Nacionales
José Serrano señala a exministra María Paula Romo como responsable en renegociación de bonos con recursos del Isspol
La exministra de Gobierno María Paula Romo tendría responsabilidad directa en el desfalco al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), porque en julio 2020 autorizó la renegociación de bonos cuando el Ecuador cayó en default (suspensión de pagos de deuda externa) y había necesidad de recursos, lo cual generó un perjuicio grave a los fondos de la entidad y podría configurarse un peculado.
Lo afirmó el exministro de Gobierno y exlegislador José Serrano, quien pidió ser recibido en la Comisión de Fiscalización dentro del proceso de juicio político en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, por incumplimiento de funciones en el control de las operaciones de inversión de los recursos del Isspol, provocando una afectación que superaría los $ 900 millones.
Serrano dijo que fueron “medias verdades” las señaladas por la exministra Romo, cuando compareció la semana pasada a la mesa de Fiscalización. Según él, a más de ese desfalco que está siendo investigado no solo en el Ecuador, sino también en Estados Unidos, se ha cometido un segundo delito que se ha pretendido ocultar, y es el peculado cuando se autorizó la recompra de bonos 2030, 2035, 2040 y se los canjeó con los 2024, 2026, 2028 y 2029, dijo.
Aclaró que no es verdad lo que señaló Romo respecto a que el Isspol es solamente administrado por policías y que su directorio exclusivamente representa al servicio pasivo y servicio activo de los policías; la verdad es que el Consejo Directivo del Isspol, desde el 21 de octubre de 2016, lo preside el o la ministra de Gobierno.
Serrano entregó a la mesa de fiscalización un documento que tiene fecha 14 de agosto de 2020, que según el exfuncionario fue ocultado deliberadamente para esconder las verdaderas responsabilidades de quienes realizaron las operaciones de inversión desde el año 2014, siendo las de mayor cuantía las inversiones que se efectuaron entre septiembre de 2018 y enero 2020, por cerca de $ 155 millones. Que en ese documento está el “pacto de compra de bonos”, afirmó.
Manifestó que en ese documento se incluyen además las operaciones, los montos de inversión y los nombres de los responsables que aprobaron operaciones por cerca de $ 83 millones, sin contratos.
El exministro Serrano también entregó a la mesa el acta de la sesión del Consejo Directivo del Isspol del 27 de julio de 2020. Esta es la prueba fundamental para determinar el delito oculto, pues aquí se pretende que únicamente se investigue el delito contra Decevale y Jorge Chérrez, y otras personas, para que con ese desfalco al Isspol se oculte el otro perjuicio.
El documento está suscrito por la exministra Romo en calidad de presidenta del Consejo Directivo del Isspol, el comandante general de la Policía, el director de Personal de la Policía, el subsecretario de Policía, el director nacional de Bienestar Social, el representante por los oficiales en servicio pasivo, el representante de clases y policías, y el secretario del Consejo Directivo.
Afirmó que en la presidencia del Consejo Directivo del Isspol, que en ese entonces ocupaba Romo, se aprobó la renegociación de los bonos 2024, 2026, 2028, 2029 y se los canjeó con los bonos 2030, 2035 y 2040, ocasionando cuatro perjuicios graves adicionales a la Policía Nacional. Primero, una disminución aproximada del 48 % del valor nominal de los papeles que tenían los bonos 2024, 2026, 2028 y 2029.
Luego, una disminución de la tasa del cupón del 9 % al 5 %; además, se autorizaron dos años de gracia para comenzar a pagar el capital y los intereses, donde se determina que el capital solo puede ser amortizado a partir del año 2034.
Dijo que la responsabilidad sobre la renegociación de los bonos recae en la exministra Romo, porque justamente a partir de un requerimiento del Estado pues Ecuador cayó en default (suspensión de pagos), de deuda externa, había una necesidad de recursos y “esos recursos fueron arrebatados de la seguridad social de la Policía Nacional. Entonces, quien presentó esa propuesta de renegociación fue la exministra María Paula Romo”, insistió.
Pidió que se investiguen los 25 días que él permaneció al frente del Consejo Directivo del Isspol, pero que también se investigue la responsabilidad de los directores que no han hecho absolutamente nada con el canje de bonos fraudulento que lleva a un peculado y que ocasiona doble perjuicio a la Policía Nacional.
Sin embargo, las negociaciones con Jorge Cherrez y la Isspol comenzaron en el 2014, y desde entonces esa institución de seguridad social le entregó $600 millones.
Ante la comisión dijo que actualmente vive en Estados Unidos y realiza trabajos de asesoría sobre seguridad ciudadana a países de Centroamérica, pero aclaró que no tiene ningún convenio de colaboración eficaz con los Estados Unidos sobre el caso Isspol.
