Nacionales
Diez policías traficaban combustible para minería ilegal, con la empresa china TerraEarth
Ocho personas, entre ellos seis policías en servicio activo, fueron capturados en un operativo la mañana del martes 14 de mayo, en Napo. Sin embargo, la Policía no pudo detener a tres ciudadanos chinos de la empresa minera TerraEarth.
Uno de ellos incluso se parapetó en una habitación que tenía blindaje de seguridad desde donde disparó a los agentes, que debieron retirarse del lugar cuando llegaron unos 200 comuneros, que protegieron a los extranjeros e impidieron su captura. Se estima que eran mineros ilegales que operan con la empresa china en actividades extractivas de oro en Napo, desde hace varios años atrás
Este operativo se ejecutó como parte de una investigación por un supuesto delito de cohecho, según el parte policial que este medio revisó. Incluía otros delitos “en contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles”.
Las pesquisas se iniciaron hace seis meses. Fueron encabezadas por la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía.
De acuerdo con la información oficial, se detectó una estructura en la que diez policías, siete civiles y tres chinos eran parte de la red que almacenaba combustible que luego era vendido, en Joya de los Sachas, en Napo, para que se usaran en las actividades mineras de TerraEarth.
Según la Fiscalía, diez policías en total y la empresa serían parte de la red de corrupción. A cambio de beneficios económicos agilitaban trámites para movilizar hidrocarburos para la minería ilegal.
En la investigación participaron la Dirección Nacional de Asuntos Internos y el Departamento de Investigación de la Conducta Policial Zona 9, bajo la dirección de la Fiscalía.
Entre los detenidos están el teniente coronel de la Policía de la Subzona Napo, Manuel Deybis S., y cinco policías más de esa misma provincia: Ana A., Frank Ch., Leonardo O., Elvia R.y Dayana M. Además Angie V. y José C.
En la operación se retuvieron 12 dispositivos móviles, USD 4.000 en efectivo, documentos, un CPU y un arma con munciones.
Las operaciones de esta organización criminal incluían no solo transportar y vender el combustible, sino agilitar los trámites para movilizarlo y usarlo en minería ilegal, a cambio de dinero que les pagaban funcionarios de TerraEarth, según la investigación. El operativo se extendió a las provincias de Pichincha y Orellana.
Polémica licencia ambiental para la minera china
TerraEarth consiguió licencia ambiental para su proyecto minero Tena, de más de 7.000 hectáreas, pese a los cuestionamientos por los perjuicios ambientales que causó en Yutzupino. Ahora, esa compañía tiene derecho sobre las concesiones Talag, Anzu Norte, El Icho y Confluencia, a orillas del río Napo, muy cerca de Tena, capital de la provincia.
Una de las principales acusaciones en contra de la empresa es que ha permitido que grupos que se dedican a la minería ilegal continuaran extrayendo materiales de concesiones a su cargo, en las que las operaciones estaban suspendidas por orden de las autoridades.
Las críticas van también en contra del Ministerio de Ambiente, que le otorgó licencia ambiental para el proyecto Tena a pesar de que antes la misma cartera de Estado sancionó a TerraEarth por sus incumplimientos y por los daños que han sufrido, por ejemplo, los habitantes del cantón Carlos Julio Arrosemana y las aguas de los ríos Jatunyacu y Cumbiyacu, por descargas directas y otras prácticas. Incluso se ha cuestionado que ciertas concesiones se hayan otorgado por 30 años, cuando lo permitido son 25 años.
En febrero de 2023, en una comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, José Dávalos, entonces viceministro de Ambiente, dijo que las suspensiones previas no daban argumentos para cerrar la puerta a TerraEarth para una nueva concesión, porque la legislación ecuatoriana no permitía “discriminar a nadie por ninguna razón”.
La empresa china se ha defendido diciendo que está trabajando en la remediación ambiental en esa zona. Varios grupos defensores del medioambiente y que habitan en Napo y sus alrededores denuncian que la minería ilegal que arrasó cerca de 200 hectáreas de áreas naturales y contaminó el agua, especialmente entre fines de 2021 e inicios de 2022.
