Nacionales
Visas para inversionistas chinos se disparan en un 130% en Ecuador, a puertas del Acuerdo Comercial
El interés de chinos por venir al país, bajo el membrete de inversionista, creció tan pronto se cerraron las cuatro rondas de negociación del tratado comercial entre Ecuador y China. Los equipos negociadores de ambos países acordaron los términos del Acuerdo entre marzo y diciembre de 2022. Por ello, en enero del 2023, los gobiernos de Quito y Beijing comunicaron que el convenio estaba definido y que el siguiente paso sería el proceso de firma y ratificación interno de cada Estado.
En forma paralela a la noticia oficial de que el Acuerdo estaba listo y con la expectativa de su virtual ratificación, la emisión de visas de inversionistas para ciudadanos chinos se disparó en 2023 en un 130%. Así lo revelan datos oficiales sobre la concesión de visas del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.
Si en 2022 se emitieron un total de 203 visas de inversionistas para personas de esa nacionalidad, en 2023 esa cifra escaló a más del doble: 467 emitidas en las legaciones diplomáticas en el exterior y en Ecuador.
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AL GRANO:
-Entrada en vigencia del Acuerdo: 1 mayo 2024
-Mercado chino: 1400 millones
-Productos ecuatorianos beneficiadas: 99,6%
-Exportaciones ecuatorianas: USD 5 673 millones
-Importaciones desde China: USD 5151 millones
El requisito principal para que un extranjero tramite este visado es adquirir un bien inmueble avaluado en USD 80.000 o abrir una póliza de acumulación por un monto de 100 salarios básicos unificados (USD 46.000) por la duración que tiene el visado (2 años). El beneficio para el solicitante es la posibilidad de tener múltiples entradas al país y la libertad de hacer o establecer negocios en el Ecuador.
Para Mauricio Gándara, exembajador en Reino Unido, hay una relación directa entre el incremento de visas de inversionistas chinos y el acuerdo comercial. Pero precisa que no es un fenómeno particular, sino que es parte de la expansión económica que el gigante asiático experimenta en América Latina, ocupando el espacio que en el pasado tenían empresas estadounidenses e inglesas.
“Lo que nos indican (estas cifras) es que progresivamente crece este fenómeno (…) las inversiones chinas van de la mano con el elemento humano”, señala Gándara.
¿Estamos a la puerta de una invasión de ciudadanos chinos y, por lo tanto, de una explosión de negocios chinos?
Julio José Prado, exministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quien lideró la negociación del Acuerdo Comercial en el gobierno de Guillermo Lasso, descarta una eventual invasión de ciudadanos y negocios chinos.
Su posición se fundamenta en que no se incluyeron los temas de migración e inversiones en las 17 disciplinas negociadas con China. De ahí que no se hayan modificado las reglas migratorias para facilitar la llegada de ciudadanos chinos y que tampoco se hayan flexibilizado las condiciones para el establecimiento de compañías de ese país. En efecto, en las rondas de negociación se excluyó el capítulo de inversiones, donde necesariamente se trata la solución de controversias, un tema que tiene una regulación especial en el artículo 422 de la Constitución ecuatoriana.
De ahí que el compromiso adquirido por Ecuador y China en materia de inversiones se limite a realizar el mayor esfuerzo institucional para que los procesos sean expeditos. Mientras que, en el caso del establecimiento de empresas chinas, se aplica el mismo marco regulatorio que funciona para la constitución de una compañía de cualquier otro país.
En este contexto –precisa el exministro de Prado- tampoco existe un registro de una estampida de ciudadanos chinos en otros países latinoamericanos que suscribieron un tratado de libre comercio con China. Es el caso de Chile (2006), Perú (2010) y Costa Rica (2011), donde no hay registro de una explosión migratoria china.
“Este crecimiento de visas puede estar relacionado con las oportunidades que abre el tema de servicios. (El país) ha recibido grandes inversiones de empresas chinas. Lo que siempre hay que cuidar es mantener las leyes y normas de una migración formal para el Ecuador”, agrega.
De acuerdo con datos del Banco Central del Ecuador, la inversión extranjera directa desde China ha ido en aumento. En 2022 se ubicó en USD 61,8 millones y para 2023 la proyección es de USD 72 millones, en función de los datos oficiales de los tres primeros trimestres de ese año. Por ese motivo, desde la visión de quienes defienden el Acuerdo Comercial con China, lo que existe es mayor número de misiones de empresas chinas para llegar al país con el objetivo de hacer negocios y alianzas con pares ecuatorianos.
Si bien desde el 1 de marzo de 2016 los ciudadanos chinos no requieren de visa para ingresar al Ecuador por un período de 90 días al año, sus actividades en el país deben centrarse en el turismo. De ahí que para participar en ruedas de negocios o tareas similares sea indispensable una visa temporal de inversionista.
