Nacionales
Toachi Pilatón: Los secretos detrás de los líos con las contratistas rusas
Dos firmas rusas a cargo de la parte electromecánica de este proyecto litigaron. En el primer caso, Inter RAO ganó un laudo arbitral por el cual debe recibir 45 millones de dólares del Estado. En el segundo, Tyazhmash logró un acuerdo de mediación que implicó un pago por supuestos gastos adicionales, al extenderse los trabajos. Todo esto, a un paso de terminar las obras: el avance es del 98%. Tras el acuerdo, se aceleró la terminación de la central Alluriquín, que debe empezar a producir desde este diciembre. En pleno funcionamiento, este componente aportará 204 MW. Y la central en su conjunto, 254 MW.
En el primer día se hizo la luz, según el Génesis. Un proyecto hidroeléctrico, cuya primera piedra se colocó en enero de 2008, empezará a producir a plena capacidad a partir de este diciembre. Pasaron 16 años, cuatro gobiernos, dos paros nacionales y una pandemia. Toachi Pilatón enfrentó 7 plagas. Además, las dos contratistas rusas de la obra, Inter RAO y Tyazhmash, litigaron. Las obligaciones de pagos adicionales, que derivan de ambos reclamos, superan los 60 millones de dólares.
El primer gran misterio es el costo final de la obra. En información entregada por CELEC en 2023, a esta alianza, se detallan mil millones de dólares. El desglose: 246 millones de recursos fiscales; 250 millones del BIESS; 52 millones del Eximbank de Rusia y 475 millones de recursos propios de CELEC. De ser así, es más del triple del monto previsto en 2003, cuando se impulsó el proyecto.
Sin embargo, según el fideicomiso Toachi Pilatón, constituido entre el BIESS y CELEC, el proyecto cuesta 588 millones de dólares.
El fideicomiso se constituyó en 2015, entre CELEC y el BIESS, que es el Banco del Instituto de la Seguridad Social. El BIESS aportó 250 millones de dólares para constituir el fideicomiso, con el 38,2% de participación. El CELEC, en contraparte, contribuyó con 403 millones, por lo que su participación es del 61,7%. El monto total de este fideicomiso es de 653,7 millones. Hasta inicios de este año 2024, el BIESS había recibido de CELEC 26 cuotas por un valor de 106 millones, correspondientes al capital. Y 160 millones, por concepto de interés. El BIESS aún debe recuperar 15 cuotas por un total de 143 millones. En febrero, CELEC transfirió un pago de 12,7 millones de dólares, para cubrir el pago correspondiente al período de mayo a noviembre de 2023.
La central hidroeléctrica se ubica entre tres provincias, Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. Es un complejo que consta de dos componentes, Sarapullo y Alluriquín. Sarapullo tiene potencia para producir 50,4 Megavatios (MW) y empezó a producir desde marzo de 2023. La central Alluriquín, con 204,4 MW de potencia, arrancará su producción en forma gradual, a partir de este mes de diciembre. La obra tiene más del 98 por ciento de avance.
El inicio de generación es una buena noticia para el país, en medio de apagones de hasta 14 horas al día por la crisis energética.
Pero no todo es luz al final del túnel. En la puerta del horno casi se quema el pan: las dos empresas contratistas rusas litigaron contra el Estado ecuatoriano.
Todo arrancó con Inter RAO. El 25 de octubre de 2010, la entonces HidroToapi EP y la sociedad anónima Inter RAO suscribieron el contrato de ejecución de las “obras electro e hidromecánicas para la puesta en servicio de las unidades turbogeneradoras del proyecto Toachi Pilatón”. El valor, según documentos obtenidos por esta alianza, fue de 144,9 millones de dólares. El plazo de ejecución: 44 meses. Dentro de este proceso, Inter RAO adquiría los equipos a otra firma rusa, que era la fabricante, Tyazhmash.
Hubo problemas estructurales, como la detección de fallas geológicas que amenazaban la estabilidad de la casa de máquinas de Alluriquín. “Los frentes de las obras civiles en la mayor parte de los sitios no fueron entregados a Inter RAO por parte de CELEC, alcanzando un retraso de hasta 630 días”, explicaba desde Moscú el ingeniero Viacheslav Leonov, entrevistado en abril de 2017, por Vistazo sobre la razón de las demoras.
