Nacionales
¿Jueces o abogados del diablo? El Caso Purga implica a siete magistrados de la Corte Provincial del Guayas
“Luego de analizar 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos, el juez Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva para el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola G., los jueces de Guayas Johann Gustavo M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth S., y Fausto A. (primo del exasambleísta procesado)”, dice textualmente un boletín de la Fiscalía General del Estado. A ellos se suma otro magistrado, Reinaldo C. que por su edad recibió arresto domiciliario.
Otro juez, esta vez uno de Garantías Penitenciarias, también de Guayas, será procesado por prevaricato ya que “habría concedido un habeas corpus –contraviniendo Ley expresa– a favor de Junior Roldán«. Este último un prófugo, líder de un grupo delincuencial organizado y fallecido en la clandestinidad en Colombia.
“Continuamos trabajando en esta limpieza de las instituciones del Estado, que tiene como fin buscar mejores días como nación”, dijo la Fiscal General Diana Salazar. La Fiscalía ha conseguido que varios magistrados hayan pasado del estrado al banquillo. Es que ejemplos de mala aplicación de la justicia sobran en el Ecuador. Un estudio hecho entre 2019 y 2022, reveló que hubo 26 demandas penales en contra de jueces de primera y segunda instancia. La mayoría de esos casos fue por enriquecimiento ilícito pero también eran perseguidos por asociación ilícita y hasta por falsificación de documentos. “Cuando los fallos dejan de administrar justicia y se transforman en un mero ejercicio burocrático o peor, un camuflaje para proteger a narcos, a matones o a sus testaferros pagados para lavar su cara, su plata, su imagen, la justicia pierde relevancia y por lo tanto se deja de creer en ella”, dijo el embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, en una conferencia en la Universidad Andina.
En un seguimiento a la situación de la justicia en el Ecuador, el Observatorio Derechos y Justicia identificó y levantó 123 alertas “sobre hechos irregulares y demás particularidades que inciden en el ejercicio de los derechos fundamentales, cuando estas se relacionan con la Función Judicial”.
Ya nadie puede negar lo evidente: “Aquí los juicios sin aceite no ruedan”, comentó un usuario del sistema en las afueras del complejo judicial Albán Borja, al norte de Guayaquil, el Miércoles de Ceniza. La corrupción es parte del sistema de justicia ecuatoriano. ¿Dónde está el problema? Vistazo abre el debate.
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CORRUPCIÓN EN EL SISTEMA JUDICIAL
Según el último Barómetro de la Corrupción que presentó la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el 58 por ciento de los funcionarios judiciales “son corruptos”. Es un porcentaje mucho más alto que el promedio de la región.
Eso lo ratifica la publicación denominada “Explicando la corrupción judicial en las cortes intermedias e inferiores”, escrita por el académico Santiago Basabe-Serrano. Da cuenta de que el estado de la corrupción judicial se ha ido empeorando a través del último cuarto de siglo. El estudio se realizó en Ecuador, Perú y Chile y concluyó que: “El Ecuador es el país que presenta resultados más preocupantes”.
El académico también analizó la formación de los jueces y descubrió que en Perú y en Chile, hay un permanente ascenso en los niveles de calidad de los magistrados. Y que “En una dirección opuesta se encuentra Ecuador, país en el que a partir de 2008 los niveles de calidad de sus jueces ha sufrido un grave menoscabo”.
Con Basabe coincide Agustín Grijalva, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar en un paper publicado en agosto de 2011: “El debilitamiento de la independencia judicial en Ecuador, que a mi modo de ver se profundizara a raíz de los resultados de la consulta popular de 2011… puede tener un efecto inmediato y significativamente negativo sobre los niveles de protección de los derechos constitucionales, y sobre la calidad de la democracia”.
Más ejemplos: Daniel Kuri fue director administrativo del Consejo de la Judicatura en Guayas. En el programa “Del día a la noche” de radio Centro contó en abril de 2022 cómo un asesor del Consejo de la Judicatura le pidió “hasta con improperios” que cambie a un juez de Samborondón porque en ese juzgado se ventilaba una querella que originalmente involucró a unos cónyuges pero que terminó enfrentando a dos familias de clase alta.
Kuri dijo que renunció frustrado porque presenciaba casos de corrupción, los denunciaba a sus superiores, pero nadie movía un dedo: “Yo les digo a ellos, miren me están llegando denuncias de que los jueces de garantías están cobrando entre 300 y 500 dólares para hacer las audiencias y entre 2.000 y 5.000 dólares para hacer las boletas… Yo hice todo lo posible para luchar contra eso”.
