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USD 454 millones ha contratado el Gobierno para afrontar la crisis eléctrica, una barcaza ya está en operación

Ante la crisis eléctrica que atraviesa Ecuador, el Gobierno de Daniel Noboa ha posicionado que las cosas se solucionarán o al menos mejorarán con las contrataciones que lleva adelante. El Gobierno ha impulsado dos rondas de contrataciones de emergencia, con las cuales espera superar la crisis.
«Ya tenemos más de 434 megavatios recuperados, asimismo más de USD 700 millones en inversión para nueva generación, que va a comenzar a entrar desde noviembre hasta abril del próximo año», dijo el presidente Daniel Noboa, en la entrevista del 27 de octubre de 2024.
Con 14 horas diarias de cortes de luz desde la semana pasada, el Gobierno busca apurar las primeras contrataciones que impulsó a través de la empresa pública Celec, desde junio de 2024. De esa primera ronda, ya se adjudicaron cuatro contratos, pero solo uno ha llegado ya a operar: la barcaza de la turca Karpowership. Estos contratos suman USD 353 millones.
De la segunda ronda de contrataciones, apenas un contrato estaría adjudicado, por USD 104 millones para la generación de 260 MW. Los otros están todavía en proceso de revisión de las ofertas.
La primera ronda de contrataciones
Con el inicio de los cortes de luz, el Gobierno declaró la emergencia en junio y comenzó una primera ronda de contrataciones para hacer frente a la crisis eléctrica. Estas fueron encabezadas por el entonces ministro de Energía encargado, Roberto Luque.
Los cuatro contratos firmados de esta primera ronda suman USD 353 millones para la generación de 341 MW, pero sólo uno está ya en operación.
Se trata de la primera contratación en ser adjudicada: la barcaza turca Emre Bey, por USD 114 millones. Esta barcaza está operando desde el 17 de septiembre, y debe generar 100 MW, aunque ha tenido problemas puntuales en algunos días.
Los dos siguientes contratos fueron adjudicados a la estadounidense Progen Industries, con sede en Florida. Estos dos procesos fueron para la adquisición de motores, que deben generar una potencia de 150 MW entre ambos.
Pero ninguno ha llegado al país aún. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, aseguró que Progen ha pedido una prórroga por afectaciones sufridas por el huracán Milton, que golpeó Florida hace unas semanas, y por la huelga de los trabajadores portuarios en Estados Unidos, que duró unos cinco días a inicios de octubre. Pero ella no habría aceptado dicho pedido.
Ambos contratos suman USD 149 millones, y se firmaron el 2 de agosto de 2024. El primero (Quevedo) tiene un plazo de entrega de 95 días que se cumplen este 5 de noviembre, fecha hasta la cual deberían ya estar aquí los motores. El segundo contrato (Salitral), en cambio, tiene un plazo de 120 días, que se cumplen el 30 de noviembre.
Para apurar su traslado, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de movilizarlos en el avión Hércules que Estados Unidos donó a Ecuador en marzo de 2024. Sin embargo, no ha dado más detalles sobre cómo sería esta movilización, cuándo se concretaría, y cuándo comenzarían a operar los motores.
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Además, luego de la llegada de los motores, falta su instalación, que no está contemplada en el contrato y que depende enteramente de Celec.
El cuarto y último contrato de esta ronda es para la generación de 91 MW en Esmeraldas, adjudicado a Austral Technical Management. Ese contrato se firmó el pasado 9 de agosto, y dichos generadores deberán entrar en operación hasta el 26 de diciembre de 2024, aunque el Gobierno ofreció que entren en noviembre.
La segunda ronda de contratación
La segunda declaratoria de emergencia para contrataciones se lanzó en septiembre, e incluía una serie de procesos, incluida la contratación de una segunda barcaza de generación eléctrica. Originalmente, se lanzaron ocho procesos, para conseguir 838 MW.
Pero los planes fueron cambiando la transición del Ministerio de Energía entre Antonio Goncalves e Inés Manzano. Incluso la contratación de la segunda barcaza fue descartada. El presidente Noboa no explicó las razones por las que se desechó esa alternativa, aunque se quejó de que tras las críticas que recibió esa contratación, ahora haya «viudas de las barcazas».
En vez de la barcaza, el Gobierno optó por comprar y alquilar motores. Según un boletín enviado por la Secretaría de Comunicación el 22 de octubre pasado, son siete procesos de contratación los que se llevarán adelante en esta segunda ronda, para conseguir 719 MW.
Es decir que varios procesos de los originalmente presentados en el tiempo de Goncalves, aparte del de la barcaza, fueron modificados y algunos incluso relanzados, lo que significa que probablemente fueron declarados desiertos (esto pasó en el caso de los procesos Santa Elena II y IV).
En el Sercop no consta información sobre la firma de contratos de ninguno de estos siete procesos todavía. Aunque según los planes del Gobierno, dos de ellos ya comenzarían a operar en diciembre, con 300 MW.
