Nacionales
«No voy a revelar sobre investigaciones que realizo», dice la fiscal Salazar en la Asamblea
La fiscal General del Estado, Diana Salazar, acudió este 13 de mayo de 2024 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en Quito, en la que próximamente se tramitará su juicio político.
En esta ocasión fue llamada por varios temas, y uno de ellos era para que explique sobre los avances de la investigación del caso León de Troya, por supuesto narcotráfico.
También, se le consultó sobre el trabajo coordinado que debería hacer la Fiscalía con la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) y los principios de confidencialidad y reserva en cada investigación que lleva adelante esa entidad.
Salazar llegó en medio de un fuerte operativo de seguridad al Salón José Mejía Lequerica. Empezó diciendo que ha sido llamada para responder desde lo político, por temas que son técnicos.
En el caso León de Troya, la Fiscal señaló que la investigación inició sin personas que tengan fuero de corte, por lo que ella se enteró de este tema cuando ya había sido cerrado y se difundió por un medio de comunicación, rompiendo la reserva.
Explicó además que el caso León de Troya se unió al denominado caso Encuentro, el mismo que tendrá audiencia preparatoria de juicio para emitir dictamen entre el 16 y 17 de mayo de 2024.
Sobre el pedido de extradición de Hernán Luque Lecaro, desde Argentina, Salazar dijo que el trámite está en manos únicamente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y no es responsabilidad de la Fiscalía.
Aseguró que es la más interesada que Luque Lecaro esté en el país, porque el delito de delincuencia organizada, que se acusa en Encuentro, no puede ser juzgado en ausencia.
13/05/2024 12:39 Versión fallida
De forma inesperada, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, dio paso a una comisión general de su coideario, Ronny Aleaga, desde la clandestinidad. Captura de video. Mientras Aleaga se preparaba para intervenir, Pamela Aguirre suspendió la sesión. Aleaga apareció en las pantallas y, aunque se lo podía ver y escuchar, la presidenta de la comisión aseguraba que había un problema técnico.
Luego de unos minutos pidió que se constate el quórum y al no haber el número suficiente de asambleístas por el abandono de Luis Alvarado, Adriana García, Ramiro Vela, César Umajinga, Lenin Rogel, se suspendió la sesión y Aleaga no dijo absolutamente nada.
Aguirre justificó el intento de dejar intervenir al exasambleísta, porque, si bien reconoció que está procesado en Metástasis, la intención era que hable sobre la confidencialidad y reserva de las investigaciones de la Fiscalía, en las que supuestamente tenía algo que aportar.
13/05/2024 11:50 Abrupta suspensión
El legislador del correísmo, Lenín Barreto, solicitó que se lea un correo electrónico que llegó a la comisión con un pedido del exlegislador, y ahora prófugo de la justicia, Ronny Aleaga, para ser recibido en comisión general.
Esto generó reclamos de parte de los integrantes de la comisión que son parte de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC) y Acción Democrática Nacional (ADN).
En medio de los reclamos, la fiscal Salazar decidió abandonar la sala.
Según dijo Salazar, con la presencia de Aleaga, se estaba buscando contaminar el caso Metástasis, donde el exasambleísta es procesado.
Tanto los legisladores como la fiscal se retiraron y solo permanecieron en la sesión los legisladores del correísmo. Pamel Aguirre decidió dar paso a la intervención de Aleaga por vía telemática.
13/05/2024 11:32 Mafia albanesa
Ante la pregunta de la asambleísta Sofía Espín, de la Revolución Ciudadana, en el sentido de si se investiga la supuesta relación del albanés Dritan Gjika con el gobierno de Guillermo Lasso, la fiscal señaló:
«No voy a revelar sobre las investigaciones que estoy realizando, porque eso está direccionado a avisar a las organizaciones para que se pongan a buen recaudo».
