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Ecuador da indicios de una insurgencia criminal ¿Qué es y qué implicaría esta fase?

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Los ataques a fiscales, el asesinato de funcionarios penitenciarios, el aumento de homicidios de policías y el enfrentamiento de delicuentes con fuerzas militares están entre los indicios del inicio de lo que sería una nueva fase de la delincuencia organizada en Ecuador: la insurgencia criminal.

Este fenómeno, descrito por Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), implica que estas organizaciones ya no solo están involucradas en disputas entre sí, sino que  se sienten capaces de confrontar directamente al Estado.

De hecho, en el nuevo decreto de estado de excepción en seis provincias y dos cantones, el Gobierno reconoce síntomas de esta nueva fase, como el hecho de que los grupos armados le están disputando el control de las funciones del Estado en ciertos territorios.

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El documento advierte qué si se deja de operar a las bandas en las provincias de mayor incidencia, estás organizaciones crecerán al punto de que ya no puedan ser controladas.

Esa es la máxima expresión de insurgencia documentada en América Latina y tiene antecedentes en  países como Colombia o México.

Aunque la insurgencia criminal en Ecuador no ha alcanzado los niveles observados en esos países , los signos son preocupantes, según el especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional.

«Estamos en una fase inicial de esta insurgencia, donde las organizaciones criminales buscan desestabilizar el Estado para asegurar el control territorial y hacer que sus mercados ilícitos, como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, sean más eficientes», detalla Rivera.

Esta fase se caracteriza por el uso de la violencia para desestabilizar al Estado. «La violencia se dirige a funcionarios del Estado y fuerzas de seguridad. El crimen organizado quiere enviar el mensaje de que tienen más poder que el Estado, para imponer su propio orden», añade el académico.

Operativo policial y militar en el cantón minero de Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, tras una masacre con cinco victimas el 13 de agosto del 2024.API
¿Qué es la insurgencia criminal?
Entre enero y septiembre de 2024 se han reportado 26 asesinatos policías y uno de un militar, lo que muestra que se ha sobrepasado el umbral de la simple intimidación.

Además, se han registrado enfrentamientos armados con la fuerza pública en cantones como Ponce Enríquez (Azuay). Solo en septiembre de 2024 hubo seis atentados y tres muertes violentas de servidores penitenciarios en el país.

Todo esto “eleva la percepción de riesgo de los servidores, afecta la seguridad pública y el ejercicio de derechos», según el decreto presidencial que ordena toque de queda nocturno en 19 cantones de cuatro provincias y en una parroquia rural de Guayaquil (Tenguel)

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Una insurgencia criminal implica diferentes mecanismos de confrontación entre grupos criminales e instituciones estatales. El objetivo de estas organizaciones no es otro que el ganar autonomía y control económico sobre el territorio para sus actividades ilícitas.

Pero se trata de un estado de escalada progresiva del poder del crimen organizado que tiene al menos cuatro niveles, que se estudian a nivel académico.

Niveles de insurgencia criminal:
Dominios locales y fundación de enclaves criminales.

En el primer nivel se observan insurgencias locales que fundan enclaves criminales en barrios o localidades marginadas, dentro de una ciudad o área metropolitana.
Disputas por dominio territorial entre bandas y pandillas.

En un segundo estadio es posible identificar a los grupos criminales que disputan territorios dominados mediante la vía armada.
Levantamiento contra la autoridad de forma violenta.

En un tercer nivel se ubican las organizaciones que combaten directamente al Estado de forma violenta, con el objetivo de asegurar la libertad de operación del mercado ilícito, creado en el enclave criminal que ha florecido en el ambiente de anarquía que han conformado.
Dominio criminal total de las bandas sobre el Estado.

El cuarto estadio hace referencia a un escenario de completo dominio criminal sobre las estructuras del Estado, en el cual la espiral de la violencia criminal ha debilitado profundamente a las fuerzas de seguridad, y ha reducido sus márgenes de maniobra mediante una amplia red de corrupción endémica, generando una especie de narcoestado.

