 2014, fue arrestado en Guayaquil, acusado de tráfico de drogas y finalmente sentenciado a 13 años de prisión. El sistema penitenciario en Ecuador estaba en gran parte dirigido por las bandas, y Rexhepi continuó construyendo su negocio, dijeron los investigadores.
Su tío, Jaupaj, dijo que su sobrino afirma que fue acusado falsamente y que simplemente dirigía un negocio de mariscos en Ecuador.
En una apelación de 2015, Rexhepi, utilizando el nombre falso Murataj Lulezim, acusó a las autoridades ecuatorianas de confundirlo con otro hombre y privarlo de su libertad “de manera injusta, sin una sola prueba en mi contra ni una sola foto que demuestre algún rastro de participación”.
“Mi único pecado, por así decirlo, es que soy ciudadano albanés y vine a este país por la publicidad en el extranjero, que promueve la inversión”.
Lo último que se supo sobre Rexhepi es que fue detenido en noviembre pasado en Turquía. Fue arrestado en respuesta a pedidos de extradición de Italia y Albania.
El capo había cambiado una vida de lujo por otra, después de llegar a Turquía con un pasaporte colombiano, bajo el alias de Benjamín Omar Pérez García, y establecerse en una villa blanca en un suburbio costero de Estambul, dijeron las autoridades. Rexhepi sigue tras las rejas en Turquía, por ahora.
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DESCENSO DE LA ANARQUÍA
En septiembre de 2020, tras una investigación de cinco años, cientos de oficiales en toda Europa llevaron a cabo una gran operación encubierta contra las acciones de Rexhepi. Detuvieron a 20 personas en Italia, los Países Bajos, Alemania, Grecia, Rumania, Hungría, España, Albania y Dubái.
Las autoridades italianas enviaron una serie de cartas a los funcionarios ecuatorianos, instándolos a iniciar los procedimientos de extradición contra Rexhepi. En una carta de 2021 de la Embajada de Italia, a la que tuvo acceso The Washington Post, los diplomáticos advirtieron que Rexhepi organizó envíos transatlánticos de drogas y ordenó el asesinato de sus rivales “gracias a una densa red de complicidad y corrupción, desde la prisión, utilizando todo tipo de sistemas de comunicación”.
Pero Rexhepi tenía sus propios planes. En agosto de 2021, un juez de Guayaquil, Diego Poma, le concedió arresto domiciliario por “razones médicas” con un grillete electrónico, según la orden judicial. Días después, el juez ordenó que se le retirara el grillete electrónico y le ordenó que se presentara ante las autoridades cada 15 días. (Posteriormente, el juez fue destituido por el Consejo de la Judicatura del país, que determinó que había violado la independencia de los funcionarios judiciales en varias decisiones que beneficiaban a poderosos capos de la droga). Poma, en su proceso disciplinario, negó haber actuado mal y dijo que siguió todos los protocolos legales al tomar sus decisiones.
En 2023, su liberación fue denunciada públicamente por el candidato presidencial Fernando Villavicencio como otro ejemplo de la caída de Ecuador en la anarquía; varios meses después, Villavicencio, que prometió enfrentarse a las bandas narcotraficantes del país, fue asesinado.
Para entonces, había quedado claro cuánto poder ejercían los narcotraficantes albaneses en Ecuador. Otro destacado narcotraficante albanés, Dritan Gjika, había establecido una extensa red de conexiones políticas y comerciales, según descubrieron los investigadores, supuestamente bajo la protección del jefe de la policía ecuatoriana. Algunos funcionarios de inteligencia europeos dijeron que sospechaban que Gjika podría ser parte de la red de Rexhepi.
En enero, las bandas ecuatorianas desataron una ola de violencia sin precedentes. El nuevo presidente del país, Daniel Noboa, respondió declarando un estado de conflicto armado interno contra las bandas, movilizando a los militares para tomar el control de las ciudades y las cárceles del país. Desde entonces, el gobierno ha promocionado una caída del 18 por ciento en la tasa de asesinatos, pero los secuestros y las extorsiones han seguido aumentando, y las organizaciones de derechos humanos han acusado al gobierno de arrestar a miles de personas con pocas pruebas y sin el debido proceso.