13/05/2024 10:35 ‘Acoso laboral’
La fiscal Diana Salazar dio a conocer que desde la secretaria de la Comisión de Fiscalización le enviaron varios ‘recordatorios’ sobre el llamado a comparecer este 13 de mayo a la Asamblea.
Dijo que por momento parecía una suerte de ‘acoso laboral’ haciendo una alusión a una normativa aprobada hace pocos días por los legisladores.
Dijo que tiene clara su agenda, por lo que no hacía falta tantos correos electrónicos, algunos fuera de horario laboral.
Pamela Aguirre, presidenta de la mesa legislativa, defendió este procedimiento asegurando que se trata de recordatorios, sin intención alguna de acoso a los funcionarios.
13/05/2024 10:09 Caso La Madrina
La fiscal Diana Salazar aseguró que no existe un caso denominado La Madrina para investigar a la excomandante de la Policía, Tannya Varela.
Salazar informó que el 15 de marzo de 2023 se abrió la investigación denominada Poder Policial, en el que, además de Varela, son investigados los generales (sp), Giovanni Ponce y Mauro Vargas.
Esta investigación, se encuentra en etapa de investigación previa, por lo que no se puede dar detalles, pero reveló que hasta el momento se han practicado 149 diligencias. Fuente: Primicias
Nacionales
Caso ‘Magnicidio FV’: Judicatura vuelve a suspender a la jueza Daniela Ayala
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este lunes suspender por tres meses y sin remuneración a la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, María Daniela Ayala, mientras se desarrolla un sumario administrativo por su actuación en el caso conocido como “Magnicidio FV”.
Según informó el organismo a través de redes sociales, la magistrada habría incurrido en una falta gravísima de dolo al otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de Xavier Jordán y del exministro José Serrano, procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Al revisar esa decisión el pasado 16 de enero, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha concluyó que Ayala “desnaturalizó las medidas cautelares y la finalidad de la prisión preventiva con razonamientos abstractos e hipotéticos”, e impuso disposiciones “objetivamente inidóneas para garantizar la comparecencia” de los procesados.
El Consejo aclaró que la suspensión no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva que estará vigente mientras se desarrolla la investigación administrativa.
Esta es la tercera ocasión en que Ayala es separada temporalmente del cargo dentro del mismo proceso judicial. El 12 de diciembre de 2025 fue suspendida por 30 días debido a expresiones vertidas durante una audiencia de formulación de cargos realizada el 3 de septiembre de ese año. Según el CJ, esos comentarios afectaron la integridad personal y profesional de la fiscal del caso, Ana Hidalgo.
Aquella decisión coincidió con el vencimiento de otra suspensión de tres meses impuesta en septiembre de 2025, tras una denuncia presentada por el entonces fiscal general del Estado, Wilson Toainga.
En ese episodio, el órgano disciplinario consideró improcedentes las declaraciones de la jueza, quien cuestionó la objetividad de la fiscal y sugirió que la Fiscalía actuaba como “brazo ejecutor del Gobierno de turno”.
Toainga señaló que tales afirmaciones insinuaban una motivación política en la actuación del Ministerio Público.

Posteriormente, el 14 de enero de 2026, una vez cumplidas las sanciones anteriores, Ayala anunció que se apartaba voluntariamente del conocimiento del caso, alegando ser víctima de una “intensa campaña de desprestigio”.
En sus declaraciones, señaló a Amanda Villavicencio, hija del exaspirante presidencial asesinado, como impulsora de esas acciones.
Sentenciados y procesados por el magnicidio
Dentro del caso por el homicidio de Villavicencio —ocurrido en agosto de 2023, a pocos días de las elecciones generales— se han formulado cargos contra Serrano, Jordán, el exlegislador Ronny Aleaga y el sentenciado por el caso Metástasis, Daniel Salcedo, como presuntos autores mediatos, al considerar que habrían integrado la estructura que coordinó el crimen.