Para esa fecha, “todo el equipamiento principal y la mayor parte de los equipos auxiliares ya han sido suministrados al Ecuador”, decía el portavoz ruso. “La primera unidad de la central hidroeléctrica Sarapullo del proyecto Toachi – Pilatón, está prácticamente lista para las pruebas y puesta en marcha”. Según esta versión, al no ser entregados los frentes de obra civil era imposible continuar. Además, “Es necesario que se firmen con CELEC las adendas del contrato, sin las cuales la empresa Inter RAO no puede suministrar al Ecuador el resto de los equipos que ya han sido fabricados”.
El gobierno de la Revolución Ciudadana había ofrecido cambiar la matriz energética a un esquema limpio, y supuestamente seguro, con la construcción de ocho centrales hidroeléctricas. (No escuchó a quienes advertían sobre el peligro de anclar la generación a la apuesta hidroeléctrica, frente a la amenaza del cambio climático, por el riesgo de sequías o inundaciones).
El régimen quería inaugurar las mega obras en 2016, en plena campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2017.
El retraso en Toachi Pilatón se debía a problemas con el frente de obra civil, a cargo de China International Water & Electric Corp (CWE). Los imprevistos generaron retrasos. No se llegó a un acuerdo definitivo para la línea de financiamiento del Roseximbank. La razón de fondo fue la dificultad de establecer una fecha de finalización del proyecto, en virtud de los imprevistos. Entre octubre de 2015 y octubre de 2016 CELEC se retrasó en los pagos en 26 ocasiones, con deudas que sumaron 12,5 millones de dólares
En el enlace ciudadano 505, del 17 de diciembre de 2016, el entonces presidente Rafael Correa anunció que había ordenado terminar unilateralmente el contrato con los constructores, por incumplimiento. En esa cadena, Correa solamente se refirió a la fabricante rusa, sin alusión a la china. La central hidroeléctrica Toachi Pilatón debía estar lista en mayo de 2015. Para la fecha de su sabatina, el gobierno solamente había entregado tres de las ocho centrales ofrecidas al país.
“Determinamos tres obras donde vamos a terminar unilateralmente los contratos. La una: Toachi Pilatón. Está atrasada la hidroeléctrica. Me ofrecieron la primera central, son dos. La de Sarapullo para diciembre (de 2016). Esta es una empresa rusa: Inter RAO no ha cumplido el contrato: He ordenado terminar unilateralmente el contrato, compañeros”, explicaba Correa.
El gobierno de la Revolución Ciudadana había ofrecido cambiar la matriz energética a un esquema limpio, y supuestamente seguro, con la construcción de ocho centrales hidroeléctricas. (No escuchó a quienes advertían sobre el peligro de anclar la generación a la apuesta hidroeléctrica, frente a la amenaza del cambio climático, por el riesgo de sequías o inundaciones).
El régimen quería inaugurar las mega obras en 2016, en plena campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2017.
El retraso en Toachi Pilatón se debía a problemas con el frente de obra civil, a cargo de China International Water & Electric Corp (CWE). Los imprevistos generaron retrasos. No se llegó a un acuerdo definitivo para la línea de financiamiento del Roseximbank. La razón de fondo fue la dificultad de establecer una fecha de finalización del proyecto, en virtud de los imprevistos. Entre octubre de 2015 y octubre de 2016 CELEC se retrasó en los pagos en 26 ocasiones, con deudas que sumaron 12,5 millones de dólares
En el enlace ciudadano 505, del 17 de diciembre de 2016, el entonces presidente Rafael Correa anunció que había ordenado terminar unilateralmente el contrato con los constructores, por incumplimiento. En esa cadena, Correa solamente se refirió a la fabricante rusa, sin alusión a la china. La central hidroeléctrica Toachi Pilatón debía estar lista en mayo de 2015. Para la fecha de su sabatina, el gobierno solamente había entregado tres de las ocho centrales ofrecidas al país.
“Determinamos tres obras donde vamos a terminar unilateralmente los contratos. La una: Toachi Pilatón. Está atrasada la hidroeléctrica. Me ofrecieron la primera central, son dos. La de Sarapullo para diciembre (de 2016). Esta es una empresa rusa: Inter RAO no ha cumplido el contrato: He ordenado terminar unilateralmente el contrato, compañeros”, explicaba Correa.
Nadie esperaba las acusaciones públicas de Correa, dado que para fines de noviembre de 2016, ya se había logrado un acuerdo en los temas de controversia entre ambas partes. Entre el 20 y 21 de diciembre de ese año, cuatro días después de los anuncios del entonces mandatario, los representantes de la contratista rusa pidieron reunirse con las autoridades ecuatorianas.
