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La doble vida de Mayra Salazar: así se convirtió en pieza clave entre narcotraficantes, políticos y personajes influyentes

El personaje clave de los casos Metástasis y Purga, usó su encanto y experiencia como relacionista pública para convertirse en el vínculo entre narcos, jueces y políticos. Hoy su colaboración en el caso devela cómo llevaba una doble vida.
Para algunos era buena amiga, seria, responsable, solidaria… Para otros, una mujer calculadora, egocéntrica, inescrupulosa, mareada de poder… Preguntar sobre Mayra Carolina Salazar Merchán a sus amigos, excompañeros de trabajo y conocidos, des-prende diferentes calificativos. Un vaivén de comentarios que muestran a una persona que fácilmente podría convertir su historia en una versión moderna de la novela Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Dos personas viviendo en el mismo cuerpo.
Salazar Merchán es pieza clave en, quizás, los casos judiciales más mediáticos y sorprendentes en la historia contemporánea del Ecuador. Detenida en la madrugada del jueves 14 de diciembre como parte del caso ‘Metástasis’, parecía un personaje antagónico de un listado donde había varios ‘peces gordos’. Pero Mayra S. M., como se la señaló inicialmente, hacía funcionar un mecanismo delictivo en el que engranaban narcotraficantes, funcionarios judiciales, políticos y otros personajes influyentes.
Su rol protagónico permitió que la fiscal general Diana Salazar inicie una nueva investigación que derivó en el caso ‘Purga’. Todo esto a partir de lo que reveló su teléfono. Ahora ingresó al sistema de protección de la Fiscalía, como procesada, para darle seguridad y con la esperanza de que aporte más información. ¿Pero quién es Mayra Salazar? ¿Cómo una relacionista pública alcanzó ese estatus?
Lea también: Cambios en el patrimonio de Mayra Salazar: Contraloría investiga tres aspectos clave sobre sus bienes
“Le gustó la fama”
Nació en Guayaquil el 29 de septiembre de 1988. Creció en una humilde casa en el sur de Guayaquil, en la ciudadela Brisas del Salado, cerca de la Base Naval Sur. Su padre, ya fallecido, fue suboficial primero de la Armada.
Quienes la conocen de esa primera etapa de su vida hablan de una Mayra a la que le gustaba hacer amigos, que era poco cercana con su familia y que mostraba muchas ganas de destacar. “Era muy pilas, tenía una personalidad arrolladora. No le podías decir que eso no lo iba a hacer porque con más ganas lo hacía para demostrarte que no era imposible”, recuerda una de sus antiguas compañeras de trabajo.
Formalmente, Mayra inició su vida laboral en una agencia de Relaciones Públicas. Allí, como ejecutiva, empezó a tejer sus primeros lazos con las comunicaciones como asesora externa de empresas nacionales y multinacionales. Un trabajo que realizó ya como graduada de Tecnóloga en Comunicación del ITV, en Guayaquil.
En 2013 pasó a TC Televisión como relacionista pública y allí, dicen sus allegados, empezó todo. Su trabajo consistía en posicionar la marca del canal a través de conseguir que otros medios publiquen noticias sobre sus talentos de pantalla y los contenidos de los programas, entre otras funciones. Esto la llevó a un mundo de fiestas y lujo.
Se comprometió y casó con un periodista de otro canal. Fue una boda sencilla, recuerda una de las invitadas. “Eran dos chicos que pasaban por un buen momento y que no venían de familias adineradas”, cuenta una excompañera de trabajo. De hecho un año después hicieron un préstamo al BIESS a 25 años para comprarse una casa en una ciudadela de clase media en La Aurora, cerca de Guayaquil.
Su amiga cuenta que luego “empezó a deslumbrarse por las luces, las cámaras… La entrevistaban de los programas de farándula por su relación personal y por su nexo con famosos de TV… Le gustó la fama”. Otro punto de inflexión, aseguran las fuentes, fue cuando TC comenzó a auspiciar conciertos. “Tenía peleas con algunos compañeros de otras áreas, incluso con su jefa directa. No quería recibir órdenes y desafiaba diciendo que si tenían algún inconveniente, que se quejen con las cabezas”.
“Ella pasaba con los famosos, les manejaba su imagen”, cuenta una colaboradora de TC en esa época. En sus redes sociales, Mayra presumía su roce con la farándula ecuatoriana e internacional. Fotos con cantantes, políticos, presentadores de noticias… Sus muros de Facebook e Instagram muestran el alcance de su vida social. Una de sus amigas dice que con el tiempo se alejó de ella porque “a su vida llegaron un par de personas que me daban miedo”, reconoce.