Pero al parecer. no todos los “acuerdos extrajudiciales” se pagan con dinero contante y sonante. La mecánica evoluciona. Así lo comenta el exmagistrado constitucional, Jorge Alvear: “Antes compraban propiedades y las ponían a nombre de otras personas, de familiares. Ahora la costumbre es hacer como los narcos, tener el dinero en barras de oro como las que tenía Norero”. Y el “Caso Purga” ha revelado una nueva modalidad: regeneraciones por sentencias. Nada menos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército habría negociado la remodelación de una sala de la Corte Provincial del Guayas a cambio de un dictamen a su favor.
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¿ACADEMICAMENTE MALOS?
“Hay una cantidad de jueces ignorantes, que son los que hacen más daño que el juez corrupto y preparado”, dice Alvear. Añade que “la mayoría de estos jueces es salido de la universidad, sin ninguna experiencia. Consiguen títulos de maestrías muy fácilmente simplemente comprando o pagando por las tesis, esto es vox populi”.
Al respecto, el doctor Miguel Bayona, experto en derecho constitucional, dijo: “Fui profesor universitario y una de las anécdotas que tengo es que les decía a mis alumnos, ustedes para quedarse de año tienen que hacer una solicitud al decano y les aseguro que les van a responder que el consejo directivo no aceptó la solicitud… Tenemos cada año 500 nuevos abogados. Ese abogado con poco conocimiento y poca práctica es el que va a ponerse de acuerdo con el juez para desplumar al cliente”.
“Tenemos que hacer un mea culpa desde la academia, es la deficiente formación de los abogados en el Ecuador”, reconoce el doctor Ramiro García, profesor de Derecho Penal y vicedecano de Jurisprudencia de la Universidad Central. Añade que “salvando excepciones, en muchos casos termina siendo la Judicatura apetecida por aquellos profesionales que no han podido tener un ejercicio profesional relevante”. Para él, esto se debe a que “la estructura de selección es poco profunda de conceptos y eso hace que se requiera poco esfuerzo para ser juez”.
A eso se suma que la Constitución de 2008 convirtió a los jueces en garantes constitucionales de los derechos de los ciudadanos. Al parecer eso ha abierto un nuevo mercado. Bayona cuenta su experiencia: “Ahí no importa si tienes o no tienes la razón o si te violaron tu garantía constitucional, sino que te dicen el valor y pagas”. Le preguntamos ¿Cuánto puede llegar a costar eso? “La base es 5.000 dólares. Una vez estaba tramitando una acción de protección, no voy a decir el juzgado. Media hora antes de la audiencia el secretario de la jueza nos dijo a mi cliente y a mí: la jueza me dice que la acción vale tanto y no se preocupe que si no tiene la plata ahorita la jueza va a suspender la audiencia. Efectivamente me la suspendió”. Así funciona la Justicia en el Ecuador. Fuente: Vistazo
Nacionales
Fiscalía y Policía ejecutan allanamientos en tres provincias por presunta delincuencia organizada vinculada al tráfico de drogas
Mediante sus canales oficiales en redes sociales, la Fiscalía General del Estado del Ecuador informó que, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, se ejecutaron allanamientos simultáneos en las provincias de Guayas, Pichincha y El Oro, como parte de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.
La operación fue desarrollada a través de la UNIDOT, en el marco de una investigación que se mantiene activa desde el año 2025. De acuerdo con la información oficial, la estructura criminal investigada estaría vinculada al envío de sustancias sujetas a fiscalización hacia Europa, utilizando presuntamente puertos marítimos del país como rutas de salida.
En el operativo participaron 21 agentes fiscales, junto a sus respectivos equipos técnicos y operativos, quienes lideraron las diligencias de allanamiento y recolección de indicios. Como resultado preliminar de la intervención, 16 personas fueron detenidas, quienes serían presuntamente integrantes de la organización investigada.
Durante las acciones ejecutadas, las autoridades incautaron armas de fuego, municiones de distintos calibres, vehículos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo, cuyo monto se encuentra aún en proceso de cuantificación, conforme a los procedimientos legales y técnicos correspondientes.
La Fiscalía General del Estado precisó que la situación jurídica de las personas detenidas será definida en las próximas horas, una vez que se desarrollen las audiencias respectivas y se formulen los cargos conforme a lo establecido en la normativa penal vigente.
Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones y acciones coordinadas para combatir de manera frontal a las estructuras de delincuencia organizada, en especial aquellas relacionadas con el tráfico internacional de drogas, con el objetivo de fortalecer la seguridad y el orden público en el país.
Nacionales
¿Cuáles son los puntos clave del acuerdo entre Ecuador y EE.UU. contra el narcoterrorismo? Así será la nueva fase
El presidente Daniel Noboa recibió este 2 de marzo en el Palacio de Carondelet a autoridades del Comando Sur de los Estados Unidos, encabezadas por el general Francis L. Donovan, en una reunión enfocada en fortalecer la cooperación bilateral frente al crimen organizado y el narcoterrorismo.