La caída de los asesinatos, dijo Renato Rivera, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador, “no es una respuesta a la militarización, sino a los procesos de paz y las alianzas criminales” entre pandillas. A pesar de la declaración del presidente de conflicto armado interno, las estructuras criminales más poderosas del país, como los albaneses, siguen “exactamente iguales”, agregó.
“Estos grupos transnacionales no se han visto realmente afectados”, dijo Rivera. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía apunta a 11 militares como autores directos de la desaparición de cuatro menores de edad
La jornada número 14 del juicio por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad en el caso Malvinas inició la mañana de este martes 9 de diciembre de 2025 con la Fiscalía retomando la individualización de las responsabilidades penales de los 17 procesados.
Se prevé que el fiscal del caso, Christian Fárez, señale a seis militares más como presuntos autores directos, con lo que sumarán 11 uniformados en esa categoría desde este lunes 8 de diciembre, cuando el juicio entró en la etapa de conclusiones y alegatos finales.
Durante la sesión previa, Fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión para cinco de los procesados como presuntos autores directos, así como el pago de multas a favor del Consejo de la Judicatura y una indemnización para las familias de las víctimas.
También está pendiente aún individualizar la acusación contra cinco militares que accedieron a un mecanismo de cooperación eficaz con la Fiscalía, a cambio de beneficios en la pena, y un teniente coronel procesado como presunto cómplice.
La audiencia se reanudó a las 10:20 en Guayaquil, luego de que el Tribunal de Garantías Penales suspendiera la diligencia la tarde del lunes, tras casi nueve horas de alegatos en las que Fiscalía presentó conclusiones y fundamentó la participación de cinco de los militares en la «privación ilegal de libertad», abandono y presunto ocultamiento de información sobre las víctimas.
Los presuntos autores directos
Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de entre 11 y 15 años, desaparecieron tras ser aprehendidos en el sur de Guayaquil por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
La mayoría de los militares sostienen que liberaron a los cuatro niños en un camino de segundo orden a las afueras de Taura (Naranjal, Guayas) tras hacerles mover un árbol caído, dejándolos «sanos y salvos».
Pero pruebas y declaraciones expuestas en el juicio apuntan a que los menores fueron abandonados de noche, heridos y sin ropa, en un lugar de alta peligrosidad. Los menores nunca regresaron a casa y, semanas después, se hallaron en un lugar agreste de Taura los restos calcinados de las víctimas.
En la jornada previa el fiscal señaló como presuntos autores directos al suboficial Wilson Alfredo W. A., al sargento Wilmer Danny L.C. y al cabo primero Rodrigo Paúl N. P..
También se señala como supuestos autores directos al cabo primero Jonathan Raúl G. P. -quién boxeó con el mayor de las víctimas y le habría aplicado una llave de lucha tumbándolo al suelo, según los testigos cooperadores-; y al cabo primero Ronald Stalin P. T. -el menor de las víctimas se habría golpeado con la trompetilla de su fusil cuando lo tiraron al balde de una de las camionetas-.
09/12/2025 – 12:26
Fiscalía individualiza acusación por cada uno de los implicados
La Fiscalía continúa con la individualización de responsabilidades y presentó los elementos de materialidad con los que acusa como presuntos autores directos de la desaparición forzada a los siguiente militares:
1.- El cabo segundo Sergio Francisco V. B., es señalado como parte de patrulla. La Fiscalía señalan que las víctimas eran sujetos de especial protección y que la patrulla incumplió la obligación estatal de salvaguardar la integridad de personas bajo custodia.
2.- El cabo Jhon Eduardo T. M., como parte activa de la patrulla de 16 militares.