Ecuador pierde el arbitraje
El 22 de marzo de 2017, CELEC declaró la terminación unilateral, argumentando que la empresa rusa había incurrido en 6 incumplimientos. El litigio saltó en primera instancia a mediación. Y luego escaló a un arbitraje, en diciembre de 2018, con una pretensión de pago de 86 millones de dólares, que quedó establecida en 45 millones, según el pronunciamiento de la Corte de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, donde se resolvió el abitraje.
El laudo arbitral dio la razón a la fabricante rusa, en mayo de 2023. La apelación del Estado ecuatoriano no halló eco: en marzo de 2024, se ratificó en su pronunciamiento que ordena el pago de 45 millones de dólares a favor de Inter RAO.
Esta alianza pidió un pronunciamiento al portavoz de la empresa rusa, pero no tuvo respuesta.
Otro actor, nueva disputa
La obra estuvo paralizada entre marzo de 2017 y julio de 2019, según revelaron fuentes del CELEC.
En abril de 2017, el Ministerio de Energía recibió la propuesta de Tyazhmash, fabricante original de buena parte de los equipos electromecánicos, por 83 millones de dólares. A inicios de 2018, la misma empresa reportó que el valor actualizado con rubros adicionales ascendía a 112 millones.
En febrero de ese año, CELEC y Tyazhmash suscribieron el contrato para la finalización de las obras electromecánicas e hidromecánicas. El monto: 124 millones de dólares. Y el plazo, 29 meses.
La pandemia obligó a suspender los trabajos entre marzo y junio de 2020. El 19 de agosto de 2021, la contratista pidió una prórroga, que implicaba extender el plazo hasta diciembre de 2022. En septiembre de 2021, Vistazo visitó el proyecto y fue recibida por representantes de CELEC y Tyazhmash. Ambos coincidieron en que la central se había convertido en un monumento a la resiliencia, pues fue el único proyecto de esa magnitud que siguió en marcha a pesar de la pandemia de Covid-19.
“Personal técnico que venía desde Rusia y Alemania para el montaje de equipos no pudo llegar en el momento previsto según la planificación inicial. Algunos equipos electromecánicos y de transformación que viajaban desde Europa y Asia sufrieron demoras en los puertos de embarque, cerrados durante la emergencia. Una infraestructura en particular, que ahora se encuentra en la subestación de Alluriquín, venía desde la región china de Wuhan, donde se reportó el brote del coronavirus”. Esto publicó Vistazo en 2021, citando al entonces gerente de la unidad de negocios Hidrotoapi.
En esa visita, el gerente general de Tyazhmash, Azat Satikov, explicó que el primer gran desafío al asumir el contrato, en 2019, fue iniciar un proceso de revisión, análisis y recuperación porque gran parte de los equipos electromecánicos anteriormente suministrados fueron guardados en condiciones antitécnicas. Aclaró que algunos equipos permanecían guardados “bajo cielo”. Y remarcó la dificultad que supuso mantener el ritmo de obra durante la crisis sanitaria.
A fines de 2022 la contratista solicitó una nueva extensión, esta vez, hasta el 28 de marzo de 2024, el equivalente a 464 días adicionales. En agosto de 2023, requirió por tercera vez una prórroga.
La segunda ampliación del plazo contempló cuatro eventos: el retraso en la ejecución de obras civiles de nivelación de pisos en la casa de máquinas; el paro nacional de actividades; la variante omicrom de Covid-19 y el período invernal.
Desde inicios de mayo de 2023, Tyazhmash argumentó que un “desequilibrio económico” afectaba al contrato, en razón de gastos por mayor permanencia, por efecto de las ampliaciones de plazo.
La pretensión de la firma rusa fue el cobro adicional de 53,4 millones de dólares. Este valor fue calculado en función de varios rubros: 32,4 millones por costos operacionales (ya que la empresa estimó que cada día de operación tiene un valor de 38.500 dólares); 7,5 millones de dólares por la extensión de garantías técnicas en Sarapullo, y 13,5 millones por la extensión de garantías técnicas en Alluriquín.
En agosto de 2023, las partes optaron por un procedimiento de mediación en el organismo especializado de la Procuraduría General del Estado.
Entre los documentos que sustentan los pagos adicionales, invocados como extraordinarios por la contratista, se incluyen facturas por alimentos, con bebidas de moderación; arriendo de bodega y vivienda; exámenes médicos; una prima de seguro de vida; honorarios por asesoría tributaria; combustibles en Guayaquil; auditoría de estados financieros. La empresa rusa no se había pronunciado sobre este ítem, al ser consultada para esta reportería.
