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Ecuador da indicios de una insurgencia criminal ¿Qué es y qué implicaría esta fase?

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Los ataques a fiscales, el asesinato de funcionarios penitenciarios, el aumento de homicidios de policías y el enfrentamiento de delicuentes con fuerzas militares están entre los indicios del inicio de lo que sería una nueva fase de la delincuencia organizada en Ecuador: la insurgencia criminal.

Este fenómeno, descrito por Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado (OECO), implica que estas organizaciones ya no solo están involucradas en disputas entre sí, sino que  se sienten capaces de confrontar directamente al Estado.

De hecho, en el nuevo decreto de estado de excepción en seis provincias y dos cantones, el Gobierno reconoce síntomas de esta nueva fase, como el hecho de que los grupos armados le están disputando el control de las funciones del Estado en ciertos territorios.

¿Por qué el Gobierno de Noboa decreta un nuevo estado de excepción en Ecuador? Estos son los argumentos
El documento advierte qué si se deja de operar a las bandas en las provincias de mayor incidencia, estás organizaciones crecerán al punto de que ya no puedan ser controladas.

Esa es la máxima expresión de insurgencia documentada en América Latina y tiene antecedentes en  países como Colombia o México.

Aunque la insurgencia criminal en Ecuador no ha alcanzado los niveles observados en esos países , los signos son preocupantes, según el especialista en economía del crimen organizado y seguridad internacional.

«Estamos en una fase inicial de esta insurgencia, donde las organizaciones criminales buscan desestabilizar el Estado para asegurar el control territorial y hacer que sus mercados ilícitos, como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, sean más eficientes», detalla Rivera.

Esta fase se caracteriza por el uso de la violencia para desestabilizar al Estado. «La violencia se dirige a funcionarios del Estado y fuerzas de seguridad. El crimen organizado quiere enviar el mensaje de que tienen más poder que el Estado, para imponer su propio orden», añade el académico.

Operativo policial y militar en el cantón minero de Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, tras una masacre con cinco victimas el 13 de agosto del 2024.API
¿Qué es la insurgencia criminal?
Entre enero y septiembre de 2024 se han reportado 26 asesinatos policías y uno de un militar, lo que muestra que se ha sobrepasado el umbral de la simple intimidación.

Además, se han registrado enfrentamientos armados con la fuerza pública en cantones como Ponce Enríquez (Azuay). Solo en septiembre de 2024 hubo seis atentados y tres muertes violentas de servidores penitenciarios en el país.

Todo esto “eleva la percepción de riesgo de los servidores, afecta la seguridad pública y el ejercicio de derechos», según el decreto presidencial que ordena toque de queda nocturno en 19 cantones de cuatro provincias y en una parroquia rural de Guayaquil (Tenguel)

Estos son los 19 cantones con toque de queda en Ecuador, según el nuevo estado de excepción del Gobierno
Una insurgencia criminal implica diferentes mecanismos de confrontación entre grupos criminales e instituciones estatales. El objetivo de estas organizaciones no es otro que el ganar autonomía y control económico sobre el territorio para sus actividades ilícitas.

Pero se trata de un estado de escalada progresiva del poder del crimen organizado que tiene al menos cuatro niveles, que se estudian a nivel académico.

Niveles de insurgencia criminal:
Dominios locales y fundación de enclaves criminales.

En el primer nivel se observan insurgencias locales que fundan enclaves criminales en barrios o localidades marginadas, dentro de una ciudad o área metropolitana.
Disputas por dominio territorial entre bandas y pandillas.

En un segundo estadio es posible identificar a los grupos criminales que disputan territorios dominados mediante la vía armada.
Levantamiento contra la autoridad de forma violenta.

En un tercer nivel se ubican las organizaciones que combaten directamente al Estado de forma violenta, con el objetivo de asegurar la libertad de operación del mercado ilícito, creado en el enclave criminal que ha florecido en el ambiente de anarquía que han conformado.
Dominio criminal total de las bandas sobre el Estado.

El cuarto estadio hace referencia a un escenario de completo dominio criminal sobre las estructuras del Estado, en el cual la espiral de la violencia criminal ha debilitado profundamente a las fuerzas de seguridad, y ha reducido sus márgenes de maniobra mediante una amplia red de corrupción endémica, generando una especie de narcoestado.

Caracterización de los Grupos Armados Organizados (GAO) y su influencia en Centros de Privación de Libertad (CPL) según el nuevo decreto ejecutivo de estado de excepción.

