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Así un juez habría liberado a tres miembros de la mafia albanesa: las pruebas del caso ‘Albajuez’ por las que ahora enfrenta prisión

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Por otorgar la libertad a tres miembros de la mafia albanesa, el exjuez de Valencia, en Los Ríos, Lenin Santiago Guerra, enfrenta prisión preventiva. El exmagistrado es acusado de su presunta implicación en el delito de asociación ilícita, en el caso conocido como «Albajuez«.

REVISE | Juez pide a Interpol captura del albanés Dritán Gjika, cabecilla de una red de narcotraficantes en Ecuador

Pruebas del caso Albajuez

En la audiencia de vinculación, la Fiscal Provincial de Los Ríos expuso que el entonces juez Lenin Santiago Guerra otorgó –de manera irregular– medidas cautelares a favor de tres presuntos integrantes de la mafia albanesa, de los cuales dos estaban encausados por presunto lavado de activos y uno por delincuencia organizada.

Estos ciudadanos mantenían prisión preventiva luego de los allanamientos ejecutados en el caso Pampa, por ser presuntos integrantes de una red criminal liderada por el albanés Dritan Gjika. Sin embargo, el Juez ahora procesado habría cambiado, de forma irregular, esta medida por presentaciones periódicas.

Según lo recabado en la investigación fiscal, también se registró la alteración del sistema informático de la Unidad Judicial del cantón Valencia, para otorgar las medidas cautelares.

Tras relatar los hechos, la Fiscal Provincial fundamentó el inicio del proceso penal con las resoluciones de las acciones de protección emitidas por el juez Lenin Guerra, en las que habría cambiado la prisión preventiva por presentaciones periódicas a los tres procesados ya mencionados.

Asimismo, Fiscalía incluyó los informes de los allanamientos ejecutados en la Unidad Judicial Multicompetente de Valencia, los de inspección ocular técnica y el de reconocimiento del lugar de los hechos y objetos levantados como indicios.

Otros elementos presentados en la diligencia fueron: el informe del ingreso de doce DVD que guardarían relación con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Unidad Judicial del cantón Valencia y los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de los procesados.

La jueza de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos dictó prisión preventiva en contra del exjuez Lenin Santiago Guerra. Mientas que la instrucción fiscal se ha extendido por treinta días más.

En agosto de 2024, Fiscalía formuló cargos contra Douglas Ángel C., secretario de la Unidad Judicial del cantón Valencia, y del abogado Luis S., quienes presentaron solicitudes para acogerse al procedimiento abreviado y se encuentran en espera de la respectiva audiencia.

El delito de asociación ilícita se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Fuente: Vistazo

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Asamblea aprueba por unanimidad ley para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes

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La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, este miércoles 22 de abril de 2026, el Proyecto de Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicosocial para Niñas, Niños y Adolescentes, una normativa que busca garantizar el derecho a la salud mental con un enfoque integral, preventivo, educativo y comunitario. La iniciativa fue respaldada por el Pleno como una respuesta frente al aumento de problemas de salud mental que afectan a esta población en el país.

Durante el debate, el ponente del informe, el asambleísta Alejandro Vanegas, señaló que la ley plantea una respuesta técnica y humana ante una situación urgente, marcada por el incremento de casos de depresión, ansiedad, violencia y abandono escolar entre niñas, niños y adolescentes. Según explicó, la propuesta fortalece la corresponsabilidad entre el sistema educativo, el sistema de salud y los gobiernos locales para atender esta problemática de manera articulada.

La normativa introduce reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Salud Mental, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), con el objetivo de coordinar acciones entre distintas instituciones del Estado. Entre sus disposiciones principales está la incorporación obligatoria de la materia “Psicoeducación” en la malla curricular de las unidades educativas públicas, privadas y fiscomisionales.

 

De acuerdo con el texto aprobado, esta asignatura estará orientada al fortalecimiento de habilidades psicosociales, la resiliencia emocional, la convivencia pacífica y la detección temprana de señales de alerta en la salud mental de niñas, niños y adolescentes. La ley también ordena la implementación de programas de promoción y prevención con enfoque intercultural, territorial y de género, adaptados a las realidades de pueblos y nacionalidades.

Además, la norma impulsa la creación de espacios comunitarios de apoyo psicosocial en el primer nivel de atención del sistema de salud y permite la participación de estudiantes de los últimos semestres de Psicología en actividades de promoción y prevención, siempre bajo supervisión profesional. También establece que las aseguradoras y empresas de medicina prepagada deberán incluir coberturas de salud mental y dispone campañas permanentes para denunciar centros ilegales o prácticas no autorizadas.

Con esta aprobación, la Asamblea da paso a una legislación que busca dejar atrás una visión reactiva de la salud mental y avanzar hacia un modelo de prevención, acompañamiento y atención temprana desde las aulas, las comunidades y los servicios de salud.

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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