Sobre el contenido final y el monto acordado en mediación, ninguno de los actores quiso pronunciarse, aludiendo el carácter secreto de las negociaciones. Fuentes extraoficiales confirmaron que este mecanismo garantiza que Contraloría no audite el proceso.
Esta alianza conoció que el acuerdo económico supera los 20 millones de dólares, aunque el monto total es confidencial. El arreglo permitió al gobierno anunciar para diciembre el inicio de operaciones de una de las tres turbinas de la central Alluriquín. Esto representa 68 megavatios, MW, en medio de la crisis energética más grave de los últimos tiempos, con apagones de hasta 14 horas diarias.
La alianza requirió información a la empresa fabricante rusa, hasta el cierre de esta edición espera una respuesta.
La central por dentro
Se encuentra en el límite de las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi. Aprovecha el caudal de los ríos Pilatón y Toachi.
La potencia instalada es de 254,4 MW. La central Sarapullo, con 50,4 MW y la central Alluriquín, 204 MW. Sarapullo inició operaciones en marzo de 2023, Alluriquín está previsto para diciembre de 2024, y el inicio de las otras dos fases en forma escalonada y progresiva.
El esquema consiste en captar aguas del río Pilatón. Un túnel de conducción de aproximadamente cinco kilómetros llega hasta la casa de máquinas de Sarapullo. Aquí operan tres unidades. El agua turbinada pasa a la siguiente etapa en Alluriquín, donde la potencia instalada es de 204 MW. Toda la energía del proyecto sale hacia la subestación Alluriquín, la cual se integra con el sistema nacional interconectado.
La central se ubica en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. Fue diseñada para producir energía eléctrica en mayor cantidad entre los meses de enero y mayo, cuando las centrales de generación de la vertiente oriental (Coca Codo Sinclair, Paute y Agoyán) se encuentran en período de estiaje. En la actualidad, por los efectos del cambio climático los ciclos estacionales ya no se cumplen.
Debió costar 300 millones
Corrió mucha agua bajo el puente desde que se vislumbró este proyecto hidroeléctrico, allá por 1965. En 2003, el proceso adquirió impulso, cuando la prefectura de Pichincha invitó a la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) para estudiar el proyecto y hacer una propuesta. Esta contempló un presupuesto total de 300 millones de dólares, de inversión privada, sin financiamiento del Estado. IMPSA obtuvo la concesión del entonces CONELEC para ejecutar el proyecto, pero ésta fue entregada a Hidrotoapi S.A., que ya tenía un acuerdo previo con Odebrecht. Esto obligó a IMPSA y Odebrecht a trabajar en conjunto.
En enero de 2008 el entonces presidente Rafael Correa puso la primera piedra. Solo un mes más tarde, IMPSA evidenció fallas en el diseño de las obras, similares a las que luego se evidenciarían en San Francisco. Odebrecht contrató a otro proveedor del equipamiento. Posteriormente, Odebrecht salió de escena y la obra civil quedó en manos de China International Water & Electric Corp (CWE), de China. Esta también salió, en medio de litigios con CELEC. Los trabajos continuaron con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Esta alianza pidió un pronunciamiento a CELEC, hasta el cierre de esta edición espera una respuesta.
* La investigación para este reportaje fue financiada como parte del proyecto concursable de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, para investigar el impacto de los capitales corrosivos.
Nacionales
Ministerio de Salud reconoce discrepancias en sus propios datos sobre tuberculosis en Ecuador | Cárceles concentran uno de cada cuatro contagios
El Ministerio de Salud Pública (MSP) se vio obligado a sincerar sus cifras y ajustó el número de casos de tuberculosis (TB) registrados a escala nacional en 2025, admitiendo que Ecuador superó los 10.000 contagios en medio de una crisis sanitaria sin precedente en las cárceles del país.
Ecuador sumó el año pasado 10.562 casos de tuberculosis, 1.422 contagios más de los informados inicialmente. A través del Boletín de Transparencia de Datos de Tuberculosis 2023-2025, el Ministerio revela la muerte de 676 personas en 2025 a escala nacional, de las cuales solo 61 corresponden oficialmente a presos fallecidos durante el tratamiento.
Los datos oficiales contrastan con los del Comité Por la Defensa de los Derechos Humanos, que sumó 600 presos fallecidos en 2025 por causas derivadas de tuberculosis, desnutrición crónica y sus complicaciones -sólo en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil-. El Comité realizó el conteo a partir de reportes mensuales parciales del propio Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).
