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Caso Blanqueo JR revela millonario lavado de activos: así operaba el círculo íntimo de alias Junior

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En la trama de lavado de activos que se investiga en el denominado «Caso Blanqueo JR«, fueron procesados seis miembros del círculo familiar y cercano de Junior Roldán, alias “JR”, uno de los principales líderes de la organización narcocriminal Los Choneros, cuyo asesinato fue reportado en mayo de 2023.

Con base en los elementos de convicción presentados por el Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso, un Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para Liseth Carolina H. L., Azhael Alexander R. T., Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M., procesados por lavado de activos.

Fiscalía inició la investigación en junio de 2023, tras haber recibido un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), en el que se detallan presuntas irregularidades financieras cometidas por individuos vinculados a alias JR. Este personaje, quien era reconocido como líder en el ámbito del crimen organizado transnacional, fue identificado como el excabecilla de «Los Choneros» y el fundador de la banda conocida como «Las Águilas«, el brazo armado de dicha organización criminal.

Millonario Lavado de Dinero

Los movimientos económicos injustificados se habrían registrado entre los años 2020 y 2024: según la investigación, Leidi Tatiana R. H. (investigada que no fue localizada en el operativo), Junior Roldán (+), Liseth Carolina H. L. y Azhael Alexander R. T. (expareja sentimental e hijo de alias “JR”, respectivamente) habrían ingresado más de 3 millones de dólares de origen ilícito al Sistema Financiero Nacional.

Además, en coordinación con la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Ecuador, Fiscalía determinó que Jael Amira B. M. habría participado como administradora de los activos de origen ilícito.

Mientras que Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A. y Eduard Douglas D. Z. habrían sido beneficiarios y depositantes de grandes cantidades de dinero (de origen ilícito) para la compra de bienes muebles e inmuebles adquiridos –en su mayoría– con pagos en efectivo (dinero cuya procedencia se desconoce), que fueron efectuados por los ahora procesados y por terceras personas del mismo círculo familiar.

Estos fondos provendrían del cometimiento de delitos como tráfico de drogas, sicariatos, tráfico de armas, asesinatos, entre otros. Dichas actividades ilícitas habrían sido ejecutadas por grupos de delincuencia organizada, lideradas –en su momento– por alias “JR” (+).

Para completar su cometido, el grupo de personas investigadas habría constituido –al menos– cinco empresas, cuatro de las cuales serían de papel, sin ningún tipo de operatividad, con excepción de una, que tiene como única accionista a Leidi R. y cuya representante legal es Jael Amira B. M. (a través de un poder especial otorgado por Leidi R.).

Caso Blanqueo JR: exparejas de Junior Roldán implicadas en lavado de dinero

Trece Allanamientos, Seis Detenidos y Bienes Incautados

La madrugada de este martes, la Fiscalía General del Estado, Policía Nacional y Fuerzas Armadas ejecutaron trece allanamientos en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se incautaron diecisiete equipos de comunicación, tres dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, tres laptops, dos CPU, cuatro pasaportes, una caja fuerte, 3.100 dólares, cuatro motos, dos automóviles, joyas y municiones.

Luego de presentar todos estos elementos durante la audiencia de formulación de cargos –que duró toda la madrugada de este miércoles 1 de mayo– Fiscalía solicitó prisión preventiva para los seis detenidos. El pedido fue acogido por el Magistrado, quien también ordenó la prohibición de enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados y la incautación de los mismos, además de la retención de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional. La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.

En el caso de Leidi R., expareja de alias “JR” y también investigada en esta causa, no fue localizada en el operativo, por lo que la Policía Nacional continúa investigando su ubicación.

Fuente: Vistazo.

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Estados Unidos pone bajo llave el expediente de ‘Patucho Celso’ para cuidar a sus testigos

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El 18 de junio de 2026, el capo Celso Miguel Moreira Heredia, alias ‘Patucho Celso’, fue extraditado a Nueva York. El proceso que afronta este líder de Los Choneros en la Corte del Distrito Sur de Nueva York avanza bajo un gran hermetismo.