El primero, para el alquiler de soluciones de generación termoeléctrica terrestre con capacidad de hasta 260 MW, en Pascuales, fue ya adjudicado hace pocos días, por USD 104 millones, a un consorcio entre las empresas Servicios de Ingeniería y Montaje Worlding S.A. y Projects and Industrial Products LLC. El contrato todavía no se ha hecho público.
Este proceso tiene un plazo de 650 días (un año y nueve meses). Según los términos de referencia, la primera fase, de movilización, montaje y balance de planta, deberá ser de dos meses después de la firma del contrato, es decir que los motores alquilados deberían estar funcionando entre finales de diciembre y enero.
El segundo contrato que, según el Gobierno, comenzaría a operar desde diciembre es el de alquiler de generación eléctrica por 40 MW para Termogas Machala. Sobre este contrato, no se ha informado si ya fue adjudicado y a quién.
Aparte, hay cinco contratos que entrarían a operar desde el primer cuatrimestre de 2024. Dos de ellos (Manta y Santa Elena) tenían plazos de entrega de ofertas hasta septiembre, sin embarco Celec no ha informado si ya fueron adjudicados. Los otros dos tres (Santa Elena II y IV, y Durán) tenían, en cambio, fechas para octubre, que también ya se cumplieron. Fuente: Primicias
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Fin del paro: «Ecuador está en paz»

Tras más de cuatro horas de diálogo en Otavalo entre representantes del Gobierno y dirigentes de los 58 cabildos indígenas de la zona, se resolvió levantar el paro en la provincia de Imbabura y reabrir las vías. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó: “Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías. El diálogo siempre estuvo abierto y es lo que hicimos el día de hoy. Vamos a trabajar para que Imbabura vuelva a la normalidad lo más pronto posible”.
Según el acta del encuentro, desde el lunes se instalarán mesas técnicas territoriales para atender agua, infraestructura vial, salud y educación. Como veedor del cumplimiento se designó al párroco Cristian Andrade (San Francisco de Otavalo). Además, se dispuso el traslado a Ibarra de 12 detenidos por los hechos registrados en el cuartel policial; los procesos judiciales seguirán su curso. Las comunidades anunciaron retorno a sus bases en asamblea permanente para vigilar la implementación de los acuerdos.
Durante la mañana, Otavalo amaneció con relativa calma a la espera de resultados; por la tarde, se reportó el retiro de bloqueos y el inicio de la habilitación progresiva de corredores para priorizar el socorro a heridos y el abastecimiento.
En un comunicado oficial, el Gobierno informó que la paralización en Imbabura ha finalizado y que se mantendrán espacios de coordinación en materia de infraestructura vial, salud y educación. Reiteró que la política de control contra el contrabando de combustibles y la minería ilegal se mantiene sin cambios: el Decreto 126 sigue vigente y la lucha contra las mafias continúa. Añadió que el enfoque inmediato es la recuperación económica y social de las zonas más afectadas.
En la red social X, Reimberg publicó: “ECUADOR ESTÁ EN PAZ. El Gobierno del presidente Daniel Noboa es de diálogo, de consensos y de palabra. Hemos cumplido con Ecuador”. Fuente: El Telégrafo
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Paro nacional deja tres fallecidos: Efraín, Rosa y José

Otavalo amaneció en tranquilidad tras una fuerte jornada de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Además, ya se han efectuado reuniones para concretar un diálogo con el Gobierno. La alcaldesa Anabel Hermosa anunció que se alcanzaron los primeros acuerdos entre los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional, luego de intensas jornadas de protestas.
Las movilizaciones contra el presidente Daniel Noboa iniciadas en septiembre registran, hasta el momento, tres fallecidos: Efraín Fuerez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán; aunque por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre las muertes de los dos últimos manifestantes.
Además, hay más de un centenar de heridos y de detenciones, entre ellas alrededor de una veintena que fueron enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo presentadas por la Fiscalía.
El epicentro de las protestas se localiza en la provincia de Imbabura, a donde llegó el lunes un convoy militar con víveres para entregar a las comunidades, pero luego ese mismo personal militar y policial se enfrentó a manifestantes con gases lacrimógenos para desbloquear las vías.
DETALLES MINUTO A MINUTO
Al medio día de este miércoles 15 de octubre, se reportó un fuerte enfrentamiento entre fuerzas del orden y comuneros del sector Piquiucho, en la provincia del Carchi.
En imágenes virales de redes sociales se observa que los manifestantes atacaron a los uniformados con palos y piedras. Además, los comuneros no permiten el paso en el marco del paro nacional.
Las fuerzas del orden tuvieron que correr ante la represión de los protestantes.
Esta zona es de vital importancia para el tránsito de productos provenientes del Carchi, pero también se conoce que hay gente que se dedica al contrabando.
