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Nacionales

Este es el rol de Wilman Terán, Pablo Ramírez y los otros 19 enjuiciados en el caso Metástasis

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Wilman Terán, exjuez nacional y expresidente del Consejo de la Judicatura, es uno de los 21 procesados del caso Metástasis que serán juzgados desde este lunes 21 de octubre de 2024, en la Corte nacional de Justicia (CNJ).

Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez Ruíz y Pablo Loaiza son los jueces que conforman el Tribunal de juicio de este caso por delincuencia organizada.

Antes de la instalación de la audiencia, Wilman Terán ingresó un nuevo escrito. El exfuncionario reveló que tiene una amistad con Loaiza, uno de los jueces del Tribunal. Según Terán, producto de esa amistad, él le recomendó a Loaiza que contratara a su padre, Gabriel Terán, quien además es parte de su equipo jurídico, como su abogado en una investigación previa.

Por esta razón, Terán pidió que Loaiza se excuse de seguir conociendo está causa. El Magistrado confirmó que Gabriel Terán es su abogado en dicha investigación previa y, por tanto, se excusó de seguir en el Tribunal de juicio del caso Metástasis.

Caicedo y Rodríguez, los otros dos jueces del Tribunal, se tomaron unos cinco minutos para resolver sobre esta excusa. Luego de este tiempo, Caicedo indicó que el vínculo entre Terán y Loaiza no es causal para separar al segundo del Tribunal y ratificó su competencia en el caso.

En este caso, la Fiscalía intenta demostrar que los 21 procesados formaron parte de una estructura de corrupción judicial que trabajó para lograr que el narcotraficante Leandro Norero y su familia salgan de prisión y, posteriormente, gocen de impunidad.

Previamente, 12 personas ya fueron sentenciadas -de manera abreviada y con penas reducidas- por lo que ya se ha demostrado la existencia del delito. Ahora, en el caso de los procesados que van a juicio se tiene que demostrar la pertenecía a esta estructura delictiva.

En total, fueron 30 las personas llamadas a juicio. Sin embargo, ocho están prófugos y la audiencia no puede iniciar. Por ejemplo, en esta lista está el exasambleísta Ronny Aleaga y el empresario Xavier Jordan, presuntos socios de Norero. Mientras que, Armando Flor, señalado como testaferro del narco, no será enjuiciado por el momento, ya que es candidato a la Asamblea.

El juicio
21/10/2024

10:56

El rol de los enjuiciados
Para el alegato de apertura, Mercedes Caicedo, jueza ponente, otorgó a Wilson Toainga dos horas para que detalle la acusación contra los 21 procesados. Sin embargo, el Fiscal solo se tomó 32 minutos.

Durante este alegato, Toainga dio a conocer la teoría de caso y dio detalles de la participación de cada uno de los procesados:

AUTOR:

1. Xavier Novillo, alias ‘Novita’: Toainga dijo que es uno de los líderes de la agrupación. Se habría encargado de armar una red de influencias en Guayas con el objetivo de conseguir fallos judiciales a favor de Norero y su familia, a cambio de sobornos

COLABORADORES:

2. Wilman Terán, alias ‘Diablo’: En su rol como juez de la Corte Nacional, según el Ministerio Público, Terán se encargó de retrasar el trámite de un habeas corpus con el que se buscaba la libertad de un hermano de Leandro Norero. A cambio recibió un soborno en efectivo.

3. Ronald Guerrero, alias ‘Momia’: Como juez del Guayas, Guerrero estuvo a cargo del caso de lavado de activos en contra de Norero. A cambio de sobornos y ofrecimientos de bienes, el entonces magistrado habría ofrecido la concesión de fallos irregulares.

4. Johan Marfetán, alias ‘JM’: También fue juez del Guayas. Tenía que tramitar la apelación a la prisión preventiva de Norero, pero se excusó de hacerlo, con el objetivo de que se conformara un Tribunal que favoreciera al narcotraficante.