¿En dónde se encuentra Ecuador?
Ecuador ya ha superado de lejos los dos primeros estadios de la insurgencia, definidos por el académico estadounidense John P. Sullivan a partir de las experiencias en América Latina (sobre todo en México, pero también en Colombia, El Salvador y las favelas de Brasil).

Se trata de dos niveles previos en la consolidación de gobernanzas criminales, en las que las organizaciones establecen normas y medidas de regulación del orden social en los barrios y distritos en los que se insertan (como en Durán o Nueva Prosperina).

Chone Killers y Latin Kings se reparten 25 barrios de Durán, imponiendo normas de conducta y gobernanza criminal.
Tras estas fases preparatorias se marca una transición a conductas más “predatorias”, de acuerdo con el director de OECO.

La insurgencia se define como un levantamiento contra la autoridad y es en este tercer nivel que está iniciando en Ecuador, en el que se expresa más decididamente esta confrontación.

La toma del canal de televisión TC en enero de 2024 marcó un hito en esta transición, aunque desde el observatorio vienen documentado los síntomas de la nueva fase criminal desde 2023, que incluye actos terroristas que persiguen la desestabilización estatal.

Cuidado con Lobos y Tiguerones
Rivera, coautor del artículo científico Postinsurgencias y subculturas criminales en Ecuador (2024), pide prestar atención a dos organizaciones criminales en este contexto: Los Lobos y Los Tiguerones, que están en la búsqueda de aumentar la rentabilidad de todos sus mercados ilícitos a cualquier costo.

“Ambas grupos ejercen una doctrina y practican un ejercicio militar que incluye el combate directo con las Fuerzas del Estado”, señala.

¿Qué se puede esperar? Según el especialista, la realidad ecuatoriana es más cercana a la de México que a la de Colombia. Y advierte sobre la instauración criminal de toques de queda comunitarios, que pueden abarcar a ciudades enteras.

Un ‘Estado paralelo’: bandas ganan hasta USD 120.000 al mes por extorsiones en Guayaquil
De hecho, estos toques de queda criminales ya se han registrado en ciudades como Esmeraldas y, el año pasado, en cantones de la provincia de Los Ríos como Mocache, Buena Fe, Valencia o ciertas zonas  de Quevedo, según los reportes del Observatorio.

Y el riesgo es que se alcancen niveles de descontrol en territorios completos, como los que se han registrado en Sinaloa (México), en un cuarto nivel de la insurgencia criminal.

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Bajo el uniforme, el verdugo: el femicidio en Guayaquil que revive una herida nacional

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El hecho violento, registrado ayer en el Puente de la Unidad Nacional, no solo paralizó el intenso tráfico entre Samborondón Durán. También reactivó la alarma sobre la violencia perpetrada por uniformados. La víctima, una joven abogada de la Agencia de Tránsito de Durán, fue interceptada mientras conducía su vehículo.

Su agresor, un policía en servicio activo, protagonizó un desenlace que parece sacado de una película trágica. Tras fallar en su intento de suicidio en la escena del crimen, condujo su automóvil hasta la vivienda familiar, en Pascuales. Allí se quitó la vida después de realizar una llamada final. Ambos eran esposos y estaban a solo dos días de cumplir 13 años de matrimonio.

Detrás de este hecho no hay solo una familia destruida y un hijo que quedan en la orfandad, sino también una preocupante coincidencia con otros casos registrados en Ecuador en lo que va del siglo. La paradoja resulta brutal: los agresores son, en teoría, hombres formados para proteger la seguridad ciudadana. Fuente: Vistazo

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UTPL advierte: la discriminación salarial es más fuerte en zonas rurales y pequeñas ciudades

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Un estudio reciente realizado por investigadores de la UTPL junto a académicos de la Universidad de Oviedo responde a una pregunta clave: ¿existe una relación entre el tamaño de las ciudades y la discriminación salarial por origen étnico en Ecuador?

El estudio, publicado en The Annals of Regional Science, utiliza micro datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de 2023, con información de 80.178 trabajadores. Los resultados parten de una realidad desigual: mientras la población blanca percibe un salario promedio mensual de USD 731,39, los trabajadores indígenas reciben en promedio USD 383,21.

Para el análisis, el territorio ecuatoriano se clasificó en regiones funcionales según tamaño urbano y cercanía a grandes ciudades. Mediante modelos econométricos, los autores lograron distinguir qué parte de la brecha salarial se explica por características como educación, experiencia laboral, sector económico, tipo de contrato o género, y qué parte responde directa mente a discriminación étnica.

