Nacionales
Estado de excepción: más de 13 000 detenidos, pero solo 180 casos están en etapa de juicio
Un suceso que marcó el inicio del estado de excepción fue la irrupción armada en TC Televisión. En ese caso ya hay dos sentenciados.
La última vez que el Gobierno Nacional anunció el número de personas aprehendidas durante el estado de excepción fue el 11 de marzo de 2024. Entonces, el Ejecutivo señalaba que militares y policías habían detenido a más de 13 000 ciudadanos.
Según los registros de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 8 de enero -que comenzó a regir el estado de excepción- y el 31 de marzo, 1 740 casos habían avanzado a una instrucción fiscal, es decir que los involucrados pueden ser llamados a juicio.
Los datos además revelan que 730 casos ya están en etapa preparatoria de juicio, lo que significa que un juez encontró elementos suficientes para analizar una posible pena. Y otros 180 casos estaban en etapa de juicio.
Ecuavisa.com obtuvo estos datos tras una solicitud enviada a la FGE, organismo que precisa que en cada caso puede existir más de un procesado.
Durante ese periodo hubo además 11 383 casos en investigación previa. El artículo 585 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que, en la etapa de investigación previa, un fiscal puede archivar la causa si no cuenta con los elementos de convicción suficientes para formular cargos o no halla relación entre el delito imputado y las personas implicadas.
«Pudieron haberlos detenido, hacerles audiencia de flagrancia y dejar en investigación por falta de elementos», explica el abogado penalista Nino Cassanello.
Muchos detenidos y pocos sentenciados
Un suceso que marcó el inicio del estado de excepción fue la irrupción armada al canal TC Televisión el 9 de enero de 2024. Ese día además se decretó el conflicto armado interno y se declaró a 22 organizaciones criminales como terroristas.
El caso fue investigado justamente como un delito de terrorismo, que se castiga hasta con 13 años de prisión. La semana pasada ya hubo dos adolescentes condenados a ocho años de internamiento preventivo por este caso. Otras 12 personas están procesadas, entre esas William Joffre Alcívar Bautista (alias Negro Willy), quien está prófugo. Estos esperan que se fije fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio.

Según Cassanello, el número real de personas castigadas durante el estado de excepción se conocerá solo después de que se dicten sentencias. Ese dato fue consultado a la FGE, pero solo ofrecieron el número de los procesos en etapa de juicio.
Mientras tanto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas publican diariamente imágenes y videos de las detenciones de integrantes de grupos «terroristas».
Si bien, se realizan decenas de detenciones al día, según reportes de las fuerzas del orden, esto no se traducirá directamente en personas presas o delincuentes que salen del círculo del conflicto armado en las calles.

Por otra parte, la FGE detalló que se ha contabilizado en todo el país 1 442 denuncias por asesinatos, 7 469 por extorsiones y 2 186 por narcotráfico. Asimismo, hubo 298 reportes por terrorismo, 45 por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y otros seis por ejecución extrajudicial.
Con respecto a los secuestros, hubo 367 denuncias. Y sobre secuestros extorsivos, 401.
Fin del estado de excepción
El estado de excepción, que incluye un toque de queda en muchos cantones del país, concluirá este sábado 6 de abril y no se renovará, ha confirmado la ministra de Gobierno, Mónica Palencia.
Si bien finaliza este periodo excepcional, el conflicto armado interno no termina. El Gobierno Nacional prepara el marco jurídico para mantener los controles de seguridad, sobre todo para que los militares permanezcan en las calles. El Ejecutivo pretende involucrar a los municipios en estos proyectos.
«No se está delegando ninguna competencia que por ley es atribución exclusiva del Gobierno central. Lo que se está haciendo es establecer vínculos para fines de colaboración y poder tener un impacto concreto en territorio», mencionó Palencia tras una reunión con alcaldes el pasado lunes.
Nacionales
Destituyen a conjuez David Jacho de la Corte Nacional por presunto acoso sexual; su caso va a Fiscalía
El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, fue destituido de su cargo este viernes 7 de noviembre, tras ser señalado por presunto acoso sexual en contra de una empleada que laboraba en la entidad.
La decisión fue adoptada de manera unánime por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de conocer un informe del caso. Además, el organismo anunció que el hecho será remitido a la Fiscalía General del Estado para las acciones penales correspondientes.
Jacho integraba la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la CNJ. También formó parte del tribunal que ratificó la sentencia por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, que condenó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión.
El caso de acoso sexual salió a la luz el pasado 2 de julio, cuando una funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la Corte Nacional de Justicia. En el documento de dimisión, la mujer denunció haber sido víctima de acoso por parte de su jefe inmediato, es decir, el magistrado sancionado.
Tras conocer estos hechos se inició una investigación y el 21 de julio pasado, el juzgador fue suspendido en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo. Posteriormente, el 11 de septiembre se inició un sumario disciplinario en su contra.
La veeduría elaboró un informe y concluyó que, en el procedimiento administrativo instaurado en contra del magistrado, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en el procedimiento administrativo. Según la Judicatura, el conjuez tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
Adicionalmente, en el documento se indicó que el conjuez ejerció su derecho a conocer los datos del expediente, los hechos que se le imputaban, la infracción que pudo haber cometido y la sanción que se le podía imponer. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse y formular las impugnaciones y alegatos que crea necesarios.
Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación laboral de jerarquía con la víctima y compartían espacios comunes.
De las versiones recogidas en el informe, se determinó que la afectada informó sobre la situación de violencia sexual de la que era objeto, intercambiando incluso mensajes de auxilio con su compañero de trabajo.
Tras notificar la destitución del conjuez, el CJ enfatizó que esta decisión «ratifica su compromiso de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y de promover un ambiente institucional sano, ético y respetuoso para todas y todos los servidores judiciales». Fuente: Vistazo
Nacionales
Ecuacorriente s.a. alerta sobre falsas ofertas laborales
EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078
El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales. Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:
- La plataforma QuieroLaburo: http://quierolaburo.com/empresas/ecsa
EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.
Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
Internacionales
Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú
San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.
El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.
El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.
Empresas fachada y lavado de oro
La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.
Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.
La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.
Una frontera sin control
El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.
“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).
Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén
Preocupación en Zamora Chinchipe
Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.
El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?
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