El fiscal Christian Fárez expuso ante el Tribunal que la participación de los militares está acreditada a partir de testimonios, pericias, videos, registros de Inteligencia y evidencia levantada por la propia FAE.
La Fiscalía menciona entre las pruebas pericias de extracción de audio, video y mensajes realizada en ocho teléfonos celulares incautados a los 16 procesados, el 22 de diciembre en la base aérea de Taura. En los dispositivos aparecieron conversaciones en las que un integrante de la patrulla afirmaba: “Le dimos durísimo”, en referencia a las víctimas.
Para la Fiscalía, este lenguaje coincide con el testimonio de los cinco militares que actúan como cooperadores eficaces en el caso, quienes describieron golpes, insultos, amenazas, un disparo cercano al menor de los hermanos Arroyo, además de la desnudez forzada.
La Fiscalía solicitó al Tribunal una pena agravada de 34 años y ocho meses de prisión, al considerar aplicables los agravantes del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal COIP: actuar en grupo, con ensañamiento y contra menores de edad.
Como parte de la reparación integral, Fárez pidió que los procesados paguen 800 salarios básicos unificados como multa a favor del Consejo de la Judicatura, y que se otorgue a la familia de las víctimas una compensación de USD 10.000 .
También planteó que se disponga capacitación obligatoria en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, y propuso que el puente ubicado en la avenida 25 de Julio y Ernesto Albán, el sitio de la aprehensión de las víctimas, sea nombrado como Puente de los Niños de Las Malvinas, como una medida de reparación simbólica.

¿Qué dicen los abogados de los militares?
Henry Moreta, abogado del cabo segundo Sergio Francisco V. B., señaló que su defendido no tenía mando ni decisión en la patrulla. «No agredió, no golpeó, no insultó a nadie», dijo el abogado, señalando que los cooperadores eficaces no mencionaron el papel del cabo.
Según Moreta, la Fiscalía no ha logrado demostrar el cometimiento del delito en casos como el de su cliente, que tampoco se encontraba en el chat grupal de los militares, dijo.
En ese mismo sentido, Anahí Quimbita, abogada del cabo Jhon Eduardo T. M., también a una presunta falta se sostenimiento de la prueba, pues su defendido solo brindaba seguridad a la patrulla. «La obedecía debida en el régimen militar solo es inadmisible cuando las ordenes trasgreden la ley, pero ni siquiera hubo una orden expresa», adujo.
Fiscalía señala que los militares fueron parte activa en la desaparición y no presentaron en ningún momento oposición a un procedimiento irregular que expuso a las víctimas a desnudez forzada y al presunto abandono en un sector de alta peligrosidad.
Tampoco informaron por «cuenta propia» de lo sucedido, sino que lo hicieron dos días después, cuando fue requerida su versión por escrito por parte de sus superiores. El desenlace fatal se hubiera podido evitar si avisaban a tiempo, señala el fiscal. Fuente: Primicias

Nacionales
Un año del caso Malvinas: Familias esperan justicia tras contradicciones de los implicados
Ha pasado un año y nadie sabe o se atreve a decir la verdad completa. Hay versiones a medias y versiones contradictorias. Ninguno de los cuatro chicos de Las Malvinas está aquí para contar cómo, después de un partido de fútbol entre amigos, la noche del 8 de diciembre de 2024, fueron detenidos por una patrulla militar en Guayaquil. Los militares los golpearon, los torturaron y los abandonaron a su suerte en un lugar rural de Taura, heridos y desnudos. Josué, Ismael, Nehemías y Steven no vivieron para contarlo, pero esto se demostró en las audiencias del caso “Malvinas”. Hay videos grabados por los propios militares que lo corroboran.
Tres semanas después de la desaparición, sus cuerpos fueron hallados: calcinados, cercenados, sin órganos. ¿Quién se hace responsable? Las familias piden justicia y ruegan para que ningún padre o madre tenga que vivir la angustia de la que han sido víctimas, mucho menos la indolencia del Estado que no les dio respuestas a tiempo.