Hasta ahora, cinco personas han sido sentenciadas como autores materiales del asesinato, entre ellas Carlos Angulo, alias “El Invisible”, identificado como cabecilla de la organización criminal «Los Lobos», quien habría planificado la logística desde prisión. Además, ocho implicados fallecieron antes de enfrentar juicio, incluidos los siete sicarios colombianos que ejecutaron el ataque.
El pasado 10 de febrero, la Fiscalía General del Estado vinculó también al caso al líder máximo de «Los Lobos», Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, detenido en noviembre en España; Luis Arboleda (alias Gordo Luis) y Ángel Aguilar (alias Lobo Menor), considerados cabecillas con alto poder dentro de la estructura criminal. Fuente: Vistazo
Nacionales
Experto en Derecho Penal analiza técnicas de litigación oral y teoría del caso
En el espacio de análisis jurídico y formación académica, se desarrolló un programa especializado con la participación de. Israel Narváez, experto en Derecho Penal y litigante en el libre ejercicio profesional, quien abordó de manera integral el tema “Técnicas de Litigación Oral”, orientado a estudiantes, profesionales del Derecho y ciudadanía interesada en el sistema de justicia penal.
Durante su intervención, Israel Narváez se definió como un abogado litigante por vocación, formado y consolidado en el ejercicio práctico del Derecho Penal, con experiencia en audiencias de juzgamiento y litigio a nivel nacional. Originario de la ciudad de Ibarra, destacó que su labor profesional se centra exclusivamente en el ámbito penal, área que considera fundamental por la responsabilidad social y humana que implica.
Uno de los ejes centrales del conversatorio fue la teoría del caso, la cual, según explicó el expositor, se construye desde el primer contacto entre el abogado y su cliente. Señaló que esta teoría nace a partir del análisis del problema jurídico planteado, la identificación de los hechos relevantes y la evaluación de los elementos probatorios disponibles, tanto de cargo como de descargo. Enfatizó que una teoría del caso sólida permite definir la estrategia procesal, ya sea para sostener la inocencia del procesado o para mejorar su condición jurídica dentro del proceso penal.
En relación con la audiencia de juzgamiento, Narváez explicó que la teoría del caso se expone inicialmente a través del alegato de apertura y se desarrolla durante la práctica probatoria, mediante los ejercicios de interrogatorio, contrainterrogatorio, acreditación y contradicción.
Recalcó que el alegato inicial debe ser claro, coherente y estratégico, evitando adelantar innecesariamente toda la línea de defensa, con el fin de no anticipar la estrategia a la contraparte.
Asimismo, el especialista subrayó la importancia de la coherencia y credibilidad del litigante frente al tribunal, indicando que el abogado debe ser consistente entre lo que anuncia en su alegato de apertura y lo que efectivamente logra demostrar en juicio. Destacó que la seguridad del abogado no proviene de la retórica, sino del estudio profundo del expediente, del conocimiento de los límites probatorios del caso y de una adecuada preparación técnica.
Otro de los temas abordados fue el interrogatorio directo, al que definió como una herramienta esencial para construir la teoría del caso. Explicó que en esta etapa quien debe “lucirse” es el testigo y no el abogado, por lo que recomendó el uso de preguntas abiertas —qué, cómo, cuándo, dónde— que permitan una narración clara y espontánea de los hechos. También advirtió sobre la necesidad de preparar adecuadamente a los testigos, revisando declaraciones previas para evitar contradicciones que puedan afectar su credibilidad durante el contrainterrogatorio.
Finalmente, Israel Narváez reflexionó sobre la ética, la responsabilidad y el manejo emocional del abogado penalista, señalando que en una audiencia de juzgamiento se encuentra en juego la libertad y el futuro de una persona. En este contexto, enfatizó que la preparación constante, el estudio riguroso y la práctica profesional son los pilares fundamentales para una litigación oral eficaz y responsable.