Caracterización de los Grupos Armados Organizados (GAO) y su influencia en Centros de Privación de Libertad (CPL) según el nuevo decreto ejecutivo de estado de excepción.

¿En dónde se encuentra Ecuador?
Ecuador ya ha superado de lejos los dos primeros estadios de la insurgencia, definidos por el académico estadounidense John P. Sullivan a partir de las experiencias en América Latina (sobre todo en México, pero también en Colombia, El Salvador y las favelas de Brasil).

Se trata de dos niveles previos en la consolidación de gobernanzas criminales, en las que las organizaciones establecen normas y medidas de regulación del orden social en los barrios y distritos en los que se insertan (como en Durán o Nueva Prosperina).

Chone Killers y Latin Kings se reparten 25 barrios de Durán, imponiendo normas de conducta y gobernanza criminal.
Tras estas fases preparatorias se marca una transición a conductas más “predatorias”, de acuerdo con el director de OECO.

La insurgencia se define como un levantamiento contra la autoridad y es en este tercer nivel que está iniciando en Ecuador, en el que se expresa más decididamente esta confrontación.

La toma del canal de televisión TC en enero de 2024 marcó un hito en esta transición, aunque desde el observatorio vienen documentado los síntomas de la nueva fase criminal desde 2023, que incluye actos terroristas que persiguen la desestabilización estatal.

Cuidado con Lobos y Tiguerones
Rivera, coautor del artículo científico Postinsurgencias y subculturas criminales en Ecuador (2024), pide prestar atención a dos organizaciones criminales en este contexto: Los Lobos y Los Tiguerones, que están en la búsqueda de aumentar la rentabilidad de todos sus mercados ilícitos a cualquier costo.

“Ambas grupos ejercen una doctrina y practican un ejercicio militar que incluye el combate directo con las Fuerzas del Estado”, señala.

¿Qué se puede esperar? Según el especialista, la realidad ecuatoriana es más cercana a la de México que a la de Colombia. Y advierte sobre la instauración criminal de toques de queda comunitarios, que pueden abarcar a ciudades enteras.

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De hecho, estos toques de queda criminales ya se han registrado en ciudades como Esmeraldas y, el año pasado, en cantones de la provincia de Los Ríos como Mocache, Buena Fe, Valencia o ciertas zonas  de Quevedo, según los reportes del Observatorio.

Y el riesgo es que se alcancen niveles de descontrol en territorios completos, como los que se han registrado en Sinaloa (México), en un cuarto nivel de la insurgencia criminal.

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Denuncian supuesta compra de insulina con sobreprecio en Municipio de Guayaquil

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La adquisición para dotar de insulina a las casas de salud manejadas por el Municipio de Guayaquil generó un nuevo roce con el Gobierno Nacional, luego de que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) denunciara sobre presuntas irregularidades en el contrato.

Según el Sercop, la Alcaldía pretendería importar un millón de dosis de insulina a un precio mayor de lo que se vende en Ecuador. El costo que habría establecido por la compra el Municipio era de $12 por unidad, cuando en adquisiciones de otros procesos se pagaron precios por el medicamento entre USD 7,12 y 7,49.

Además, la entidad añadió que el Municipio tiene un incumplimiento normativo, al no contar con permiso previo emitido por la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), para la importación de fármacos.

El Sercop apuntó que la verificación se realizó en cumplimiento de sus funciones, para cuidar la adquisición de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía.

De hecho, la institución recomendó al Municipio guayaquileño realizar el proceso de adquisición con farmacéuticas locales que cuentan con el producto, a un precio inferior al ofertado en el contrato establecido.

Julio José Neira, secretario de Integridad Pública y director encargado del Sercop, aclaró que un 2,66% de los procesos contratados por la Alcaldía, que equivalen a 47 contratos, fueron suspendidos por detectarse alguna irregularidad, incluido el de la adquisición de incluido. El valor todos estos procesos era de USD 9,7 millones.

«Se les acabó el relato de la compra de insulina por el sobreprecio…», apuntó Neira, este viernes 28 de noviembre.

