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Lavinia Valbonesi rompe el silencio y habla sobre la investigación de Fiscalía por el caso Olón

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La primera dama Lavinia Valbonesi rompió el silencio y se refirió brevemente a la investigación previa que inició la Fiscalía sobre el proyecto inmobiliario en Olón, provincia de Santa Elena, que es promovido por la empresa Vinazin en un área protegida.

La esposa del presidente Daniel Noboa ha estado en el ojo del huracán desde el pasado lunes, cuando se conoció que ella era la principal accionista de aquella compañía y que el permiso ambiental se había concedido apenas empezó el mandato de su marido.

Valbonesi se limitó a postear una historia de Instagram en la que hizo referencia al anuncio de la Fiscalía, que abrió una indagación previa.

“Esto es lo que los ecuatorianos necesitamos para aclarar esta situación. Esta y todas las investigaciones sobre este caso son bienvenidas”, escribió la primera dama. Sin embargo, no emitió detalle alguno sobre la justificación del proyecto inmobiliario.

Horas antes, la también influencer subió un video en el que se observan imágenes de ella en distintos recorridos por el país y de fondo suena la canción ‘Solo Ruido’ de la cantante ecuatoriana Mar Rendón, que justamente habla sobre las críticas de la gente.

“Su amor y su apoyo fortalecen mi compromiso de continuar sirviéndoles”, escribió Valbonesi junto al video.

Por el momento, se desconocen detalles sobre la investigación abierta por la Fiscalía. Su equipo de comunicación se limitó a decir que “como en todos los casos de los cuales tiene conocimiento la FGE, se ha abierto una investigación”.

La polémica nace porque la empresa Vinazin, cuya principal accionista es la primera dama, promueve el proyecto inmobiliario Echo en Olón, provincia de Santa Elena.

La idea es construir cuatro edificios en un área protegida, por lo que los comuneros de esa localidad, la Fundación La Iguana y otros colectivos, denuncian que no se debía dar el permiso.

Los cuestionamientos también se centran en el hecho de que el Registro Ambiental para la construcción del proyecto, lo expidió el Ministerio del Ambiente el 5 de diciembre de 2024. Es decir, apenas días después de que se posesionara Daniel Noboa como presidente de la República y nombrara como ministra de Ambiente a Sade Fritschi.

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Power China invertirá 400 millones de dólares para operación y mantenimiento de Coca Codo Sinclair

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La canciller Gabriela Sommerfeld confirmó que el Gobierno ecuatoriano firmó un acuerdo de 400 millones de dólares con la empresa Power China para la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La funcionaria brindó este martes, ocho de julio, detalles sobre las inversiones conseguidas por el presidente Daniel Noboa en su reciente viaje, que lo llevó por China y Europa.

Sommerfeld indicó que se han firmado varios documentos, que ayudarán a incrementar las exportaciones, por ejemplo, del mango, así como protocolos fitosanitarios.

“Hay un acuerdo que se está trabajando y que, de hecho, fue firmado con la ministra de energía y la ministra de finanzas, para que se haga cargo esta empresa de lo que es la operación y mantenimiento de Coca Codo”, señaló la canciller en entrevista con Teleamazonas.

No es la primera vez que Power China interviene en esa hidroeléctrica, ya que anteriormente participó como contratista mediante su subsidiaria Sinohydro.

1.000 millones tras gira presidencial

Previamente, la vocera del Palacio de Gobierno, Carolina Jaramillo, informó que uno de los principales resultados de la gira internacional del presidente Noboa fue la confirmación de mil millones de dólares en inversión extranjera directa para Ecuador.

Entre los acuerdos, destacó la llegada de 400 millones de Power China, destinados a proyectos de energía renovable y sistemas de almacenamiento, que se ejecutarán progresivamente hasta diciembre de 2026.

La empresa también brindará asistencia técnica​​​​ para optimizar los planes maestros de energía del país y mejorar el equilibrio de su red.

Además, durante la visita a España, se anunció una inversión de 600 millones de dólares del grupo Cox Energy, firma especializada en energías renovables. Esta compañía se encargará de ejecutar cinco proyectos eléctricos (Tocachi, Malchinguí, La Ceiba 1, Matala e Illapo 1), además de una línea de transmisión de 80 kilómetros. Fuente: Vistazo

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Investigan a un militar por intentar ingresar tarjetas SIM y cigarrillos a una cárcel de Guayaquil

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Un miembro de la Armada de Ecuador fue detenido este lunes tras intentar ingresar al menos doce tarjetas SIM para teléfonos móviles y unas quince cajetillas de cigarrillos a la Cárcel Regional de Guayaquil, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).

