Las últimas denuncias electorales contra el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad han puesto la mira en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y sus jueces. Los magistrados tienen la capacidad de imponer una cuantiosa multa económica e incluso destituir a una autoridad, conforme lo establece el Código de la Democracia. Todo depende de su análisis y su decisión puede ser ratificada o modificada por el Pleno en una apelación.

El TCE tiene la misión de ejercer la justicia electoral y está conformado por cinco jueces principales y cinco suplentes.

El Cpccs transitorio hizo el concurso para elegir a los tres jueces faltantes y los suplentes. Ganaron como principales: Ángel Torres, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz. Del lado de los suplentes ganaron: Guillermo Ortega, Ivonne Coloma, Juan Maldonado, Richard González y Roosevelt Cedeño. Ellos fueron posesionados para un periodo de seis años el 20 de mayo de 2019 por la Asamblea dirigida entonces por César Litardo.

El 9 de noviembre de 2022, el Pleno se reconfiguró con dos principalizaciones, después de que Arturo Cabrera y Patricia Guaicha terminaran su periodo. Esto dio paso a que sus puestos sean ocupados por Guillermo Ortega e Ivonne Coloma, respectivamente.

Ahora el TCE está integrado así:

En el despacho del juez Joaquín Viteri cayó la causa de denuncia por supuesta infracción electoral en contra del presidente Daniel Noboa. El denunciante, Marlon Pasquel, no completó la denuncia a tiempo y esta fue archivada. Esta decisión ha sido impugnada y el Pleno deberá resolver el recurso: si se mantiene en archivo o si pasa a que se conozca en primera instancia.

El Pleno que dirimirá sobre el mismo está conformado por:

Entre las sentencias más conocidas de Viteri, está la de la sanción contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Le ordenó ofrecer disculpas públicas y la imposición de una multa económica.

En abril de 2022 destituyó al alcalde de Paltas (Loja), Jorge Luis Feijoó, por violencia política de género en contra de la concejala Yénnifer López.

El 7 de octubre de 2022 rechazó el pedido para el inicio de proceso de revocatoria de mandato del entonces presidente Guillermo Lasso. Se buscaba la entrega de formularios para la recolección de firmas.

En mayo de 2023 declaró el estado de inocencia de Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, quien fue acusado de no asistir a un debate de manera injustificada. Con eso se mantuvo en el cargo.

Es quien decidirá en la denuncia de Juan Esteban Guarderas contra Verónica Abad. El 7 de junio de 2024, el consejero del Cpccs fue acusado de falsificar una firma de su abogado patrocinador para completar la denuncia en este caso. Guarderas dijo que el correísmo busca entorpecer el proceso.

En agosto de 2020 dejó sin efecto una resolución del CNE en la que se suspendía a cuatro movimientos políticos, entre ellos, Fuerza Compromiso Social del expresidente Rafael Correa.

En septiembre de 2022 destituyó a Oswaldo Román, alcalde del cantón Celica (Loja), por violencia política de género.

El 12 de marzo de 2024 sancionó al excontralor Pablo Celi por interferir en la función electoral.

Fue quien canceló, en abril de 2024, al Movimiento Construye del registro de organizaciones políticas. La organización lo acusó de tener afinidad con el presidente Daniel Noboa y que su fallo se dio a cambio de favores. Aseguraron que su yerno fue nombrado director político de ADN en Loja. Ángel Torres dijo que fue una coincidencia y demostrará que su fallo fue actuado en derecho.

Construye lo denunció por presunto prevaricato e impulsó un juicio político en su contra. Él respondió con una denuncia por presunto fraude procesal.

A la final, el Pleno del TCE, en apelación, dio de baja su sentencia contra Construye.

El 6 de enero de 2021, en sentencia de primera instancia, destituyó a cuatro consejeros del CNE por infracción electoral grave: Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verdesoto. No obstante, el 7 de mayo de 2022, el Pleno del TCE dejó sin efecto la destitución.