Líderes indígenas y representantes del Gobierno se reúnen en el Hotel Yamor Continental en Otavalo, provincia de Imbabura, para iniciar los diálogos y terminar con el paro.
En el sitio fue vista la alcaldesa de Otavalo, Anabell Hermosa, y Cristian Andrade, párroco de San Francisco de Otavalo. Medios locales también afirman que hay una delegación del Gobierno encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg.
La reunión es reservada y, por el momento, no hay mayores detalles.
Previamente, la Alcaldía de Otavalo emitió un comunicado, que circuló en redes sociales, en el que señalaba que tras una jornada de “intensas gestiones y diálogos” entre líderes indígenas y el Gobierno, lograron “los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo” en ese municipio.
En el escrito se anunciaba que al mediodía de este miércoles “continuarán las mesas de diálogo, donde se analizarán los planteamientos presentados por el Ejecutivo”.
Pamela Cristina Lanchimba Paucar, indígena de Otavalo, provincia de Imbabura, informó que su padre José Rafael Lanchimba perdió un ojo tras recibir un impacto de bomba lacrimógena durante los disturbios del pasado martes en aquella ciudad.
“Mi papá estaba luchando por el pueblo, pero recibió un disparo de bomba en el ojo y lo perdió”, aseguró la joven en un video viral de redes sociales.
Además, detalló que tras los enfrentamientos con la fuerza pública, el hombre fue trasladado a un hospital privado de Otavalo, pero debido a la gravedad de su estado de salud será llevado a una casa de salud en Quito para que le realicen una cirugía y extirpar el ojo.
Cristina también pidió a la ciudadanía que le ayuden con dinero para poder solventar la cirugía de su padre. “Mi número de cuenta banco pichincha es: 2212709379”, indicó la joven en la red social Facebook.

La Conaie informó sobre el fallecimiento de José Guamán, quien según la organización “fue baleado en el pecho por las Fuerzas Armadas” durante los disturbios en Otavalo, provincia de Imbabura.
Inicialmente, Guamán estaba internado en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde luchó por su vida tras un paro cardiorrespiratorio. Ahí fue operado durante la noche del pasado martes, pero su estado no mejoró así que lo trasladaron al Hospital Eugenio Espejo de Quito.
La mañana de este miércoles, la víctima fue llevada en un helicóptero hasta la capital ecuatoriana, pero al poco tiempo falleció.
La Conaie calificó el hecho como un “cruel asesinato” y pidió justicia.
“Nos unimos al dolor de sus seres queridos y exigimos verdad y justicia para José y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo”, manifestó la organización en sus redes sociales.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lamentó la muerte de una mujer, aparentemente, por la represión de las fuerzas estatales contra los manifestantes.
La mujer, de 61 años y perteneciente al pueblo indígena de Saraguro, falleció por un paro cardiorrespiratorio causado supuestamente, y de acuerdo a la Conaie, por los gases lacrimógenos lanzados contra los protestantes.
«Expresamos nuestra profunda solidaridad y condolencia a la familia y comunidad de Gunudel (Loja) , por el fallecimiento de nuestra hermana Rosa Elena Paqui, a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos usados de forma indiscriminada por la Policía», señaló la Confederación indígena.
«Nos unimos al dolor de sus seres queridos y exigimos verdad y justicia para Rosa Elena y para todos los luchadores sociales detenidos y caídos en la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón», agregó.
Por el momento las autoridades gubernamentales aún no se han pronunciado sobre la muerte de la mujer Saraguro.

La noche del martes 14 de octubre, la Conaie se reunió en un Consejo Ampliado y emitió cinco resoluciones. Ninguna de ellas habla de detener el paro o abrir caminos de diálogo. Entre las peticiones y demandas se encuentran:
Rechazar la violenta y atroz represión del gobierno en la provincia de Imbabura, donde ya se cumplen 23 días de paro ininterrmpido. Exigir justicia ante organismos internacionales como ONU, CIDH, OEA para que intervengan y frenen la represión.
También reafirman su postura por no NO en el Consulta Popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, así como rechazan su modelo económico. Exigen la liberación de detenidos y piden organizar una misión urgente de médicos, ya que la organización indígena denunció que hay más de 40 heridos en Imbabura.
Además, piden «organizar un convoy humanitario desde los pueblos y nacionalidades en apoyo a los pueblos de Imbabura, en coordinación con la Cruz Roja y organismos internacionales de Derechos Humanos».
En Otavalo, provincia de Imbabura, el principal bastión del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, la alcaldesa Anabel Hermosa, anunció que se alcanzaron los primeros acuerdos entre los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional, luego de los intensos enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares.
El comunicado oficial de la Alcaldía, difundido la noche del martes 14 de octubre, detalló que una jornada de intensas gestiones y diálogos “se ha logrado los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo para nuestro cantón”.