Las cárceles se consolidaron el año pasado como epicentro de la enfermedad, concentrando un 24,4% del total de casos notificados en el país (uno de cada cuatro contagios), según los datos del MSP.
¿En qué consisten las discrepancias?
- El 13 de febrero de 2026, el subsecretario de Vigilancia, Protección y Control de la Salud, Andrés Carrazco, informó que en 2025 habían fallecido 609 personas por tuberculosis en las cárceles, confirmando además 2.649 contagios penitenciarios, de un total de 9.140 casos en el país.
- Sin embargo, en el documento publicado semanas después, como un ejercicio de transparencia, se ajustan los fallecidos a 676 personas, pero a diferencia del reporte de Carrazco estos se clasifican ahora como muertes comunitarias -fuera del sistema penitenciario-. Además, se sitúan los contagios en las cárceles en 2.576 en 2025, de los 10.562 reportados en todo el país.
- La discrepancia responde a un subregistro en el uso de dos sistemas de salud, según el MSP. En 2025, el sistema SinfoTB contabilizó 10.562 registros de TB, mientras que el sistema ViEpi notificó solo 9.140. El boletín reconoce que esta disparidad de información viene arrastrándose desde años anteriores, lo que «condiciona la oportunidad de la vigilancia epidemiológica».
Una enfermedad con altos niveles de subregistro
Frente a las altas tasas de subregistro de la enfermedad -que en ciertos contextos pueden alcanzar hasta el 20% y 80%-, el Ministerio señala que la falta de integridad de registros responde “a factores multicausales”, entre ellas “las diversas formas de presentación clínica de la enfermedad”.
La tuberculosis puede ser incluso asintomática. Y el boletín señala que el Ministerio fortaleció una estrategia de tamizaje en las prisiones desde mayo de 2025 (con pruebas moleculares, tras el aumento de muertes), que hasta fin de año alcanzó a cerca del 70% de la población carcelaria. La entidad se refiere al contexto penitenciario como un “entorno tuberculogénico” que limita la capacidad de protección de la salud.
En lo que va de 2026, el Ministerio solo ha publicado datos de tuberculosis hasta la primera semana de febrero, en medio de traslados de presos y de alertas por tres muertes en la cárcel del Encuentro de Santa Elena, entre ellas un caso de tuberculosis y dos atribuidas a «muerte natural», la más reciente por pancreatitis.
Desde el Comité de Familiares de Privados de Libertad por una Vida Digna reclaman la actualización de los datos de contagios y de muertes, la atención integral de los enfermos y apuntan a una supuesta “estrategia deliberada” de debilitamiento y exterminio paulatino de los presos. Sólo entre marzo y abril, el Comité contabiliza a 85 presos fallecidos por enfermedad en la cárcel Regional, en el norte de Guayaquil.
*El Oro y Guayas cerraron 2025 con las tasas de incidencia más altas del país, alcanzando 138,2 y 126,6 casos respectivos por cada 100.000 habitantes, como se puede revisar en el siguiente gráfico:
El riesgo de cepas resistentes que salten a las calles
El infectólogo Washington Alemán considera «un verdadero caos» llevar registros epidemiológicos precisos en las cárceles debido a limitaciones de acceso y al control de grupos delictivos en pabellones.
La tuberculosis, enfermedad infectocontagiosa bacteriana, afecta sobre todo a los pulmones, pero también provoca inflamación y daños en otros órganos.
Alemán explica que no todos los pacientes mueren por tuberculosis -la enfermedad puede derivar en insuficiencia renal, neumonía, paro respiratorio o infarto de miocardio-, sobre todo en pacientes con problemas de adicciones o que padecen comorbilidades como VIH o diabetes.
Tampoco descarta que antes de la llegada de los respectivos tamizajes, un gran número de presos enfermos pudiera haber fallecido sin ingresar al radar estadístico.
«Se requiere de una autopista para confirmar si la bacteria fue la causa directa de la muerte o si el colapso se debió a una combinación de enfermedades; si es que el paciente muere por tuberculosis o con tuberculosis». Washington Alemán, médico especialista en enfermedades infecciosas.
El grave hacinamiento, la mala ventilación y una alimentación deficiente facilitan una evolución mucho más agresiva de la enfermedad en los centros penitenciarios de Ecuador, convertidos en “incubadoras masivas” de TB, según el especialista.
