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Caso Metástasis: Mercedes Caicedo, la jueza que sentenció a la red criminal detrás del capo Leandro Norero
Lleva un casco y un chaleco antibalas que solo se lo puede quitar una vez entra a su despacho, en uno de los pisos superiores de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). En su escritorio le esperan cientos de hojas de expedientes judiciales. “Desde aquí veía a los francotiradores que resguardaban el edificio, mientras trabajábamos en el caso Metástasis”, dice con voz pausada, mirando por el gran ventanal hacia la calle.
Mercedes Johanna Caicedo Aldáz tiene 37 años y es la magistrada más joven de la CNJ. Fue la jueza ponente en el juicio que terminó sentenciando a 20 implicados en la red criminal del narco Leandro Norero, el pasado 25 de octubre. Entre ellos, Wilman Terán, expresidente de la Judicatura y ex juez nacional, a quien en el proceso se conoció como alias el Diablo; a Xavier Novillo, abogado personal de Norero; a Pablo Ramírez, ex director del SNAI y ex jefe antinarcóticos, entre otros.
“Claro que tuve temor”, reconoce Caicedo. Las amenazas no faltaron y no sabe hasta cuándo tendrá este estricto resguardo policial, porque eso depende de los análisis de riesgo que haga su escolta.
Cuenta que viajaba todos los días a las cuatro de la mañana desde su natal Babahoyo, en la provincia de los Ríos, hasta la universidad. Su madre no quería que viviera en Guayaquil y revisaba sus calificaciones constantemente, con la advertencia de que si tenía un bajo promedio dejaría de estudiar en Guayaquil.
A los 21 años terminó la carrera de abogada y empezó a trabajar como asistente fiscal. Luego participó en los concursos para jueces en instancias menores y fue escalando. En 2021, ganó el concurso para conjuez en la Corte Nacional de Justicia. Y a falta de jueces titulares, Mercedes Caicedo se convirtió en jueza nacional encargada, la más joven entre los 21 jueces de la Corte.
Metástasis ha sido una prueba de fuego para la justicia. Primero, por la trascendencia del caso que salpica a la política con el narcotráfico: uno de los señalados de pertenecer a la red de Norero es el exasambleísta Ronny Aleaga, aunque se fugó y ahora denuncia “persecución política”. Y segundo, porque no solo se vinculó al exjuez nacional Wilman Terán, sino que varios magistrados salieron salpicados en los testimonios.
Caicedo dice que es doloroso saber que eso pasa en el sistema de justicia, pero que la mayoría son gente honesta. Ella tenía como colega a Terán, incluso conformó la terna junto a él en 2022, cuando se requería nuevo presidente del Consejo de La Judicatura. Terán fue el elegido. Ahora está sentenciado.
El juicio del caso Metástasis no le cayó a Caicedo de casualidad. La sala de lo penal está integrada por siete jueces y algunos de ellos ya conformaron los dos tribunales que actuaron en las instancias anteriores: en la instrucción fiscal, cuando, por ejemplo, se recibieron los testimonios anticipados de Mayra Salazar y otros procesados; y en la preparatoria de juicio, en la que se llamó a 21 procesados.
Caicedo sabía que ella conformaría el tribunal para la recta final: el juicio y la sentencia. El 15 de octubre salió sorteada como jueza ponente; completaron el tribunal los jueces Pablo Loaiza y Marcos Rodríguez.
Fue una audiencia maratónica porque en diciembre se cumpliría un año desde que estalló el caso Metástasis y caducaría la prisión preventiva. Por la premura del juicio, las defensas de los sentenciados han cuestionado que no se escucharon los testimonios anticipados en la audiencia o que no se les dio el tiempo suficiente para los contrainterrogatorios, por ejemplo.
Caicedo afirma que todo lo actuado fue en apego a la norma y que la resolución de la sentencia no solo es una respuesta para el país, sino para los mismos procesados que se merecían una respuesta justa en un “plazo razonable”. Otorga esta entrevista a Vistazo recalcando que la resolución de la sentencia fue una decisión unánime con sus otros dos colegas que conformaron el tribunal.
¿Por qué se dio el juicio en tiempo récord, cuando hemos visto otros procesos que demoran años?
El principio del debido proceso es la dignidad del ser humano. Incluye los presupuestos de ser oído con las debidas garantías, en un plazo razonable y tener un juez independiente e imparcial. ¿Qué ocurre en Ecuador? La prisión preventiva no puede durar más de un año. Que se caduque la prisión preventiva hace, en consecuencia, que no se cumplan con los debidos plazos razonables y el debido proceso penal, que le da como límite el año para cumplir con el proceso y emitir alguna decisión que resuelva su situación jurídica de las personas. El tribunal resolvió de manera unánime.
