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Mauricio Torres: «Tuve que enfrentar hasta vacunadores en la Contraloría»

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Mauricio Torres está a pocos días de cumplir seis meses al frente de la Contraloría General del Estado. Dice que en este tiempo, se ha dedicado a «poner en orden la casa», después de que esa institución estuviera encargada a contralores subrogantes por más de seis años.

Torres es el primer contralor seleccionado tras un concurso de méritos y oposición después este periodo. En entrevista con PRIMICIAS, narró lo difícil que ha sido llegar a una institución que estuvo manejada durante 14 años por Carlos Pólit y Pablo Celi, ambos sentenciados por corrupción.

Por ello, Torres habla de una «refundación» de la Contraloría. Espera que ahora la institución pueda abandonar esa imagen relacionada con la corrupción. Dice que llevan investigaciones y auditorías internas, que han encontrado todo tipo de irregularidades, hasta funcionarios que solicitaban pagos por eliminar información de los exámenes especiales.

Hemos visto este acto simbólico de tapar los cuadros de Carlos Pólit y de Pablo Celi, los dos excontralores sentenciados, y el cambio de la imagen institucional de la Contraloría. ¿Busca usted reinaugurar la institución?

Estamos refundando la Contraloría. Es el momento de ir por un nuevo camino, un nuevo rumbo. Hemos empezado con lo del logo institucional.

En lo que tiene que ver con el ocultamiento de los de las fotografías en el salón de contralores. Allí hay fotografías de todos los contralores, pero hay dos que no nos gustaban porque han estado inmersos en actos de construcción: Carlos Pólit y Pablo Celi, el uno juzgado en otro país y en otro que guarda arresto domiciliario en nuestro país.

Lo que ha hecho la Asociación de Empleados es, a través de su presidente, pedirnos que por favor, tapemos esas fotografías porque son una vergüenza para la institución.

Yo, consciente de la lucha contra la corrupción, y sobre todo, por ser un pedido de nuestros servidores, que pasaron en estos tiempos de administración, he aceptado. Hemos ya procedido con el ocultamiento de las fotografías, como muestra también de una una imagen de lucha contra la corrupción que tenemos.

Pero este cambio de imagen no es suficiente. Tenemos una Contraloría que estuvo 10 años bajo el control de Pólit y luego casi cuatro años con Pablo Celi. ¿Cómo mejorar lo que ellos dejaron?

Son 15 años de administraciones anteriores y seis años sin que la Contraloría haya tenido un controlador titular. Esto no han permitido desarrollar a la Contraloría como debe ser: un organismo técnico de control. La convertieron un ente de persecución.

Hay muchos servidores que trabajaron con los contralores que mencionábamos. Pero un controlador sólo no puede hacer las cosas, necesita de personal, y yo estoy consciente de eso. Por ello, he pedido a la Dirección de Patrocinio que me proporcione los nombres de los servidores que están con juicios o que están en investigaciones.

Ya tenemos los nombres, hemos tratado de separarlos de la institución. Los hemos alejado de los procesos más sensibles, hasta esperar que las investigaciones finalicen y determinar si en verdad tuvieron algo que ver con los contralores anteriores.

No es fácil. Tenemos que hacer una limpieza a a casa adentro y empezamos desde que llegamos.

¿Qué problemas encontró con el personal, qué decisiones tomó?

Hemos tenido que sacar a todos los directores nacionales. No quedó ningún director. Hemos renovado todos los directores y hemos remplazado con personal de la misma Contraloría, con servidores de mandos medios que toda su vida trabajaron aquí y a los que nunca les dieron la oportunidad.

Ellos son ahora los nuevos directores. Y hay otros que han venido de fuera, de la academia, de la universidad, compañeros míos de la Universidad Central.

Yo, como soy un servidor de carrera, conocía cómo estaba la situación y sabía en lo que me metía. No pensé que era tanto, eso sí. Pero poco a poco, vamos descubriendo muchas cosas. Desde informes caducados hasta informes guardados y así muchas cosas que he visto aquí.

