USD 880 millones pagarán las operadoras móviles Otecel (hoy propiedad de Millicom, marca Tigo), y Conecel (marca Claro) hasta 2038 por la renovación de la concesión del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio de telefonía móvil en Ecuador.

De ese valor, USD 610 millones corresponde a un anticipo que será pagado en los «próximos meses», aseguró el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury, en rueda de prensa ofrecida este 5 de noviembre de 2025, en un hotel capitalino.

Los USD 270 millones restantes es una estimación de la sumatoria de montos variables, atados al volumen de ventas, que deberán pagar las operadoras cada año, durante los 15 años del contrato, por uso del espectro.

La nueva concesión comenzó a correr desde 2023, año en que vencían los contratos anteriores, los cuales fueron prorrogados hasta la firma de los nuevos contratos, el pasado 31 de noviembre, tras un largo proceso de negociación de más de cuatro años.

El Ministro detalló que de los USD 880 millones que pagarán las empresas hasta 2038, alrededor de USD 597 millones deberá cancelar el Consorcio Nacional de Telecomunicaciones (Conecel), que es parte de la multinacional mexicana América Móvil, dueña de la marca Claro.

Mientras con Otecel, compañía vendida por el grupo español Telefónica a la multinacional Millicom, se acordó un pago aproximado de USD 282 millones.

«Este acuerdo es el resultado de un proceso de negociación transparente, técnico, responsable y soberano. Este proceso garantiza mejores condiciones para el Estado, tarifas más justas para los usuarios y un servicio de mayor calidad para todos», dijo Kury.

El espectro radioeléctrico es el espacio por donde «viajan» las señales de telefonía móvil o Internet. Es un recurso del Estado que las operadoras usan mediante concesiones temporales.

Cuando Otecel y Conecel pagan por renovar sus contratos, en realidad adquieren el derecho de seguir usando esas frecuencias para ofrecer sus servicios en el país.

Despliege de 5G
El monto que pagarán las operadoras ya incluye la asignación de nuevas bandas de frecuencia del espectro a las operadoras, para el despliegue de la red 5G, de más velocidad que la 4G. «Vamos a contar con 5G en esas dos operadoras en los próximos meses», aseguró el ministro Kury.

Aparte de ese valor, las operadoras ofrecen inversiones para ampliar el servicio, con lo que el valor total para el Estado será de USD 1.550 millones durante la vida del contrato.

El Ministro de Telecomunicaciones explicó que la negociación alcanzada con las empresas de telefonía móvil incluye «metas concretas y medibles», tales como:

Despliegue de la tecnología 5G a través de la adjudicación de nuevas bandas de frecuencia.
400 escuelas conectadas a Internet.
Más de 600 nuevos sitios con tecnología 4G o superior, a escala nacional.
Mejorar la experiencia de los usuarios, garantizando la calidad de los servicios.
Establecimiento de techos tarifarios a la baja que promoverá la asequibilidad de los servicios.

«Hoy las empresas telefónicas no solo cancelan el valor de las frecuencias para poder operar, sino que se comprometen a seguir invirtiendo, ampliando su cobertura, mejorando su servicio, conectando poblaciones y carreteras que antes se encontraban aisladas», recalcó Kury.

El martes 14 de octubre de 2025, el paro indígena llegó a su punto más violento y conflictivo. Comuneros imbabureños y agentes policiales y militares se enfrentaron durante ocho horas en la entrada norte de Otavalo.

Durante esa jornada, que llenó a las calles y avenidas de ese cantón de palos, piedras, bombas lacrimógenas, además de largas y densas nubes de humo y gas, al menos 43 indígenas fueron detenidos. Y decenas de uniformados resultaron heridos.

Los familiares de los detenidos y los representantes de la Iglesia Católica pidieron espacio para un diálogo con el Gobierno después de 23 días de movilizaciones en Imbabura. Entre la tarde y noche de ese mismo día se acordó liberar a menores de edad y adultos mayores.