Se trata de un escenario ideal para el desarrollo de peligrosas cepas de tuberculosis resistentes a los medicamentos, advierte Alemán. “Este foco infeccioso amenaza a la comunidad general, ya que la bacteria puede ser transportada por familiares, guías, policías y abogados desde los recintos”, dijo. Fuente: Primicias
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Junio y julio, los meses más lluviosos en la Amazonía, amenazan con acelerar la erosión regresiva en el río Coca
Junio y julio concentran históricamente las lluvias más intensas en la Amazonía de Ecuador. Este incremento de precipitaciones provoca un aumento del caudal del río Coca.
Pero, además, en esos meses crece el riesgo de una nueva reactivación de la erosión regresiva del río, un fenómeno que desde 2020 se acerca más a las obras de captación de Coca Codo Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país.
La erosión regresiva es un extraño fenómeno que socaba el lecho del río Coca y «carcome» sus márgenes, dejando a su paso gigantescos socavones y quebradas.
Daños en el dique permeable encienden alertas
El 21 de mayo, una parte del dique permeable construido para proteger la captación de agua de la hidroeléctrica colapsó, lo que volvió a encender las alertas sobre el avance de la erosión y la vulnerabilidad a la que está expuesto lo que queda del dique.
Pero también preocupa que la erosión regresiva se acerque más y pueda dañar la infraestructura de captación de la central hidroeléctrica.
El dique sufrió daños apenas 38 días después de entrar en funcionamiento, tras una crecida del río Coca que alcanzó aproximadamente los 2.800 metros cúbicos por segundo (m³/s).
Esta creciente marca el inicio de la temporada lluviosa en la Amazonía de Ecuador. Sin embargo, los meses con los caudales más altos todavía están por llegar.
La obra de captación de Coca Codo es clave, ya que en ella se toma el agua del río Coca para que la central genere electricidad, con la que puede abastecer alrededor del 25% de la demanda nacional.
Junio y julio serán los meses más críticos
La Amazonía registra lluvias durante todo el año, pero entre mayo y agosto se concentra la temporada de mayores precipitaciones.
Según información de la Comisión Ejecutora del Río Coca, junio y julio presentan históricamente los caudales más altos del afluente, lo que ya ha reactivado la erosión regresiva en otras ocasiones y ha acercado el fenómeno a las obras de captación de Coca Codo Sinclair.
La Comisión Ejecutora del Río Coca es parte de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y monitorea este fenómeno desde 2020, cuando se inició el problema.
Según sus registros, seis veces se han registrado avances de la erosión regresiva del río Coca desde 2020. En cinco de esas veces,el evento ocurrió entre junio y julio, por los altos caudales, como muestra la gráfica:
Caudal del río Coca
En estas fechas se reactivó la erosión regresiva del río Coca desde 2020.
| 21 de Junio de 2020 | 2.349 |
|---|---|
| 19 de Julio de 2021 | 3.400 |
| 3 de Julio de 2022 | 2.357 |
| 4 de Marzo de 2023 | 2.453 |
| 21 de Junio de 2024 | 3.354 |
| 17 de Junio de 2025 | 3.094 |
Por ejemplo, el 19 de julio de 2021, el caudal alcanzó un pico récord de 3.400 m³/s. Y el 21 de junio de 2024, el caudal llegó a un pico de 3.354 m³/s.
La docente de la Escuela Politécnica Nacional, Carolina Bernal, explicó que los meses más críticos para el río Coca recién comienzan en los últimos días de mayo, y que el incremento de caudales complicará cualquier intento de mitigar la erosión regresiva y su posible avance hacia las obras de captación.
“Los picos van a ser junio y julio. De ahí agosto y septiembre irán bajando y en octubre ya estaremos nuevamente en época baja”, indicó.
¿El frente erosivo permanece a 3,6 kilómetros de Coca Codo Sinclair?
Según el último reporte de la Comisión Ejecutora del Río Coca, publicado el 20 de mayo (antes de que parte del dique se dañe por el alto caudal) el frente de la erosión regresiva continuaba a 3,6 kilómetros de las obras de captación. En ese punto se encuentra desde hace 290 días.
Cuando el fenómeno comenzó, en 2020, se encontraba a unos 20 kilómetros. Es decir, en seis años, el fenómeno ha recorrido más de 16 kilómetros.
Sin embargo, hasta la tarde de este 28 de mayo de 2026 se desconoce si la crecida del 21 de mayo reactivó la erosión, ya que la Comisión Ejecutora no publica reportes desde entonces.
Celec tampoco ha explicado la falta de actualizaciones, pese a que antes del colapso parcial del dique los informes se difundían con un retraso máximo de dos días.