Durante la primera semana de la desaparición, aunque los padres ya estaban en contacto con agentes de la Unase, para investigar el hecho, nadie les confirmó que los militares se habían llevado a sus hijos. Entre el 14 y el 17 de diciembre el caso saltó a la prensa: se hablaba de que sujetos vestidos de militares secuestraron a los chicos, lo que se confirmó por esos mismos días, cuando se filtraron los videos de las cámaras de seguridad, en las que se veía como los militares subían a Josué, Ismael, Nehemías y Steven a dos camionetas.
Mientras tanto, los militares implicados ya habían organizado un chat grupal al día siguiente para acordar una sola versión. En las audiencias, el sargento Nelson S. Z. indicó que el 10 de diciembre del 2024, dos días después de la desaparición, el subteniente John Henry Z. E., a cargo de las patrullas, contó que un general y tres coroneles le ordenaron borrar un video con agresiones “porque el caso sería todavía más polémico de lo que ya era”.
Para el 19 de diciembre, con toda la presión encima, FF.AA. emitió un comunicado en el que decía que colaboraría con todas las investigaciones. No reconocía que los militares se llevaron a los chicos. Para el 21 de diciembre, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, emitió un mensaje: responsabilizaba a grupos criminales de la desaparición y decía que querer responsabilizar a las FF.AA. por una supuesta desaparición forzada era hacerle el juego al crimen organizado.

DESAPARICIÓN FORZADA
Pero no era supuesta: fue una desaparición forzada y así lo determinó Fiscalía en su acusación. De hecho, el lunes 8 de diciembre, el Ministerio Público pidió 34 años de prisión para algunos de los 17 militares implicados.
Previamente, el soldado Álex Xavier Q. A., quien se sometió al procedimiento de cooperación eficaz, pidió disculpas a las familias de los chicos y aceptó haber encubierto información por temor a represalias de sus superiores.
No obstante, otros procesados mantienen la versión de que arrestaron a los chicos porque les proporcionaron información de que habían sido partícipes de un robo, y que no los agredieron y los liberaron sanos y salvos.
Con estas versiones a medias y contradictorias, dependerá del tribunal a cargo del caso, esclarecer la verdad en función de las pruebas presentadas. La Fiscalía no ha encontrado ningún indicio de que los menores hayan cometido un acto ilícito, según comentó Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas. Es más, Moisés L., uno de los cuatro soldados que cooperaron con la justicia, aseguró que un vendedor de agua les dijo que eran otras personas las que estaban asaltando.
En lo que coinciden todos los militares es que dejaron a los chicos, sanos o golpeados. Nadie sabe qué pasó después: hay una investigación a parte por ese caso y se presume que una banda los asesinó.
“Ellos (los militares) sabían que era un sector de alta conflictividad inclusive en el juicio se mencionó a un reconocido Grupo de Delincuencia Organizada (GDO), que opera en ese sector, por lo que el ‘sanos y salvos’ no se cumplió”, subrayó Aguirre al cuestionar que las patrullas dejaran abandonados a los chicos a su suerte en Taura.

LO QUE SALIÓ A LA LUZ EN EL JUICIO
Tras la conmoción que generó el caso, la primera defensa de los militares aseguraba en varias entrevistas que los implicados colaboraron desde el principio de las investigaciones. Sin embargo, el proceso judicial ha evidenciado lo contrario.
Por ejemplo, un oficial ordenó a los soldados que eliminaran videos comprometedores, pero uno de ellos ya había enviado un clip a su hermana porque “las cosas se estaban saliendo de control”. Ese material luego se convirtió en una de las piezas clave, ya que en el video se escuchan frases como “ya llegamos al lugar donde van a morir” o “agradece que no te disparo”.
Así mismo, los 16 implicados tenían un chat para coordinar su defensa e incluso hubo discordia entre los integrantes del grupo por la información que iban a dar en primera instancia. Durante el juicio el soldado Christian A., el último cooperador eficaz que rindió versión, también contó que todos “acordaron lo que iban a decir” a tal punto que su primera versión escrita fue “copia y pega” del texto de otro compañero, cambiando solo un “par de palabras”. Esto bajo el argumento del “espíritu de cuerpo”.