Pero al mediodía del miércoles siguiente debería instalarse la mesa de diálogo definitiva. Participarían los dirigentes de las 58 cabildos indígenas de la zona y John Reimberg, ministro del Interior y quien comandaba la intervención policial en el paro. Además, se esperaba la presencia de un representante más del presidente Daniel Noboa, que sería anunciado minutos antes de la instalación de la mesa.

Llegaron las 12:00 y la confirmación nunca llegó. En Otavalo se especulaba con dos nombres: la vicepresidenta María José Pinto o Zaida Rovira, ministra de Gobierno. Pero ninguna de las dos llegó a la provincia.

Pasado el mediodía, un helicóptero llegó desde Quito hasta el Comando de Policía de Otavalo y la delegación del Gobierno cruzó la avenida Luis Ponce de León para ingresar al Hotel Continental, donde se instalaría la mesa.

Los manifestantes presentes gritaron consignas contra el gobierno y a John Reimberg, la cara más conocida de ese grupo de personas. Junto a él, vestido de negro completo, apareció Fausto Jarrín, una figura con relativamente bajo perfil, pero que llamó a atención a los periodistas locales y nacionales que cubrían el diálogo.

Pese a que ya tuvo cargos menores en el correísmo, Jarrín ganó relevancia pública desde 2019, cuando colaboró con la defensa jurídica de líderes de esa organización política como Paola Pabón y Virgilio Hernández, procesados por las violentas manifestaciones de octubre de 2019.

Luego, por esa misma época, por asumir la defensa del expresidente Rafael Correa en el caso sobornos 2012-2016, en el que el exmandatario fue sentenciado a ocho años de cárcel.

Ese litigio, además, le permitió ganar espacio en la Revolución Ciudadana, que lo candidatizó a asambleísta para el período 2021-2025. Ganó esa curul, pero renunció en julio de 2022 para -supuestamente- volver a la defensa jurídica de los políticos del correísmo.

Desde noviembre de 2023, cuando Daniel Noboa llegó a la Presidencia de la República, se empezó a especular con que Jarrín era uno de sus asesores. El rumor creció cuando el abogado asistió a la posesión presidencial de mayo de 2025 y se lo vio entrando varias veces a Carondelet.

Finalmente, esa relación se confirmó con la presencia de Jarrín el diálogo con la dirigencia indígena, que  fracasó por la negativa de las bases de plegar a lo resuelto. Siete días después de esa aparición, la ministra Zaida Rovira confirmó en una entrevista con Teleamazonas que «es asesor de la Presidencia de la República y lo han visto algunas ocasiones conmigo también».

Un asesor sin cargo
Si bien la declaración de Rovira confirmó que Jarrín asesora a Noboa, nacieron nuevas dudas. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es la figura legal que se usa para su vinculación? ¿Cuánto y de qué forma se paga esa asesoría?

Según el portal oficial de la Contraloría General, el último cargo público de Jarrín fue como asambleísta, hasta 2022. Es decir, oficialmente no está en la nómina del Gobierno y tampoco se sabe desde cuando está.

El alejamiento de Jarrín de la Revolución Ciudadana fue progresivo. Tras su renuncia a la Asamblea, públicamente siguió apoyando al correísmo, pero algo empezó a cambiar en abril de 2023. El cayambeño dejó de usar el logo de la RC en sus publicaciones en redes sociales.

El distanciamiento se hizo más notorio desde 2024, ya con Noboa en el poder. En sus publicaciones, que cada vez eran menores, mostraba su apoyo a las medidas del Mandatario, como la declaratoria del conflicto armado interno. Aunque, en abril de 2024, sí criticó la incursión en la Embajada de México para arrestar a Jorge Glas.

La captura de Glas y la consulta popular del 21 de abril de 2024, en la que Noboa ganó en nueve de las 11 preguntas planteadas, supusieron la ruptura definitiva entre la RC y el Gobierno. Al mismo tiempo, el Mandatario optó por hacer un cambio en su frente político para apuntalar su trabajo en la Asamblea. Michele Sensi-Contugi reemplazó a Mónica Palencia en el Ministerio de Gobierno.