El militar fue detenido durante los controles de ingreso al centro penitenciario, después de que se detectó que trataba de entrar con artículos que están prohibidos. El SNAI indicó que una investigación ya está en marcha.

La Armada, por su parte, señaló en un comunicado que inició un proceso de sanción hacia el uniformado, «retirándolo de su puesto de trabajo» y que también inició un proceso investigativo para esclarecer el hecho, «sin perjuicio de las acciones legales que se puedan instaurar».

Además, la institución indicó que brindará todas las facilidades a las autoridades competentes para las investigaciones y los trámites de ley correspondientes y añadió que quienes actúen o realicen actividades «alejadas a los valores institucionales» deberán someterse a procesos administrativos disciplinarios de acuerdo a los reglamentos y leyes militares vigentes.
$!En el CRS Guayas N.º 4, un militar fue detenido al intentar ingresar artículos prohibidos.

LA FUGA DE ALIAS FEDE

Hace unas semanas, diecinueve militares fueron procesados por su presunta participación en la fuga del narcotraficante Rolando Federico Gómez Quinde (‘Fede’), líder de la banda Los Águilas, quien salió de la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande y peligrosa del país, con la aparente ayuda de miembros de las fuerzas de seguridad.

Las cárceles son parte de la crisis de violencia que conllevó al país a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a ordenar su militarización desde inicios de 2024 cuando declaró la «guerra» a las bandas del crimen organizado y las catalogó como «grupos terroristas».

Hasta ese momento las bandas criminales controlaban las principales cárceles del país, donde desde 2021 han sido asesinados más de 500 reclusos, la mayoría de ellos en una serie de masacres por enfrentamientos entre distintas estructuras criminales. Fuente: Vistazo

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El sistema judicial está en «estado crítico» dice la Judicatura para justificar declaratoria de emergencia

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Hasta finales de julio o inicios de agosto la justicia en el país podría entrar en estado de emergencia. El Consejo de la Judicatura (CJ) recopila información y elabora los informes para justificar la inminente declaratoria.

El presidente del organismo, Mario Godoy, estuvo en la Asamblea este 7 de julio informando del «estado crítico» que presenta el sistema judicial en la actualidad. Esta vez ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.

Aunque no especificó una fecha, Godoy dijo que su expectativa es que en dos semanas el Pleno del Consejo de la Judicatura conozca los informes situacionales, paso previo para decidir la declaratoria de emergencia.

«Como presidencia y las áreas técnicas hemos levantado la información preliminar, consideramos que los datos de ajuste en el ámbito técnico, jurídico y, sobre todo, financiero, se están haciendo y esperamos tenerlos para que conozca el pleno», señaló el titular del CJ.

Según la Ley de Integridad Pública, vigente desde el 26 de junio, es el presidente de la Judicatura el competente para declarar la emergencia, previa aprobación del resto de integrantes del organismo.

Sin embargo, Godoy ratificó ante la Asamblea que esta figura no es nueva y que recién se podrá aplicar con la vigencia de la nueva normativa. De hecho, aclaró que en los últimos años ha habido casi una decena de declaratorias de este tipo.

Además, están a la espera de la información y los requerimientos que tienen otras instancias del sistema de justicia. Godoy reconoció que con la Corte Nacional de Justicia (CNJ) existe un diálogo constante y «fluido», lo que facilita el intercambio de datos.

En tanto que pedirá en estos días que el fiscal General, Wilson Toainga, envíe por escrito sus aportes y buscará una cita con el defensor público, Ricardo Morales.

Evaluación paralela
La declaratoria de emergencia vendría acompañada con el inicio de un proceso de evaluación para todos los funcionarios que son parte del sistema de justicia.

El presidente de la Judicatura aseguró que los parámetros y el borrador de la normativa de evaluación están hechos y se los ha definido de manera técnica.

El objetivo es que, por ejemplo, los jueces especializados en materia Penal tengan una examinación distinta a los que tratan Civil o de la Niñez.

Godoy hizo un llamado a la calma de los funcionarios judiciales, porque aseguró que este trámite no será motivo ni de persecución o de «cacería de brujas».

«El servidor judicial que debe estar preocupado es el que tiene cuatro carros de alta gama, casas sobrevaloradas en lugares exclusivos cuando su capacidad económica no le da para eso. Ellos son los que deben estar preocupadísimos. Mario Godoy, presidente del CJ

Fuente: Primicias

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