Roberto Aspiazu, expresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, quien en 2004 lideró las negociaciones del fallido tratado de libre comercio con Estados Unidos, tampoco considera que exista un riesgo de una ola migratoria de chinos bajo etiqueta de inversionistas.
A su juicio, las alarmas por una posible llegada masiva de esos ciudadanos es parte del mito que se construye alrededor de los tratos de libre comercio, que supuestamente van a destruir la economía nacional. Pero que, en la práctica, el tema migratorio no fue abordado y que la negociación tomó en cuenta las sensibilidades de ciertos sectores de la economía ecuatoriana, procurando no dejarlos desprotegidos.
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Protección local y críticas
Según el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se tomaron las previsiones para impedir afectaciones a los sectores considerables sensibles de la economía nacional por el ingreso de productos de origen chino.
En total se excluyó del Acuerdo Comercial un 10,02% de partidas presupuestarias. Es decir, que no habrá ingreso libre para productos chinos en 689 líneas arancelarias en el sector industrial, 103 líneas arancelarias en el sector agropecuario y 36 líneas en el sector de acuacultura y pesca.
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Luz roja del sector automotriz
Sin embargo, hay disconformidad con ciertos sectores que alertan sobre posibles secuelas. Ese es el caso de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, que pone en duda que el Acuerdo Comercial permita una competencia justa y leal.
Su director ejecutivo, David Molina, se refiere a que en China funciona un “capitalismo de Estado”, donde las empresas son de propiedad del Estado chino y hay opacidad en la información empresarial. Por eso sospecha que se escodan subsidios que permiten a los productos chinos manejar precios por debajo de los que marca el mercado.
Una prueba de ello –añade- es lo que ocurre en el sector automotriz, donde China domina el 40% del mercado local. “Pagando el 40% de arancel la producción china desplaza a la producción nacional y de otros países que tienen 0% de arancel, como es el caso de Europa y Colombia. No se trata de que seamos una industria deficiente”.
Nacionales
Destituyen a conjuez David Jacho de la Corte Nacional por presunto acoso sexual; su caso va a Fiscalía
El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), David Jacho, fue destituido de su cargo este viernes 7 de noviembre, tras ser señalado por presunto acoso sexual en contra de una empleada que laboraba en la entidad.
La decisión fue adoptada de manera unánime por el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de conocer un informe del caso. Además, el organismo anunció que el hecho será remitido a la Fiscalía General del Estado para las acciones penales correspondientes.
Jacho integraba la Sala de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la CNJ. También formó parte del tribunal que ratificó la sentencia por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, que condenó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas a ocho años de prisión.
El caso de acoso sexual salió a la luz el pasado 2 de julio, cuando una funcionaria presentó su renuncia al cargo de asistente administrativa en la Corte Nacional de Justicia. En el documento de dimisión, la mujer denunció haber sido víctima de acoso por parte de su jefe inmediato, es decir, el magistrado sancionado.
Tras conocer estos hechos se inició una investigación y el 21 de julio pasado, el juzgador fue suspendido en sus funciones, durante tres meses y sin sueldo. Posteriormente, el 11 de septiembre se inició un sumario disciplinario en su contra.
La veeduría elaboró un informe y concluyó que, en el procedimiento administrativo instaurado en contra del magistrado, se respetó el debido proceso y que no existieron vicios en el procedimiento administrativo. Según la Judicatura, el conjuez tuvo la posibilidad de ejercer su defensa.
Adicionalmente, en el documento se indicó que el conjuez ejerció su derecho a conocer los datos del expediente, los hechos que se le imputaban, la infracción que pudo haber cometido y la sanción que se le podía imponer. Esto, con el objetivo de que pueda defenderse y formular las impugnaciones y alegatos que crea necesarios.
Las investigaciones determinaron que el funcionario mantenía una relación laboral de jerarquía con la víctima y compartían espacios comunes.
De las versiones recogidas en el informe, se determinó que la afectada informó sobre la situación de violencia sexual de la que era objeto, intercambiando incluso mensajes de auxilio con su compañero de trabajo.
Tras notificar la destitución del conjuez, el CJ enfatizó que esta decisión «ratifica su compromiso de garantizar un entorno laboral libre de acoso sexual y de promover un ambiente institucional sano, ético y respetuoso para todas y todos los servidores judiciales». Fuente: Vistazo
EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078
El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales. Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:
- La plataforma QuieroLaburo: http://quierolaburo.com/empresas/ecsa
EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.
Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.
Internacionales
Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú
San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.
El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.
El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.
Empresas fachada y lavado de oro
La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.
Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.
La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.
Una frontera sin control
El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.
“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).
Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén
Preocupación en Zamora Chinchipe
Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.
El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?
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