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USD 2.230 millones cuestan los subsidios al diésel, gasolina y gas que Noboa quiere focalizar

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Hasta el cierre de diciembre de 2023, Ecuador habrá destinado alrededor de USD 2.230 millones en subsidios a los combustibles importados. La cifra se obtiene proyectando lo gastado hasta ahora en subsidios, de acuerdo con datos del Banco Central de Ecuador (BCE).

Se tratan de subsidios «generalizados»; es decir, benefician a todos, incluida la población de altos ingresos. Es más, mientras más carros tiene una familia, mayor es el subsidio que recibe.

No solo eso, los bajos precios de los combustibles incentivan su consumo en perjuicio del ambiente.

Por eso, varios gobiernos han intentado reducir estos beneficios, aunque los intentos han terminado en paros nacionales.

El Gobierno de Daniel Noboa ha vuelto a poner el tema sobre la mesa. En entrevista con un canal televisivo, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que el esquema de revisión a los subsidios buscará «afectar en lo menos posible a los más necesitados».

Aunque dijo que es una política que aún está en análisis, Vega adelantó que hay avances tecnológicos que permitirían tomar medidas de focalización de subsidios «más creativas y dirigidas para identificar a quiénes realmente lo necesitan».

Los que no necesitamos subsidio, que no lo recibamos. Y, sobre todo, reducir el contrabando que afecta al país.

Y añadió que en las dos primeras semanas de enero espera ya «tener propuestas específicas para focalizar estos beneficios y rutas de acción claras».

La idea, comentó Vega, será ahorrar unos USD 1.000 millones en subsidios y focalizar otros USD 1.000 millones para personas que más lo necesitan.

Diésel, el subsidio más oneroso para el Estado

La cifra por subsidios a los combustibles importados es un gasto de gran peso en el presupuesto y corresponde casi el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Para entender la magnitud de la cifra, los USD 2.230 millones que gastaría este año el Estado en subsidios a combustibles importados en 2023 permitirían al Estado cubrir la mitad de los atrasos que tiene hoy con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con proveedores, municipios, prefecturas y otros.

No solo eso, el Estado podría aumentar en un 62% en gasto en salud.

El mayor monto de subsidios a los combustibles importados corresponde a diésel, cuyo subsidio implicará unos USD 1.316 millones hasta diciembre de 2023.

Le sigue el subsidio a las gasolinas importadas (USD 512 millones) y el gas de uso doméstico (USD 401 millones).

Un largo diálogo, sin resultados

Tras poner fin a un paro nacional de 18 días en junio de 2022, el gobierno del entonces presidente Guillermo Lasso se sentó con la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) para llegar a un consenso sobre la focalización de los subsidios a los combustibles.

Aunque incluso se formaron mesas técnicas de trabajo, el Gobierno de Lasso terminó el 23 de noviembre de 2023 sin acuerdos sobre esta política de subsidios.

Para Oswaldo Erazo, de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del petróleo (Camddepe), se perdió una oportunidad histórica para focalizar los subsidios a los combustibles.

Erazo cree que los grandes ausentes de ese diálogo fueron los representantes de las estaciones de servicio, a quienes el Gobierno de ese entonces no invitó.

Y añadió que el método más sencillo para focalizar los subsidios es entregar una tarjeta a la que el Estado transfiera una cierta cantidad de dinero, que permita a las personas de bajos recursos acceder a cargas de combustibles en las estaciones de servicio.

Cree que se puede identificar a las personas de alto ingreso por la placa del carro, lo cual actualmente ya se hace. Ellos no accederían a las tarjetas.

Además, Erazo considera que el Estado solo debería focalizar el subsidio al diésel, para evitar efectos inflacionarios en los alimentos. Y agrega que, en cambio, los subsidios a la gasolina Extra y Ecopaís tienen que eliminarse. Fuente: Primicias

 

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Fiscalización recomienda juicio político contra Mario Godoy por presunta ‘inoperancia’ al frente de la Judicatura

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Un informe preliminar de la Comisión de Fiscalización plantea recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, por presunta «manifiesta inoperancia».

El documento, que se filtró antes de su votación oficial, se sustenta en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y deberá ser analizado y debatido por los integrantes de la mesa legislativa antes de ser remitido al Pleno para su resolución.

Godoy se encuentra en el centro de la polémica desde que el juez anticorrupción Carlos Serrano denunciara presuntas presiones dentro de la institución para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, investigado por lavado de activos dentro del caso denominado ‘Euro 2024’.

El magistrado también alertó sobre la supuesta falta de garantías para proteger su vida tras las amenazas que habría recibido por su actuación en este proceso judicial.

El documento será conocido oficialmente la noche de este viernes 13 de febrero de 2026, cuando la comisión legislativa se reúna para debatir su contenido y someterlo a votación entre sus miembros. En caso de aprobarse la recomendación, el proceso avanzará al Pleno del Legislativo, donde se definirá si se enjuicia políticamente al presidente de la Judicatura.

Correísmo impulsa juicio político contra Mario Godoy

Los solicitantes del juicio político por presunto incumplimiento de funciones, que impulsan los correístas Viviana Veloz, Raúl Chávez, Liliana Durán, Franklin Samaniego y Xavier Lasso Mendoza, sostienen que Godoy incumplió los numerales 1 y 3 del art. 168 de la Constitución, relacionados con la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.

Argumentan que Godoy fue pasivo ante las presiones indebidas ejercidas por sus subordinados directos, como el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, quien habría intervenido coercitivamente sobre el juez Carlos Serrano para influir en el desarrollo del caso “Euro 2024”, sugiriendo argumentos favorables a la defensa del procesado Jezdimir Srdan.