No obstante, otro grupo de procesados han rechazado este tipo de acusaciones. El subteniente John Henry Z. E., principal señalado como presunto autor de desaparición forzada, aseguró que los colabores de Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios. Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.
En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.
Él y al menos otros cuatro uniformados también coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club. Por otro lado, los cooperadores han manifestado que no sabían el destino exacto o incluso que el subteniente quería llevarlos a una fosa, algo que él ha negado.

ERROR DE PROCEDIMIENTO
Independientemente de las versiones irreconciliables de cada grupo de militares implicados, el general Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública y del Estado, explica que hay un evidente error de procedimiento por parte de la patrulla.
Agrega que el concepto de espíritu de cuerpo, que algunos implicados nombraron en sus testimonios, se ha “distorsionado” porque originalmente se refiere a ayudarse entre soldados en situaciones de peligro, pero eso no quiere decir que ante una irregularidad se trate de construir una historia o decir mentiras.
Sobre el argumento de los acusados de que no podían desacatar órdenes de su superior, en este caso del subteniente, líder de la patrulla, Wagner Bravo aclara que las jerarquías funcionan en el marco de una orden militar para un trabajo profesional.
“Pero en el caso de una inconducta, ahora con aspecto legal, ellos sí podrían haber dicho: ‘Mi subteniente, no creo que esté bien porque estamos cometiendo una inconducta’. Inclusive eso también es espíritu de cuerpo, decir: ‘Oigan, no está bien’ y, si no me hacen caso porque soy de menor rango, por lo menos queda la constancia de que expresé mi postura”.
Bravo reconoce que el caso Malvinas sí ha golpeado la imagen de las Fuerzas Armadas y la institución debe tomarlo como una lección para fortalecer la preparación de soldados tanto a nivel táctico como en la parte legal de las normas que los rigen.

LAS CONTRADICCIONES DEL GOBIERNO
En diciembre del 2024, cuando se conoció la desaparición de los cuatro menores de Guayaquil, las principales autoridades emitieron declaraciones confusas. Por un lado, el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, manifestó que las víctimas fueron detenidas porque “estaban presuntamente robándole a una mujer”. Mientras que el presidente Daniel Noboa dijo que “no se va a encubrir a nadie” e incluso sugirió “que los cuatro chicos sean considerados como héroes nacionales”.
En enero del 2025, Loffredo fue obligado por una jueza a pedir disculpas públicas en cadena nacional, pero en su mensaje también advirtió que llegará “hasta las últimas consecuencias” para que la magistrada sea sancionada. Además, dijo que se estaba usando “una narrativa de derechos humanos como instrumento de persecución política”.
Tras estas y otras breves declaraciones de Loffredo bajo la misma narrativa, el Gobierno no volvió a pronunciarse sobre el caso. Incluso ahora que cuatro militares han pedido disculpas y reconocido irregularidades en la captura de los menores, las autoridades han mantenido un absoluto silencio. Vistazo pidió una reacción al Ministerio de Defensa, pero hasta el cierre de esta nota no ha existido una respuesta.
Jean Paul Pinto, experto en seguridad y defensa, considera que desde el Gobierno se trató de “defender lo indefendible y un año después nos damos cuenta que hubo un mal protocolo, que terminó con la muerte de los niños”, aunque aún no se ha determinado quién ordenó el asesinato, ya que todos los militares han insistido en no conocer detalles de lo que sucedió después del abandonarlos.
Califica la actitud del ministro Loffredo como “desafiante”, cuando más bien cabía unas disculpas y acciones concretas para evitar la repetición de este tipo de hechos.
Asimismo, Pinto cree que el caso deja en evidencia que “no es una buena idea” que los militares intervengan en temas de seguridad pública “porque las consecuencias pueden ser graves tanto para los ciudadanos como para la propia institución”. Por ello, indica que las intervenciones militares deben ser en temas específicos, que respondan al entrenamiento que han recibido.

