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El Gobierno repudia asesinato de la alcaldesa Brigitte García y garantiza inmediatez en la búsqueda de los responsables

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El Gobierno expresó este domingo su repudio por el asesinato a tiros de la alcaldesa del cantón San Vicente (Manabí), Brigitte García, y ofreció hacer todo lo posible para dar con los responsables de este crimen.

«Estamos trabajando con la Fiscalía General del Estado y hemos dispuesto a la Policía Nacional del Ecuador que realicen todas las acciones que garanticen inmediatez en la investigación, a fin de dar con los autores materiales e intelectuales» del crimen, remarcaron en un comunicado conjunto los Ministerios de Gobierno y del Interior.

Esas dos carteras, en su texto, dicen que «repudian y condenan la acción criminal» que privó la vida de García y del director de Comunicación del Municipio de San Vicente, Jaime Loor, cuyos cuerpos fueron hallados en un vehículo cerca de esa ciudad.

«Nuestro sentido pesar de todo corazón, nos solidarizamos con sus familiares y reafirmamos nuestro compromiso a usar toda la fuerza del Estado para no dejar estos crímenes en la impunidad«, añadieron.

Asimismo, indicaron que, pese a estas acciones criminales, el Gobierno ratifica que no bajará la guardia en la «lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción política».

«Además, reforzaremos nuestros controles de orden público hasta lograr la seguridad y la paz en beneficio de los ecuatorianos», se añadió en el escrito.

$!Vehículo en el que fueron hallados los cadáveres de ambas víctimas.

El crimen de García y Loor se produjo en un momento en que rige en el país el estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa para frenar la espiral de violencia que se registró a principios de año.

Brigitte García, de 27 años, era la alcaldesa más joven del país y era militante del movimiento Revolución Ciudadana.

El crimen de García se dio menos de dos meses después del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el pasado 7 de febrero, y también en medio del estado de excepción.

Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un cantón cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.

El asesinato de Carnero, que era también militante correísta, se sumó a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

El presidente Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar el recrudecimiento de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.

Al declarar el «conflicto armado interno», el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó «como organizaciones terroristas» y «actores no estatales beligerantes».

El crimen de García también se dio en un momento en que el país está abocado a un proceso de consulta popular y referéndum que tendrá lugar el próximo 21 de abril.

Entre los asuntos que se votarán en esa consulta se incluyen preguntas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas. Fuente: Vistazo

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De la Gasca: Pachakutik se suma al respaldo del Gobierno Nacional

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El Gobierno Nacional ya tiene mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que empezará sus funciones el 14 de mayo de 2025. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, informó, este martes 6 de mayo de 2025, que los nueve asambleístas electos por Pachakutik se sumaron al proyecto.

«El camino hacia el Nuevo Ecuador se fortalece con la unidad de voluntades y el compromiso por el bien común. Hoy los 9 asambleístas electos de Pachakutik se suman a este gran acuerdo, reafirmando con el Gobierno Nacional, que cuando se antepone el amor por el país, es posible sumar esfuerzos y trabajar juntos por el progreso de todos los ecuatorianos», publicó De la Gasca en su cuenta de Instragram.

En la publicación aparece en una fotografía con siete de los nueve asambleístas de Pachakutik.

¿Qué significa este acuerdo?

El movimiento oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN), trata de llegar a la primera sesión, del 14 de mayo, con una mayoría absoluta para contar con el presidente y vicepresidente legislativo.

Para ello necesita 77 votos. Con la suma de Pachakutik ya superaría los 80, por lo que tendría asegurado ese objetivo. Fuente: El Telégrafo

 

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Nacionales

Un debate ‘de trámite’ en la Asamblea derivó en una acalorada discusión en la que se dijeron ingenuos y colonialistas

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El debate en la Asamblea se caldeó 6 de mayo de 2025, cuando resta una semana para el inicio del nuevo período legislativo. Un pedido para la creación del Museo de la Memoria revivió abusos a los derechos humanos en periodos pasados, pero también en los años más recientes.

Todo iba de acuerdo a lo planificado. El correísmo, a través de la legisladora Jhajaira Urresta, rechazando las violaciones ocurridas entre 1984 y 2008 y resaltando que con la Revolución Ciudadana fueron visibilizadas gracias a la creación de una comisión de la verdad.

Urresta recordó que en 2013 la propia Asamblea aprobó un proyecto de ley para establecer ese espacio en un plazo no mayor a 90 días. Sin embargo, ninguno de los cuatro gobiernos que pasaron desde entonces cumplieron.

Lo que hay, por ahora, es un sitio inadecuado en el subsuelo del Ministerio de Cultura que, según los familiares de las víctimas, no cumple con los preceptos de «reparación y justicia».

En febrero de 2023, la Corte Constitucional falló a favor de que se instale el museo con características especificas en el plazo de un año, pero tampoco ha ocurrido. Por eso, la Comisión de Garantías Constitucionales fiscalizó el tema.

Se armó la polémica

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La legisladora por Pachakutik, Mariana Yumbay, durante el debate del Pleno del 6 de mayo de 2025.Asamblea Nacional.
La asambleísta independiente María Teresa Pasquel implosionó el debate al reclamar que «solo se pretenda incluir en el Museo las violaciones a los derechos humanos que se produjeron antes de 2008».

