De ahí que el compromiso adquirido por Ecuador y China en materia de inversiones se limite a realizar el mayor esfuerzo institucional para que los procesos sean expeditos. Mientras que, en el caso del establecimiento de empresas chinas, se aplica el mismo marco regulatorio que funciona para la constitución de una compañía de cualquier otro país.

En este contexto –precisa el exministro de Prado- tampoco existe un registro de una estampida de ciudadanos chinos en otros países latinoamericanos que suscribieron un tratado de libre comercio con China. Es el caso de Chile (2006), Perú (2010) y Costa Rica (2011), donde no hay registro de una explosión migratoria china.

“Este crecimiento de visas puede estar relacionado con las oportunidades que abre el tema de servicios. (El país) ha recibido grandes inversiones de empresas chinas. Lo que siempre hay que cuidar es mantener las leyes y normas de una migración formal para el Ecuador”, agrega.

De acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador, la inversión extranjera directa desde China ha ido en aumento. En 2022 se ubicó en USD 61,8 millones y para 2023 la proyección es de USD 72 millones, en función de los datos oficiales de los tres primeros trimestres de ese año. Por ese motivo, desde la visión de quienes defienden el Acuerdo Comercial con China, lo que existe es mayor número de misiones de empresas chinas para llegar al país con el objetivo de hacer negocios y alianzas con pares ecuatorianos.

Si bien desde el 1 de marzo de 2016 los ciudadanos chinos no requieren de visa para ingresar al Ecuador por un período de 90 días al año, sus actividades en el país deben centrarse en el turismo. De ahí que para participar en ruedas de negocios o tareas similares sea indispensable una visa temporal de inversionista.

Roberto Aspiazu, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien en 2004 lideró las negociaciones del fallido tratado de libre comercio con Estados Unidos, tampoco considera que exista un riesgo de una ola migratoria de chinos bajo etiqueta de inversionistas.

A su juicio, las alarmas por una posible llegada masiva de esos ciudadanos es parte del mito que se construye alrededor de los tratos de libre comercio, que supuestamente van a destruir la economía nacional. Pero que, en la práctica, el tema migratorio no fue abordado y que la negociación tomó en cuenta las sensibilidades de ciertos sectores de la economía ecuatoriana, procurando no dejarlos desprotegidos.

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Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se tomaron las previsiones para impedir afectaciones a los sectores considerables sensibles de la economía nacional por el ingreso de productos de origen chino.

En total se excluyó del Acuerdo Comercial un 10,02% de partidas presupuestarias. Es decir, que no habrá ingreso libre para productos chinos en 689 líneas arancelarias en el sector industrial, 103 líneas arancelarias en el sector agropecuario y 36 líneas en el sector de acuacultura y pesca.

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Sin embargo, hay disconformidad con ciertos sectores que alertan sobre posibles secuelas. Ese es el caso de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, que pone en duda que el Acuerdo Comercial permita una competencia justa y leal.

Su director ejecutivo, David Molina, se refiere a que en China funciona un “capitalismo de Estado”, donde las empresas son de propiedad del Estado chino y hay opacidad en la información empresarial. Por eso sospecha que se escodan subsidios que permiten a los productos chinos manejar precios por debajo de los que marca el mercado.

Una prueba de ello –añade- es lo que ocurre en el sector automotriz, donde China domina el 40% del mercado local. “Pagando el 40% de arancel la producción china desplaza a la producción nacional y de otros países que tienen 0% de arancel, como es el caso de Europa y Colombia. No se trata de que seamos una industria deficiente”.