Nacionales
Corte Constitucional despenalizó la eutanasia en Ecuador
La eutanasia ya no será penalizada en Ecuador. La sentencia fue aprobada por la Corte Constitucional este miércoles, 7 de febrero del 2024.
Paola Roldán, de 42 años, es quien le dio cara a este pedido. Ella tiene esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que destruye las células que controlan los músculos. Esta dolencia a largo plazo imposibilita la movilidad. La mujer recibió el diagnóstico en 2020.
La defensa de Roldán, buscó que se declare inconstitucional el Art. 144 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la muerte asistida. Dicho artículo establece como delito a la eutanasia. Incluso, la penaliza con cárcel de 10 a 13 años. Eso impedía que en el país, la eutanasia sea posible porque los médicos podían ser juzgados.
Ahora, con el fallo de la Corte Constitucional, la eutanasia será posble y se despenaliza el homicidio para casos de muerte asistida.
En la decisión de la Corte Consitucional se dispone que el Ministerio de Salud, en un plazo máximo de 2 meses, expida un reglamento que regule el procedimiento para la aplicación de la eutanasia activa voluntaria y avoluntaria. Aquí se tomará en cuenta los criterios técnicos. Además, deberá remitir el Reglamento a la Corte, misma que verificará su cumplimiento.
Otra disposición que se realiza en el fallo fue que la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 12 meses, conozca, discuta, y expida la ley que regule los procedimientos eutanásicos con los más altos estándares generales.
En noviembre del 2023, Paola Roldán fue parte de la audiencia de la Corte en la que pidió morir en paz: «merezco morir mientras logro dar sentido a mis días».
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Nacionales
Ministerio de Trabajo: Ningún empleador puede obligar a trabajadores a asistir a eventos o movilizaciones
A través de un comunicado, el Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores no pueden obligar a sus trabajadores a asistir a eventos, concentraciones o movilizaciones de ninguna índole. La información se difundió este viernes, 20 de febrero de 2026.
En el documento se explica que esta medida rige para trabajadores del sector público y privado.
Se pueden hacer denuncias
Si el trabajador es obligado a ser parte de estas prácticas puede denunciar a los canales del Ministerio de Trabajo. Se garantizará el anonimato y la confidencialidad del denunciante para garantizar su estabilidad laboral y su integridad.
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Luego de recibir las denuncias, la cartera del ramo procederá con las inspecciones y medidas correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). Pueden darse sanciones para quienes incurran en estas faltas.
Los canales habilitados
El Ministerio de Trabajo habilitó estos canales:
Canal web: https://www.contactociudadano.gob.ec/
Línea telefónica: 1800 266 822
Presencial: ventanillas de atención de las direcciones regionales del Trabajo en todo el país.
Unas 400 personas marcharon este jueves por el centro de Quito para protestar contra el nuevo proyecto de ley impulsado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que busca reformar el esquema de gasto de los gobiernos locales, entre ellos municipios y prefecturas provinciales.
La iniciativa, denominada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), fue enviada por Noboa con carácter económico urgente, una figura constitucional que obliga al Legislativo a tramitarla en un plazo máximo de treinta días, tras lo cual el proyecto podría entrar en vigor automáticamente si no es aprobado o archivado.
El proyecto plantea que los gobiernos locales destinen al menos el 70 % de su presupuesto a inversión y no más del 30 % a gasto corriente, como salarios y funcionamiento administrativo.
La propuesta enfrenta al oficialismo, representado por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), que defiende su aprobación; y al correísmo, que gobierna las prefecturas y municipios más grandes del país, como Quito y Guayaquil.
Ellos sostienen que la norma reduciría su autonomía financiera y afectaría servicios municipales como la educación.
Entre los manifestantes hubo personas de distintas edades, desde adultos mayores hasta jóvenes con uniforme escolar.
Una de las presentes, Silvia Alviar, explicó a EFE que se había sumado a la marcha para «rechazar una ley que nos afecta a todo el pueblo, ya que nos quieren quitar un presupuesto, una gran parte». «Por ende, no vamos a poder tener buenos profesores, buenos profesionales para nuestros hijos», dijo.
De esta forma, Romero insistió en pedir al Gobierno central que archive la ley y que, si realmente busca la eficiencia y sostenibilidad de los gobiernos autónomos, escuche al pueblo y a los beneficiarios y elabore una norma que no perjudique a los más pobres y que garantice esa eficiencia y sostenibilidad.
La propuesta se tratará en segundo debate este viernes en el pleno del Parlamento ecuatoriano. EFE (I)
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