El acusado ecuatoriano enfrenta cargos por conspiración para enviar cocaína hacia Estados Unidos y uso de ametralladoras.

Su equipo de defensa legal sufrió demoras para poder acreditar a su nueva abogada. Ya que Silvia Pinera-Vazquez no litiga normalmente en Nueva York, sino en Florida, y tuvo que tramitar una licencia pro hac vice para revalidar su accionar en esta zona del país norteamericano.

El avance federal del caso de Moreira en Estados Unidos tuvo su primera definición el 6 de julio de 2026, durante la comparecencia inicial ante la jueza Laura Taylor Swain. El líder criminal decidió renunciar a su derecho a la lectura pública de la acusación impuesta.

Inmediatamente después, se declaró no culpable frente a los tres cargos por conspiración para el narcotráfico y posesión de ametralladoras.

La Corte de Nueva York ordenó la ratificación de su prisión preventiva y fijó la conferencia previa al juicio para el 8 de octubre de 2026 a las 11:00.

Un cerco documento y sin IA
Debido a la alta peligrosidad de la red criminal de Moreira, la Fiscalía de Estados Unidos y su defensa firmaron una orden de protección que fue aprobada el 22 de julio de 2026. Este documento revela el nivel de amenaza que rodea actualmente a los colaboradores del gobierno en este proceso.

La resolución evidencia que las evidencias recopiladas hasta ahora contienen información que permitiría identificar a los testigos protegidos.

Para neutralizar estas amenazas inminentes, las pruebas fueron blindadas bajo clasificaciones extremas y reservadas. El material fue designado exclusivamente para la posesión del abogado titular, lo que impide que los expedientes salgan del control del equipo.

Esta rigurosa medida legal prohíbe incluso que el propio procesado pueda revisar libremente los documentos, para evitar que memorice las identidades.

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Medida de seguridad en el caso de ‘Patucho Celso’ en Estados Unidos.Captura de pantalla / Pacer

Dentro de estas estrictas medidas de seguridad documentales, la justicia norteamericana implementó una cláusula tecnológica innovadora. La Corte busca adaptar sus normas de confidencialidad a la inclusión de la tecnología.

La resolución judicial prohíbe a todo el equipo de defensa del ‘Patucho Celso’ procesar la evidencia mediante modelos de inteligencia artificial fácilmente accesibles al público. Los abogados defensores no pueden utilizar herramientas como ChatGPT para analizar los expedientes.

El objetivo de este veto es impedir que los algoritmos absorban o retengan los datos confidenciales durante su uso.

El escurridizo ‘Patucho Celso’
Los registros judiciales ecuatorianos evidencian la capacidad de Moreira para evadir las prisiones. Su trayectoria criminal despuntó formalmente en 2009 al intentar enviar cargamentos de droga desde el puerto de Manta, pero un año después logró una polémica sentencia absolutoria.

Según la acusación en Estados Unidos, luego de esa liberación, Moreira siguió aumentando su operación ilegal.

Mientras tanto, a nivel judicial, en un intento por borrar sus delitos, en diciembre de 2023 el criminal y su exesposa exigieron a un juez que eliminara todo su pasado judicial del sistema informático nacional. La petición fue negada.

El narcotraficante, además, empleaba múltiples recursos de habeas corpus, en los que alegaba sufrir padecimientos físicos como hipertensión y dolorosos cálculos renales. Su único objetivo era forzar traslados inmediatos o presionar al sistema de salud para ser liberado.

thumbDarío Javier Peñafiel Nieto, alias “Topo”, y Celso Miguel Moreira Heredia, alias “Patucho Celso”, extraditados a Estados Unidos, el 18 de junio de 2026.X/@JohnReimberg

Su último intento de liberación ocurrió en junio de 2026 mientras permanecía recluido en la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Sin embargo, desistió de la acción un día antes de ser enviado a territorio norteamericano junto a ‘Topo’, el lugarteniente de ‘Fito’: todos parte de la cúpula de Los Choneros. Fuente: Primicias

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«No existe impedimento legal para la candidatura de José Bolívar Castillo», afirma Jorge Jaramillo

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Durante una entrevista difundida en la cuenta Fabián Armijos Informa, el abogado Jorge Jaramillo se pronunció sobre la situación jurídica del exalcalde de Loja, José Bolívar Castillo, y sostuvo que, conforme a la normativa vigente, no existe impedimento legal que le impida participar como candidato en las próximas elecciones seccionales, cuyo proceso de inscripción de candidaturas se desarrollará durante el mes de agosto.

