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Nacionales

Metástasis y Purga: La mitad de los jueces procesados fueron docentes universitarios

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La decadencia del sistema judicial ha sacudido al país, especialmente desde diciembre, con las investigaciones de los casos Metástasis y Purga. Los que se suponía eran 19 «honorables» jueces, son acusados por la Fiscalía de ser parte de redes de delincuencia organizada.

Se trata de cuatro funcionarios que formaron parte de la Corte Nacional de Justicia y 15 que trabajaban en tribunales de cuatro provincias. De ellos, además, una decena fueron docentes universitarios y, al menos, un par dieron cátedra en la Escuela de la Función Judicial.

Pero, según la Fiscalía, estos jueces y exjueces llegaron a ser expertos en emitir dictámenes a medida y retrasar procesos judiciales, a cambio de cuantiosos pagos. Esto porque, además de su poder como magistrados, nueve también fueron funcionarios de la Fiscalía, la Judicatura o la Defensoría Pública.

Por ejemplo, uno de ellos es Wilman Terán, quien incluso llegó a ser presidente del Consejo de la Judicatura e intentó llevar adelante un cuestionado concurso para jueces nacionales.

A continuación, PRIMICIAS presenta un resumen de las trayectorias en el sector público, según los registros de la Contraloría, de los jueces investigados:

1 Corte Nacional Wilman

Gabriel Terán Carrillo: Fue parte de las comisiones de la Verdad y de Angostura, creadas por Rafael Correa, fue director de asesoría jurídica del Consejo de Gobiernos Parroquiales. Y empezó su carrera judicial como juez en Santo Domingo y en Los Ríos, conjuez nacional y juez encargado de la Corte Nacional, hasta llegar a la Presidencia de la Judicatura en 2023. También fue profesor de la Universidad Central.

Luis Antonio Rivera Velasco: Fue juez provincial y defensor público en Los Ríos, servidor público de la extinta Secretaría de Transparencia. Entre 2019 y 2020 fue asesor de César Litardo en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y ya para 2021 llegó a ser juez nacional. También fue docente de la Escuela de Función Judicial y en la Uniandes.

Byron Javier Guillén Zambrano: Empezó como defensor público y asistente de fiscales, en 2012 pasó a ser juez en Portoviejo y juez provincial de Manabí desde 2014. En 2021 llegó a la Corte Nacional. Fue docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro.

Himmler Roberto Guzmán Castañeda: Fue secretario y fiscal de la Primera y Segunda Zona Militar y asesor jurídico del Ejército. Fue funcionario del Ministerio de Inclusión Social, fiscal de Pichincha y de Cotopaxi y asesor en la Corte Constitucional. Desde 2014 pasó a ser juez en Salcedo, de la Corte Provincial de Pichincha y conjuez de la Corte Nacional desde 2015. Fue docente en la Universidad Técnica de Cotopaxi y en la Escuela Politécnica Javeriana.

Guayas

Ronald Xavier Guerrero Cruz: Fue juez de primer nivel de la Corte de Guayas. Pero en 2004 fue multado por daños y perjuicios y en 2011 fue destituido por una «falta disciplinaria gravísima». Retornó en 2019, como juez de Garantías Penales.

Adolfo Richart Gaibor Gaibor: Primero fue fiscal y después juez provincial de Los Ríos. Desde 2019 es juez provincial de Guayas.

Johann Gustavo Marfetán Medina: Ha sido juez suplente, juez temporal y juez de la Sala de lo Penal Corte de la Corte de Guayas. Fue docente de la Universidad de Guayaquil.

Glenda Elizabeth Ortega Marcial: Ha sido jueza de primer nivel de la Corte de Guayas. María Fabiola Gallardo Ramia: Fue secretaria y agente de la Fiscalía y después jueza de la Corte de Guayas, hasta que llegó a presidirla en 2022.

Reinaldo Efraín Cevallos Cercado: Juez de primer nivel y provincial de la Corte de Guayas desde 2005.

Henry Robert Taylor Terán: Fue director provincial del Consejo de la Judicatura en Santa Elena, asesor en el Banco Central, director del Distrito Educativo de Durán y juez de la Corte de Guayas desde 2017.

Guillermo Pedro Valarezo Coello: Juez de la sala penal de la Corte Provincial de Guayas desde 2012.

Ramos Alberto Lino Tumbaco: Fue comisario del Ministerio de Gobierno en Santo Domingo, agente fiscal en El Oro,  juez provincial en Los Ríos y en la Corte de Guayas. También fue docente de la Universidad Técnica de Machala

Nelson Mecías Ponce Murillo: Tuvo varios puestos jurídicos en la Subsecretaría de Acuacultura, Parque Nacional Galápagos, Secretaría de Transparencia, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Ambiente, Asamblea Constituyente, Secretaría Técnica del Mar, Universidad de Guayaquil y en la Asamblea Nacional. Fue juez provincial en Guayas desde 2015. Y fue docente de la Universidad de Guayaquil.