Tras la filtración del informe, la legisladora Viviana Veloz reaccionó en redes sociales señalando que la recomendación respondería a la presión ciudadana y a la existencia de pruebas que, según afirmó, vincularían a Godoy con supuestos intentos de protección a narcotraficantes. En su pronunciamiento también cuestionó al oficialismo y aseguró que la independencia judicial continúa en riesgo.

La asambleísta agregó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estaría avanzando en mecanismos para designar un eventual reemplazo en la Judicatura, lo que —según sostuvo— permitiría mantener el control político del organismo, señalando directamente al presidente Daniel Noboa. Fuente: Vistazo

$!Tuit de Viviana Veloz tras la filtración del informe.
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La Tertulia Jurídica analizó el rol del derecho penal frente a los desafíos de la sociedad contemporánea

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En una nueva emisión del programa La Tertulia Jurídica, se contó con la destacada participación del doctor Ernesto Yerobi, abogado penalista ecuatoriano, quien desarrolló el tema “Derecho penal y sociedad: evolución dogmática frente a los desafíos de la modernidad”, un análisis profundo sobre la función del derecho penal en el contexto social actual.

Durante su intervención, Yerobi se presentó ante la audiencia como abogado riobambeño, especializado en derecho penal general y derecho penal económico y de la empresa, con amplia experiencia tanto en el libre ejercicio profesional como en el ámbito académico, participando activamente en la cátedra universitaria, programas de formación continua, espacios de difusión jurídica y medios de radiodifusión y plataformas digitales.

El jurista destacó que el derecho penal es una de las ramas más sensibles del ordenamiento jurídico, cuya correcta aplicación resulta fundamental para garantizar la convivencia social y el respeto de los derechos ciudadanos. En ese marco, enfatizó que no toda conducta socialmente reprochable constituye un delito, aclarando que, desde la dogmática penal, el delito debe configurarse como una conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Como parte de su exposición académica, Yerobi explicó de manera didáctica las categorías dogmáticas del delito, abordando la conducta —tanto en su modalidad de acción como de omisión—, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad y la culpabilidad, resaltando la importancia de comprender estos elementos para evitar interpretaciones erróneas que generen alarma social y una percepción distorsionada de inseguridad.

Asimismo, analizó conceptos clave como el juicio de tipicidad, el rol del verbo rector dentro de los tipos penales, y la necesidad de que toda conducta sancionada se encuentre expresamente prevista en la norma penal, en respeto al principio de legalidad. En este contexto, subrayó que la ausencia de tipificación impide la atribución de responsabilidad penal.

Yerobi también abordó las causas de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad y el cumplimiento de órdenes de autoridad competente, destacando que estas figuras se rigen por criterios estrictos de proporcionalidad, racionalidad y ausencia de provocación, elementos esenciales dentro de un Estado constitucional de derechos.

En un análisis histórico-dogmático, el expositor recorrió las principales corrientes del pensamiento penal: el causalismo, el finalismo, el funcionalismo y el garantismo penal, explicando su evolución y aplicación práctica. Señaló que el funcionalismo normativista, especialmente en el ámbito del derecho penal económico, responde de mejor manera a las complejas dinámicas sociales actuales, al centrarse en los roles, el riesgo permitido y la imputación objetiva, más allá de la mera ejecución material del delito.

Finalmente, Yerobi reflexionó sobre la crisis del sistema judicial ecuatoriano, la fragilidad de la independencia judicial y el impacto de estas problemáticas en la confianza ciudadana, enfatizando la responsabilidad ética de los abogados y la necesidad de una aplicación técnica, razonada y humana del derecho penal.

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Confirman la venta de diario El Universo

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El diario El Universo, uno de los medios de comunicación impresos de Ecuador, cambia de manos. La mañana del jueves 12 de febrero de 2026, la familia Pérez anunció la venta de su participación accionaria en el rotativo.

En un comunicado difundido en redes sociales, la familia fundadora se despidió de su audiencia y confirmó que Carlos y César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Lapentti vendieron sus acciones a un grupo de inversionistas encabezado por Yves Maia Pardini, empresario radicado en Florida, Estados Unidos.

¿Quiénes son los nuevos dueños de El Universo?

El grupo inversionista que adquirió las acciones está liderado por Yves Maia Pardini, emprendedor con trayectoria en servicios corporativos y financieros. También forma parte del consorcio Integra Capital, vinculada al empresario argentino José Luis Manzano.

Según el comunicado oficial, el objetivo de esta adquisición es fortalecer el liderazgo periodístico del medio y abrir una nueva etapa estratégica. El grupo empresarial cuenta en su portafolio con medios de comunicación en Argentina como América TVEl Cronista y Telefé, entre otros.

Nueva administración y enfoque empresarial

Como parte de la transición, se informó que Ignacio Giménez, exgerente de Diario El Comercio de Perú, asumirá la conducción de la nueva operación de El Universo. Su designación apunta a consolidar la modernización y expansión del medio en un entorno digital cada vez más competitivo.

La transacción se produce en un contexto de transformación global de la industria de medios, marcada por la digitalización, la migración de audiencias a plataformas digitales y la necesidad de nuevos modelos de sostenibilidad financiera.

Un cambio que impacta al ecosistema mediático ecuatoriano

Con este cambio de propiedad, el medio inicia una nueva etapa bajo capital internacional, mientras el sector observa cómo se redefine el mapa de los medios tradicionales en Ecuador.

La transición abre interrogantes sobre la línea editorial, la independencia periodística y la estrategia digital del rotativo.

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