En 2017 se asoció con un empresario de conciertos, primero de manera individual. En el canal había puesto su renuncia pero le “hicieron una nueva propuesta y le subieron el sueldo. De hecho ella se jactaba de su poder para lograr eso”, explica una excolaboradora de la televisora.
Pero la historia no duró mucho. Al inicio de 2018 salió de TC, y de esto hay dos versiones: la de Mayra, que renunció para ponerse su propia empresa; y la interna de TC, donde se dice que fue despedida. Lo cierto es que después de su salida fundó la empresa Más Producciones en mayo, se divorció en octubre y obtuvo la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil en diciembre.
Lo siguiente fue crear un negocio de impresión de entradas denominado Más Ticket’s. Así trabajó en los conciertos de los cantantes Anuel AA y Karol G, en junio de 2019 en el estadio Alberto Spencer, en Guayaquil.
Pocos meses después, Salazar vendió sus acciones, por 500 dólares, a Juan Moisés E., un chico de 22 años, domiciliado en el popular barrio guayaquileño de La Chala. ¿Un dato menor? En lo absoluto: Juan Moisés ahora es gerente de Safecast, una empresa donde hasta 2020 fue accionista Jorge Sánchez Montiel. Este último también compró Más Producciones en sociedad con un tal Daniel Salcedo Bonilla. Tanto Salcedo como Sánchez Montiel fueron procesados y sentenciados por lavado de activos a mediados de 2020. Salcedo recibió 13 años de prisión y Sánchez Montiel, seis.
Más cerca del poder
Para quienes estuvieron cerca de ella, su vínculo con el narcotraficante Leandro Norero se da entre 2018 y 2020, cuando se dedica a la organización de eventos. De hecho, Salcedo también hacía lo mismo antes de ser investigado. Ya en 2020, dice una anterior compañera de trabajo, se rumoraba una cercanía de Salazar con un “personaje peligroso”, aunque no se sabía con exactitud quién era.
También en ese mismo período, Salazar apadrinó con su empresa Más Producciones al grupo musical ‘Faraonas del Amor’, integrado por mujeres privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Femenino de Guayaquil. Salazar se refería al Ministerio de Justicia como su cliente por trabajar en este proyecto social, que le permitió en más de una ocasión ir a los centros penitenciarios del país.
Algo que hizo luego con su Fundación Renova, una ONG creada en 2021 para desarrollar programas de ayuda con grupos vulnerables. En la cuenta de Instagram de la fundación aparece con varios famosos, entre esos María Fernanda Vargas, actual alcaldesa de Simón Bolívar y mencionada en los chats entre Salazar y Norero.
En esa fundación también aparece Cristina Reyes, como presentadora de un programa que sacaban en un canal de YouTube y que lo usaban para contar historias humanas. Reyes fue jefa de Salazar, primero como asesora en la Asamblea Nacional, desde finales de 2019 hasta mayo de 2021, con un sueldo de 2.300 dólares mensuales. “Yo no soy parte de este entramado, no soy investigada ni procesada. (…) Lamentablemente alguien que trabajó en mi equipo está siendo investigada”, señaló Reyes a través de un video en sus redes sociales.
Pero no solo trabajaron juntas en la Asamblea. En la Contraloría General del Estado reposa la declaración patrimonial de Salazar Merchán como asesora de la oficina del Ecuador en el Parlamento Andino entre enero y abril de 2023; allí donde Reyes tiene funciones desde 2021.
También en Contraloría aparece su declaración como analista en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas desde octubre del año pasado. Ese fue su último paso antes de ser involucrada en el caso ‘Metástasis’. Si bien su nombramiento llegó a finales de ese año, la misma Salazar reveló que desde antes era asesora de la presidenta de la Corte Provincial y ahora detenida en el caso ‘Purga’.
Esos documentos en Contraloría muestran el poder de Salazar en los últimos años. En su primera declaración como funcionaria de la Asamblea, reportó un saldo bancario de 11.500 dólares, un automóvil avaluado en 2.500 y una casa en una ciudadela de clase media, cotizada en 46 mil dólares. Al tener una deuda bancaria, como patrimonio registró un valor de 20 mil dólares. Mientras el año pasado, antes de entrar a la Corte, tenía un saldo bancario superior a 12 mil dólares, un vehículo avalado en 12 mil dólares y dos bienes inmuebles: la casa antes mencionada y una nueva, en Samborondón, adquirida en 2022 con un préstamo a un banco privado por 60 mil dólares. En total, su patrimonio superaba los 320 mil dólares.