Varios colectivos señalan que TerraEarth compra a los ilegales el oro que sacan de sus concesiones.
De hecho, el Cuarto Informe del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, publicado a mediados de julio de 2023, señaló a TerraEarth entre los 28 proyectos chinos en Latinoamérica y ocho en Ecuador que están afectando los derechos humanos y de la Naturaleza. Ese examen incluye el caso de 15 fallecidos en medio de incidentes, producto de la minería ilegal.
Lea también: China al banquillo de los acusados por violaciones a DD.HH. y ambientales en actividades extractivas
Fuente: Vistazo.
Nacionales
Gobierno de Ecuador niega haber hecho gestión con Colombia para comprar energía y dice que «se busca instaurar el miedo»
El Gobierno de Ecuador desmintió el 30 de julio de 2025 la existencia de una carta del Viceministro de Electricidad al Presidente Daniel Noboa en la que sugería adquirir hasta 1.200 megavatios a empresas privadas en Colombia como única salida para evitar apagones masivos en los próximos meses.
La aclaración llegó a través de la cuenta oficial del Ministerio en la red social X (antes Twitter), en donde se afirmó que:
“La información que circula en medios colombianos sobre una supuesta comunicación oficial del Ministerio de Energía y Minas al Presidente de la República es falsa. El documento no es auténtico y solo tiene como objetivo instaurar el miedo”
La reacción del Ejecutivo ecuatoriano se produjo luego de que varios medios de comunicación colombianos, entre ellos, Caracol Radio, uno de los principales medios de comunicación de Colombia, publicara una nota titulada “Ecuador gestiona compra de energía a privados en Colombia ante riesgo de apagones”.
En ella, se citaba una carta supuestamente enviada por el viceministro encargado de Electricidad, Fernando Pullupaxi, al presidente Daniel Noboa.
En ese documento, se habría señalado que, tras un análisis del Operador Nacional de Electricidad (CENACE), se concluía que no existía otra opción técnica que importar energía desde Colombia para garantizar el suministro nacional durante el estiaje.
La nota de Caracol aseguraba que el pedido buscaba cerrar un acuerdo urgente con generadores privados colombianos, bajo normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), y que la gestión ya había sido trasladada a la Cancillería de Colombia para facilitar los contactos.
El Ministerio de Energía ecuatoriano no solo negó que esa carta haya sido redactada o enviada oficialmente, sino que además calificó su divulgación como una estrategia para sembrar temor en la ciudadanía en medio de un contexto energético sensible.
Cabe recordar que Ecuador viene enfrentando una crisis eléctrica desde 2023, con apagones prolongados, especialmente durante las épocas de sequía.
Pero el Gobierno de Ecuador ha dicho que está listo para enfrentar el próximo estiaje que comienza en septiembre de 2025 y que no habrá apagones. De hecho, julio cerrará con los embalses, que abastecen al sector eléctrico, llenos. Fuente: Vistazo
Nacionales
Contraloría pide nueva declaración patrimonial a personas expuestas políticamente: este es el plazo
La Contraloría General del Estado informó este miércoles 30 de julio que los funcionarios, que son considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), deberán presentar una nueva declaración patrimonial hasta el 31 de agosto del 2025.
La entidad manifestó que este requisito llega luego de que entrara en vigencia la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, la cual reformó la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas.
Las unidades de administración de talento humano o quien haga sus veces serán las encargadas de alertar a los servidores públicos, que en razón de su cargo son considerados PEP, para que cumplan con la obligación de registrar la información requerida en la declaración patrimonial jurada de inicio de gestión, periódica o de fin de gestión.
“El organismo de control, de conformidad con sus facultades constitucionales verificará el cumplimiento de esta disposición; su incumplimiento será considerado como falta grave y sancionada en los términos que prevé la Ley Orgánica de Servicio Público”, advierte la entidad.
¿QUÉ DATOS SOLICITA LA CONTRALORÍA?
- Posiciones actuales mantenidas fuera de la función pública, ya sean remuneradas o no, en el país y en el extranjero.