Fernando Villavicencio (Concertación), presidente de la Comisión de Fiscalización, afirmó que la información entregada por Serrano hasta ahora no se conocía así como el acta del Isspol, documentos ocultos, donde se determinan las inversiones realizadas con los recursos del seguro social de la Policía.
Cheque
Durante la comparecencia del exministro Serrano, el legislador Fernando Villavicencio le preguntó cuál es su relación con Jorge Chérrez, exgerente de operaciones de Decevale, y también le mostró un cheque emitido por Chérrez, por $ 230.000, a María Paula Christiansen, en enero de 2018.
El exlegislador dijo que su relación con Chérrez fue casual a propósito del terremoto de Pedernales en Manabí en el año 2016, nunca antes había escuchado de él. Que Chérrez entregó vituallas y alimentos a los damnificados.
Que jamás habló sobre operaciones que realizaba Chérrez con los recursos del Isspol, que recién se enteró de que tenía una relación como intermediario financiero e inversionista del pauña, cuando era presidente de la Asamblea Nacional. Respecto al cheque dijo que conocía de su existencia, pero no profundizó en más información.
Manifestó que cuando lo necesiten regresará al país, pues al momento vive en Estados Unidos y trabaja en consultorías en Centroamérica, sobre seguridad ciudadana.
Dijo que trata de recuperar la tranquilidad para su familia después de estar permanentemente amenazado por policías corruptos y bandas criminales que pretendieron destruir al país y que en este momento están mandando desde las cárceles por falta de control a esos delincuentes.
Fernando Villavicencio al término de la comparecencia manifestó que María Cristiansen fue una alta funcionaria del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano y aseguró que hay una relación mucho más profunda, pues ambos viven en Estados Unidos, donde también permanece Chérrez. (I) Fuente: El Universo
Nacionales
Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029 se convierte en política pública tras decreto de Daniel Noboa
A través del Decreto Ejecutivo 448, el presidente Daniel Noboa declaró como política pública de aplicación a nivel nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, que fue aprobado el 9 de marzo de 2026. La declaratoria ocurre en el contexto de un conflicto armado interno, también decretado por Noboa.
En el decreto presidencial, firmado el 14 de julio de 2026, el Gobierno incluye un extenso documento que detalla en qué consiste el nuevo Plan de Seguridad Integral.
Su aplicación e implementación estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Según el decreto, en el contexto del conflicto armado interno vigente, «se busca la transición desde un elevado nivel de conflictividad hacia uno de normalidad, que permita el desarrollo de actividades sociales y productivas en un entorno estable».
Y para elllo, la cooperación internacional «se concibe como un mecanismo estratégico, orientado al fortalecimiento de las ‘capacidades nacionales’ mediante alianzas bilaterales y multilaterales en materia de seguridad, defensa y combate al crimen organizado transnacional».
En esa línea, Ecuador ya ha anunciado cooperación en materia de seguridad, principalmente con Estados Unidos, que ha cooperado con el país incluso con bombardeos en supuestos campamentos ligados a grupos rebeldes y ligados al narcotráfico.
En 2025, Ecuador vivió el año más violento de su historia, según los registros de muertes violentas del Ministerio del Interior, con 9.216 homicidios intencionales.
En medio de los sucesivos estados de excepción y el anuncio de otros planes de seguridad como el llamado Plan Fénix, el crimen no cede en el país. Y ciudades como Guayaquil, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.

¿Qué dice el Plan Nacional de Seguridad?
En el documento, el presidente Daniel Noboa asegura que este Plan «consolida y reafirma nuestra concepción de seguridad, bajo un marco de integralidad». Y establece que su marco doctrinario se fundamenta en los Intereses Nacionales. Estos intereses son:
- Soberanía Nacional e Integridad Territorial
- Seguridad y Cultura de Paz
- Democracia y el Estado de Derecho
- Vida Digna
- Patrimonio Natural y Cultural
- Prosperidad en Equidad

Objetivos del Plan Nacional de Seguridad
Además, el Plan Nacional de Seguridad Integral establece siete objetivos:
Imponer el control efectivo del territorio nacional y sus recursos
Anticipar y neutralizar amenazas mediante el empleo preventivo, oportuno y coordinado del poder del Estado
Reconstruir el sistema penitenciario como componente crítico de la seguridad
Enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado
Generar condiciones seguras que permitan la acción del Estado en la provisión y acceso a servicios esenciales y trabajo pleno
Incrementar el control del Patrimonio Natural y el cumplimiento de los compromisos internacionales
Canalizar equitativamente el financiamiento en desarrollo, seguridad y defensa
«El diagnóstico de seguridad evidencia que el Estado ecuatoriano está amenazado por estructuras de crimen organizado transnacional y nacional», dice una parte del documento.