Hermosa recalcó que el diálogo es “el único camino a la paz” y destacó que se ha escuchado “la voz digna y altiva del pueblo otavaleño” para que sus propuestas sean analizadas.
La alcaldesa también confirmó la liberación de siete jóvenes y dos adultos mayores que habían sido detenidos durante los disturbios ocurridos este martes, señalando que regresaron con sus familias.
Según el comunicado, las mesas de diálogo continuarán este miércoles al mediodía, donde se analizarán los planteamientos presentados por los dirigentes indígenas al Ejecutivo.
“Nuestra convicción es seguir sirviendo con todo el amor y el compromiso a nuestro Otavalo”, concluyó la autoridad local.
Las Fuerzas Armadas reportaron que 13 efectivos militares resultaron heridos tras incidentes en Otavalo, provincia de Imbabura.
Los uniformados fueron evacuados vía aérea hacia distintos centros de salud en la provincia, donde reciben atención médica especializada.
Según la institución, los militares fueron “objeto de ataques violentos perpetrados por grupos que utilizaron bombas molotov, petardos, machetes y cuchillos, entre otros artefactos” durante las operaciones de resguardo a convoy humanitario y despeje de vías.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) denunció que el denominado ‘Convoy Militar Humanitario’, del Gobierno para llevar insumos a la provincia de Imbabura, sirvió para “reprimir al pueblo indígena que ejerce su legítimo derecho a la protesta”.
“Rechazamos categóricamente esta acción militarista que violenta los principios democráticos y los derechos constitucionales consagrados en la Constitución de la República del Ecuador”, expresó la organización indígena.
Además, cuestionó con «profunda indignación y dolor, ¿desde cuándo las armas, los tanques y el personal de guerra están destinados a enfrentarse contra el pueblo? La represión no puede disfrazarse de ‘humanitaria’”.
Por ello, la Conaie exigió al Gobierno “el cese inmediato de la militarización y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo este martes un llamado al Gobierno de Ecuador a que establezca un diálogo con los manifestantes para «prevenir violaciones a derechos humanos».
«La CIDH insta a las autoridades a establecer un diálogo inclusivo, intercultural y genuino con las personas manifestantes, con el fin de atender sus demandas y resolver los conflictos sociales pendientes«, señaló la Comisión en un comunicado emitido junto a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
Además, la Comisión y la Relatoría señalaron que permanecen atentas «ante eventuales violaciones de derechos humanos en el marco de la escalada de violencia durante el Paro Nacional en Ecuador» y que recordaban «que la protesta social está protegida por los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, y constituye un componente esencial de la democracia, que exige canales de diálogo efectivos».
En el comunicado, la CIDH hizo un recuento de lo que ha sucedido en el país desde que el presidente Daniel Noboa decidió eliminar el subsidio al diésel, el pasado 12 de septiembre, destacando que tras las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) el Gobierno declaró un estado de excepción que ahora rige sobre doce de las 24 provincias y dispuso la movilización de los militares y policías.
«Durante las movilizaciones, la CIDH tomó nota con preocupación de reportes sobre presuntos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, así como actos de violencia no protegidos por el derecho a la protesta, atribuidos a ciudadanos que se encontraban presentes en las manifestaciones», detalló.

El periodista Edison Muenala, de APAK TV, recibió un disparo en el hombro mientras cubría manifestaciones en el norte de Otavalo, en la provincia de Imbabura, según denunció este martes la Asociación de Productores Audiovisuales Kichwas.
El incidente ocurrió en el contexto de las manifestaciones por la eliminación del subsidio al diésel, que se intensificaron tras la llegada el lunes a Ibarra de un convoy humanitario que transportaba alimentos, medicinas y gas de uso doméstico.
El comunicador inicialmente fue trasladado al centro de salud de Peguche, pero debido a la gravedad de sus heridas y a un supuesto cerco militar que, según APAK TV, bloqueaba el acceso al Hospital de Otavalo, fue remitido a Cotacachi para recibir atención médica.
La Conaie alertó sobre “violación de domicilios y represión militar” en Otavalo en el marco de la intervención del Gobierno para acabar con los bloqueos viales en esta zona.
“Militares y policías irrumpieron en viviendas particulares durante la represión”, escribió la organización.
Agregó que “esta acción constituye una grave violación a los derechos humanos y a la inviolabilidad del domicilio”.
Por ello, la Conaie volvió a exigir el cese inmediato de los abusos. También, la organización indígena aseguró que hay múltiples manifestantes heridos de bala, por lo cual los centros de salud de la ciudad están colapsados.
“Se reporta una oleada de personas con heridas por impactos de bala, muchas en estado crítico, saturando los hospitales locales”, recalcó el movimiento indígena.
Por su parte, el Gobierno no ha emitido ningún pronunciamiento sobre estas denuncias.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que actualmente el paro ya no es provincial, sino cantonal, debido a que solo se registran enfrentamientos en Otavalo y Cotacachi.
