Nacionales
Inconformidad por modalidad de teletrabajo autorizada sin existencia de informes técnico en la Zonal 7 de Educación
Por: Alcibar Lupercio
En la Coordinación Zonal 7 de Educación, han surgido serias denuncias respecto a supuestas irregularidades administrativas y de control en el ejercicio de sus funciones. El caso señala a una funcionaria, María Fernanda Cun Romero, quien desde hace varios meses se encuentra en teletrabajo, modalidad autorizada sin la existencia de los informes técnicos correspondientes, según la normativa del Ministerio de Trabajo. La denuncia destaca que la funcionaria ha estado bajo esta modalidad durante un periodo extenso y sin justificación completa y documentada, lo cual estaría en contravención con los reglamentos vigentes.
María Fernanda Cun Romero, analista de tecnologías de la información en la Coordinación Zonal, solicitó un periodo de teletrabajo por maternidad el pasado 26 de agosto de 2024, anexando un certificado médico particular, sin validación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para justificar dos años de teletrabajo debido a supuestas necesidades médicas de su hijo. Sin embargo, la denuncia subraya que el teletrabajo fue concedido sin un informe técnico de la trabajadora social zonal, Andrea Zapata, quien debería haber verificado la información y los certificados presentados. Este permiso especial fue aprobado en primera instancia por dos meses, pero posteriormente, la funcionaria habría presentado un nuevo certificado médico no avalado por el IESS para prolongar su ausencia en el puesto de trabajo.
El presunto favoritismo hacia Cun Romero se remonta a coordinaciones anteriores. Según el informe presentado, se le habrían concedido permisos irregulares de teletrabajo desde abril de 2024, antes del nacimiento de su hijo, argumentando que el bebé era prematuro. Tras la licencia de maternidad legalmente establecida, la funcionaria continuó ausente, situación que ha sido “solapada” por diversos coordinadores zonales y personal de talento humano, incluyendo al actual coordinador, Favio Villamizar, quien habría extendido el teletrabajo en respuesta a una solicitud del exgobernador de la provincia de El Oro.
El caso también menciona presuntas influencias ejercidas para eludir controles y evitar sanciones. Según la denuncia, Cun Romero habría utilizado un sistema de registro de horas de trabajo a través de un formulario de Google, que ella misma creó, para justificar su trabajo remoto. A esta situación se suma que, al término del permiso temporal de teletrabajo, se presentó un nuevo certificado médico particular alegando una lesión en la pierna, prolongando así su ausencia sin la debida validación oficial del IESS. Esta última extensión de ausencia ha generado alarma, ya que la funcionaria no se ha presentado a trabajar desde el 11 de noviembre, ni ha presentado un certificado avalado por el seguro social.
El historial del caso muestra que las acciones de Cun Romero han sido objeto de cuestionamientos desde el mandato del excoordinador zonal Dr. Camilo Espinosa, cuando estuvo involucrada en un presunto caso de tráfico de influencias. No obstante, a pesar de las recomendaciones de sanción realizadas por el departamento jurídico de la institución en ese momento, no se aplicaron sanciones debido a presuntas relaciones de amistad con miembros del departamento de Talento Humano.
Esta denuncia pone en relieve la necesidad de una auditoría independiente y la intervención de las autoridades competentes para investigar las irregularidades y presuntos actos de corrupción en la Coordinación Zonal 7 de Educación. La ciudadanía espera que se refuercen los controles y se eviten prácticas que atenten contra la transparencia en el servicio público, garantizando que los recursos y las normativas se apliquen de manera justa y adecuada.
Nota: Este medio de comunicación envío varias preguntas al correo de la institución y quedamos a la espera de una respuesta por parte del Coordinador Zonal 7 de Educación.
Nacionales
Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura
Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».
El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.
Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.
El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.
Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy
Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.
Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.
Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.
La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

Nacionales
La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea
En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.
Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.
El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.
Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.
Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.
Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.
En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.
Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.
Nacionales
Confirman la venta de diario El Universo
El diario El Universo, uno de los medios de comunicación impresos de Ecuador, cambia de manos. La mañana del jueves 12 de febrero de 2026, la familia Pérez anunció la venta de su participación accionaria en el rotativo.
En un comunicado difundido en redes sociales, la familia fundadora se despidió de su audiencia y confirmó que Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti vendieron sus acciones a un grupo de inversionistas encabezado por Yves Maia Pardini, empresario radicado en Florida, Estados Unidos.
¿Quiénes son los nuevos dueños de El Universo?
El grupo inversionista que adquirió las acciones está liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor con trayectoria en servicios corporativos y financieros. También forma parte del consorcio Integra Capital, vinculada al empresario argentino José Luis Manzano.
Según el comunicado oficial, el objetivo de esta adquisición es fortalecer el liderazgo periodístico del medio y abrir una nueva etapa estratégica. El grupo empresarial cuenta en su portafolio con medios de comunicación en Argentina como América TV, El Cronista y Telefé, entre otros.
Nueva administración y enfoque empresarial
Como parte de la transición, se informó que Ignacio Giménez, exgerente de Diario El Comercio de Perú, asumirá la conducción de la nueva operación de El Universo. Su designación apunta a consolidar la modernización y expansión del medio en un entorno digital cada vez más competitivo.
La transacción se produce en un contexto de transformación global de la industria de medios, marcada por la digitalización, la migración de audiencias a plataformas digitales y la necesidad de nuevos modelos de sostenibilidad financiera.
Un cambio que impacta al ecosistema mediático ecuatoriano
Con este cambio de propiedad, el medio inicia una nueva etapa bajo capital internacional, mientras el sector observa cómo se redefine el mapa de los medios tradicionales en Ecuador.
La transición abre interrogantes sobre la línea editorial, la independencia periodística y la estrategia digital del rotativo.
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