Sabíamos que se iban a presentar incidentes. Entonces recuerdo que dijimos: ¿cuáles son los peores escenarios para que una audiencia no se haga? Que las partes se enfermen, entonces vamos a tener médicos, paramédicos y ambulancias. ¿Qué más puede pasar? Que abandonen la defensa los defensores particulares, entonces vamos a tener defensores públicos que nos asistan durante todo el desarrollo de la audiencia. Puede ocurrir que no venga un procesado que está en libertad, entonces advirtamos que van a traerlos con la fuerza pública si no quieren venir. Era una construcción jurídica que cerraba todas las puertas que posiblitaban que la audiencia no se haga.
¿Hubo alguna presión para acelerar el juicio?
Yo creo que para el tribunal fue el compromiso. Teníamos que darle una respuesta al país y a los propios procesados, y tenía que salir en términos de completa imparcialidad. No hubo presión social ni de ningún tipo, nada más que no sea lo jurídico.
¿Hay críticas de que no se escucharon los testimonios en la audiencia o se limitó los contrainterrogatorios?
Las decisiones del tribunal no fueron improvisadas, sino pensadas desde la norma. ¿Qué nos dice la norma sobre los testimonios anticipados? Que se realizan de manera anticipada, en instrucción. La norma no dice que yo tengo que escuchar los testimonios en audiencia. El tribunal dijo: no necesitamos escucharlos en la audiencia porque eso ya lo escucharon las partes procesales, ya lo contradijeron en el momento oportuno, eso ya lo escuchó el país entero. Los jueces, en el momento en que el resto descansaba, nosotros escuchábamos los testimonios anticipados.
En cuanto a la contradicción y al límite del interrogatorio se les dio seis horas, pero, por ejemplo, se quiso extraer información de la vida sexual de Norero con algunas de las involucradas y lo que hizo el tribunal fue decir: “bueno, los límites se están pasando y en consecuencia vamos a limitar la contradicción y limitar el examen”. Es una decisión apegada a derecho, que demuestra la imparcialidad.
¿Podría asegurar que la sentencia está blindada?
Todavía no podemos hablar de la sentencia porque la sentencia (escrita) todavía no ha salido. Esperamos tenerla dentro de este año. La diferencia de la resolución y la sentencia escrita es el tecnicismo, pero la decisión no varía (las condenas no cambiarán). Este tribunal resolvió en derecho y está apegado no solo a la jurisprudencia nacional, sino también a la jurisprudencia interamericana. No se dejó que los procesados hagan lo que quieran, quería evitar la instalación de la audiencia a la primera convocatoria. Yo creo que quizá estábamos acostumbrados a eso y este proceso dijo: no, aquí se cumple lo que la norma. Y como toda decisión habrá quien se sienta perjudicado o beneficiado.
Más allá del juicio, ¿qué significa esta sentencia para el país?
Yo he sido de las que cree que la justicia abierta, transparente, es lo que va a hacer que la ciudadanía recobre la credibilidad en la administración de la justicia. Recuerdo que empezamos (la lectura de la resolución de la sentencia) con una frase de Montesquieu: «No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia», porque prácticamente lo que se estaba discutiendo era cómo la administración de justicia había servido para que la delincuencia organizada quede impune. Queremos darle un mensaje a la ciudadanía que esto que han hecho ciertas personas no es normal, no debe pasar.
¿Tuvo o tiene temor de condenar a personas vinculadas con el narco?
Uno siente miedo. Cuando entramos a Metástasis no sabíamos el fondo de esto. Yo recuerdo que un día a las ocho o nueve de la noche se me acerca un abogado y dice: “doctora, le voy a dar un consejo. Bájele dos rayitas porque lo están tomando personal”.Y yo recuerdo que ese día no lo tomé muy en serio. Pero al siguiente día me quedé pensando en esa frase y recuerdo que hay un contexto en el que Norero se refiere a (la fiscal) Lidia Sarabia y dice: “ella tiene algo personal conmigo”. Al siguiente día vine y dije: imposible bajarle, hay que seguir con la misma valentía.