Cruce de declaraciones entre Alvarez y Neira

La suspensión de los procesos generó una serie de insultos en redes sociales proferidos por el alcalde Aquiles Alvarez hacia Neira, quien a su vez le recordó que se encuentra procesado y llamado a juicio por presunta comercialización irregular de combustible.

«El proceso de insulina se suspendió porque el alcalde procesado pretendía importar insulina evadiendo la norma: ni siquiera pidieron registro sanitario, básico para asegurar calidad y proteger a los pacientes», recalcó Neira.

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Extienden la declaratoria de emergencia en el IESS por desabastecimiento de medicinas

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El director general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Francisco Abad, dispuso la ampliación «de forma excepcional» por un mes más de la declaratoria de emergencia de la entidad.

Según informó la entidad en un comunicado difundido este jueves, la decisión se adoptó por criterios técnicos que, a su juicio, justifican la ampliación de la medida para garantizar que procesos contractuales puedan concretarse.

Al declarar el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre, frente a una crisis de desabasteicmiento de medicinas e insumos médicos en centros de salud a escala nacional, el IESS asignó un presupuesto de USD 96 millones para compras públicas.

Medicamentos no entregados

En ese marco, un informe técnico presentado este lunes advirtió también que, pese a que el IESS ha suscrito varios contratos para adquirir medicamentos y bienes estratégicos, una parte de estos productos aún no ha sido entregada.

El documento señala que diversas circunstancias de índole técnica y operativa han impedido que la institución cuente con el abastecimiento completo previsto.

El mismo informe sostiene que, de no concretarse las entregas pendientes, el IESS enfrentaría un desabastecimiento inmediato de medicamentos de alta especialidad, lo que pondría en riesgo la continuidad terapéutica de miles de pacientes y acentuaría aún más la crisis actual.

También advierte que podrían incrementarse las complicaciones severas, las hospitalizaciones y los índices de mortalidad.

Ante ello, Abad emitió una resolución en la que ordena a los administradores de los contratos suscritos durante la emergencia mantener un seguimiento permanente de cada proceso.

La disposición incluye verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores y completar todas las gestiones necesarias hasta el cierre definitivo de los contratos.

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Más de un millón de ecuatorianos tienen una mala calificación crediticia, según análisis de red financiera

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En Ecuador, 1 060 000 personas, en promedio, tienen un score crediticio (calificación crediticia) menor a 300 puntos, 247 mil más de las que había en el 2019, según un informe de la Red de Instituciones Financieras para el Desarrollo.

Se trata de usuarios que registran pagos pendientes, atrasos frecuentes y moras prolongadas para cancelar sus deudas, es decir, que son perfiles con poca probabilidad de pago.

En términos prácticos, las instituciones financieras o centrales de crédito pueden negarles solicitudes de préstamos, pedir más documentos, garantías u otorgar financiamiento en condiciones menos favorables como intereses más altos.

Con este escenario, las compras pequeñas, como celulares, electrodomésticos e incluso ropa a plazos, inciden en la construcción del historial crediticio.

David Castellanos, analista de Equifax, que es una agencia de informes crediticios, relata que si una persona hace pagos que se difieren a plazos, eso permite ir construyendo un tema de un hábitos.

«Si se cumple igual el pago, obviamente, la persona va a tener una propensión de mejor hábito de pago como tal, pero también si hay retrasos, esto va a incidir ensu calificación o en su salud financiera», comentó.

Al mejorar el puntaje del score crediticio con compras pequeñas a crédito, los usuarios en general y específicamente aquellos que están excluidos del sistema financiero, podrían acceder nuevamente a él.

«Tendríamos que esperar por lo menos unos tres o seis meses hasta que esta persona vaya cumpliendo estos temas de pago. Ese comportamiento se toma dentro del historial crediticio. Mientras los otros pagos se van cumpliendo, va generando que esta persona paulatinamente vaya alcanzando un mejor score«, señaló Castellanos.

El score crediticio se puede revisar en las aplicaciones de bancos.Ees un servicio gratuito, que permite al cliente conocer su nivel de endeudamiento, si tiene un balance entre lo que gana y lo que gasta; y si tiene pagos pendientes en instituciones financieras, en locales comerciales o entidades de servicios.

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