Persisten las dudas sobre la erosión regresiva
Marco Acuña, presidente ejecutivo de la Cámara de Electricidad de Energía Renovable, sostuvo que la erosión regresiva continúa siendo una de las principales amenazas para Coca Codo Sinclair.
“Al ser un fenómeno natural inédito en el mundo todavía no existe certeza sobre cómo evolucionará ni sobre la efectividad de las soluciones aplicadas”, señaló.
Acuña recordó que en años anteriores se han registrado crecidas superiores a los 3.300 metros cúbicos por segundo.
También explicó que el comportamiento de la erosión ha sido variable. En ciertos periodos avanzó hasta 500 metros en pocos días, mientras actualmente permanece detenida cerca del kilómetro 3,6 desde hace varios meses.
Sobre el dique permeable construido para contener la erosión, cuestionó que la obra se ejecutó cuando el fenómeno de la erosión ya había sobrepasado el punto donde se levantó la estructura.
Según indicó, el proyecto inicialmente buscaba frenar el avance de la erosión, pero finalmente terminó enfocado en mitigar impactos aguas abajo, a 7,8 kilómetros de la captación.
Por su parte Celec señaló a PRIMICIAS que todavía se está evaluando los daños del dique permeable, que tuvo un costo de USD 19 millones, y que la próxima semana se pronunciarán al respecto. Fuente: Primicias
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Ecuador busca importar medicamentos «urgentes» desde la India; Arcsa ha emitido informes con observaciones sobre la «calidad»
El Gobierno de Ecuador ha anunciado que trabaja para importar desde la India, en las próximas semanas, un cargamento de medicamentos “urgentes”, que incluye fármacos para el tratamiento de pacientes con cáncer o con problemas renales. Informes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) han hecho advertencias sobre la calidad de fármacos de ese país.
En los últimos años, la potencia asiática ha logrado que 20 países acepten la Farmacopea India (IP, por sus siglas en inglés), es decir, los estándares que regulan la elaboración de medicamentos.
India cuenta con una de las tres industrias farmacéuticas de genéricos más grandes del mundo. Sus medicinas acceden a mercados fuertemente regulados como los de Estados Unidos, Europa, Australia y Japón.
Sin embargo, dentro del ecosistema de fármacos indios, también existen laboratorios que han sido señalados por su baja calidad e incluso han llegado a ser acusados por la muerte de niños en países africanos y asiáticos.
En el Informe a la Nación del 24 de mayo de 2026, el presidente Daniel Noboa anunció un acuerdo con la India para la compra de medicamentos de “primer nivel” para Ecuador, con estándares de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos). El mensaje llegó en medio de una grave y sostenida crisis de desabastecimiento en la red de salud pública de Ecuador.
Los detalles de cómo funcionará esta adquisición aún no han sido informados. La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, adelantó que se trataría de “casi el 100%” de los fármacos “prioritarios” que precisa el sistema de salud ecuatoriano. Noboa dijo que será una negociación de «gobierno a gobierno» con India.
El anuncio coincidió con la creación de una nueva empresa pública, que centralizará la distribución y abastecimiento de medicamentos para la red del Ministerio de Salud, así como la compra de fármacos a otros gobiernos.
Diálogos con la India desde 2023
El anuncio de la adquisición a India es el capítulo más reciente de una serie de conversaciones que Quito y Nueva Delhi mantienen desde, al menos, marzo de 2023. Es decir que estos diálogos vienen desde el Gobierno de Guillermo Lasso.
Según documentos gubernamentales de India, las autoridades de ese país mantuvieron una reunión virtual el 20 de marzo de 2023 con el entonces embajador ecuatoriano, Teodoro Maldonado, con quien se discutió la adopción en Ecuador del esquema estatal indio de medicamentos de bajo costo, el Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP o simplemente Aushadhi).
Un informe de febrero de 2024, firmado por tres técnicos de Arcsa y al que PRIMICIAS tuvo acceso, detalla que el Viceministerio de Atención Integral del Ministerio de Salud Pública (MSP) tomó acciones poco tiempo después de la reunión con el embajador.
Específicamente, el informe indica que, en agosto de 2023, el MSP pidió a Arcsa que revise un borrador de una propuesta de Memorando de Entendimiento para Cooperación Farmacopea, en el que se incluía “la aceptación de la Farmacopea India como un libro de estándar para medicamentos en el país”.
Pero el informe de Arcsa sostenía que el reconocimiento de la Farmacopea India “no es viable” desde los puntos de vista normativo, técnico y regulatorio. Los técnicos señalaron que la IP carecía de “relevancia internacional, calidad científica, amplia aceptación, transparencia y accesibilidad, armonización, consistencia y validación internacional”.