“Recuerdo que Mayra siempre me decía que detestaba la política y mira cómo terminó metida en este problema justo por vincularse a la política”, dice una de sus amigas. Una de las pocas que le quedan, al parecer: algunas la dejaron de seguir en redes sociales, mientras otras aprovecharon para borrar sus fotos con ella.
Lo cierto es que los chats que Salazar le dio a la Fiscalía muestran que su alcance no tenía límites y sus formas no tenían escrúpulos. Y si bien el morbo de su relación con Norero ha llevado a que la discusión se centre a ratos en temas íntimos, la realidad es que Salazar supo conectar, tras bastidores, a los grupos delictivos con personajes influyentes. Y usar su profesión para llevar una doble vida que la convirtió en la mujer que lo sabía todo pero que al mismo tiempo no imaginó lo que eso significaría.
Fuente: Vistazo.
Nacionales
Golpe a «Los Lobos»: decomisan droga, armas y detienen a dos sospechosos

En el marco de las acciones estratégicas para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en el país, personal especializado de las Fuerzas del Orden ejecutó una operación de inteligencia que permitió la localización y decomiso de 1.132 bloques de sustancias sujetas a fiscalización, en una zona costera del cantón El Guabo, provincia de El Oro.
El hallazgo se produjo gracias a un trabajo coordinado de unidades tácticas y de inteligencia, que lograron ubicar el cargamento ilícito enterrado en una playa del cantón. Según las primeras investigaciones, los bloques incautados pertenecerían al Grupo Armado Organizado (GAO) «Los Lobos», organización vinculada a diversas actividades delictivas en la región litoral.
Durante el operativo, además del decomiso de la sustancia sujeta a fiscalización —cuya naturaleza y peso específico se encuentran en proceso de análisis por parte de las autoridades competentes— se incautaron también armas de fuego, municiones de diverso calibre, y se logró la aprehensión de dos ciudadanos presuntamente relacionados con el almacenamiento y custodia del cargamento ilícito.
La operación se ejecutó bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y uso progresivo de la fuerza, con estricto apego a los derechos humanos y en coordinación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado.
El material incautado fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad hasta las bodegas de la autoridad competente, donde se realizan los peritajes técnicos y judiciales correspondientes. Los ciudadanos aprehendidos fueron puestos a órdenes de la justicia para el inicio del respectivo proceso penal.
Este golpe contra el crimen organizado constituye una muestra del compromiso del Estado ecuatoriano en la lucha frontal contra el narcotráfico, el tráfico de armas y las estructuras delictivas que operan en el territorio nacional. Asimismo, refleja la efectividad del trabajo conjunto entre fuerzas policiales, militares y autoridades judiciales, orientado a restablecer la seguridad ciudadana y preservar el orden público.
El Gobierno Nacional reitera su firme decisión de no dar tregua a las mafias criminales y continuará ejecutando acciones que fortalezcan la soberanía, la paz y el bienestar de las comunidades en todo el Ecuador.
Nacionales
De la Gasca: Pachakutik se suma al respaldo del Gobierno Nacional

El Gobierno Nacional ya tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que empezará sus funciones el 14 de mayo de 2025. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, informó, este martes 6 de mayo de 2025, que los nueve asambleístas electos por Pachakutik se sumaron al proyecto.
«El camino hacia el Nuevo Ecuador se fortalece con la unidad de voluntades y el compromiso por el bien común. Hoy los 9 asambleístas electos de Pachakutik se suman a este gran acuerdo, reafirmando con el Gobierno Nacional, que cuando se antepone el amor por el país, es posible sumar esfuerzos y trabajar juntos por el progreso de todos los ecuatorianos», publicó De la Gasca en su cuenta de Instragram.
En la publicación aparece en una fotografía con siete de los nueve asambleístas de Pachakutik.
¿Qué significa este acuerdo?
El movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), trata de llegar a la primera sesión, del 14 de mayo, con una mayoría absoluta para contar con el presidente y vicepresidente legislativo.
Para ello necesita 77 votos. Con la suma de Pachakutik ya superaría los 80, por lo que tendría asegurado ese objetivo. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
Un debate ‘de trámite’ en la Asamblea derivó en una acalorada discusión en la que se dijeron ingenuos y colonialistas

El debate en la Asamblea se caldeó 6 de mayo de 2025, cuando resta una semana para el inicio del nuevo período legislativo. Un pedido para la creación del Museo de la Memoria revivió abusos a los derechos humanos en periodos pasados, pero también en los años más recientes.