“De aquí no nos vamos a mover hasta que Imbabura tenga paz (…) Vamos a liberarla del secuestro en el que está”, aseguró Reimberg.
Agregó que el tema del diésel ya no forma parte de las demandas de los manifestantes, sino que se ha vuelto un tema “netamente político”.
“Simplemente, están aquí porque les han obligado a salir, porque les van a quitar el agua en sus comunas, no pueden regresar por esa amenaza que tienen”, apuntó el funcionario.
El ministro del Interior, John Reimberg, detalló que, hasta el momento, se han detenido a 43 personas en Otavalo, entre ellas dos personas extranjeras: una de nacionalidad venezolana y otra colombiana.
Además, hay seis uniformados heridos, entre militares y policías.
También, se espera el arribo de 5.000 uniformados que se movilizarán a Imbabura para apoyar a los más de 2.000 gantes que ya se encuentran en la zona. En total, habrá 7.000 uniformados que intentarán abrir por completo las vías.

La Conaie denunció una “brutal represión en Otavalo” por parte de las fuerzas del orden que intentan desbloquear la carretera E-35, la principal vía de acceso a otros cantones como Antonio Ante e Ibarra.
“El Ejército y la Policía lanzan granadas de impacto múltiple y explosivos a corta distancia contra la población movilizada”, manifestó la organización indígena.
Agregó que el enfrentamiento dejó hasta el momento más de 40 heridos, varios de gravedad, ya que las detonaciones se hicieron en viviendas y espacios comunitarios.
“Este es un ataque directo del Gobierno de Daniel Noboa contra el pueblo, que evidencia una política de guerra interna y represión brutal. Se necesita presencia urgente de organismos de derechos humanos para frenar esta masacre”, alertó la Conaie.
El presidente de la República, Daniel Noboa, apareció luego del feriado, este martes 14 de octubre de 2025, en un evento público con agroproductores en Daule, provincia del Guayas, en el marco de manifestaciones que cumplen 23 días consecutivos.
En su pronunciamiento, el mandatario se refirió al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas sociales.
“Tratan de establecer a base de cuentos una mala imagen. Estábamos conversando con los embajadores de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y les enseñamos datos, números reales”, afirmó Noboa.
El presidente destacó los resultados electorales en diferentes comunidades: “Nosotros hemos ganado en las provincias de mayor población de pueblos y nacionalidades indígenas, en pueblos afroecuatorianos y también en el pueblo montuvio».
Mientras el convoy militar y policial avanza para despejar las vías bloqueadas por el paro nacional, que este martes 14 de octubre cumple 23 días de protestas, se reportan cierres de vías en las provincias de Imbabura, Loja y Pichincha.
Revise las carreteras bloqueadas aquí: Cierres de vías se mantienen en Imbabura, Loja y Pichincha mientras el paro nacional cumple 23 días
La Conaie denunció en sus redes sociales que en los alrededores del Colegio Otavalo y barrios cercanos, militares y policías lanzan gases lacrimógenos indiscriminadamente, incluso dentro de las casas.
“Hay bebés asfixiados por el gas. Familias enteras, niños y ancianos están atrapados en medio de la represión”, apuntó la organización.
Además, etiquetó a entidades internacionales para que se pronuncien sobre esta situación, que la Conaie denomina como “masacre”.
La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que la fuerza pública ha implementado un operativo para abrir todas las carreteras cerradas en Imbabura, especialmente, la E35, donde se han concentrado manifestantes de Otavalo.
“Se va a abrir y se va a despejar toda la ciudad de manifestantes agresivos”, apuntó la funcionaria en entrevista con la cadena Ecuavisa.
Agregó que ningún ciudadano de Imbabura “va a tener que vivir la violencia” de parte de protestantes.
“El paro debe acabarse hoy. Esperamos que se acabe hoy, máximo mañana, no vamos a permitir que esta situación se alargue durante la semana”, recalcó Rovira.
Asimismo, relató que esta militarización se da luego de varios intentos de diálogos, que no se han concretado debido a las exigencias de los movimientos indígenas.
Por ejemplo, Rovira recordó que al inicio los manifestantes pedían la eliminación del subsidio al diésel, pero luego aumentaron más peticiones como la reducción del IVA o el rechazo a la Consulta Popular.
“En Imbabura no ha habido voluntad de diálogo, después de horas y horas de diálogo la respuesta sigue siendo la misma, vamos a radicalizar el paro”, reveló la ministra.
El convoy militar y policial del Gobierno llegó a Otavalo tras salir de Ibarra, provincia de Imbabura, durante la madrugada de este martes 14 de octubre de 2025, en el día 23 del paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La zona se ha convertido durante más de tres semanas en el epicentro de las manifestaciones contra de varias medidas del presidente Daniel Noboa, principalmente por la eliminación del subsidio al diésel.