Los resultados confirman que las grandes aglomeraciones urbanas, como Quito y Guayaquil, actúan como espacios de integración donde la brecha salarial se reduce significativamente. En estos entornos cosmopolitas, la mayor interacción social parece disminuir los prejuicios, generando salarios más altos y relativamente más equitativos.

Por el contrario, la discriminación se intensifica en las áreas rurales periféricas y en las pequeñas ciudades alejadas de los grandes centros urbanos, identificadas como los entornos más desfavorables para la equidad salarial.

El estudio revela que la ubicación geográfica explica por sí sola el 33,2 % de la brecha salarial en el caso de los afroecuatorianos, y el 25,3 % en el de los indígenas. En otras palabras, entre una cuarta y una tercera parte de la desigualdad salarial que enfrentan estos grupos se reduciría si tuvieran una distribución territorial similar a la de la población mestiza.

Aunque la investigación demuestra que las grandes ciudades amortiguan la discriminación salarial por origen étnico, también evidencia que esta desigualdad sigue siendo una realidad extendida en el país. Los resultados sugieren que las políticas públicas de inclusión no deberían ser homogéneas, sino incorporar un enfoque territorial que atienda las barreras específicas de las zonas rurales y periféricas donde la discriminación resulta más intensa.

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Pese al toque de queda, 215 personas fueron asesinadas en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo en 16 días

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El presidente Daniel Noboa anunció el segundo toque de queda del año que regirá entre el 3 y el 18 de mayo de 2026. La medida, que restringe la libertad de circular entre las 23:00 y las 05:00, se aplicará en nueve provincias y cuatro cantones de Ecuador.

Esta disposición, anunciada por Noboa en la red social X el 20 de abril, se ejecutará apenas semanas después de que finalizara la restricción de movilización nocturna impuesta entre el 15 y el 30 de marzo de 2026 en cuatro provincias: Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas.

A partir de mayo, la medida de seguridad regirá en las provincias de Manabí, Santa Elena, Pichincha (incluido Quito), Esmeraldas, Sucumbíos, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo. Así como en los cantones Las Naves y Echeandía (Bolívar); La Maná (Cotopaxi), y La Troncal (Cañar).

¿Qué pasó en el primer toque de queda?
Al revisar las estadísticas de violencia criminal en las cuatro provincias intervenidas durante el primer toque de queda, se evidencia una reducción general en las cifras de muertes violentas frente a los 16 días previos.

Entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, antes del primer toque de queda, los datos oficiales contabilizaron 272 muertes violentas a nivel general en Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo.

En contraste, durante la vigencia de la medida excepcional entre el 15 y el 30 de marzo, la cifra global en estos territorios cayó a 215 víctimas mortales. La reducción fue del 20,96%.

Guayas, por ejemplo, pasó de 180 homicidios a 139, mientras que El Oro redujo sus asesinatos de 56 a 30 en ese mismo lapso de análisis general.

Crímenes en la madrugada
El impacto de la militarización y el cerco policial se sintió con mayor contundencia durante las horas exactas de restricción de movilidad, es decir, en la franja comprendida entre las 23:00 y las 05:00, durante el primer toque de queda del año.

Al comparar el periodo inmediato anterior, que abarca del 27 de febrero al 14 de marzo, los registros documentan un total de 66 muertes violentas durante la madrugada en las cuatro provincias.

Durante el toque de queda, del 15 al 30 de marzo, los asesinatos en ese horario cayeron de forma abrupta a 15 casos, lo que representa una reducción del 77,27% en El Oro, Los Ríos, Santo Domingo y Guayas. En esta última provincia, los crímenes de madrugada se desplomaron de 48 a siete, a la par que en El Oro disminuyeron de 15 a cuatro.

La tendencia estadística a la baja, sin embargo, tuvo una excepción. En Los Ríos hubo cuatro muertes violentas durante el horario del toque de queda. Antes de las restricciones, entre el 27 de febrero y el 14 de marzo, esta localidad registró tres asesinatos entre las 23:00 y las 05:00.

El peor inicio de año después de 2025
A pesar de estas reducciones parciales derivadas de los operativos de excepción, el contexto histórico revela una realidad para Ecuador: en el primer trimestre de 2026 hubo 2.086 muertes violentas.

Si se examinan los datos históricos de homicidios acumulados de enero a marzo desde 2014, la crisis de violencia continúa en el país.

En el primer trimestre de 2025 Ecuador alcanzó los 2.400 crímenes. En igual período de este año se registró una reducción del 13%; sin embargo, es el segundo peor inicio de año de la historia. Fuente: Primicias

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