Han transcurrido 90 días desde que el presidente Daniel Noboa, tras el revés en la consulta popular, designara a la vicepresidenta María José Pinto como encargada del Ministerio de Salud Pública. Fue nombrada, mediante decreto ejecutivo, el 18 de noviembre de 2025.

La llegada de la Vicepresidenta parecía una medida para frenar una vorágine administrativa que ha impedido la continuidad de las políticas públicas: desde noviembre de 2023, el Ministerio de Salud ha visto el paso de cinco titulares, convirtiéndose en una de las entidades más inestables del Ejecutivo.

Entre los antecesores de Pinto estuvieron:

Franklin Encalada, quien duró alrededor de seis meses.

Manuel Antonio Naranjo, quien tuvo la gestión más extensa con ocho meses en el cargo.

Juan Bernardo Sánchez, quien dirigió la institución apenas 37 días, entre mayo y julio de 2025.

Édgar Lama, quien renunció a los tres meses para presidir el Directorio del IESS.

Jimmy Martín, el último ministro antes del encargo a Pinto, quien dejó sus funciones tras decretar una emergencia institucional, en septiembre de 2025, que no logró los resultados esperados de abastecimiento de medicinas.

Ninguno de los cinco ministros logró desmontar la corrupción estructural en el sistema público de salud —sobre todo en los procesos de compras públicas— ni el desabastecimiento de medicinas en los hospitales que hoy gestiona la Vicepresidenta todavía sin resultados visibles.

La vicepresidenta Pinto inició su encargo marcada por la promesa de aplicar una lógica gerencial para enfrentar la crisis sanitaria. El mismo día que asumió publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que  realizaría un “análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud y compras de medicinas”. También aseguró que, a través de las mismas redes sociales, informaría sobre “las primeras acciones”. Tres meses después, ese anuncio aún no se concreta.

Pinto dijo que, para eso, trabajaría con todo su equipo. Pocos días después de asumir el Ministerio hizo un primer nombramiento importante: Stalin Andino fue designado como Viceministro de Atención Integral en Salud tras dejar la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

E incluyó a cuatro personas de su confianza. En diciembre la Vicepresidenta incorporó asesores en la nómina del Ministerio: Mateo Wray, Fernando Pérez, Juan Carlos Ramos y al director de asesoría jurídica Lucas Salazar, según datos del portal de transparencia de la entidad.

El nudo crítico: Medicinas e insumos  
La expectativa principal sobre el encargo de Pinto giró en torno a la urgencia por atender el desabastecimiento de medicinas e insumos en casas de salud públicas.

Los datos oficiales, al cierre de 2025 e inicio de 2026, muestran que la emergencia decretada en septiembre había alcanzado resultados parciales. En esa fecha, los hospitales de la red publica necesitaban 765 tipos de medicamentos e insumos médicos. Se concretaron 256 contratos, lo que dejó la mayor parte sin adjudicar.

Luego de los procesos de compra fallidos, el 17 de enero de 2026, el Gobierno emitió el Decreto N.º 289, reformando el reglamento para permitir la «Adquisición por Abastecimiento Centralizado».

Esta es la última estrategia que incluyó reformas que permitan, entre otras, realizar adquisiciones por excepción a través de organismos internacionales o convenios intergubernamentales, cuando no cuenten con la oferta nacional disponible.

En febrero, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) lanzó un nuevo proceso de “subasta inversa corporativa fallida” para la compra de 193 fármacos que serían distribuidos a la red pública de salud (Ministerio de Salud, IESS, Isspol e Issfa). Estos medicamentos buscan satisfacer la necesidad de 12 meses y fueron priorizados por el Comité Nacional de Salud.

La expansión silenciosa de tuberculosis  
Aunque el Ministerio de Salud dirigido por María José Pinto descarta una epidemia, expertos en el área de salud alertan un incremento «inusual» de los casos de tuberculosis en Ecuador durante 2025 y piden, hasta ahora sin éxito, medidas concretas al Gobierno. PRIMICIAS contó, con datos de la Gaceta Epidemiológica del Ministerio, que el año pasado cerró con 9.142 casos de tuberculosis, un aumento del 67 % frente al año anterior.

