El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este 21 de agosto de 2025 la destitución de un juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, tras comprobar que emitió un fallo irregular en beneficio del exasambleísta Pablo Muentes, condenado a 13 años y 4 meses de prisión por delincuencia organizada en el caso Purga.

De acuerdo con la investigación, antes de dictar la resolución que extinguía una deuda financiera de Muentes, el magistrado mantuvo llamadas y mensajes de texto con el exlegislador para coordinar el dictamen.

“El servidor sancionado favoreció a integrantes de una organización delictiva y puso en duda la imparcialidad con la que debía actuar”, sostuvo el CJ.

Además, el juez no reportó a la Judicatura los intentos de terceros por ofrecerle dinero y favores a cambio de decisiones judiciales.

Actualmente, el magistrado se encuentra prófugo de la justicia, aunque pesa sobre él un llamado a juicio por su actuación en este caso.

El proceso se enmarca dentro de la investigación del caso Purga, que reveló una red de corrupción judicial en Guayas y que llevó a la condena del exlegislador socialcristiano Pablo Muentes.

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tratará de manera inmediata la denuncia interpuesta por Mishel Mancheno, primera vicepresidenta del organismo, contra la parlamentaria correísta Nuria Butiñá, por supuesto cobro de «diezmos».

Según la denuncia, la legisladora por Guayas habría cobrado aportes a uno de sus exasesores, además de entablar presuntas amenazas y hostigamientos en su contra. El hecho fue conocido a través de un correo electrónico dirigido a la vicepresidenta Mancheno, el 19 de agosto, por la persona afectada.

En el escrito, el exasesor detalla que entre el 16 de mayo y el 14 de agosto de 2025 ejerció su cargo como asesor 1 de Butiñá. La asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC5) presuntamente le habría exigido entregar una parte de su salario, alterar actas juramentadas y tener una actitud de hostigamiento, según detalló Mancheno.

Olsen mencionó que el expediente del caso, por presunta concusión, será remitido en las próximas horas a la Unidad Técnica Legislativa, para que ponga en conocimiento en el CAL y se califique la denuncia, previo a su tratamiento en el Comité de Ética del Legislativo.

«Acá no hay lugar para los ‘vivos’ que se aprovechan de su cargo y de sus trabajadores. La Asamblea tiene que ser decente, o no sirve. Y el que falle, responderá por sus actos. Así de simple. He recibido la denuncia. Será tratada en el CAL y remitida inmediatamente al Comité de Ética para la valoración de pruebas«, mencionó la máxima autoridad del Legislativo, en un comunicado de prensa.

El diálogo académico y la formación ciudadana encuentran un espacio en “Tertulia Jurídica”, programa desarrollado por los abogados Franco Tamay Vega y Jamil Ávila, transmitido cada miércoles a través de Diario El Amazónico y medios radiales asociados. La iniciativa busca acercar el conocimiento jurídico a la sociedad mediante un lenguaje claro y accesible, con la participación de destacados juristas nacionales y autoridades del sistema de justicia.

Trayectoria y visión de los protagonistas
Franco Tamay, joven abogado de 24 años, oriundo de Loja y con raíces de Zamora Chinchipe, ecuatoriano, se desempeña en el libre ejercicio de la profesión. Actualmente cursa su tercera maestría en Quito, orientada al derecho penal y los derechos humanos, con el objetivo de contribuir a la formación de profesionales probos en Zamora Chinchipe. Su trayectoria académica refleja el compromiso de una nueva generación de juristas que aspira a ejercer la profesión con ética y responsabilidad social.

Por su parte, Jamil Ávila, originario de la parroquia La Paz del cantón Yacuambi, también egresado de la Universidad Nacional de Loja, comparte esa visión de un ejercicio profesional sustentado en valores y principios. Con 30 años de edad, Ávila combina su labor jurídica con el propósito de generar espacios de orientación ciudadana, convencido de que el derecho debe estar al servicio de la sociedad.

Un espacio de formación ciudadana
“Tertulia Jurídica” no se limita a los profesionales del derecho, sino que está dirigido a la comunidad en general. El programa cuenta con una agenda confirmada hasta diciembre, en la que participarán juristas de renombre, ex jueces de la Corte Nacional de Justicia, miembros de la Corte Constitucional y especialistas en diversas ramas jurídicas. El objetivo es explicar la interpretación y aplicación de las leyes en la vida cotidiana, fomentando la confianza ciudadana en la justicia.

Además, los abogados coinciden con uno de los objetivos que tiene este medio de comunicación y subrayan que la iniciativa no tiene fines de lucro, sino un carácter social y educativo. La propuesta responde a la necesidad de transparentar la práctica del derecho, combatir la desconfianza hacia la profesión y orientar a la ciudadanía sobre sus derechos, procesos legales y servicios gratuitos como los que presta la Defensoría Pública.

Ética y responsabilidad en la práctica profesional
Durante sus intervenciones, tanto Tamay como Ávila coincidieron en que ejercer la abogacía en el contexto actual es un reto complejo debido a la desconfianza generada por casos de corrupción en la administración de justicia. Frente a ello, ambos recalcan la importancia de preservar los valores, la probidad y la preparación constante, para consolidar un ejercicio profesional digno y confiable.

Invitación a la ciudadanía
El programa “Tertulia Jurídica” se transmite cada miércoles de 19h00 a 20h00 a través de Diario El Amazónico y por radios locales en distintas frecuencias. S invitan a la ciudadanía a participar activamente, acceder a información clara y comprender de manera sencilla los alcances del derecho en la vida cotidiana.