Todo iba de acuerdo a lo planificado. El correísmo, a través de la legisladora Jhajaira Urresta, rechazando las violaciones ocurridas entre 1984 y 2008 y resaltando que con la Revolución Ciudadana fueron visibilizadas gracias a la creación de una comisión de la verdad.
Urresta recordó que en 2013 la propia Asamblea aprobó un proyecto de ley para establecer ese espacio en un plazo no mayor a 90 días. Sin embargo, ninguno de los cuatro gobiernos que pasaron desde entonces cumplieron.
Lo que hay, por ahora, es un sitio inadecuado en el subsuelo del Ministerio de Cultura que, según los familiares de las víctimas, no cumple con los preceptos de «reparación y justicia».
En febrero de 2023, la Corte Constitucional falló a favor de que se instale el museo con características especificas en el plazo de un año, pero tampoco ha ocurrido. Por eso, la Comisión de Garantías Constitucionales fiscalizó el tema.
Se armó la polémica
La legisladora por Pachakutik, Mariana Yumbay, durante el debate del Pleno del 6 de mayo de 2025.Asamblea Nacional.
La asambleísta independiente María Teresa Pasquel implosionó el debate al reclamar que «solo se pretenda incluir en el Museo las violaciones a los derechos humanos que se produjeron antes de 2008».
«¿Por qué nos olvidamos de lo que pasó desde 2008 hasta épocas recientes: asesinatos, desapariciones, agresiones, secuestros. Hay que rechazar de todos», cuestionó Pasquel.
Y fue más allá. Recordó que en las protestas sociales de 2019 y 2022 ciudades como Quito fueron sitiadas por violentos manifestantes «violando de los derechos humanos de muchos ciudadanos».
«Se incendiaron sitios como la Contraloría para quemar procesos. Ahí no se acuerdan, ahí no hay memoria. Hubo muchos indígenas ingenuos que cayeron en esa situación», agregó.
Entonces, el centro del debate dejó de ser el museo y pasó a ser el racismo. Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, fue la primera en acusar a su colega Pasquel de «vivir aún en la colonia, época en la que se pensaba que los indígenas no tenían voluntad propia».
Gabriel Bedón, del movimiento Construye dijo que no se puede tratar de ingenuo a ningún ecuatoriano y pidió respeto y consideración para las comunidades indígenas, con las cuales se solidarizó.
Su compañero de bancada, Jorge Peñafiel, coincidió que Pachakutik y el movimiento indígena no son para nada ingenuos, aunque no precisamente por las razones que tenía en mente Bedón.
«Pudieron negociar prebendas y espacios para agarrar la presidencia de la Asamblea en 2021. Y el día de hoy, según fuentes del periodismo, todavía están negociando la presidencia en el siguiente periodo. ¡Ingenuos! es lo que menos son», dijo con ironía Peñafiel.
El asambleísta por Cotopaxi, César Umajinga, rechazó que «los que pisotearon hasta con caballos a los indígenas en las manifestaciones de hace algunos años, ahora se presenten como puritanos y santitos».
«Todos los gobiernos han maltratado y violado los derechos humanos. De derecha y de izquierda han humillado al pueblo indígena» César Umajinga, asambleísta
El debate les devolvió la voz
La polémica incluso activó a legisladores que muy pocas veces han tomado la palabra en el actual periodo legislativo como José Clemente Agualsaca que, según el sistema de la Asamblea, ha intervenido en dos ocasiones.
También, a Eustaquio Tuala que ocupa una curul por Revolución Ciudadana y ha intervenido en los debates cuatro veces en lo que va del año y medio de este periodo legislativo.
Tuala se sintió tocado en primer persona por Pasquel. En las protestas de 2019 y 2022 dirigía el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) que apoyó a la Conaie en las acciones de hecho contra los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.
«Ingenuos no somos, somos capaces (…) un adoquín destruido en Quito se puede comprar, pero tiene memoria de cuantos indígenas murieron en los dos paros», cuestionó Tuala.
Pese a que han pasado varios años, Tuala pidió un minuto de silencio por los manifestantes que fallecieron producto de esas protestas. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, se lo concedió.
Una vez que bajaron los ánimos, casi todos los legisladores estuvieron de acuerdo en aprobar el informe no vinculante de la Comisión que, entre otras cosas, exhorta que se concrete la creación del Museo de la Memoria para los casos registrados entre inicios de 1984 y finales del 2008. Fuente: Primicias
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