En Guayas, provincia que concentra el 58 % de los infectados (5.316 casos), expertos como el epidemiólogo Ricardo Cañizares ya hablan de una «epidemia» alimentada por la pobreza y el descuido de los programas de prevención post-pandemia.

Pero el dato más alarmante es la mortalidad: los decesos por tuberculosis aumentaron un 127 %, pasando de 131 en 2024 a 297 fallecidos registrados oficialmente en 2025, aunque organismos de Derechos Humanos estiman que, sumando las muertes en cárceles, la cifra real podría rondar los 1.000 muertos por esta enfermedad.

El Ministerio de Salud en rueda de prensa reconoció más de 600 muertes por tuberculosis en las cárceles de Ecuador.

«Improvisación»; «error estructural»  
Para Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, el encargo de la Cartera de Salud a la Vicepresidenta fue una «improvisación» que debe concluir. El problema, sostiene, trasciende la compra de fármacos: «Necesitamos a alguien que entienda de gestión hospitalaria (…). La salud pública no es solamente comprar medicamentos, es actuar sobre los factores estructurales».

Rodas enfatiza que la corrupción sigue drenando recursos: «Mucho dinero se va en la corrupción. Nosotros hemos dado seguimiento y remitimos a la vicepresidenta denuncias detalladas con los nombres de los proveedores, pero se sigue insistiendo con estas personas».

Por su lado, Mónica Padilla, experta en sistemas de salud y exfuncionaria de la OMS/OPS, considera que la alta rotación de autoridades agrava el problema, pues los procesos de compra pública tienen una complejidad técnica que requiere experiencia específica.

«Si usted tiene un equipo que recién empieza a entender los procesos, hay un problema de gestión», dice Padilla.

Sobre la estrategia de centralizar las compras, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 289, Padilla advierte riesgos: «Centralizar la compra no necesariamente permite responder con la velocidad que se requiere a la población».

La experta sugiere que el país requiere dos frentes: uno de respuesta rápida descentralizada para la emergencia actual y otro de análisis estructural. «Trabajar frente al mercado sin regularlo adecuadamente nos genera también este desabastecimiento», concluye.

La gestión de la Vicepresidenta  
La administración de Pinto ha reportado, a través de las redes sociales, entrega de obras y equipamiento o visitas «en territorio» en estos tres meses de gestión.

Entre esas obras están, por ejemplo:

En diciembre se desarrolló una campaña de vacunación contra la influenza que alcanzó a más de 716.000 personas en todo el país. La campaña se mantendrá hasta marzo 2026.

-El 10 de diciembre de 2025, en un evento solemne, la Vicepresidencia lanzó la «Política Nacional de Salud Mental 2025-2030». El plan ofrece reducir la tasa de suicidios y aumentar la inversión.

• Ambato: Entrega de dos equipos de rayos X ‘Arco en C’ al Hospital General Docente Ambato, con una inversión de USD 230.000. El Gobierno dice que eso permitió realizar 45 cirugías de traumatología y urología.
• Guayaquil: Repotenciación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Infectología con nuevos sistemas de climatización y camas eléctricas hemodinámica, según el boletín del Gobierno.
• Quito: Inauguración del Centro de Salud Tipo A «Santa Bárbara» en el sur de la capital, el 5 de febrero de 2026.
• Tratamientos: El ministerio informó que realizaron tratamientos para Hepatitis C en Azogues, logrando la cura de cuatro pacientes mediante fármacos de alto costoPRIMICIAS ha solicitado -en distintas ocasiones durante estos tres meses- una entrevista con la vicepresidenta Pinto o con un vocero del Ministerio de Salud, sin lograr resultados positivos.