Alrededor de las 03:00 de este martes, el convoy retomó su desplazamiento hacia Otavalo. El trayecto tomó más de tres horas debido a los bloqueos en la vía, pero finalmente las unidades lograron arribar a la ciudad pasadas las 06:00.
Mientras el convoy avanzaba hacia Otavalo, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Los uniformados usaron bombas lacrimógenas para despejar las vías, mientras que grupos de protestantes respondieron con piedras y palos contra los vehículos oficiales. Un policía resultó herido durante los incidentes.
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que “las fuerzas del orden se van a dedicar a abrir las carreteras” de la provincia de Imbabura tras la llegada del convoy humanitario.
“Esto se va a abrir ya, ya basta, el Ecuador debe seguir adelante”, apuntó el funcionario en rueda de prensa.
Detalló que van a abrir las vías «en paz, hablando con la gente, que entiendan que esto termina ya, que la gente quiere trabajar y producir, que las vías tienen que ser aperturadas para enviar los productos a diferentes provincias”.
Reimberg indicó que les tomará varios días aperturar las carreteras. Por ejemplo, mientras se entrega la ayuda humanitaria, también se irán aperturando los accesos en la provincia.
Y envió un mensaje a los que siguen obstaculizando el paso: “Ya es hora de parar, trabajar, ya es hora que aquellos que han sido perjudicados los dejen salir adelante, ya esto tiene que terminar, nosotros no queremos venir a usar la fuerza”.
El convoy humanitario se movilizó desde Quito a Ibarra por la vía Olmedo-Zuleta-La Esperanza-Ibarra. No hubo inconvenientes en el recorrido, hasta que llegaron a la parroquia La Esperanza en Ibarra, donde algunos manifestantes echaron piedras a los vehículos militares y se produjo un enfrentamiento.
Según el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, los protestantes lanzaron rocas, bombas molotov que incendiaron uno de los vehículos tácticos, entre otros objetos.
Por otra parte, Loffredo reveló que este lunes también se realizó una operación en contra de la minería ilegal en Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura.
Alrededor de 300 efectivos intervinieron la zona y el ministro dijo que se quedarán ahí para mantener el control.
Y lanzó una sospecha: “Tenemos nuestras sospechas de que estos grupos armados están dando dinero a los manifestantes, sobre todo a los violentos”.

Tras varias horas de viaje, el convoy del Gobierno con ayuda humanitaria llegó a Ibarra, provincia de Imbabura, con diversos proyectos para liberar a la zona de los bloqueos y manifestaciones que se han presentado desde hace semanas.
La vicepresidenta de la República, María José Pinto, informó que 37 vehículos llegaron a la provincia con combustible, ayuda humanitaria, brigadistas del registro social y medicamentos.
En total 10 instituciones están articuladas para brindar diferentes servicios a la población a través de brigadas sociales.
Por ejemplo, para la población más pobre se dispone de 1.500 kits con ropa, artículos de aseo y víveres no perecibles.
“Vamos a quedarnos aquí hasta que esta provincia deje de estar secuestrada”, aseguró Pinto.
Por su parte, el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, comentó que la idea es reactivar la provincia desde Ibarra. Para ello tienen una estrategia a corto y medio plazo para que todo vuelva a la normalidad.
Indicó que en las brigadas, la ciudadanía podrá inscribirse a los programas de incentivos económicos que el Gobierno ya ha presentado previamente como el incentivo ‘Emprende’ para todos los comerciantes que no han podido abrir en todo este tiempo.
“Les vamos a hacer una transferencia monetaria de 1.000 dólares”, apuntó Burbano.
Añadió que “no vamos a dejar que esta provincia siga paralizada al ser la única a nivel nacional”.
El convoy militar con ayuda humanitaria llegó a Ibarra, provincia de Imbabura, tras varias horas de viaje.
Las autoridades viajaron por la ruta Olmedo-Zuleta-La Esperanza-Ibarra sin mayores inconvenientes en la mayoría de tramos.
Sin embargo, en el sector de La Esperanza, las fuerzas del orden fueron recibidas con piedras, lo que provocó un enfrentamiento y la respuesta de los uniformados fue echar gas lacrimógeno.
El ministro del Interior, John Reimberg, quien lideró el convoy, escribió en la red social X que “moradores de este sector continuaban lanzando fuego y piedras contra las fuerzas del orden”.
Según reportan medios locales, algunas carreteras ya están habilitadas, pero aún hay el riesgo de que los manifestantes las vuelvan a cerrar.
Un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad Central protesta a esta hora en los exteriores de la institución educativa con consignas en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
“Somos estudiantes, no estamos armados”, gritaron cuando decenas de policías llegaron al sitio para evitar que los jóvenes se tomaran las calles aledañas.
En estas cuatro semanas de paro nacional, convocado por la Conaie, los jóvenes de la Universidad Central han sido uno de los sectores que más han apoyado las movilizaciones.
De hecho, Luis Chuquimarca, representante estudiantil ante el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador, exigió este lunes al rector que declare al campus universitario como zona de paz.