GARANTÍA DE NO REPETICIÓN
Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), señaló que desde el Gobierno recibieron comentarios “lacerantes, estigmatizantes y peyorativos”.
Además, recordó que la exministra del Interior, Mónica Palencia y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, apelaron el habeas corpus con el que una jueza dispuso que el caso sea tratado como desaparición forzada, logrando que se revoque la sentencia.
Ante estas actitudes, la defensa ha interpuesto una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional en contra del tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que revocó el habeas corpus.
Aguirre comentó que el objetivo no solo es poner en evidencia la actitud de la Corte, sino también que los Ministerios del Interior y Defensa asuman su responsabilidad. “Queremos una garantía de no repetición”.
Mientras tanto, en Quito se lleva a cabo una segunda investigación por el presunto delito de secuestro con resultado de muerte, la cual determinará a los autores materiales e intelectuales del asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas.
Las indagaciones aún siguen en reserva y se desconoce detalles tras casi un año de la desaparición. No obstante, Aguirre avanzó que los militares también podrían ser procesados en esta causa “al ser servidores públicos que debían precautelar por la seguridad de las víctimas, teniendo en cuenta que eran de un grupo prioritario”.
Durante el proceso judicial un hombre, identificado como Luigi V., aseguró en una primera versión que alias ‘Momo’, un líder local de la banda criminal ‘Los Lobos’, que opera en Taura, dio la orden para asesinar a los menores e incluso especificó los apodos de emisarios del cabecilla delictivo.
Sin embargo, el presunto testigo desapareció y no rindió testimonio anticipado, aunque la investigación policial iría encaminada en una teoría similar. En la doceava sesión del juicio, el mayor de Policía, Edwin Sánchez, expuso el contenido de su informe preliminar, de diciembre del 2024, en el que señaló a ‘Momo’ y otros dos integrantes de ‘Las Águilas’ como presuntos autores materiales del crimen.
De hecho, en el celular de ‘Momo’, explotado en el marco de un proceso por el delito de tenencia y tráfico de armas por el cual fue recapturado en marzo del 2025, se encontró una foto de un hombre con un supuesto uniforme junto a una persona sin camiseta y en pantaloneta. También, se conoció que el criminal estaba pendiente del caso Malvinas, ya que tenía publicaciones de medios de comunicación sobre el tema. Fuente: Vistazo
Nacionales
Lundin Gold lidera el sector minero e ingresa por primera vez al top 100 de reputación corporativa de MERCO en el Ecuador
Lundin Gold, empresa canadiense operadora de Fruta del Norte, ingresó por primera vez al top 100 del ranking Merco de empresas con mejor reputación del Ecuador en su primera década de presencia en el país. Además, alcanzó el primer lugar en el sector minero, un doble hito que consolida su liderazgo en la industria y evidencia la madurez de un modelo de gestión alineado con estándares de transparencia, responsabilidad y excelencia. Merco evalúa, a través de una rigurosa metodología, la percepción de líderes empresariales, analistas, periodistas especializados, academia, ONG, consumidores y otros grupos de interés, lo que refuerza la legitimidad y alcance de este resultado.
“Figurar en el top 100 de este ranking con solo seis años de operaciones en el país es un logro especialmente significativo considerando el modelo Business to Business de nuestro giro de negocio. Este resultado en Ecuador es reflejo de nuestra sólida Estrategia de Sostenibilidad y de los impactos positivos que ha generado de manera consistente a lo largo de los años. Esta Estrategia está construida sobre una serie de alianzas que permite que nuestros grupos de interés conozcan a fondo la forma en la que trabajamos.”, señaló Juan José Herrera, director de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold.
La presencia de Lundin Gold en este reconocido monitor internacional demuestra la coherencia entre su desempeño operacional, su filosofía corporativa y su Estrategia de Sostenibilidad.
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