Luego de unos días viene otro abogado y me dice: “yo soy de Babahoyo y vivo en tal lugar”. Un lugar que era a la vuelta de la casa de mi mamá. Y después me llaman de la garita de mi casa en Babahoyo y me dicen: “doctora, le vinieron a buscar tales personas”. Cuando terminó el juicio, el jefe de mi escolta me dijo: “no sabe cuántas amenazas hubo, pero no dijimos nada para que pueda trabajar tranquilamente”. Mi celular fue hackeado al inicio de la audiencia y nuevamente hace pocos días. Fuente: Vistazo
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Terrorismo de falsa bandera en la cárcel del Encuentro | Los Lobos montaron «fiestita» navideña con 15 cilindros bomba
La madrugada de la Navidad de 2024, un comando armado ejecutó un ataque coordinado contra la construcción de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, bajo una estrategia de engaño y de terrorismo de «falsa bandera». Unos 30 hombres, disfrazados con uniformes militares, instalaron en la prisión 15 artefactos explosivos improvisados elaborados con cilindros de gas.
Las detonaciones provocaron cuantiosos daños materiales, provocaron la muerte de un trabajador y dejaron a un militar gravemente herido, con secuelas permanentes, y retrasaron la entrega de la obra -que finalmente entró en funcionamiento casi un año después-.
Aunque la banda criminal se identificó verbalmente con el grupo de Los Tiguerones y amenazó a trabajadores secuestrados gritando que cumplían órdenes del «Comandante Fito» -en referencia a José Adolfo Macías Villamar, extraditado líder de Los Choneros- un proceso judicial revela que el ataque fue orquestado por la facción R29 de Los Lobos.
Sabotear la construcción de la cárcel culpando a los rivales
El acta de audiencia de formulación de cargos, realizada el 8 de mayo de 2026, contra tres procesados por el caso, detalla que el objetivo del atentado era el sabotaje: Se trató de impedir que se termine la cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, para desviar la atención, los atacantes utilizaron el nombre de bandas rivales.
Durante la incursión se produjo el secuestro temporal de seis trabajadores, entre ellos el jefe del campamento, un ingeniero en sistemas, un técnico hidrosanitario y guardias privados. Los criminales los golpearon, los amenazaron de muerte y le demostraron tener información precisa de sus familiares.
Al los secuestrados -quienes más tarde fueron dejados en libertad- les dejaron un mensaje intimidatorio: «Dejen de construir la cárcel, esto es orden del Comandante Fito, no les vamos a permitir que construyan esa mierda aquí».
Crisis carcelaria | SNAI incumplió metas claves de 2025, con 206 muertes y hacinamiento desbordado
Uno de los guardias testificó haber escuchado a los atacantes preguntarse: «¿A los guardias, los matamos?.
A pesar de la amenaza y de la supuesta identificación de los atacantes con Los Tiguerones -aliados de Los Choneros-, el análisis de los tatuajes de los detenidos y cruce de datos periciadas en sus celulares confirmaron que los procesados pertenecían en realidad a Los Lobos.
La frialdad del ataque quedó registrada en las comunicaciones internas de los delincuentes. Tras someter a los guardias, uno de los atacantes se comunicó por radio pronunciando una frase en clave: «Mi teniente, se activó la fiestita». «¿A los guardias, los matamos?, escuchó otro de los secuestrado.
Así fue el atentado contra la cárcel del Encuentro
El atentado, planificado inicialmente para mediados de diciembre, y abortado por «órdenes superiores» de sujetos identificados con los alias de «Diablo» y «Vico», se consumó finalmente en la madrugada del 25 de diciembre de 2024, aprovechando la vulnerabilidad durante las fiestas navideñas. (Los implicados se habían replegado días antes a Ambato (Tungurahua) para reorganizar el atentado).
Los atacantes trasladaron en el balde de una camioneta los explosivos para plantarlos en el recinto. Se movilizaron desde Guayaquil 15 cilindros de gas amarillos, equipados con un sistema de mechas lentas que ofrecían un retardo de más de 37,5 minutos, según consta en el expediente.
En el convoy criminal participaron cuatro vehículos con placas alteradas. La vestimenta militar y el uso de vehículos con logotipos del Ejército contribuyeron a facilitar el sometimiento del personal de guardia.
De los 15 cilindros bomba, 11 artefactos lograron detonar, dejando cráteres y destruyendo parte de la infraestructura por entonces en construcción. Además, dos de los artefactos explosivos improvisados fueron neutralizados posteriormente por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
La toma de las instalaciones y la plantación de los explosivos les tomó a los perpetradores una media hora. Y el ataque se saldó con la muerte de un trabajador y con un cabo segundo del Ejército herido de gravedad por la onda expansiva, a quien el atentado lo dejó con discapacidad permanente.