Miles de indígenas de Cotacachi marcharon en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, para exigir al Gobierno una apertura inmediata al diálogo y respuestas concretas a sus demandas.
Los protestantes se movilizaron en una multitudinaria caravana por la E-35 y arribaron al Parque ‘Ciudad Blanca’, desde donde empezaron a marchar por las principales calles de Ibarra.
Estuvieron miembros de la UNORCAC, ChijalltaFICI y otras agrupaciones representativas de los pueblos y nacionalidades de Imbabura.
La movilización concluyó tras dos horas, pasadas las 14:00. Los indígenas volvieron a sus comunidades para continuar con la “resistencia”.
Un líder indígena informó que entregaron a las autoridades de la provincia un documento, en el que plantean sus necesidades y hacen un llamado al diálogo.
Entre las solicitudes de las comunidades, constan la liberación de los 12 detenidos en Otavalo tras quemar un destacamento policial, la eliminación del subsidio al diésel, entre otras propuestas.
Los indígenas aseguraron que esperan una respuesta lo más pronto posible, de lo contrario se movilizarán nuevamente a Quito.

Un periodista de Ecuavisa fue víctima de agresión policial en medio de la cobertura del paro nacional, este domingo 12 de octubre, en Quito. El asistente de cámara, Santiago Gil, fue uno de los cinco comunicadores agredidos, según reportó Fundamedios.
De acuerdo con la organización, denuncias verificadas señalan que miembros de la fuerza pública «habrían actuado de forma violenta y desproporcionada» contra trabajadores de la prensa, pese a estar debidamente identificados y cumpliendo su labor informativa.
Santiago Gil relató que fue golpeado por un agente policial y alcanzado por proyectiles de goma mientras intentaba proteger su equipo de trabajo.
“Le dije a la policía que soy de prensa, estoy con el dron y equipos. Me golpeó en la mano porque quería que suelte la maleta. Corrí y me disparó con esas de goma que me dieron en la cabeza y al costado”, relató el comunicador de Ecuavisa.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, habló sobre las protestas registradas el pasado domingo en Quito.
El líder indígena aclaró que “nunca hubo intención de tomarse con violencia ni incendiar” a la capital de los ecuatorianos.
No obstante recalcó: “Quito no está aislado del país, los pueblos y nacionalidades formamos parte del pueblo quiteño y de la misma manera recibimos el cariño y la solidaridad de su gente como se demostró ayer”.
Cientos de personas protestaron el pasado domingo en el centro de la ciudad, lo cual provocó enfrentamientos con la Policía Nacional, así como agresiones a periodistas.
“Ese relato de la violencia es parte de una estrategia del Gobierno para justificar la represión, nuestra movilización fue totalmente pacífica, sin ningún brote de violencia”, acotó Vargas.
El líder indígena también se pronunció sobre el caso de dos jóvenes indígenas de Otavalo, a quienes militares habrían cortado sus trenzas de cabello, un símbolo que es parte indispensable de su identidad.
Vargas calificó ese acto como “racista” y aseguró que “refleja la persistencia de un Estado con rasgos coloniales”.
Finalmente, anunció que en los próximos días el movimiento indígena tomará “decisiones colectivas en defensa de la vida y la dignidad de nuestros pueblos”.
Pero avanzó que “desde hoy nuestras fuerzas se concentran también en una gran campaña nacional por el NO a la Consulta Popular” que plantea el presidente Daniel Noboa para llamar a una Asamblea Constituyente.
Diversos grupos sociales anunciaron este lunes nuevas jornadas de protestas para esta semana en contra del Gobierno de Daniel Noboa.
Se trata del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Unión General de Trabajadores (UGTE) y el Frente Popular, quienes ejecutarán manifestaciones desde este lunes 13 de octubre.
En Quito la concentración será a las 15:00 en la Plaza Indoamérica cerca de la Universidad Central. Mientras que los protestantes en Guayaquil se reunirán a las 16:00 en el Parque Centenario.
Pero las movilizaciones no quedarán ahí, el miércoles 15 de octubre habrá otra protesta junto a grupos indígenas.
Mientras que el sábado 18 de octubre se llevará a cabo un congreso en defensa de la seguridad social en Guayaquil.
“El Gobierno no tiene una estrategia de diálogo, sino de guerra frente al pueblo y criminalización a la lucha social”, dijo Andrés Quishpe, presidente de la UNE.
Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, indicó “el pueblo ecuatoriano le dice no a Noboa en las calles, pero también le dirá no en las urnas”.
Cientos de indígenas de Cotacachi se desplazaron a Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, para protestar en contra del Gobierno. En videos de redes sociales se observa que los protestantes arribaron en camionetas, cuyas placas estaban tapadas.
“Qué viva la resistencia indígena” y “viva el paro”, gritaban a su entrada a la ‘Ciudad Blanca’.