El 3 de marzo de 2021, estalló que mantuvo una reunión en un edificio de Quito con el candidato presidencial Yaku Pérez, justo en un momento en el que competía por entrar a segunda vuelta con Guillermo Lasso. Torres dijo que no había nada que esconder, que no conocía al candidato y que el encuentro fue casual.

Explicó que fue al edificio para encontrarse con Darwin Seraquive, exsecretario general del Consejo de Participación Transitorio. Y que Pérez también tenía reunión con él y llegó antes. Pérez había pedido el reconteo de votos y Torres, debido a este «encuentro casual», se excusó de conocer la causa. Se presentó una acción de queja en su contra, pero no fue sancionado.

En octubre de 2021, sancionó, en primera instancia, a Jorge Yunda, por la denuncia de Santiago Guarderas.

En junio de 2023, fue quien dio paso a los principios de paridad en los binomios presidenciales para las elecciones anticipadas de agosto 2023.

Fue quien desechó la denuncia de primera instancia, presentada por Juan Esteban Guarderas, en contra de Alembert Vera y Marcela Aguiñaga de haber cometido una infracción electoral muy grave al haber recibido el respaldo del correísmo en redes sociales para llegar al CPCCS. En segunda instancia, el Pleno del TCE dio paso a la multa y pérdida de derechos políticos de Vera y se ratificó la inocencia de Aguiñaga.

Participó en el reciente concurso para Defensor Público y fue descalificado por ser juez electoral.

Su pareja, la abogada Alba Guevara, fue nombrada por el presidente Noboa como directora de la Unidad de Gestión y Regularización, pero ella dijo desconocer sobre este nombramiento y pidió la aclaración la misma a Presidencia. Luego, se nombró a Carlos Andrés Montalvo

Sustanció la apelación del Movimiento Construye que lo eliminaba del registro de organizaciones políticas. Intentó excusarse del procedimiento, pero no se dio paso al mismo. Su proyecto de resolución tuvo tres votos en contra: de Ivonne Coloma, Fernando Muñoz y Joaquín Viteri. Y dos a favor: uno de él mismo y otro de Roosevelt Cedeño.

Después de quedar como juez suplente del TCE presentó una acción de protección en abril de 2019 para que haya paridad de género en el organismo, ya que solo estaba integrado por una sola mujer: Patricia Guaicha. El Consejo de Participación Transitorio dijo que aplicó la paridad de género «en medida de lo posible», debido a que al concurso se presentaron tres mujeres y 11 hombres.

La justicia negó su petición.

Llegó a principalizarse en noviembre de 2022 después de que saliera Patricia Guaicha, quien cumplió seis años en el cargo. Por paridad de género, asumió la vicepresidencia del TCE.

Es parte de Acción Jurídica Popular e impulsó una denuncia en mayo de 2023, junto con Angélica Porras y Priscila Schettini, contra la fiscal Diana Salazar en el Consejo de Participación Ciudadana por un supuesto plagio en la tesis de grado.

También defendió a Freddy Carrión en el proceso por abuso sexual que terminó en su condena.

El 14 de agosto de 2023, el Pleno del TCE lo sancionó con una multa de USD 13 500 tras una denuncia de Juan Esteban Guarderas, desde la Fundación Lucha Anticorrupción, que se enmarca en el caso de Jorge Yunda.

Juan Esteban Guarderas denunció que el TCE en segunda instancia sancionó a Yunda con la suspensión de los derechos de participación. Yunda pidió la aclaración, pero esto se demoró un año cuando no debía pasar de los dos días. El juez Richard González dijo que no iba a resolver los recursos de aclaración y ampliación hasta que el caso se investigue en la justicia ordinaria, porque denunció que la sentencia contra Yunda fue escrita por un exabogado de Santiago Guarderas. Esa demora permitió que Yunda participe en las elecciones seccionales de 2023.

Cuando Diana Salazar denunció, en octubre de 2023, en el TCE ser víctima de violencia política de género, la causa cayó en su despacho y por este motivo tuvo que excusarse. Fuente: Ecuavisa