Estas son las amenazas identifican en el Plan Nacional de Seguridad 2025-2029
Crimen organizado
Extremismo violento
Intrusión extranjera
Minería ilegal
Narcotráfico
Terrorismo
Subversión
Corrupción
Ciberataques. Fuente: Primicias
Nacionales
Docentes asesinados y mil denuncias de extorsión: violencia en Ecuador provoca alarma internacional
La escalada de violencia contra el magisterio ecuatoriano generó un pronunciamiento internacional. El Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) expresó su solidaridad con los docentes y con la Unión Nacional de Educadores (UNE), al advertir sobre casos de asesinatos, extorsiones, amenazas y otros hechos violentos.
Mil denuncias de extorsión contra docentes en Guayas
Gabriela Menéndez, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, denunció que solo en esa provincia se han registrado alrededor de 1.000 denuncias de extorsión contra maestros entre 2025 y 2026.
Frente a este escenario, el gremio exige al Gobierno la declaratoria de emergencia en el sistema educativo y la implementación de un plan de seguridad para proteger a toda la comunidad educativa.
Dos maestras asesinadas en menos de dos semanas
El pronunciamiento de la IEAL, organización que agrupa a 375 sindicatos de profesores a nivel internacional, condena el asesinato de la docente Diana Isabel Carchi Mendia, ocurrido el 9 de julio dentro de su vivienda en la parroquia Barbones, cantón El Guabo, provincia de El Oro.
Ese crimen se produjo menos de dos semanas después del asesinato de la profesora Adriana Sáenz, quien fue atacada la mañana del 1 de julio de 2026 en los exteriores de su vivienda, ubicada en el norte de Quito.
De acuerdo con la Unión Nacional de Educadores, con estos dos casos suman al menos 10 docentes asesinados en Ecuador entre 2025 y 2026.
En un comunicado dirigido a la UNE, la Internacional de la Educación para América Latina manifestó que resulta inadmisible que quienes tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación deban ejercer su profesión bajo amenazas, miedo e intimidación.
La organización sostuvo que las denuncias de extorsiones, persecuciones y otras formas de violencia evidencian una crisis que obliga a muchos docentes a abandonar sus hogares o alterar su vida cotidiana para protegerse.
Ante esta situación, el Comité Regional de la IEAL respaldó las demandas de la UNE y solicitó:
La captura y sanción de los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de Diana Carchi y Adriana Sáenz.
La implementación urgente de un plan de seguridad con presupuesto para proteger a la comunidad educativa.
Que el Gobierno y el Ministerio de Educación dejen de guardar silencio y asuman su responsabilidad frente al incremento de la violencia que golpea al magisterio.
»Los asesinatos, la persecución y cualquier forma de violencia contra docentes son una amenaza al derecho a la educación pública. La escuela debe ser un espacio seguro para enseñar y aprender, libre de cualquier forma de violencia», concluyo la organización. Fuente: Vistazo
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Una de cada cuatro termoeléctricas de Ecuador supera los 30 años de vida útil, lo que eleva el riesgo de fallas, según el Plan Maestro de Electricidad
Ecuador entrará en tres meses a la época de estiaje, cuando disminuye la generación de las hidroeléctricas y aumenta la dependencia de las plantas térmicas, que generan electricidad .con diésel y fuel oil. Sin embargo, 13 de las 53 unidades termoeléctricas del país, o una de cada cuatro, tienen entre 30 y 56 años de funcionamiento, una condición que eleva el riesgo de fallas.
Un total de 541 megavatios (MW) de potencia efectiva corresponde a unidades termoeléctricas que tienen entre 30 y 56 años de funcionamiento, según el Plan Maestro de Electricidad 2023–2032.
En total, el parque termoeléctrico del país cuenta con 1.796,81 MW de potencia efectiva. Esto significa que las unidades con más de tres décadas de servicio representan el 30% de esa capacidad.
El Plan Maestro advierte que la antigüedad de estas plantas aumenta el riesgo de fallas, reduce su confiabilidad y puede afectar la disponibilidad de energía durante la época de estiaje, cuando aumenta la dependencia de las centrales térmicas. La época de estiaje se prevé que comience en octubre de 2026.
Las plantas más antiguas
El Plan Maestro identifica 13 unidades termoeléctricas con más de 30 años de operación. Las de mayor antigüedad son las dos centrales Aníbal Santos, de gas y vapor, operadas por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) Guayaquil. Entraron en funcionamiento en 1970 y ya superan los 50 años de servicio. Juntas aportan 117 MW de potencia efectiva.