Los indígenas se desplazaron por las calles principales, hasta llegar a la Gobernación de Imbabura, ubicada en el centro de la urbe.
La Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) lidera la protesta, que ha provocado el cierre de negocios en Ibarra por temor a represalias.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que los indígenas salieron armados y con las placas de sus autos ocultas.
“200 vehículos con 1000 personas. Esto no se trata de una manifestación, es terrorismo”, acotó el funcionario.

Con un gran contingente policial y militar, el ministro del Interior, John Reimberg, junto a otras autoridades del Gobierno de Daniel Noboa, se dirige este lunes 13 de octubre de 2025 a Imbabura, epicentro del paro nacional liderado por la Conaie.
Reimberg indicó que el operativo tiene como objetivo abrir las vías bloqueadas por manifestantes en varios tramos y garantizar la llegada de atención y productos de primera necesidad a las comunidades afectadas.
“Cien vehículos forman parte del convoy humanitario”, precisó el ministro, quien agregó que se trata de una operación que tomará algunos días debido a la magnitud de la situación en la provincia.
En bloque integrado por 1.000 efectivos militares y policiales, organizado por el Bloque de Seguridad, se desplaza desde el aeropuerto de Tababela hacia Imbabura.
Asimismo, Reimberg enfatizó «vamos a usar la fuerza pública, para hacer una apertura total de vías, porque esto se acaba ya»

El Gobierno de Ecuador destacó este lunes que mantiene un diálogo con las bases indígenas en medio del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con carácter de nacional, pero que se ha concentrado en la provincia de Imbabura, y una zona del norte de la de Pichincha.
La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, aseveró en su rueda de prensa semanal que el «Gobierno está abierto al diálogo y está dialogando con las bases, con la base que está detrás de estos supuestos dirigentes».
Añadió que son esos acuerdos los que cuentan para la distribución de los recursos e incentivos sociales que está entregando el Gobierno a los sectores vulnerables, afectados por la eliminación del subsidio al diésel, una acción que la Conaie considera un mecanismo para dividir al sector indígena.
Nacionales
Otavalo anuncia acuerdos tras violentos enfrentamientos, mientras la Conaie reafirma ‘la resistencia’

En Otavalo, provincia de Imbabura, el principal bastión del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, la alcaldesa Anabel Hermosa, anunció que se alcanzaron los primeros acuerdos entre los líderes del movimiento indígena y el Gobierno Nacional, luego de los intensos enfrentamientos entre manifestantes, policías y militares.
El comunicado oficial de la Alcaldía, difundido la noche del martes 14 de octubre, detalló que una jornada de intensas gestiones y diálogos “se ha logrado los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo para nuestro cantón”.
Hermosa recalcó que el diálogo es “el único camino a la paz” y destacó que se ha escuchado “la voz digna y altiva del pueblo otavaleño” para que sus propuestas sean analizadas.
La alcaldesa también confirmó la liberación de siete jóvenes y dos adultos mayores que habían sido detenidos durante los disturbios ocurridos este martes, señalando que regresaron con sus familias.
Según el comunicado, las mesas de diálogo continuarán este miércoles al mediodía, donde se analizarán los planteamientos presentados por los dirigentes indígenas al Ejecutivo.
“Nuestra convicción es seguir sirviendo con todo el amor y el compromiso a nuestro Otavalo”, concluyó la autoridad local.
Conaie denuncia “represión militar” en Imbabura
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), promotora del paro nacional que este miércoles cumple 24 días, continuará con el paro nacional en contra del Gobierno de Daniel Noboa, en rechazo al incremento del precio del diésel y otras demandas sociales.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, afirmó que el movimiento “reafirma la resistencia” y que sus bases “están en pie de lucha”. Además, rechazó “la represión policial y militar” registrada en Imbabura.
Asimismo, la organización denunció que el Gobierno “ha convertido nuestras comunidades en zonas de guerra”, tras el ingreso de un convoy de aproximadamente 100 vehículos a Imbabura. Según el Ejecutivo, el objetivo era transportar ayuda humanitaria y personal de seguridad para despejar las vías bloqueadas durante las últimas cuatro semanas.
Sin embargo, la Conaie sostiene que el denominado “convoy humanitario” constituye “una operación militar de represión contra el pueblo que ejerce su legítimo derecho a la protesta”. Se acusó al Gobierno de “militarizar Imbabura, vulnerar derechos constitucionales y disfrazar la violencia de ayuda humanitaria”.
“El Gobierno ha convertido nuestras comunidades en zonas de guerra, utilizando gases, balas y violencia indiscriminada contra un pueblo que ejerce su derecho constitucional a la protesta”, enfatizó la organización.
Asimismo, Vargas exhortó a organismos internacionales como la CIDH, la ONU y la OEA a sancionar al Gobierno Nacional “por reprimir, invadir los territorios ancestrales y despojar a los pueblos originarios de sus tierras”.
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