Nacionales
Metástasis y Purga: La mitad de los jueces procesados fueron docentes universitarios
La decadencia del sistema judicial ha sacudido al país, especialmente desde diciembre, con las investigaciones de los casos Metástasis y Purga. Los que se suponía eran 19 «honorables» jueces, son acusados por la Fiscalía de ser parte de redes de delincuencia organizada.
Se trata de cuatro funcionarios que formaron parte de la Corte Nacional de Justicia y 15 que trabajaban en tribunales de cuatro provincias. De ellos, además, una decena fueron docentes universitarios y, al menos, un par dieron cátedra en la Escuela de la Función Judicial.
Pero, según la Fiscalía, estos jueces y exjueces llegaron a ser expertos en emitir dictámenes a medida y retrasar procesos judiciales, a cambio de cuantiosos pagos. Esto porque, además de su poder como magistrados, nueve también fueron funcionarios de la Fiscalía, la Judicatura o la Defensoría Pública.
Por ejemplo, uno de ellos es Wilman Terán, quien incluso llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura e intentó llevar adelante un cuestionado concurso para jueces nacionales.
A continuación, PRIMICIAS presenta un resumen de las trayectorias en el sector público, según los registros de la Contraloría, de los jueces investigados:
1 Corte Nacional Wilman
Gabriel Terán Carrillo: Fue parte de las comisiones de la Verdad y de Angostura, creadas por Rafael Correa, fue director de asesoría jurídica del Consejo de Gobiernos Parroquiales. Y empezó su carrera judicial como juez en Santo Domingo y en Los Ríos, conjuez nacional y juez encargado de la Corte Nacional, hasta llegar a la Presidencia de la Judicatura en 2023. También fue profesor de la Universidad Central.
Luis Antonio Rivera Velasco: Fue juez provincial y defensor público en Los Ríos, servidor público de la extinta Secretaría de Transparencia. Entre 2019 y 2020 fue asesor de César Litardo en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y ya para 2021 llegó a ser juez nacional. También fue docente de la Escuela de Función Judicial y en la Uniandes.
Byron Javier Guillén Zambrano: Empezó como defensor público y asistente de fiscales, en 2012 pasó a ser juez en Portoviejo y juez provincial de Manabí desde 2014. En 2021 llegó a la Corte Nacional. Fue docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro.
Himmler Roberto Guzmán Castañeda: Fue secretario y fiscal de la Primera y Segunda Zona Militar y asesor jurídico del Ejército. Fue funcionario del Ministerio de Inclusión Social, fiscal de Pichincha y de Cotopaxi y asesor en la Corte Constitucional. Desde 2014 pasó a ser juez en Salcedo, de la Corte Provincial de Pichincha y conjuez de la Corte Nacional desde 2015. Fue docente en la Universidad Técnica de Cotopaxi y en la Escuela Politécnica Javeriana.
Guayas
Ronald Xavier Guerrero Cruz: Fue juez de primer nivel de la Corte de Guayas. Pero en 2004 fue multado por daños y perjuicios y en 2011 fue destituido por una «falta disciplinaria gravísima». Retornó en 2019, como juez de Garantías Penales.
Adolfo Richart Gaibor Gaibor: Primero fue fiscal y después juez provincial de Los Ríos. Desde 2019 es juez provincial de Guayas.
Johann Gustavo Marfetán Medina: Ha sido juez suplente, juez temporal y juez de la Sala de lo Penal Corte de la Corte de Guayas. Fue docente de la Universidad de Guayaquil.
Glenda Elizabeth Ortega Marcial: Ha sido jueza de primer nivel de la Corte de Guayas. María Fabiola Gallardo Ramia: Fue secretaria y agente de la Fiscalía y después jueza de la Corte de Guayas, hasta que llegó a presidirla en 2022.
Reinaldo Efraín Cevallos Cercado: Juez de primer nivel y provincial de la Corte de Guayas desde 2005.
Henry Robert Taylor Terán: Fue director provincial del Consejo de la Judicatura en Santa Elena, asesor en el Banco Central, director del Distrito Educativo de Durán y juez de la Corte de Guayas desde 2017.
Guillermo Pedro Valarezo Coello: Juez de la sala penal de la Corte Provincial de Guayas desde 2012.