Antigüedad del parque termoeléctrico del Ecuador
Parque termoeléctrico con más de 30 años de antigüedad del Sistema Nacional Interconectado (S.N.I.)
| CNEL-Guayaquil | Aníbal Santos (Gas) | 1970 | 52 | 97 |
|---|---|---|---|---|
| CNEL-Guayaquil | Aníbal Santos (Vapor) | 1970 | 52 | 20 |
| CELEC-Electroguayas | Gonzalo Zevallos (Gas) | 1976 | 46 | 20 |
| CELEC-Termopichincha | Guangopolo | 1977 | 45 | 21,8 |
| CELEC-Termomanabí | Pedernales | 1977 | 45 | 3,9 |
| CELEC-Termomanabí | Miraflores | 1978 | 44 | 39,4 |
| CELEC-Electroguayas | Gonzalo Zevallos (Vapor) | 1978 | 44 | 140 |
| CELEC-Termoesmeraldas | La Propicia | 1980 | 42 | 8,5 |
| CELEC-Termopichincha | Santa Rosa | 1981 | 41 | 51 |
| CELEC-Termoesmeraldas | Esmeraldas I | 1982 | 40 | 125 |
| CELEC-Termopichincha | Celso Castellanos | 1989 | 33 | 7,2 |
| CELEC-Termopichincha | Jivino I | 1990 | 32 | 5,4 |
| CELEC-Termopichincha | Payamino | 1992 | 30 | 1,8 |
| TOTAL | 541 |
En la lista también constan Gonzalo Zevallos en Guayas, con unidades de 46 y 44 años; Guangopolo (Pichincha) y Pedernales (Manabí), con 45 años; entre otras. (Ver gráfico)
El envejecimiento del parque térmico representa un desafío
El Plan Maestro concluye que el envejecimiento de estas unidades representa un desafío para la operación del sistema. A la antigüedad de los equipos se suman factores como el mantenimiento, las fallas y la disponibilidad de combustible, que pueden limitar la generación disponible cuando aumenta la demanda de energía.
Aunque, de forma referencial, la vida útil de una central termoeléctrica se estima en unos 30 años, eso no significa que deba salir de operación al cumplir ese plazo, explicó Ricardo Buitrón, experto en el sector eléctrico. Añadió que los avances tecnológicos y, sobre todo, un mantenimiento adecuado permiten que estas plantas sigan operando durante varias décadas más.
Buitrón señaló que la antigüedad, por sí sola, no determina si una central puede seguir funcionando. Sin embargo, mientras más años tiene una planta, más importante es realizar un mantenimiento oportuno para mantener su confiabilidad y disponibilidad.
Sistema eléctrico cubre la demanda, según el Gobierno
El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, aseguró este 13 de julio de 2026 que el sistema eléctrico tiene capacidad suficiente para abastecer la demanda nacional. Explicó que el sistema dispone de 6.000 MW, mientras que la demanda se mantiene por debajo de los 5.500 MW, por lo que descartó riesgos de desabastecimiento este momento.
Blum señaló que el Gobierno se prepara para un eventual fenómeno de El Niño en la Costa y para la época seca en la cuenca oriental mediante el manejo de los embalses. Indicó que Daule-Peripa mantiene un nivel que permite recibir las lluvias previstas sin comprometer las reservas para la generación eléctrica.
Agregó que los embalses de la cuenca oriental también se administran para enfrentar la temporada seca y que, actualmente, permanecen llenos. Por ejemplo, el embalse Mazar, el mayor reservorio para generación eléctrica del país, este 13 de julio se ubicó en 2.152,55 metros sobre el nivel del mar, apenas 45 centímetros por debajo de su cota máxima de 2.153 metros. Este embalse tiene capacidad para almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua.
El Ministro añadió que el sistema eléctrico está en mejores condiciones que hace un año por la incorporación de proyectos de generación de pequeña y mediana escala.
Consultado sobre la posibilidad de nuevos cortes de luz, respondió que «en las condiciones actuales esa posibilidad no existe».
Este estiaje plantea desafíos para Ecuador, no solo por el Fenómeno de El Niño, sino porque aún no están asegurados los contratos de las tres barcazas turcas, que fueron claves para enfrentar el estiaje del año pasado. Además, la central Termoesmeraldas I estará fuera de servicio hasta 2027.
De hecho, solo una tiene ya nuevo contrato, otra está en proceso de contratación y la tercera ya dejó de entregar de electricidad a Ecuador desde junio de 2026.
Ecuador busca reactivar compra de Colombia
Además, Blum señaló que Ecuador retomó los acercamientos con Colombia para recuperar la posibilidad de importar hasta 450 MW de electricidad «en caso de ser necesario». Explicó que espera la posesión del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y la designación de las nuevas autoridades del sector energético para iniciar conversaciones formales sobre una eventual compra.
La venta de energía desde Colombia se suspendió en enero de 2026, en medio de la tensión comercial entre ambos países.
La medida se produjo después de que el presidente Daniel Noboa impusiera una tasa a las importaciones de productos colombianos, decisión que fue respondida por el presidente saliente Gustavo Petro con medidas similares y la suspensión de las exportaciones de electricidad hacia Ecuador. Fuente: Vistazo
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