Aunque un pelotón militar de apoyo con base en la cercana comuna de Juntas del pacífico fue alertado a las 02:30 horas de la incursión en la cárcel, el equipo tardó 25 minutos en llegar al campamento en medio de las fiestas navideñas, debido a la lluvia y el lodo en la ruta de cinco kilómetros sin asfaltar que conduce a la cárcel. La acción de este pelotón de respuesta se centró en la evacuación del personal.
La trama del infiltrado y el error que condujo a las capturas
La Policía Nacional logró afectar a parte de la red tras un año y medio de investigaciones, gracias a los errores de los perpetradores, que obtuvieron información privilegiada de un infiltrado.
- Las autoridades identificaron días antes del ataque a un operador de grúa, Cristian Alexander V. I., quien filtró videos del interior de la construcción a través de su celular. Aunque las autoridades lo despidieron por vulnerar el acuerdo de confidencialidad, la información ya había llegado a la banda.
- Una de las mayores pistas la proporcionó uno de los atacantes, horas después del atentado. A las 03:55 del 25 de diciembre, Joan Sebastián Mora Jácome -uno de los tres procesados-, cometió el error de abastecer de combustible al vehículo KIA negro usado en el atentado. Solicitó una factura electrónica en una gasolinera de la vía Perimetral en Guayaquil y registró su número de cédula real, dejando un rastro documental clave para la investigación.
- Con ese nombre, los investigadores descubrieron que Joan Sebastián Mora Jácome había sido detenido nueve días antes junto a otro implicado en el caso: Luis Fernando Romero Calle.
- Ambos resultaron detenidos el 16 de diciembre de 2024 en Durán (Guayas), por receptación (adquirir, recibir, ocultar o comercializar bienes robados). Se los aprendió en posesión de un vehículo Cherry rojo robado y con placas clonadas, pero quedaron en libertad poco tiempo después lo que le dio el margen de maniobra para atentar contra la cárcel, según la acusación del caso.
- Las pericias a un teléfono incautado previamente en Durán a los sospechosos revelaron chats donde se coordinaba la logística, se atrasó la fecha del atentado y se emitían directrices de reserva sobre los detalles de la planificación: «Pilas muchachos con la info a nadie más».
«Quería darle por la cabeza a esos manes, pero llamaron de arriba para la otra misión» Chat entre dos de los procesados por el atentado.
Captura de presunto cabecilla
En un megaoperativo policial ejecutado el pasado 6 de mayo de 2026 se logró detener a los tres procesados, presuntos miembros de la facción R29 de Los Lobos.
- Ángel Luis Macías García (alias «Monito» o «Luna y Túnez»): Señalado como el líder de la facción R29 y objetivo de alto valor. Según las autoridades coordinó el ataque, transmitió «órdenes superiores» («abortar la misión» o cambiar de carro) y condujo una furgoneta en la caravana criminal. La Policía lo capturó en Guayaquil.
- Joan Sebastián Mora Jácome: Identificado en las cámaras de los peajes como conductor de un de vehículo todoterreno implicado y señalado por el desliz de colocar gasolina con su cédula. La información clave sobre la logística del caso se extrajo de su celular.
Luis Fernando Romero Calle: Se lo identificó en los videos de los peajes y se vinculó a la organización por sus tatuajes y fotografías incautadas. La caravana criminal ingresó por el peaje de Chongón -desde Guayaquil- y escapó por el peaje de Olmedo -en dirección a Santa Elena-. - La Fiscalía formuló cargos a los tres sospechosos por el delito de terrorismo el 8 de mayo de 2026, y un juez les dictó prisión preventiva. A pesar de los argumentos de la defensa, que alegó que uno estaba en rehabilitación en Riobamba (Chimborazo) y otro en Portoviejo (Manabí), el juez ordenó su reclusión.
La defensa de Joan Sebastián Mora solicitó medidas especiales de seguridad advirtiendo de un supuesto peligro inminente contra su vida si era trasladado a la cárcel de Latacunga (Cotopaxi) debido a la presencia de «enemigos manifiestos». Fuente: Primicias
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Caso Sinohydro: Jorge Glas dijo que recibió llamadas de Moreno para que diera detalles sobre Coca Codo
El exvicepresidente Jorge Glas rindió su testimonio en calidad de testigo de la Fiscalía en el marco del caso Sinohydro, una investigación por presunto cohecho en contra de 21 personas, incluido el exmandatario Lenín Moreno y su círculo familiar.
La mañana de este martes, 12 de mayo, se instaló el segundo día de juicio en el que el Ministerio Público continuó con la presentación de sus pruebas. Alrededor de las 16:50 fue el turno de Glas, quien se conectó vía telemática desde la cárcel del ‘Encuentro’ donde cumple una pena por varios hechos de corrupción.