La gestión de Pinto, a tono con la politica de comunicación del Palacio de Carondelet, se ha caracterizado por una fuerte presencia en redes sociales.

El 23 de enero de 2026, por ejemplo, se volvió viral un video de la vicepresidenta realizando una visita sorpresa al Centro de Salud San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito. En las imágenes se vio a María José Pinto gritando a una funcionaria por la falta de atención a los pacientes. Un problema que es recurrente en todos los hospitales públicos, no solo en ese centro de salud.

El 20 de enero también publicó un video limpiando el lente de la cámara acompañado de un texto que informaba la entrega de 210 ítems en Machala, 236.000 unidades de fármacos en Cuenca, y 5,9 millones de insumos en 11 hospitales de Manabí y Santo Domingo.

Para Germán Rodas Chaves, estos actos mediáticos no reemplazan la política pública: «El país y la salud no se mueven con las cámaras… la pregunta es ¿cuáles son las políticas públicas que se están implementando? Y la respuesta es ninguna», enfatizó. Fuente: Primicias

El proyecto de ley urgente que busca controlar los gastos de los municipios y prefecturas superó su penúltimo obstáculo. La tarde de este martes 17 de febrero de 2026, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó, en una sesión virtual, el informe para segundo debate de la Ley Orgánica para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD.

La votación reflejó la polarización que ha marcado el trámite de la norma desde su inicio. El documento obtuvo 6 votos a favor (principalmente de la bancada oficialista ADN y aliados), 2 votos en contra (Revolución Ciudadana) y una abstención.

Con esta decisión, el informe será enviado al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, quien deberá convocar al Pleno para el debate definitivo en el que se decidirá la aprobación o el archivo de la propuesta del presidente Daniel Noboa.

El debate: Eficiencia versus utonomía  
Durante la sesión de este martes, los legisladores de la comisión expusieron sus posturas finales, las cuales han chocado constantemente desde el primer debate del pasado sábado 14 de febrero.

Desde el oficialismo, los asambleístas defendieron la urgencia de la ley citando los hallazgos presentados por la Contraloría y Finanzas.

«No podemos permitir que se sigan desviando recursos en fiestas mientras hay obras pendientes. La regla fiscal es necesaria para ordenar la casa», argumentaron desde la bancada de Gobierno, haciéndose eco de las denuncias sobre municipios con un número alto de casos con índices de responsabilidad penal detectados por la Contraloría.

La oposición (liderada por el correísmo) mantuvo su rechazo, alegando que la norma es inconstitucional. Sus asambleístas advirtieron que la aprobación del informe es un «golpe a la descentralización» y reiteraron que, sin el pago de la deuda histórica que el Estado mantiene con los GAD, exigir más inversión es técnicamente imposible y obligará al cierre de servicios sociales.

Los ajustes en el proyecto
El texto aprobado para segundo debate incluye modificaciones clave respecto al documento inicial enviado por el Ejecutivo. La mayoría de los cambios surgieron tras la comparecencia de autoridades el lunes 16 de febrero.

Regla del 70/30 más flexible

Si bien se mantiene la obligación de destinar el 70 % del presupuesto a inversión y solo el 30 % a gasto corriente, se estableció un cronograma progresivo. Los municipios no tendrán que cumplir la meta de golpe, sino alcanzarla gradualmente hasta el año 2028.
El fantasma de la corrupción

Un factor determinante para la mayoría de la comisión fueron las cifras presentadas por la Contraloría General del Estado. Según el informe expuesto ayer, la provincia de El Oro presenta un escenario crítico: de 18 informes generales auditados, se derivaron 26 indicios de responsabilidad penal, una cifra inédita que supera al número de auditorías.

Pichincha y Guayas también encabezan la lista con 17 y 8 indicios penales respectivamente.
Con las nuevas reglas prevén mayor fiscalización y mejor destino de los fondos. El Ministerio de Economía vigilaría este gasto de manera trimestral. Fuente: Primicias