Tuve que enfrentar hasta vacunadores aquí en la propia Contraloría. Vinieron a denunciar y tuvimos que poner orden ahí, porque pedían dinero a cambio de cambiar los informes.

También detectamos estudios jurídicos que trabajan con personal adentro de la Contraloría. Todo eso hemos desbaratado. Y seguimos investigando. Estamos empezando una nueva era, pero todavía tenemos rezagos de lo que fueron esas dos administraciones.

Usted ha hablado de 26 funcionarios de Contraloría investigados. ¿Qué han identificado sobre estos funcionarios y qué es lo que pueden hacer con ellos?

Estos funcionarios tienen investigaciones en la Fiscalía. Algunos inclusive están hasta como testigos protegidos.

A ellos los he cambiado de unidades porque todavía no puedo destituirles y abrir sumario administrativo mientras no tenga la certeza de lo que han hecho o si son inocentes.

Aparte hay otros servidores que ya están con sumarios administrativos. Hemos detectado una servidora, por ejemplo, que se arrogó funciones y presentó una resolución jurídica sin ser la directora jurídica. Esto le permitió hacer muchos actos en la Dirección de Responsabilidades con esa resolución. Ella está tiene tres sumarios administrativos y se la cambio de puesto.

Hemos detectado también algunos servidores que cobraban las coactivas en cuentas de la esposa. Uno está con juicio en la Fiscalía. Hay otro exservidor, en cambio, que desapareció un proceso completo; desaparecieron todo el examen de auditoría.

Esos servidores ya están con examen de sus patrimonios. Estamos esperando los resultados. Pero son cosas muy preocupantes, en las que nunca hicieron nada.

¿Y en cuánto al trabajo de los funcionarios de la Contraloría?

Hay un sinnúmero de citaciones que han estado pendientes, inclusive en auditoría interna. Hay pedidos que se han quedado y que nunca los hicieron. Hay casos en los que ya existía un contraste entre declaraciones patrimoniales y se evidenciaba aumentos de patrimonio inclusive de USD 500.000 y USD 1 millón, y no pasaba nada.

Hemos vuelto a hacer auditorías, es decir un examen a otro examen de la Contraloría. Hay tres exámenes, uno de ellos el de la Refinería del Pacífico, que se hicieron y tienen algunas irregularidades.

No estamos volviendo a hacer el examen porque no se puede tocar, pero sí ver lo que hicieron los auditores; ellos tienen que responder eso. Hay cinco exámenes que estamos haciendo de ese tipo y estamos encontrando irregularidades que han tapado muchas cosas.

También hemos tenido que suspender algunos exámenes porque eran diferentes a la verificación preliminar. Y hay un caso ahí que hay que decirlo: el caso de Manta, donde Leandro Norero tiene algunas empresas. En la verificación preliminar se tenía que llegar al dueño de buenas empresas y el examen casi iba a salir negativo. Tuve que suspender y volver a cero.

Nos toca solucionar problemas de la administración anterior, en la que nunca tuvieron la valentía de de sacar procesos. Lo estoy haciendo yo, me toca dar la cara porque para eso estoy aquí.

¿Y en cuanto a los procesos? En el juicio a Pólit se detectó que él básicamente extorsionaba con sacar o no un examen especial, siempre a cambio de sobornos. ¿Es posible garantizar que en el futuro esto no vuelva a pasar?

Por supuesto, ya lo hemos hecho. Tenemos sistemas de alerta en todas las direcciones cuando los exámenes están por caducar. Tenemos sistemas de alerta en las direcciones de juzgamiento también cuando van a prescribir.

Y si ya con estos sistemas de alerta algo caduca, es porque ya existe mano negra. Vamos a descubrir qué fue lo que pasó en esos informes que están caducados; es un número grande y bastantes millones de dólares.

¿Cuántos son?

Están haciendo el examen, pero creo que son aproximadamente 3.000 informes que pueden estar caducados y hablo de cientos de millones de dólares.