Cotopaxi

Santiago Paúl Zumba Santamaría: Fue amanuense, secretario y fiscal de la Fiscalía de Cotopaxi. Desde 2012 fue juez de primer nivel y juez provincial de Cotopaxi.

José Luis Segovia Dueñas: Fue juez de primer nivel, juez provincial y presidente de la Corte de Cotopaxi. También dio clases en la Universidad Técnica de Ambato.

Santo Domingo

Ángel Harry Lindao Vera: Fue juez temporal en El Oro, secretario de juzgado y analista jurídico. En 206 pasó a ser juez de primer nivel y provincial de Santo Domingo. También dio clases en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas.

Emerson Geovanny Curipallo Ulloa: Fue asistente y secretario de fiscales, asesor y coordinador del Ministerio de Industrias. Y desde 2015 juez de Garantías Penales de Santo Domingo.

Manabí

Carlos Alfredo Zambrano Navarrete: Fue secretario y juez de las cortes de Guayas y Manabí, llegó a presidir esta última en 2022. Fue docente de la Universidad Técnica de Manabí. Fuente: Primicias

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Ecuacorriente s.a. alerta sobre falsas ofertas laborales

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EcuaCorriente S.A.,(ECSA), operadora de la mina Mirador, informa a la ciudadanía que personas inescrupulosas, cuya identidad se desconoce, están realizando ofertas de empleo falsas utilizando de manera indebida el nombre de la compañía. Estas acciones se han difundido a través de correos electrónicos fraudulentos (como seleccion@ecucorriente.com), llamadas telefónicas y una página de Facebook no oficial como: https://www.facebook.com/profile.php?id=61583054526078

El propósito de estos actos es engañar y estafar a personas en búsqueda de oportunidades laborales.  Recordamos a la ciudadanía que EcuaCorriente S.A. no solicita pagos, depósitos ni información personal. Todos los procesos de selección se realizan únicamente a través de medios institucionales y confiables, como:

 

 

EcuaCorriente S.A. rechaza enérgicamente este tipo de acciones ilícitas y exhorta a la ciudadanía a reportar la página de Facebook mencionada, así como cualquier comunicación que no provenga de los canales oficiales de la empresa.

Asimismo, invitamos a quienes hayan sido víctimas de estas estafas a presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

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Internacionales

Redes familiares, empresas y policías investigados por el oro ilegal en San Ignacio – Perú

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San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.

El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.

El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.

Empresas fachada y lavado de oro

La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.

Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.

La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.

Una frontera sin control

El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.

“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).

Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén

Preocupación en Zamora Chinchipe

Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.

El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?

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Policía frustra atentado con explosivos en el norte de Quito

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La Policía desactivó este jueves varios artefactos explosivos en el norte de Quito, en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte, según informó el ministro del Interior, John Reimberg.

Agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se desplegaron en horas de la noche tras detectar tres cargas explosivas colocadas dentro de un vehículo, entre ellas cilindros de gas adaptados para detonar mediante un dispositivo electrónico.

Reimberg aseguró que se trata de intentos de atentados sincronizados y atribuyó los hechos a “quienes están desesperados”.

“Pero se les acaba su hora. Nada nos detiene”, advirtió el titular del Interior.

El perímetro fue acordonado por unidades tácticas mientras se efectuaba la desactivación de los artefactos. El incidente no dejó heridos ni fallecidos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y su posible vinculación con los recientes hechos violentos registrados en el país.

“El dispositivo electrónico de ignición del explosivo fue desactivado”, precisó el ministro, quien destacó que el operativo forma parte de la línea investigativa relacionada con un atentado terrorista ocurrido en Guayaquil el mes anterior.

Alerta máxima desde atentado letal

Las amenaza de explosivos registrada este jueves en el norte de Quito, que se sumó a otros dos incidentes en Guayaquil, que tampoco dejaron víctimas, se dio casi un mes después del atentado con coche bomba perpetrado el pasado 14 de octubre en el norte de la ciudad portuaria, a las afueras de un centro comercial situado en la Av. Joaquín José Orrantia, que dejó un muerto y decenas de heridos.

Vídeos difundidos por redes sociales captaron el momento de la explosión. Según se aprecia, de repente, frente a varios ciudadanos que se acercaron a grabar y carros que circulaban por la vía, la camioneta fue engullida en un muro de llamas que se levantó más de cinco metros, generando una onda expansiva que destruyó vidrios de edificaciones cercanas.

Reimberg agregó que el atentado sería una represalia de «Los Lobos» por las operaciones militares desarrolladas en el sector minero de Buenos Aires, provincia de Imbabura, donde el Gobierno ejecuta operativos de gran escala contra la minería ilegal. Fuente: Vistazo

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