El encuentro se enmarca en una estrategia conjunta entre Ecuador y Estados Unidos para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad regional, en medio del anuncio de una “nueva fase” en la lucha contra estas estructuras delictivas.
Puntos clave del acuerdo entre Ecuador y EE.UU.
Durante la reunión, las autoridades revisaron varias líneas de acción que marcarán el rumbo de la cooperación en seguridad:
Intercambio de información: Se fortalecerán los mecanismos de inteligencia para detectar y desarticular redes delictivas.
Coordinación operativa: Habrá trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad en operaciones estratégicas.
Refuerzo de controles: Se intensificarán las inspecciones en aeropuertos y puertos para prevenir actividades ilícitas.
Lucha contra el narcoterrorismo: Se prioriza el combate a organizaciones vinculadas al narcotráfico y violencia organizada.
Respeto a la soberanía: Según el Gobierno, todas las acciones se ejecutarán bajo normativa ecuatoriana y respeto a la institucionalidad.
Ecuador, aliado clave en la región
La visita del general Donovan —la segunda que realiza a la región desde que asumió el mando en febrero— ratifica el papel de Ecuador como un socio estratégico en la seguridad hemisférica, enfatizó la Embajada de EE.UU. en Ecuador.
“El Ecuador es uno de los socios más sólidos de los Estados Unidos en la interrupción y desmantelamiento de organizaciones terroristas designadas en la región”, afirmó el General Donovan. “El pueblo ecuatoriano ha sido testigo directo del terror, la violencia y la corrupción que estos narcoterroristas infligen a las comunidades de toda la región”.
La delegación estadounidense concluyó que, los esfuerzos del Ecuador para combatir a los narcoterroristas «son fundamentales para su propia seguridad», así como para la estabilidad de la región y que los Estados Unidos sean más seguros.
Nueva fase contra el crimen organizado
La reunión se da luego de que Noboa anunciara el inicio de operaciones militares y policiales con aliados internacionales, así como de un toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.
“Quédense en sus casas durante el toque de queda; estamos en guerra”, advirtió el ministro del Interior, John Reimberg, tras la medida anunciada por el primer mandatario.
En declaraciones a la prensa, el funcionario detalló el horario en el que se aplicará la restricción: desde las 23:00 hasta las 05:00, a partir del 15 de marzo hasta el 31 de marzo.
“Estamos dando pasos decisivos en el combate contra el narcotráfico y los grupos delictivos, por lo que es fundamental que permanezcan en sus casas en los horarios que el señor presidente ha dicho”, enfatizó Reimberg. Fuente: Vistazo
Nacionales
¿Por qué se repiten los incendios en la Refinería Esmeraldas y cuáles son los efectos para Ecuador?
La Refinería Esmeraldas —el mayor complejo de refinación de petróleo de Ecuador— está sumida en una espiral de incidentes que la ha llevado a una caída de en la producción de derivados. Como resultado, Ecuador tiene que gastar más dinero en importar combustibles.
Por ejemplo, de una demanda promedio de 291.000 barriles diarios de combustibles en 2025, Ecuador importó 201.694, según el Banco Central de Ecuador (BCE). Esto es el 69% de la demanda.
En medio de la crisis por el ataque de Estados Unidos a Irán, las perspectivas sugieren que el petróleo podría subir hasta a USD 100 por barril, con lo que los combustibles derivados también subirían de precio y el gobierno de Daniel Noboa tendría que destinar más dinero para importarlos.
La Refinería Esmeraldas opera desde mayo de 1977, a cargo de la empresa estatal petrolera Petroecuador, y es responsable de alrededor del 60% de la refinación del país.
Las instalaciones pueden producir naftas para gasolina, diésel, gas licuado de petróleo (GLP), fuel oil y asfalto.
Pese a que tiene una capacidad de procesamiento de 110.000 barriles de petróleo por día (bpd), la refinería ha estado operando muy por debajo de su capacidad. En 2025 operó al 51% de su capacidad, en promedio.
Y aunque hasta enero de 2026 (último dato mensual disponible) estaba produciendo 95.011 bpd (el 86% de su capacidad), el escenario nuevamente va a la baja.
Es que el 1 de marzo de 2026 hubo un incendio en la refinería, por lo que ya estaba operando al 33% de su capacidad, según el reporte diario de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch).
Tres incendios y un sismo en menos de un año
La noche del 1 de marzo de 2026, un incendio en las bombas de carga de la unidad Sevia dejó fuera de operación al complejo. Petroecuador no ha informado si la planta retomó operaciones.
Este es el segundo incendio en la refinería en menos de dos meses. El incidente pasado fue el 30 de enero de 2026, en una piscina conocida como SLOP, que es utilizada para el almacenamiento y tratamiento de residuos de hidrocarburos.