Ahí aparece Jarrín en la escena gobiernista por una supuesta cercanía con Sensi-Contugi, que ahora dirige el Centro de Inteligencia Nacional (CNI). Para esa época ya no participaba de actividades partidistas de la RC ni hacía públicas demostraciones de militancia

¿Asesor o lobista?
Justamente, en los primeros meses de 2024 -cuando se habría dado el acercamiento de Jarrín con el Gobierno de Noboa- hubo un cambio en el perfil profesional de Jarrín. Hasta ese momento, al menos públicamente, se lo había conocido como abogado y político.

El 27 de febrero de 2025, según la Superintendencia de Compañías, en Ecuador se fundó la empresa Praees Intelligence S.A.S. Su actividad económica es el «asesoramiento, orientación y asistencia operativa a las empresas y a la administración pública en materia de actividades de cabildeo, grupos de presión y lobbies».

Desde su fundación, el gerente general y representante legal de la empresa es Fausto Jarrín. Según los documentos públicos, esa empresa no genero movimientos económicos en su primer año de vida.

Sin embargo, en su informe anual de gestiones, el propio Jarrín indicó que en 2024 la empresa tuvo «gran cantidad de trabajo» y que uno de sus objetivos fue «captar más clientes».

¿Qué es Praees Intelligence?
El único dueño de Praees Intelligence es el español José Luis Rodríguez Clemente, quien en 2010 fundó una empresa con el mismo nombre en su país. Esta compañía se especializa en consultoría en servicios de inteligencia.

Como proveedor de servicios de inteligencia y seguridad, de manera pública hay muy pocos registros de la actividad de la empresa de Rodríguez en España.

Aunque, la misma empresa reveló que en 2016 hubo un cambio en su historia, ya que se creó Shadow Lynx, una división especializada en la rama de los «servicios especiales de seguridad, internacionales». Además, en 2018 se fundó Vanguard, centro de entrenamiento en seguridad; y Shadw Lynx Armeria, una extensión en el ámbito de la venta de armamento y equipos de seguridad.

Entre 2022 y 2024, en cambio, la empresa empezó su expansión Internacional. En estos dos años abrió oficinas en Kuwait, Sudán del Sur, Ecuador, Colombia y Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Según la web Shadow Lynx España, su oficina en Ecuador funciona en la misma dirección que Praees Intelligence, la empresa que gerencia y representa Fausto Jarrín.

Además, desde agosto de 2024, en Ecuador funciona una sucursal de Shadow Lynx España con el mismo nombre, aunque en otra dirección. En la Superintendencia de Compañías, no hay datos sobre sus accionistas y el administrador es otra persona. Sin embargo, los trámites de domiciliación los hizo el propio Jarrín.

Entre su portafolio de servicios, esta compañía ofrece:

Ciberseguridad: Pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades.
Inteligencia: Equipos especiales para la búsqueda de fuentes confiables para obtener información valiosa.
Equipos especiales: Servicios de seguridad en entornos complejos y hostiles.
Formación: Entrenamiento para la supervivencia en el campo de batalla en un ambiente bélico.
Material de defensa: Planteamientos de materiales, servicios, sistemas y suministros de defensa que equilibren presupuestos, capacidades y tiempos. Dirigidos a clientes gubernamentales.
UAVs: Vehículos aéreos no tripulados de alta calidad.

Armamento: Distribuidor oficial de DoubeStar USA, empresa que fabrica armas de fuego, especialmente rifles AR-15.
Blindaje y protección personas: Distribuidor oficial de Miguel Caballero, empresa colombiana especializada en la venta de chalecos y más prendas blindadas.

En el Portal de Compras Públicas ni Praees Intteligences ni Shadow Lynx figuran como proveedores del Estado, al menos, de manera oficial. Aunque las compras de todos sus productos, por considerarse de defensa y de seguridad, se hacen a través de compras reservadas. Así lo ha manejado el Gobierno de Daniel Noboa.

PRIMICIAS consultó de manera oficial al Ministerio de Gobierno y al Centro de Inteligencia Nacional si tienen algún tipo de relación contractual con estas empresas. Solo el Ministerio de Gobierno respondió descartándolo, pero el CNI no dio ninguna respuesta. Fuente: Primicias