Nacionales
Tertulia Jurídica abordó el Recurso de Revisión con la participación de Iván Saquicela
En un nuevo programa de la Tertulia Jurídica, se desarrolló un amplio y riguroso diálogo académico sobre el Recurso de Revisión en materia penal, con la destacada participación de. Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, reconocido jurista y docente universitario.
Durante su intervención, el Dr. Saquicela agradeció el espacio de análisis y felicitó la iniciativa del programa, resaltando la importancia del diálogo jurídico como mecanismo para fortalecer la reflexión crítica y el conocimiento del Derecho. En su presentación personal, destacó su vocación y pasión por la justicia, señalando que su trayectoria ha estado orientada a aportar al sistema judicial desde la academia, la función pública y el ejercicio libre de la profesión, actualmente a través de su estudio jurídico Saquicela & Asociados.
El expositor realizó un recorrido por su trayectoria profesional, que incluye su desempeño como fiscal de lo penal durante aproximadamente ocho años, juez contencioso administrativo, juez y presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidente de dicho alto tribunal y coordinador de la Cumbre Judicial Iberoamericana, espacio que congrega a presidentes de cortes supremas y magistraturas de los países de Iberoamérica. Asimismo, subrayó su rol como docente universitario y su convicción de que el Derecho constituye un instrumento esencial para alcanzar fines sociales y transformar el sistema de justicia.
Análisis académico del Recurso de Revisión
En el desarrollo temático. Saquicela explicó que el Recurso de Revisión se encuentra regulado actualmente en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y que, por su naturaleza, constituye un recurso extraordinario, incluso más excepcional que la casación. Precisó que este recurso procede únicamente contra sentencias condenatorias firmes o ejecutoriadas y que solo puede ser interpuesto por la persona condenada, en cualquier tiempo, pero exclusivamente por las causales taxativamente establecidas en la ley.
El jurista enfatizó que la finalidad del recurso de revisión es la búsqueda de la justicia material, aun cuando exista una sentencia ejecutoriada. En este sentido, recordó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 1, define al país como un Estado constitucional de derechos y justicia, mientras que el artículo 169 establece que el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Bajo esta concepción, el recurso de revisión permite, de manera excepcional, incluso quebrantar la cosa juzgada cuando se demuestra la existencia de un error de hecho que haya derivado en una condena injusta.
Asimismo, explicó de forma didáctica conceptos clave para el público no especializado, como el significado de una sentencia ejecutoriada y la diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios. Señaló que, a diferencia de la apelación, el recurso de revisión no se sustenta en la mera inconformidad con la valoración probatoria, sino en la demostración de un error fáctico, respaldado necesariamente por prueba nueva, capaz de evidenciar la injusticia de la sentencia firme.
Ejemplos y recomendaciones prácticas
Como parte del análisis, se abordó el caso paradigmático previsto en la legislación penal: la comprobación de la existencia de la persona que se creía muerta, causal histórica y doctrinaria del recurso de revisión. Aunque el Dr. Saquicela indicó que se trata de un supuesto excepcional y poco frecuente en la práctica, resaltó su valor académico para comprender la razón de ser de este recurso.
Finalmente, el expositor ofreció recomendaciones a los profesionales del Derecho, subrayando la importancia de comprender con claridad el objeto y la finalidad del recurso de revisión, evitar confundirlo con una apelación o casación, y fundamentarlo de manera técnica, precisa y acorde a las causales establecidas en el artículo 658 del COIP. También diferenció de forma clara la revisión penal de la revisión en sede administrativa, destacando sus profundas diferencias en cuanto a naturaleza, procedimiento y órganos competentes.
La Tertulia Jurídica reafirma así su compromiso con la difusión de contenidos jurídicos de alto nivel académico, orientados tanto a estudiantes y profesionales del Derecho como a la ciudadanía en general, contribuyendo al fortalecimiento de la cultura jurídica y al debate informado sobre el sistema de justicia ecuatoriano.
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