El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó este jueves 1 de agosto una controvertida reforma constitucional que elimina el límite de reelección presidencial y permite que Nayib Bukele —u otro mandatario— se mantenga en el poder de forma indefinida.

Con el respaldo de 57 de los 60 diputados, la Asamblea Legislativa también decidió extender el período presidencial de cinco a seis años y suprimir la segunda vuelta en las elecciones, lo que marca un giro profundo en las reglas democráticas del país.

Según la legisladora oficialista Ana Figueroa, los cambios buscan “darle el poder total al pueblo salvadoreño” y equiparar las condiciones del cargo presidencial con otros puestos de elección popular.

Pero desde la oposición, el mensaje fue otro: “Este día murió la democracia”, decía un cartel que alzó la diputada Marcela Villatoro en plena sesión.

La reforma también establece que el actual mandato de Bukele, que inició en 2024, terminará de forma anticipada el 1 de junio de 2027. En esa fecha se celebrarán elecciones presidenciales, legislativas y locales de forma concurrente.

Organismos de derechos humanos y figuras de la oposición han advertido que esta reforma pavimenta el camino hacia un régimen autoritario. La diputada Claudia Ortiz denunció que la medida busca “perpetuar a un pequeño grupo en el poder y dejar a la gente cada vez más pobre”.

Aunque la Constitución prohibía expresamente la reelección, Bukele fue reelegido en 2024 con el 82.8% de los votos, tras un fallo de la Corte Suprema —dominada por jueces afines al oficialismo— que reinterpretó la ley para habilitar su candidatura.

Desde organizaciones como Human Rights Watch se ha advertido que El Salvador sigue el mismo guion que países como Venezuela: “Empieza con un líder popular que concentra poder, y termina en dictadura”, dijo su directora para las Américas, Juanita Goebertus.

Bukele, quien asumió su primer mandato en 2019, ha ganado respaldo popular por su política de “mano dura” contra las pandillas, con cifras récord de reducción de homicidios. Pero esa misma estrategia ha sido duramente cuestionada por detenciones arbitrarias, ausencia de juicios justos y condiciones inhumanas en cárceles como el CECOT.

A pesar de las denuncias, Bukele ha dejado claro que continuará en esa línea. “Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, dijo en un discurso reciente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la noche del 31 de julio de 2025 un decreto que impone nuevos aranceles a decenas de países, entre ellos Ecuador, con quienes, según Washington, existen desequilibrios comerciales.

En el caso ecuatoriano, el impuesto a los productos que ingresan a territorio estadounidense subirá del 10% al 15%, porcentaje que también se aplicará a Costa Rica y Bolivia. La medida entrará en vigor el 7 de agosto, con un retraso de siete días respecto a la fecha inicial anunciada, para “dar tiempo a las aduanas para prepararse”, según un alto funcionario estadounidense.

Entre los países más golpeados están Siria, que pagará un 41%, y Brasil, que aunque inicialmente tenía un 10%, desde el 6 de agosto será castigado con un 50%, por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro. La Casa Blanca justificó este castigo alegando “preocupaciones democráticas”.

También se impone un recargo del 35% a los productos canadienses que no estén cubiertos por el T-MEC, acusando a Canadá de no frenar el tráfico de fentanilo y de permitir la operación de laboratorios de síntesis de drogas en su territorio.

¿Por qué Ecuador está en la lista?

Aunque Ecuador ha intentado mejorar su relación comercial con EE.UU., la administración Trump considera que el país aún mantiene barreras o condiciones desventajosas en el intercambio bilateral. Noem, la secretaria de Seguridad estadounidense que visitó Quito esta semana, ya había señalado que la cooperación migratoria y de seguridad era buena, pero los temas económicos siguen siendo un punto de fricción.

El decreto presidencial también menciona que algunos países recibirán tarifas reducidas por haber alcanzado acuerdos comerciales y de seguridad con EE.UU. Entre ellos están Corea del Sur, Japón y la Unión Europea, que pagarán un 15%, igual que Ecuador, pero como parte de acuerdos bilaterales en marcha.

En cambio, países como India han sido advertidos: si no se alinean comercial y políticamente con EE.UU., podrían enfrentar aranceles de hasta 25%.

“Algunos socios han demostrado su intención de remediar las barreras comerciales y alinearse con Estados Unidos. Otros, no lo han hecho”, se lee en el comunicado de la Casa Blanca.