- Fuentes de ingresos adicionales al cargo público, detallando el tipo de ingreso, la fuente, y su valor, percibidos en el país y en el extranjero.
- Remuneración a percibir en el cargo público.
- Sociedades, fideicomisos, arreglos jurídicos y bienes de los cuales sea el beneficiario final el declarante, su cónyuge e hijos menores de edad, en el país y en el extranjero.
- Derechos de representación otorgados o adquiridos.
¿QUIÉNES DEBEN PRESENTAR LA NUEVA DECLARACIÓN?
Las personas que desempeñen o vayan a desempeñar cargos públicos del nivel jerárquico superior, tales como:
- Todos los cargos de libre elección popular
- Desde el grado 5 al 10 de la escala de remuneración mensual unificada del nivel jerárquico superior y sus equivalencias.
- Subgerentes de Área
- Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores de las Empresas Públicas Estatales.
- En Fuerzas Armadas y Policía Nacional, desde Teniente Coronel; En la Fuerza Naval, desde Capitán de Fragata.
- Alcaldes, Vicealcaldes, Concejales, Administradores, Comisarios, Directores, Gerentes, Subgerentes, Asesores, Coordinadores, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y de sus Empresas Públicas.
- Asambleístas principales y suplentes y los directivos de libre nombramiento y remoción de la Asamblea Nacional.
- Gobernadores e Intendentes.
- Prefectos, Viceprefectos, Consejeros, Directores de las Prefecturas.
- Diplomáticos, embajadores, cónsules (Cumpliendo delegaciones por parte del Ecuador en el extranjero, y aquellos que se encuentran en el país en representación de otro Estado).
- Magistrados, Jueces, Conjueces, Fiscales, Presidente y Vocales, Director General y Provinciales, Asesores Nacional y Provinciales, Coordinadores Nacionales y Provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura.
- Gerentes y Directores de Hospitales, de Centros o Unidades de Salud.
- Directores del Ministerio de Educación Fuente: Vistazo
Nacionales
Disputa por minería ilegal en Imbabura; grupos armados colombianos persiguieron a Los Lobos
Seis integrantes de la banda criminal Los Lobos fueron detenidos en la parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, tras un enfrentamiento con grupos armados disidentes de Colombia. Esta zona ha sido golpeada por la minería ilegal en los últimos años.
Durante su huida, los antisociales ecuatorianos robaron dos vehículos y secuestraron a una persona. Tras conocer lo ocurrido, la Policía Nacional activó un operativo de persecución que permitió ubicar y capturar a los sospechosos.
Los sujetos intentaron llegar al centro poblado de Buenos Aires, pero fueron interceptados por las fuerzas del orden.
En una primera intervención, en el sector conocido como Vicera 1, se detuvo a tres individuos armados con fusiles. Minutos después, en otro operativo, se aprehendió a otros tres hombres que se movilizaban en uno de los vehículos robados junto a la persona secuestrada. El operativo dejó como resultado:
Seis personas detenidas
Diez cartuchos decomisados
Diez teléfonos celulares incautados
Dos camionetas recuperadas
Una persona liberada
Disputa por minería ilegal
El coronel Marco Narváez Fuel, comandante de la Zona 1 (Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos), explicó que las detenciones se produjeron en medio de una confrontación entre Los Lobos y grupos armados irregulares colombianos. Según el oficial, ambos bandos disputan el control de la minería ilegal en la parroquia Buenos Aires.
Antes de la intervención policial, los disidentes extranjeros habrían atacado a Los Lobos, quienes huyeron en los vehículos robados. Narváez confirmó que entre los detenidos hay dos sujetos con antecedentes penales.
Uno de ellos es Jeremy C., quien habría fugado del Centro de Privación de Libertad de Santo Domingo en 2022. Según la Policía, fue parte de la columna Urías Rondón de las FARC y actualmente colabora con Los Lobos. También registra antecedentes por tráfico de drogas.
El otro detenido con antecedentes es Luis P., señalado por un caso de genocidio en Tena en 2023 y con un proceso por robo. Fuente: Primicias
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