El reciente escándalo sobre el caso Olón complicó al gabinete del presidente Daniel Noboa y recordó que las conexiones entre ciertos ministros y el Mandatario, en muchos casos, son de largo recorrido y pueden involucrar a empresas privadas o sus accionistas.

La empresa Vinazin S.A., de la que el mismo Noboa fue accionista, es ahora de su esposa, Lavinia Valbonesi. Y esta, a su vez, contrató a los actuales ministros del Interior, Mónica Palencia, y de Energía, Roberto Luque, para que reformen sus estatutos y hagan el estudio de factibilidad de su último proyecto inmobiliar, respectivamente.

Todo esto sucedió antes de que sean gobierno y antes de que estos empresarios y profesionales pasen a la nómina del sector público. Además, no hay leyes que impidan que los funcionarios públicos tengan acciones en compañías privadas.

Pero la polémica alcanzó tal magnitud que la Fiscalía abrió una investigación previa de oficio y, finalmente, entre las acusaciones de un supuesto tráfico de influencias para la obtención de permisos, Vinazin desistió de llevar adelante la construcción.

Sin embargo, los miembros del gabinete posesionados hasta el 18 de diciembre de 2023 debían presentar ante la Contraloría una declaratoria de conflicto de interés. Ya que en ese entonces estaba vigente el Código de Ética promulgado por Guillermo Lasso.

PRIMICIAS consultó a la Contraloría cuáles de los altos funcionarios habían presentado esta documentación, a la par de su declaración patrimonial juramentada, pero hasta el cierre de esta edición no hubo una respuesta.

De todas formas, la normativa fue reformada el 19 de diciembre, cuando el mismo presidente Daniel Noboa eliminó dicha obligación, y después dio de baja todo el Código de Ética, el pasado 23 de febrero.

Mientras tanto, según los registros de la Superintendencia de Compañías hasta el 10 de mayo, de los 35 ministros y secretarios de Estado, 24 suman acciones en 95 empresas, aunque hay algunas están en proceso de cancelación.

A esos funcionarios se agrega la Primera Dama, que tiene participación accionaria en tres compañías.

En la lista destaca el ministro de Agricultura, Franklin Palacios Márquez, que cuenta con una mayor participación en el sector privado, con acciones en 17 empresas, aunque cuatro de ellas constan como canceladas.

Y las actividades de esas compañías varían, desde distintos temas agrícolas, de exportación de frutas, de cartonería y actividades aduaneras, hasta fabricación de productos de plástico.

Le sigue la canciller Gabriela Sommerfeld, con acciones en ocho empresas, aunque cuatro de ellas constan como canceladas.

Las actividades económicas de dichas compañías varían entre construcción de edificios; compra, venta, renta y alquiler de bienes inmuebles; agricultura y ganadería; publicidad y estudios de mercado; hotelería; actividades administrativas; y transporte de carga pesada.

Según la normativa nacional, las empresas en Ecuador se cancelan por una serie de factores, desde su compra por parte de otra firma hasta cuando incumplen resoluciones de la Superintendencia de Compañías y en muchos casos estos procesos pueden durar años.

De las 36 figuras del Gobierno (incluyendo a la Primera Dama) analizadas por PRIMICIAS, apenas 11 no tienen acciones en ninguna empresa. Aunque tres sí las tuvieron anteriormente: Gian Carlo Loffredo, Saida Rovira y Marissa Péndola.

Además, de los 24, que aún mantienen paquetes accionarios, la mitad constan como administradores actuales de 20 compañías. Las que más cargos directivos o gerenciales ostentan son María José Pinto y Sonsoles García, en cuatro y tres empresas respectivamente.

Finalmente, en la lista de actividades previas, la hoja de vida empresarial de los miembros del gabinete indica que tuvieron anteriormente acciones en otras 57 empresas y fueron administradores de otras 178 compañías. Fuente: Primicias