5. Carlos Zambrano, alias ‘Presi’: Fue el presidente de la Corte de Manabí. Su rol habría sido generar escenarios idóneos para que se den fallos favorables a favor de Agustín Intriago, quien era alcalde de Manta y habría sido parte de la red de Norero. Intriago fue asesinado en julio de 2023.

6. María José Aguirre: Fue Fiscal en Samborondón y estuvo a cargo de un caso por tráfico de armas en contra de Norero. Pero lo reformuló por tenencia ilegal de armas, lo que permitió que se anulará la orden de prisión preventiva que había en contra de Norero por ese caso.

7. John Campuzano: Era Fiscal en Guayas y, desde esa posición, habría asesorado a Norero para que se defendiera y dilatará un caso en su contra por presunto narcotráfico. Para esto, dice la Fiscalía, entregó información reservada a la red criminal.

8. Víctor Alcívar, alias ‘Pillo buena gente’: Fue Fiscal en Santo Domingo. Según el Ministerio Público, Alcívar entregó a la estructura criminal información reservada sobre operativos para ayudar a los brazos armados que estaban al servicio de Norero.

9. Doris Oviedo: Es una oficial de la Policía Nacional que estuvo a cargo del caso de lavado de activos de Norero. Habría colaborado con la estructura de corrupción direccionando el informe financiero de la causa.

10. Armando Ruíz: Es Mayor de Policía y, según la Fiscalía, a través de sus negocios de compra y venta de carros habría financiado a la estructura delincuencial de Leandro Norero, con el objetivo de conseguir beneficios penitenciarios.

11. Ángel Leal: Es un agente policial que habría ayudado a Norero con información reservada sobre operativos en contra de sus brazos armados. Además, le habría asesorado para la destrucción de indicios.

12. y 13. Fernando García y Eddin Iza: Fueron agentes de la Policía que se habrían dedicado a dar seguridad a los bienes incautados a Leandro Norero, a cambio recibieron sobornos.

14. Pablo Ramírez: Fue director del Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y habría facilitado beneficios penitenciarios a favor de Leandro Norero. Además, habría autorizado la liberación de ‘Madrid’ y ‘Cuyuyuy’, sicarios de confianza del narcotraficante.

15. Katherine Guaita: Se desempeñaba como agente penitenciaria en Cotopaxi, mientras Norero estaba detenido. Gestionó beneficios para el narcotraficante y habría recibido depósitos por más de USD 15.2000.

16. Claudia Garzón: Fue parte de una Comisión de Pacificación Carcelaria, durante el gobierno de Guillermo Lasso. Según la Fiscalía, desde esa posición habría gestionado beneficios penitenciarios a favor de Norero.

17. Kevin Prendes: Fue uno de los abogados al servicio de Leandro Norero. Prendes se encargó de la acción de protección interpuesta en La Concordia, con la que el narcotraficante recuperó una casa de lujo en Riberas del Batán.

18. Sofía García: Se trata de una abogada de Cotopaxi que habría sido contratada por Mayra Salazar, operadora de Norero, para que busque sobornar a jueces de Cotopaxi en una causa para liberar a la hermana del narco.

19. César Ácaro: Es otro abogado en libre ejercicio y también buscaba sobornar a los jueces de Cotopaxi. Sin embargo, en su caso habría coordinado con Cristian Romero, quien lideraba el equipo jurídico de Norero.

20. Braulio Mera, alias ‘Rayo’: Era una de las personas de confianza de Norero. Se encargaba de movilizar y entregar el dinero del narcotraficante para el pago de sobornos y otras transacciones.

21. Eduardo Rodríguez: Sería socio de Yilmar Campozano, alias ‘Yankee’, uno de los socios de Norero. Rodríguez habría aportado dinero para financiar los beneficios del narcotraficante en la prisión.

21/10/2024

10:11

Empieza la audiencia
Pasadas las 10:00 del 21 de octubre de 2024, Mercedes Caicedo, jueza ponente del Tribunal, declaró instalada la audiencia de juicio contra 21 procesados en el caso Metástasis. Primero, el fiscal Wilson Toainga dará su alegato de apertura. Fuente: Primicias

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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