¿Qué es lo que primero hice? Fue llegar hacer una auditoría interna a las tres direcciones más sensibles: predeterminación, responsabilidades y revisiones. Esa auditoría interna tiene que determinar cuáles son los causantes de que estos informes caduquen y cuáles son los motivos.

Empezó en el mes de diciembre ese examen; estamos ya por sacar los resultados y vamos a saber en verdad qué fue lo que pasó, por qué caducaron esos exámenes. Fuente: Primicias

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Gobierno de Ecuador niega haber hecho gestión con Colombia para comprar energía y dice que «se busca instaurar el miedo»

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El Gobierno de Ecuador desmintió el 30 de julio de 2025 la existencia de una carta del Viceministro de Electricidad al Presidente Daniel Noboa en la que sugería adquirir hasta 1.200 megavatios a empresas privadas en Colombia como única salida para evitar apagones masivos en los próximos meses.

La aclaración llegó a través de la cuenta oficial del Ministerio en la red social X (antes Twitter), en donde se afirmó que:

“La información que circula en medios colombianos sobre una supuesta comunicación oficial del Ministerio de Energía y Minas al Presidente de la República es falsa. El documento no es auténtico y solo tiene como objetivo instaurar el miedo”

La reacción del Ejecutivo ecuatoriano se produjo luego de que varios medios de comunicación colombianos, entre ellos, Caracol Radio, uno de los principales medios de comunicación de Colombia, publicara una nota titulada “Ecuador gestiona compra de energía a privados en Colombia ante riesgo de apagones”.

En ella, se citaba una carta supuestamente enviada por el viceministro encargado de Electricidad, Fernando Pullupaxi, al presidente Daniel Noboa.

En ese documento, se habría señalado que, tras un análisis del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), se concluía que no existía otra opción técnica que importar energía desde Colombia para garantizar el suministro nacional durante el estiaje.

La nota de Caracol aseguraba que el pedido buscaba cerrar un acuerdo urgente con generadores privados colombianos, bajo normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y que la gestión ya había sido trasladada a la Cancillería de Colombia para facilitar los contactos.

El Ministerio de Energía ecuatoriano no solo negó que esa carta haya sido redactada o enviada oficialmente, sino que además calificó su divulgación como una estrategia para sembrar temor en la ciudadanía en medio de un contexto energético sensible.

Cabe recordar que Ecuador viene enfrentando una crisis eléctrica desde 2023, con apagones prolongados, especialmente durante las épocas de sequía.

Pero el Gobierno de Ecuador ha dicho que está listo para enfrentar el próximo estiaje que comienza en septiembre de 2025 y que no habrá apagones. De hecho, julio cerrará con los embalses, que abastecen al sector eléctrico, llenos. Fuente: Vistazo

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Contraloría pide nueva declaración patrimonial a personas expuestas políticamente: este es el plazo

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La Contraloría General del Estado informó este miércoles 30 de julio que los funcionarios, que son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), deberán presentar una nueva declaración patrimonial hasta el 31 de agosto del 2025.

La entidad manifestó que este requisito llega luego de que entrara en vigencia la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, la cual reformó la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.

Las unidades de administración de talento humano o quien haga sus veces serán las encargadas de alertar a los servidores públicos, que en razón de su cargo son considerados PEP, para que cumplan con la obligación de registrar la información requerida en la declaración patrimonial jurada de inicio de gestión, periódica o de fin de gestión.

Esta nueva declaración patrimonial jurada debe presentarse entre el 1 y 31 de agosto de 2025. El trámite es gratuito y se realiza únicamente en la página web de la Contraloría.

“El organismo de control, de conformidad con sus facultades constitucionales verificará el cumplimiento de esta disposición; su incumplimiento será considerado como falta grave y sancionada en los términos que prevé la Ley Orgánica de Servicio Público”, advierte la entidad.

$!Funcionarios públicos deberán presentar nueva declaración patrimonial.

¿QUÉ DATOS SOLICITA LA CONTRALORÍA?