Además, el documento concluía que la IP “no cuenta con el reconocimiento internacional por parte de las Agencias Reguladoras que tienen un alto nivel de madurez, según lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo Ministerial 586”.
Derogatoria del Acuerdo Ministerial 586
En el acuerdo citado por Arcsa se indicaba que Ecuador aceptaba únicamente las farmacopeas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China, así como el código de regulaciones de la FDA, los informes técnicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y las guías del Comité Internacional de Armonización (CIH).
Este informe fue incluido como anexo en dos oficios emitidos por Arcsa y el MSP, en enero y febrero de 2025, al Viceministerio de Comercio Exterior. Esa institución solicitó actualizar el estado de los compromisos adquiridos con la “autoridad india competente”.
En esos oficios, a los que PRIMICIAS tuvo acceso, Arcsa y el Ministerio advertían que “no es viable” que Ecuador acepte la Farmacopea India, y adjuntaban el informe técnico.
Sin embargo, el 28 enero de 2025, el Ejecutivo derogó el Acuerdo Ministerial 586 y publicó en el Registro Oficial una Normativa Técnica Sanitaria sustitutiva en la que se indica que también se aceptarán «otras farmacopeas reconocidas por la OMS, previa revisión y aprobación por la Arcsa».
La Farmacopea India consta en el índice de farmacopeas mundiales de la OMS de 2025. No obstante, hasta marzo de 2026 la agencia de regulación de la India no aparece catalogada con el nivel más alto de madurez (ML4) para medicamentos, siendo el nivel 1 el más básico y el 4 el más avanzado. Según la OMS, India cuenta con un nivel de madurez ML3, específico para la producción de vacunas.
En Ecuador ya existen medicamentos de origen indio. De hecho, Arcsa reconoce más de 400 certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de laboratorios indios que trabajan con farmacéuticas establecidas en el país.
Sin embargo, aceptar la farmacopea de la India otorgaría a los laboratorios y fármacos indios un ingreso preferencial indiscriminado, sin considerar el cumplimiento de los estándares de calidad, explicó a PRIMICIAS el exrepresentante de la OPS/OMS y exministro de Salud José Rúales, consultado sobre la aplicación de criterios de la OMS.
Cuando Arcsa levantó su primer informe técnico, en febrero de 2024, solo cinco países aceptaban la IP o Farmacopea de la India: Afganistán, Ghana, Nepal, Mauricio y Surinam.
Casi tres años después, en mayo de 2026, a esa lista se sumaron Nicaragua, Bután, Mozambique, las Islas Salomón, Sri Lanka, Nauru, Malawi, Guyana, FIji, Cuba, Trinidad y Tobago, Maldivas, Botsuana, Liberia, Seychelles, Barbados, Venezuela y Dominica, llegando a un total de 23 países.
De estos, solo Cuba aparece en el listado de agencias de alta vigilancia sanitaria de la Arcsa, elaborado con base en agencias que la OPS y la OMS consideran estrictas. India no aparece en el listado de Arcsa.
Canciller visita centro estatal de distribución en India
Después de una reunión entre el Viceministerio de Atención Integral en Salud y la Embajada de India a inicios de abril de 2026, la canciller Gabriela Sommerfeld visitó India el 29 y 30 del mismo mes. Según un comunicado oficial del Gobierno de la India, la visita dejó «avances» en cooperación bilateral; uno de ellos, que Ecuador reconozca la Farmacopea India.
Según los registros, la canciller Sommerfeld visitó el Jan Aushadhi Kendra, uno de los mayores centros de distribución de medicamentos, que forma parte del PMBJP.
India ha informado que Sommerfeld también visitó una universidad y un centro de investigación pública de ese país que trabaja con el PMBJP para comparar los costos de las medicinas «y explorar la introducción de un modelo similar en Ecuador».
La Canciller no solo habló con el Ministro de Salud de la India sobre el reconocimiento de la IP o Farmacopea, sino que ambos gobiernos acordaron tener un Memorando de Entendimiento en Cooperación Sanitaria, según informó el Gobierno del país asiático el 2 de mayo de 2026.
PRIMICIAS consultó a Arcsa, el miércoles 27 de mayo de 2026 y vía correo electrónico, sobre el estado actual de la aprobación de la Farmacopea India en Ecuador. También solicitó detalles de cómo han sido subsanadas las observaciones hechas desde 2024 por su personal técnico. Aún no hay respuestas. Fuente: Primicias
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