En el marco de las acciones estratégicas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el país, personal especializado de las Fuerzas del Orden ejecutó una operación de inteligencia que permitió la localización y decomiso de 1.132 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, en una zona costera del cantón El Guabo, provincia de El Oro.

El hallazgo se produjo gracias a un trabajo coordinado de unidades tácticas y de inteligencia, que lograron ubicar el cargamento ilícito enterrado en una playa del cantón. Según las primeras investigaciones, los bloques incautados pertenecerían al Grupo Armado Organizado (GAO) «Los Lobos», organización vinculada a diversas actividades delictivas en la región litoral.

Durante el operativo, además del decomiso de la sustancia sujeta a fiscalización —cuya naturaleza y peso específico se encuentran en proceso de análisis por parte de las autoridades competentes— se incautaron también armas de fuego, municiones de diverso calibre, y se logró la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente relacionados con el almacenamiento y custodia del cargamento ilícito.

La operación se ejecutó bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y uso progresivo de la fuerza, con estricto apego a los derechos humanos y en coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado.

El material incautado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hasta las bodegas de la autoridad competente, donde se realizan los peritajes técnicos y judiciales correspondientes. Los ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la justicia para el inicio del respectivo proceso penal.

Este golpe contra el crimen organizado constituye una muestra del compromiso del Estado ecuatoriano en la lucha frontal contra el narcotráfico, el tráfico de armas y las estructuras delictivas que operan en el territorio nacional. Asimismo, refleja la efectividad del trabajo conjunto entre fuerzas policiales, militares y autoridades judiciales, orientado a restablecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público.

El Gobierno Nacional reitera su firme decisión de no dar tregua a las mafias criminales y continuará ejecutando acciones que fortalezcan la soberanía, la paz y el bienestar de las comunidades en todo el Ecuador.

El Gobierno Nacional ya tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que empezará sus funciones el 14 de mayo de 2025. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, informó, este martes 6 de mayo de 2025, que los nueve asambleístas electos por Pachakutik se sumaron al proyecto.

«El camino hacia el Nuevo Ecuador se fortalece con la unidad de voluntades y el compromiso por el bien común. Hoy los 9 asambleístas electos de Pachakutik se suman a este gran acuerdo, reafirmando con el Gobierno Nacional, que cuando se antepone el amor por el país, es posible sumar esfuerzos y trabajar juntos por el progreso de todos los ecuatorianos», publicó De la Gasca en su cuenta de Instragram.

En la publicación aparece en una fotografía con siete de los nueve asambleístas de Pachakutik.

¿Qué significa este acuerdo?

El movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), trata de llegar a la primera sesión, del 14 de mayo, con una mayoría absoluta para contar con el presidente y vicepresidente legislativo.

Para ello necesita 77 votos. Con la suma de Pachakutik ya superaría los 80, por lo que tendría asegurado ese objetivo. Fuente: El Telégrafo

El debate en la Asamblea se caldeó 6 de mayo de 2025, cuando resta una semana para el inicio del nuevo período legislativo. Un pedido para la creación del Museo de la Memoria revivió abusos a los derechos humanos en periodos pasados, pero también en los años más recientes.

Todo iba de acuerdo a lo planificado. El correísmo, a través de la legisladora Jhajaira Urresta, rechazando las violaciones ocurridas entre 1984 y 2008 y resaltando que con la Revolución Ciudadana fueron visibilizadas gracias a la creación de una comisión de la verdad.

Urresta recordó que en 2013 la propia Asamblea aprobó un proyecto de ley para establecer ese espacio en un plazo no mayor a 90 días. Sin embargo, ninguno de los cuatro gobiernos que pasaron desde entonces cumplieron.

Lo que hay, por ahora, es un sitio inadecuado en el subsuelo del Ministerio de Cultura que, según los familiares de las víctimas, no cumple con los preceptos de «reparación y justicia».

En febrero de 2023, la Corte Constitucional falló a favor de que se instale el museo con características especificas en el plazo de un año, pero tampoco ha ocurrido. Por eso, la Comisión de Garantías Constitucionales fiscalizó el tema.

Se armó la polémica

La legisladora por Pachakutik, Mariana Yumbay, durante el debate del Pleno del 6 de mayo de 2025.Asamblea Nacional.
La asambleísta independiente María Teresa Pasquel implosionó el debate al reclamar que «solo se pretenda incluir en el Museo las violaciones a los derechos humanos que se produjeron antes de 2008».

«¿Por qué nos olvidamos de lo que pasó desde 2008 hasta épocas recientes: asesinatos, desapariciones, agresiones, secuestros. Hay que rechazar de todos», cuestionó Pasquel.

Y fue más allá. Recordó que en las protestas sociales de 2019 y 2022 ciudades como Quito fueron sitiadas por violentos manifestantes «violando de los derechos humanos de muchos ciudadanos».

«Se incendiaron sitios como la Contraloría para quemar procesos. Ahí no se acuerdan, ahí no hay memoria. Hubo muchos indígenas ingenuos que cayeron en esa situación», agregó.

Entonces, el centro del debate dejó de ser el museo y pasó a ser el racismo. Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, fue la primera en acusar a su colega Pasquel de «vivir aún en la colonia, época en la que se pensaba que los indígenas no tenían voluntad propia».

Gabriel Bedón, del movimiento Construye dijo que no se puede tratar de ingenuo a ningún ecuatoriano y pidió respeto y consideración para las comunidades indígenas, con las cuales se solidarizó.

Su compañero de bancada, Jorge Peñafiel, coincidió que Pachakutik y el movimiento indígena no son para nada ingenuos, aunque no precisamente por las razones que tenía en mente Bedón.

«Pudieron negociar prebendas y espacios para agarrar la presidencia de la Asamblea en 2021. Y el día de hoy, según fuentes del periodismo, todavía están negociando la presidencia en el siguiente periodo. ¡Ingenuos! es lo que menos son», dijo con ironía Peñafiel.

El asambleísta por Cotopaxi, César Umajinga, rechazó que «los que pisotearon hasta con caballos a los indígenas en las manifestaciones de hace algunos años, ahora se presenten como puritanos y santitos».

«Todos los gobiernos han maltratado y violado los derechos humanos. De derecha y de izquierda han humillado al pueblo indígena» César Umajinga, asambleísta

El debate les devolvió la voz

La polémica incluso activó a legisladores que muy pocas veces han tomado la palabra en el actual periodo legislativo como José Clemente Agualsaca que, según el sistema de la Asamblea, ha intervenido en dos ocasiones.

También, a Eustaquio Tuala que ocupa una curul por Revolución Ciudadana y ha intervenido en los debates cuatro veces en lo que va del año y medio de este periodo legislativo.

Tuala se sintió tocado en primer persona por Pasquel. En las protestas de 2019 y 2022 dirigía el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) que apoyó a la Conaie en las acciones de hecho contra los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

«Ingenuos no somos, somos capaces (…) un adoquín destruido en Quito se puede comprar, pero tiene memoria de cuantos indígenas murieron en los dos paros», cuestionó Tuala.

Pese a que han pasado varios años, Tuala pidió un minuto de silencio por los manifestantes que fallecieron producto de esas protestas. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, se lo concedió.

Una vez que bajaron los ánimos, casi todos los legisladores estuvieron de acuerdo en aprobar el informe no vinculante de la Comisión que, entre otras cosas, exhorta que se concrete la creación del Museo de la Memoria para los casos registrados entre inicios de 1984 y finales del 2008. Fuente: Primicias