El privado de la libertad arrancó recordando que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair fue construida cuando él era ministro coordinador de sectores estratégicos, mientras que Moreno fungía como vicepresidente de Rafael Correa.
Añadió que, al ser el segundo mandatario, decidió brindarle información sobre los avances de las negociaciones entre el Gobierno de China y Ecuador.
Glas también indicó que recibía las llamadas en su despacho a través de un número desconocido y privado.
La segunda revelación de Glas
Por otro lado, el inquilino de la cárcel del ‘Encuentro’ contó que conoció a Conto Patiño, otro de los implicados en la trama y amigo de Moreno, en una cena organizada por el entonces embajador de China en Ecuador, Cai Runguo. Sin embargo, declaró que no interactuó con él.
Posteriormente, Glas relató que, cuando él ya era vicepresidente, recibió otra llamada de Moreno desde Suiza para pedirle que reciba a Xavier Macías Carmigniani, sospechoso de la trama.
Macías le habría indicado que, por decisión de Moreno, desde ese momento todos los temas relacionados con Sinohydro debían ser tratados con él.
Glas dijo que no aceptó aquel pedido y que Macías abandonó su oficina.
Con este último tema, terminó el testimonio del exvicepresidente y el Tribunal suspendió la audiencia para este miércoles, 13 de mayo, a las 08:30.
¿Qué dice la defensa de Lenín Moreno?
La defensa de Moreno rechazó las declaraciones de Glas y subrayó que no tienen sustento.
“Lo que se afirma sin pruebas también puede ser desacreditado sin pruebas (…) No existen esas llamadas, ninguna referencia, un cruce de llamadas para identificar que Jorge Glas recibió estas llamadas”, mencionó el abogado David Meza.
También, recordó que el grupo político al que pertenece Glas, la Revolución Ciudadana, ha manifestado que Moreno “es el mayor traicionero”.
Y que no se puede dar un valor probatorio a la versión de una persona que “tiene problemas mentales”.
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La Presidencia de Ecuador lanza el octavo proceso de contratación de publicidad en 29 meses de gestión
El Plan Estratégico de Comunicación 2026 de la Presidencia de la República incluye la contratación de un nuevo «servicio de pautaje y difusión de mensajes y campañas del Gobierno Nacional» por USD 6 millones. El segundo más alto en los 29 meses del gobierno de Daniel Noboa.
Los primeros contratos fueron más austeros, pero a partir de octubre de 2024 el monto se ha ido incrementando, con la justificación legal de «garantizar una comunicación efectiva y directa con la ciudadanía».
Sin una vocería presidencial, Carondelet apuesta por vídeos de sus autoridades en redes sociales
La Secretaría de Comunicación explica que «es fundamental establecer lineamientos de imagen gubernamental, así como gestionar de manera adecuada la imagen digital, los medios de comunicación nacionales e internacionales, y la producción y difusión de material audiovisual y multimedia relacionado con los planes, programas, proyectos de salud pública, educación y servicios que el Estado debe garantizar».
Desde el inicio de la gestión del presidente Daniel Noboa, el Gobierno de Ecuador ha destinado USD 32,47 millones a ocho contratos de pauta y difusión institucional, como se muestra en el siguiente gráfico. El proceso más reciente contempla una inversión de USD 6 millones, monto que ya había sido asignado anteriormente en septiembre de 2025.
Y debido a las nuevas tecnologías, Carondelet ya no busca solamente difundir sus mensajes, sino también aprovechar sus distintas ventajas. Por ejemplo, la medición electrónica de audiencias.
Además, en redes sociales el objetivo es medir las interacciones, comentarios, número de seguidores y reacciones. «Las herramientas de medición y métricas permiten analizar la audiencia, minuto a minuto, individuo a individuo, con el nivel de detalle requerido por el mercado», explica la Secretaría en la documentación.
Este último proceso también fue por invitación directa con la empresa Mabeca Corporation S.A., la misma del contrato anterior, que presentó dos opciones de estrategias de difusión al Ejecutivo. Ambas incluyen pauta en televisión, radio, medios impresos, vía publica y plataformas digitales.
Según los planes de la Secretaría de Comunicación, el 35% del presupuesto deberá dirigirse a canales digitales (incluye redes sociales e influencers) y otro 31% a la televisión. El presupuesto de este próximo contrato cubrirá las necesidades comunicacionales de Carondelet entre mayo y septiembre, según lo previsto por el Gobierno. Fuente: Primicias
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