«¿Por qué nos olvidamos de lo que pasó desde 2008 hasta épocas recientes: asesinatos, desapariciones, agresiones, secuestros. Hay que rechazar de todos», cuestionó Pasquel.

Y fue más allá. Recordó que en las protestas sociales de 2019 y 2022 ciudades como Quito fueron sitiadas por violentos manifestantes «violando de los derechos humanos de muchos ciudadanos».

«Se incendiaron sitios como la Contraloría para quemar procesos. Ahí no se acuerdan, ahí no hay memoria. Hubo muchos indígenas ingenuos que cayeron en esa situación», agregó.

Entonces, el centro del debate dejó de ser el museo y pasó a ser el racismo. Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, fue la primera en acusar a su colega Pasquel de «vivir aún en la colonia, época en la que se pensaba que los indígenas no tenían voluntad propia».

Gabriel Bedón, del movimiento Construye dijo que no se puede tratar de ingenuo a ningún ecuatoriano y pidió respeto y consideración para las comunidades indígenas, con las cuales se solidarizó.

Su compañero de bancada, Jorge Peñafiel, coincidió que Pachakutik y el movimiento indígena no son para nada ingenuos, aunque no precisamente por las razones que tenía en mente Bedón.

«Pudieron negociar prebendas y espacios para agarrar la presidencia de la Asamblea en 2021. Y el día de hoy, según fuentes del periodismo, todavía están negociando la presidencia en el siguiente periodo. ¡Ingenuos! es lo que menos son», dijo con ironía Peñafiel.

El asambleísta por Cotopaxi, César Umajinga, rechazó que «los que pisotearon hasta con caballos a los indígenas en las manifestaciones de hace algunos años, ahora se presenten como puritanos y santitos».

«Todos los gobiernos han maltratado y violado los derechos humanos. De derecha y de izquierda han humillado al pueblo indígena» César Umajinga, asambleísta

El debate les devolvió la voz

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La polémica incluso activó a legisladores que muy pocas veces han tomado la palabra en el actual periodo legislativo como José Clemente Agualsaca que, según el sistema de la Asamblea, ha intervenido en dos ocasiones.

También, a Eustaquio Tuala que ocupa una curul por Revolución Ciudadana y ha intervenido en los debates cuatro veces en lo que va del año y medio de este periodo legislativo.

Tuala se sintió tocado en primer persona por Pasquel. En las protestas de 2019 y 2022 dirigía el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) que apoyó a la Conaie en las acciones de hecho contra los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

«Ingenuos no somos, somos capaces (…) un adoquín destruido en Quito se puede comprar, pero tiene memoria de cuantos indígenas murieron en los dos paros», cuestionó Tuala.

Pese a que han pasado varios años, Tuala pidió un minuto de silencio por los manifestantes que fallecieron producto de esas protestas. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, se lo concedió.

Una vez que bajaron los ánimos, casi todos los legisladores estuvieron de acuerdo en aprobar el informe no vinculante de la Comisión que, entre otras cosas, exhorta que se concrete la creación del Museo de la Memoria para los casos registrados entre inicios de 1984 y finales del 2008. Fuente: Primicias

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Jueza ordena prisión preventiva para Augusto Verduga y solicita notificación roja de la Interpol

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Un dictamen de prisión preventiva recayó este martes sobre el exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Augusto Verduga, quien se encuentra procesado por el Caso ‘Ligados’.

La Fiscalía General del Estado anunció a través de redes sociales que la jueza de la causa, Daniella Camacho, acogió su pedido y ordenó el encarcelamiento provisional del exvocal. La magistrada también ofició a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) que emita la notificación roja de localización y captura.

Horas antes de la audiencia de revisión de medidas cautelares en la que se alcanzó la resolución, el exconsejero, sobre quien pesan cargos como autor directo del delito de asociación ilícita, reveló a través de redes sociales que se encuentra en México.

Verduga viajó hacia ese país luego de haber permanecido aproximadamente tres meses en Colombia, pese a que eso lo llevó a desacatar una medida cautelar de presentaciones periódicas ante un juez, dictada por su vinculación al Caso ‘Ligados’.

La diligencia se instaló por vía telemática y contó con la participación de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. La revisión de cumplimiento de las disposiciones preventivas también se extendió al exconsejero Eduardo Franco Loor, quien también está procesado en el caso por presunta asociación ilícita.

“Para el procesado Eduardo F. modifica la medida de presentación periódica y acepta que esta se cumpla en la Corte Provincial de Guayas, cada 15 días. Además, solicita que justifique documentadamente la existencia de la cirugía a la que se someterá en los próximos días”, informó el Ministerio Público en la red social X.

¿Sobre qué trata el caso ‘Ligados’?

El caso ‘Ligados’ es una investigación en curso de la Fiscalía contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También es parte del proceso Nicole Bonifaz, quien aún sigue en esa institución.

Ellos habrían incurrido en el delito de asociación ilícita en el marco de varios hechos. Por ejemplo, la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022-2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público efectuó un allanamiento a finales de enero del 2025 e incautó los celulares de Augusto Verduga, de los cuales se han extraído múltiples conversaciones que dejarían en evidencia una serie de estrategias de la denominada Liga Azul, afín al correísmo, de la que Saltos y Loor también eran parte, para cooptar organismos de control.

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