Al ser consultado sobre si una presunta mora con el Estado impediría la participación política de Castillo, Jaramillo explicó que ni la Constitución de la República del Ecuador ni el Código de la Democracia contemplan la mora ordinaria con el Estado como una causal para suspender los derechos políticos.

En ese sentido, precisó que el derecho constitucional de elegir y ser elegido permanece vigente, por lo que, desde su interpretación jurídica, José Bolívar Castillo podría inscribirse como candidato sin que exista una prohibición legal que limite su participación electoral.

Respecto a la polémica generada en torno al tema, el abogado señaló que el debate público debe desarrollarse con objetividad y buena fe, reconociendo el papel de los medios de comunicación en la fiscalización de asuntos de interés ciudadano. No obstante, manifestó que también debe respetarse el debido proceso y evitar que las discusiones públicas se conviertan en mecanismos de descalificación política.

Jaramillo indicó que el exalcalde ha sido objeto de diversos actos administrativos y procesos de control por parte de organismos competentes, situación que —afirmó— forma parte de los mecanismos de fiscalización previstos para quienes ejercen funciones públicas.

Asimismo, sostuvo que José Bolívar Castillo ha enfrentado dichas actuaciones administrativas «con valentía, determinación, claridad y transparencia», señalando que, hasta el momento, los resultados de esos procesos han sido favorables para el exalcalde. En ese contexto, añadió que la revisión de las actuaciones públicas por parte de los medios de comunicación resulta legítima siempre que se realice con responsabilidad y permita explicar los antecedentes de cada caso.

Durante la entrevista también hizo referencia a los cuestionamientos existentes sobre determinadas actuaciones de organismos de control en administraciones anteriores, señalando que algunas de las resoluciones emitidas en esos períodos han sido objeto de controversia jurídica y pública, aspecto que, a su criterio, también debe considerarse al analizar este tipo de procesos.

Finalmente, Jorge Jaramillo reiteró que, desde el punto de vista jurídico, José Bolívar Castillo no registra ninguna causal que suspenda sus derechos políticos, por lo que considera que puede ejercer plenamente su derecho constitucional a participar como candidato en las próximas elecciones seccionales.

Además, afirmó que existe un importante grupo de ciudadanos lojanos que respaldan el proyecto político encabezado por el exalcalde, el cual —según indicó— busca impulsar propuestas orientadas al progreso y a la transformación del cantón Loja.

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José Delgado rechaza propuesta de Daniel Noboa para ser concejal de Guayaquil

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José Delgado, presentador de televisión, descartó oficialmente su participación electoral para ocupar una concejalía en la ciudad tras recibir una propuesta formal del equipo de trabajo del presidente de la República, Daniel Noboa.

Asuntos familiares impidieron al presentador aceptar la candidatura para el Cabildo

La confirmación de su negativa trascendió el 23 de julio a través de un documento público. Esto ocurrió horas después de que el primer mandatario, durante un diálogo con Radio Centro, reconociera que mantenían acercamientos con el reportero, aunque aclaró que todavía no existía una respuesta definitiva sobre su integración a las listas.

En su escrito dirigido a la opinión pública, el radiodifusor explicó los motivos detrás de su resolución. «Lamentablemente, después de analizar dicha invitación por asuntos estrictamente de índole personal, decidí que no era el momento indicado», detalló el involucrado, subrayando que sus compromisos actuales le impedirían otorgar el espacio y tiempo que demanda un cargo en la función pública.

Pese a la declinación, la figura mediática expresó su agradecimiento por haber sido considerado para representar a la urbe y deseó éxito a quienes finalmente resulten designados por las autoridades para la contienda política en representación de los guayaquileños. Fuente: El Expreso

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