Ramos Alberto Lino Tumbaco: Fue comisario del Ministerio de Gobierno en Santo Domingo, agente fiscal en El Oro, juez provincial en Los Ríos y en la Corte de Guayas. También fue docente de la Universidad Técnica de Machala
Nelson Mecías Ponce Murillo: Tuvo varios puestos jurídicos en la Subsecretaría de Acuacultura, Parque Nacional Galápagos, Secretaría de Transparencia, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Ambiente, Asamblea Constituyente, Secretaría Técnica del Mar, Universidad de Guayaquil y en la Asamblea Nacional. Fue juez provincial en Guayas desde 2015. Y fue docente de la Universidad de Guayaquil.
Cotopaxi
Santiago Paúl Zumba Santamaría: Fue amanuense, secretario y fiscal de la Fiscalía de Cotopaxi. Desde 2012 fue juez de primer nivel y juez provincial de Cotopaxi.
José Luis Segovia Dueñas: Fue juez de primer nivel, juez provincial y presidente de la Corte de Cotopaxi. También dio clases en la Universidad Técnica de Ambato.
Santo Domingo
Ángel Harry Lindao Vera: Fue juez temporal en El Oro, secretario de juzgado y analista jurídico. En 206 pasó a ser juez de primer nivel y provincial de Santo Domingo. También dio clases en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas.
Emerson Geovanny Curipallo Ulloa: Fue asistente y secretario de fiscales, asesor y coordinador del Ministerio de Industrias. Y desde 2015 juez de Garantías Penales de Santo Domingo.
Manabí
Carlos Alfredo Zambrano Navarrete: Fue secretario y juez de las cortes de Guayas y Manabí, llegó a presidir esta última en 2022. Fue docente de la Universidad Técnica de Manabí. Fuente: Primicias
Nacionales
Aquiles Álvarez acude a la CIDH y denuncia prisión con fines políticos
La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que la prisión preventiva en su contra responde a motivaciones políticas.
En el documento se señala que el alcalde permanece en condiciones de aislamiento extremo, con restricciones en visitas, comunicación y acceso a servicios básicos. Según su defensa, esto le impide ejercer el cargo para el que fue elegido, lo que —afirman— configura una “destitución de facto”. Por ello, solicitan la adopción de medidas cautelares internacionales.
Aunque un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en ese proceso, al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran “suficientes para establecer la existencia del delito” ni la probabilidad de participación de los procesados, el alcalde continúa privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas, una investigación por la presunta comercialización ilegal de hidrocarburos, denominada Triple A, y otro proceso relacionado por no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.
Nacionales
Un cadáver maniatado y en estado de descomposición fue hallado en la vía Loja-Zamora
Alrededor de las 06:15 de este miércoles 29 de abril, un cuerpo en estado de descomposición fue hallado a un costado de la vía Loja-Zamora, en el sector conocido como La Cordillera.
Según los reportes preliminares, el cuerpo fue localizado con signos de haber sido maniatado con cinta de embalaje y tenía la cabeza cubierta con una funda.
Tras el reporte, personal de la Policía y unidades especializadas acudieron al sitio para tomar procedimiento. Actualmente, las autoridades investigan el caso y realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo a una morgue, con el objetivo de identificar a la víctima.
Nacionales
Roberto Luque anuncia inicio de compensaciones a transportistas
El Gobierno anunció que las compensaciones al transporte público se mantendrán.
En una entrevista para Ecuavisa, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, señaló que las compensaciones económicas al sector se mantendrán hasta el 15 de mayo, para el transporte intra e interprovincial.
En el caso del transporte urbano, el esquema de subsidios ya concluyó, pero Luque explicó que se han tomado otra acciones como tercera placa, tarifarios en rutas largas y otros.
Sobre posible alza de pasajes
“Yo no lo podría aseverar. Esas decisiones dependen de los gobierno autónomos descentralizados”, dijo Luque.
Esto significa que la definición de tarifas no es una competencia del Ejecutivo, sino de los municipios, por lo que serán ciudades como Quito o Guayaquil las que deberán decidir si se mantienen o modifican los valores actuales.
Las autoridades también señalaron que cualquier ajuste deberá estar vinculado a mejoras en el servicio. Según su criterio, los usuarios podrían aceptar incrementos si estos se traducen en mayor calidad, seguridad y eficiencia en el transporte.
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