Empresarios de Ecuador y Colombia alertaron este lunes de pérdidas millonarias y del riesgo para miles de empleos que representa la guerra comercial entre ambos países, con la imposición de aranceles a las importaciones del 50% y 30%, respectivamente, y reclamaron un diálogo urgente al más alto nivel para evitar que el impacto se profundice.

La guerra comercial entre ambos países la inició en enero el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30% a importaciones colombianas, ante una supuesta falta acciones del Gobierno de ese país en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Colombia respondió con aranceles a 73 productos, que entraron en vigor la semana pasada, y otras medidas; y Ecuador aumentó el gravamen al 50% desde el pasado domingo.

El posicionamiento de los gremios se produjo en un encuentro celebrado en Quito, con la participación virtual de empresarios colombianos, donde Rosero también advirtió que hay 40.000 empleos directos ligados a la cadena exportadora que podrían verse afectados.

En el frente de las importaciones, los empresarios ecuatorianos aseguraron que desde el 1 hasta el 21 de febrero las compras desde Colombia disminuyeron un 69% en valor y un 61% en número de operaciones, lo que afecta a más de 7.600 importadores.

Desde la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim), por ejemplo, afirmaron que al país ingresa un 15% de insumos médicos desde Colombia, por lo que con la tasa del 50%, el costo adicional sería de USD 21 millones.

Los empresarios también advirtieron de que esta medida abre espacio al contrabando y a las economías informales. «Cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece», afirmó Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

El líder gremial señaló que «las barreras comerciales no desarticulan el crimen organizado», ya que aunque los empresarios aseguraron estar comprometidos con los esfuerzos para enfrentar la crisis de seguridad en ambos países, pidieron separar esa agenda de la actividad comercial.

«La seguridad es una prioridad legítima del Estado, pero la estabilidad económica también es parte esencial de esa seguridad», añadió Juan Carlos Navarro, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, que pidió que las medidas se paralicen mientras se abre un canal de diálogo entre Noboa y su homólogo, Gustavo Petro.

Añadió que no se trataba de quién tenía la razón, sino de proteger la seguridad, la estabilidad económica, el empleo y la integración regional.

En la misma línea, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) de Colombia, Bruce Mac Master, reiteró que «no tiene ningún sentido usar mecanismos de restricción comercial para resolver problemas de seguridad».

El comercio bilateral entre ambos países se acerca a los USD 3.000 millones y está representado por miles de empresas, recordó Mac Master, que defendió que se trata de «un caso de éxito de integración».

Asimismo, pidió «separar la discusión de seguridad de la discusión comercial» y evitar que trabajadores y empresas se conviertan en «moneda» de cambio. Fuente: Vistazo

El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este lunes suspender por tres meses y sin remuneración a la jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Pichincha, María Daniela Ayala, mientras se desarrolla un sumario administrativo por su actuación en el caso conocido como “Magnicidio FV”.

Según informó el organismo a través de redes sociales, la magistrada habría incurrido en una falta gravísima de dolo al otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva a favor de Xavier Jordán y del exministro José Serrano, procesados por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Al revisar esa decisión el pasado 16 de enero, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha concluyó que Ayala “desnaturalizó las medidas cautelares y la finalidad de la prisión preventiva con razonamientos abstractos e hipotéticos”, e impuso disposiciones “objetivamente inidóneas para garantizar la comparecencia” de los procesados.

El Consejo aclaró que la suspensión no constituye una sanción definitiva, sino una medida preventiva que estará vigente mientras se desarrolla la investigación administrativa.

Esta es la tercera ocasión en que Ayala es separada temporalmente del cargo dentro del mismo proceso judicial. El 12 de diciembre de 2025 fue suspendida por 30 días debido a expresiones vertidas durante una audiencia de formulación de cargos realizada el 3 de septiembre de ese año. Según el CJ, esos comentarios afectaron la integridad personal y profesional de la fiscal del caso, Ana Hidalgo.

Aquella decisión coincidió con el vencimiento de otra suspensión de tres meses impuesta en septiembre de 2025, tras una denuncia presentada por el entonces fiscal general del Estado, Wilson Toainga.

En ese episodio, el órgano disciplinario consideró improcedentes las declaraciones de la jueza, quien cuestionó la objetividad de la fiscal y sugirió que la Fiscalía actuaba como “brazo ejecutor del Gobierno de turno”.

Toainga señaló que tales afirmaciones insinuaban una motivación política en la actuación del Ministerio Público.

Posteriormente, el 14 de enero de 2026, una vez cumplidas las sanciones anteriores, Ayala anunció que se apartaba voluntariamente del conocimiento del caso, alegando ser víctima de una “intensa campaña de desprestigio”.

En sus declaraciones, señaló a Amanda Villavicencio, hija del exaspirante presidencial asesinado, como impulsora de esas acciones.

Dentro del caso por el homicidio de Villavicencio —ocurrido en agosto de 2023, a pocos días de las elecciones generales— se han formulado cargos contra Serrano, Jordán, el exlegislador Ronny Aleaga y el sentenciado por el caso Metástasis, Daniel Salcedo, como presuntos autores mediatos, al considerar que habrían integrado la estructura que coordinó el crimen.

Hasta ahora, cinco personas han sido sentenciadas como autores materiales del asesinato, entre ellas Carlos Angulo, alias “El Invisible”, identificado como cabecilla de la organización criminal «Los Lobos», quien habría planificado la logística desde prisión. Además, ocho implicados fallecieron antes de enfrentar juicio, incluidos los siete sicarios colombianos que ejecutaron el ataque.

El pasado 10 de febrero, la Fiscalía General del Estado vinculó también al caso al líder máximo de «Los Lobos», Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, detenido en noviembre en España; Luis Arboleda (alias Gordo Luis) y Ángel Aguilar (alias Lobo Menor), considerados cabecillas con alto poder dentro de la estructura criminal. Fuente: Vistazo