Antes, el 26 de mayo de 2025, otro incendio, esa vez en tanques de almacenamiento de fuel oil, ya había afectado a las instalaciones.
Este es un resumen de los incidentes que han perjudicado a la refinería y por los que cayó la producción desde 2025:
Falta de mantenimientos y menos personal
Uno de los principales problemas de la Refinería Esmeraldas, que está por cumplir 50 años, es que no ha recibido los mantenimientos requeridos en los tiempos adecuados, dice Marcela Reinoso, exgerente de Petrocuador.
«Durante unos nueve años se han postergado mantenimientos mayores, por eso la infraestructura sufre estos incidentes y no produce a su carga máxima», explica Reinoso.
En 2023, durante la presidencia de Guillermo Lasso por ejemplo, la refinería ya debía entrar en un mantenimiento mayor, pero eso no ocurrió y recién en 2024 comenzó el proceso, recuerda Reinoso.
Pero ese mantenimiento se comenzó a realizar cuando ya se había presentado un evento de falla en la Unidad de Fraccionamiento Catalítico Fluidizado (FCC), el 5 de septiembre de 2024.
La petrolera estatal explicó que la unidad FCC, que es como el corazón de la refinería, salió de operación debido a una falla de compresores y el taponamiento de la válvula.
Los trabajos debían durar aproximadamente 65 días, lapso en el cual se realizaría un mantenimiento integral de toda la unidad FCC (procedimiento que no se había ejecutado desde el año 2015).
No obstante, el mantenimiento se alargó hasta inicios de abril de 2025. Luego vino el sismo de abril y el incendio de mayo. Recién en diciembre de 2025 comenzaron las pruebas en la unidad FCC.
«Hay que evaluar la efectividad de los últimos mantenimientos, parecería que solo se están ‘apagando incendios’, porque si todo estuviera bien no ocurrirían estos incidentes», dice Reinoso.
Otro problema, dice Reinoso, es que la empresa estatal Petroecuador ha tenido constantes cambios de gerentes (ocho desde que Daniel Noboa asumió el poder) y, además, ha reducido su nómina en el área de refinación.
Añade que hace falta que Petroecuador realice un estudio profundo para conocer los factores que han provocado los últimos incendios, para determinar si hubo fallas humanas, insuficiencia de personal o falta de mantenimiento.
En diciembre de 2024, Petroecuador tenía 10.060 empleados, de los cuales 1.034 pertenecían al área de refinación. Pero para diciembre de 2025 la nómina bajó a 8.685 empleados, de los cuales 910 son del área de refinación.
Para Reinoso, si no existe estabilidad en la gerencia de Petroecuador no es posible poner en marcha un plan de mediano y largo plazo que permita poner a la refinación entre las prioridades de la empresa estatal.
Caída de la inversión en Petroecuador perjudica a la refinería
La falta de mantenimientos es resultado de los bajos presupuestos que Petroecuador destina al área de refinación, que se desplomó a partir de 2015 y no se ha recuperado.
En ese año, por ejemplo, la petrolera destinó casi USD 400 millones a inversión en refinación.
Para 2025, la inversión en el área de refinación fue de apenas USD 22 millones, de un presupuesto de inversión total de USD 485,4 millones.
Si se revisa el presupuesto de costos y gastos para sostener la operación de Petroecuador, en 2025 se destinaron solo USD 138,9 millones al área de operación, de un total de USD 3.737,5 millones.
¿Cuál es la alternativa para esta refinería?
En 2023, el Gobierno de Guillermo Lasso intentó lanzar un proceso de contratación para que una empresa privada se haga cargo de la repotenciación de la refinería.
El plan era que se instale un tren de alta conversión para que la refinería produzca más derivados de alto valor comercial, como diésel premium, naftas para gasolina y GLP, y menos productos que tienen menos valor comercial, como el fuel oil y el asfalto.
Pero solo un consorcio se mostró interesado, estaba conformado por Hyundai, Siglocorp, las estadounidenses KBR, Ocala y Evensen Dodge; y la empresa Topsoe. La propuesta del consorcio iba a costar unos USD 2.300 millones.
No obstante, el proceso se retrasó y, con el cambio de Gobierno, en la gestión de Noboa, se declaró desierto.
Reinoso explica que el proceso lanzado en 2023 tenía falencias clave, como por ejemplo, hacía falta un estudio de margen de refinación.
La especialista considera que la refinería sí necesita una repotenciación mediante una contratación al sector privado. Sin embargo, advierte que es un proceso que tomará años y que Ecuador no está en un momento en el que se muestre atractivo a la inversión petrolera, por la inestabilidad jurídica que tiene. Fuente: Primicias
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