  • Posiciones actuales mantenidas fuera de la función pública, ya sean remuneradas o no, en el país y en el extranjero.
  • Fuentes de ingresos adicionales al cargo público, detallando el tipo de ingreso, la fuente, y su valor, percibidos en el país y en el extranjero.
  • Remuneración a percibir en el cargo público.
  • Sociedades, fideicomisos, arreglos jurídicos y bienes de los cuales sea el beneficiario final el declarante, su cónyuge e hijos menores de edad, en el país y en el extranjero.
  • Derechos de representación otorgados o adquiridos.

¿QUIÉNES DEBEN PRESENTAR LA NUEVA DECLARACIÓN?

Las personas que desempeñen o vayan a desempeñar cargos públicos del nivel jerárquico superior, tales como:

  • Todos los cargos de libre elección popular
  • Desde el grado 5 al 10 de la escala de remuneración mensual unificada del nivel jerárquico superior y sus equivalencias.
  • Subgerentes de Área
  • Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores de las Empresas Públicas Estatales.
  • En Fuerzas Armadas y Policía Nacional, desde Teniente Coronel; En la Fuerza Naval, desde Capitán de Fragata.
  • Alcaldes, Vicealcaldes, Concejales, Administradores, Comisarios, Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y de sus Empresas Públicas.
  • Asambleístas principales y suplentes y los directivos de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional.
  • Gobernadores e Intendentes.
  • Prefectos, Viceprefectos, Consejeros, Directores de las Prefecturas.
  • Diplomáticos, embajadores, cónsules (Cumpliendo delegaciones por parte del Ecuador en el extranjero, y aquellos que se encuentran en el país en representación de otro Estado).
  • Magistrados, Jueces, Conjueces, Fiscales, Presidente y Vocales, Director General y Provinciales, Asesores Nacional y Provinciales, Coordinadores Nacionales y Provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura.
  • Gerentes y Directores de Hospitales, de Centros o Unidades de Salud.
  • Directores del Ministerio de Educación Fuente: Vistazo
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Disputa por minería ilegal en Imbabura; grupos armados colombianos persiguieron a Los Lobos

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Seis integrantes de la banda criminal Los Lobos fueron detenidos en la parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, tras un enfrentamiento con grupos armados disidentes de Colombia. Esta zona ha sido golpeada por la minería ilegal en los últimos años.

Durante su huida, los antisociales ecuatorianos robaron dos vehículos y secuestraron a una persona. Tras conocer lo ocurrido, la Policía Nacional activó un operativo de persecución que permitió ubicar y capturar a los sospechosos.

Los sujetos intentaron llegar al centro poblado de Buenos Aires, pero fueron interceptados por las fuerzas del orden.

En una primera intervención, en el sector conocido como Vicera 1, se detuvo a tres individuos armados con fusiles. Minutos después, en otro operativo, se aprehendió a otros tres hombres que se movilizaban en uno de los vehículos robados junto a la persona secuestrada. El operativo dejó como resultado:

Seis personas detenidas
Diez cartuchos decomisados
Diez teléfonos celulares incautados
Dos camionetas recuperadas
Una persona liberada

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Disputa por minería ilegal
El coronel Marco Narváez Fuel, comandante de la Zona 1 (Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos), explicó que las detenciones se produjeron en medio de una confrontación entre Los Lobos y grupos armados irregulares colombianos. Según el oficial, ambos bandos disputan el control de la minería ilegal en la parroquia Buenos Aires.

Antes de la intervención policial, los disidentes extranjeros habrían atacado a Los Lobos, quienes huyeron en los vehículos robados. Narváez confirmó que entre los detenidos hay dos sujetos con antecedentes penales.

Uno de ellos es Jeremy C., quien habría fugado del Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo en 2022. Según la Policía, fue parte de la columna Urías Rondón de las FARC y actualmente colabora con Los Lobos. También registra antecedentes por tráfico de drogas.

El otro detenido con antecedentes es Luis P., señalado por un caso de genocidio en Tena en 2023 y con un proceso por robo. Fuente: Primicias

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