Nacionales
La Judicatura cambia directores y suspende el concurso de jueces para la Corte Nacional
La sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, el 19 de diciembre, causó remezón. El Pleno resolvió acoger la recomendación de la jueza de Quito, Patricia Segarra, de suspender el concurso para la selección de siete jueces de la Corte Nacional.
Se trata de un polémico proceso que tuvo varias denuncias por inconsistencias, pero que Wilman Terán se negó a revisar y más aún a suspender.
El Pleno decidió además revisar las decisiones y actos tomados dentro del concurso y, en particular, «los hechos que se produjeron en torno a las pruebas de confianza», anunciaron en redes sociales.
Remoción de funcionarios
Tal como constaba en la convocatoria, el Pleno se reunió para poner en conocimiento y resolver sobre la remoción de directivos de la Función Judicial.
LEA: La Corte Nacional niega habeas corpus a Wilman Terán, seguirá detenido por el caso metástasis
En primera instancia, se removió al Director General del Consejo de la Judicatura y se nombró a uno nuevo. También fueron separados el cargo los jefes de las áreas de:
Talento Humano
- Comunicación Social
- Administrativo
- Planificación
- Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Escuela de la Función Judicial de la institución
Los despidos se dan en medio de la crisis por el caso Metástasis
A ellos se suman 15 Directores Provinciales. Y se dispuso que la Dirección Nacional de Transparencia emita un informe que determine si los funcionarios separados de la institución actuaron apegados a los intereses institucionales.
La decisión fue unánime. Los vocales Fausto Murillo y Yolanda Yupangui, y el presidente encargado, Álvaro Román, estuvieron a favor de las remociones que responderían a los últimos actos de corrupción que fueron develados en la investigación del caso Metástasis.
«Es obligación de los funcionarios responder a los intereses institucionales y, de ninguna manera, al interés de una o varias personas», sostuvo el vocal Fausto Murillo.
Piden informe técnico sobre la solicitud de vacaciones de Terán
Previamente, Álvaro Román, quien asumió este 19 de diciembre la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura, pidió analizar la solicitud de vacaciones de Wilman Terán. Para ello, solicitó un informe jurídico que permitirá al Pleno «tomar una decisión».
En un comunicado, la Judicatura recordó que el Código Orgánico de la Función Judicial determina que se dará 30 días de vacación para los funcionarios que hayan trabajado 11 meses continuos. Terán, por su parte, lleva 10 meses en la institución. Fuente: Ecuavisa
Nacionales
¿Cuánto costará la posesión presidencial de Daniel Noboa y cuánto han costado las de sus predecesores?
Lo que se espera de los mandatarios el día de su posesión ha cambiado radicalmente con los años. Las pomposas posesiones al estilo correísta quedaron atrás, la economía del Ecuador y el ánimo de la ciudadanía han obligado a reducir los gastos en ese tipo de eventos.
Fue por eso que, en noviembre de 2023, Daniel Noboa pidió al gobierno saliente que se redujera al 50% el presupuesto de USD 600.000. Y cuando ya estuvo en el poder, su equipo se encargó de aclarar que, finalmente, el monto alcanzó los USD 132.202.
La posesión de Guillermo Lasso, en plena pandemia de Covid-19, apenas alcanzó los USD 123.265, según los gastos declarados en el contrato que hizo la Cancillería en su momento. Aunque en esa ocasión, la entidad incluyó la transmisión de mando presidencial en su contrato anual de servicios para todos sus eventos. Lo que impide observar el detalle de los gastos.
Esta vez, la Cancillería recurre a la misma práctica, pese a que ya no hay restricciones como en la pandemia, a que la agenda internacional del presidente reelecto se catapultó con su primera gran gira internacional y a que el mismo Noboa anunció que invitará a Donald Trump a la sesión.
Pero no solo eso, incluyendo la posesión del 24 de mayo de 2025, el costo calculado por la entidad para al menos 150 eventos protocolares de todo 2025 alcanza apenas USD 430.373, divididos en tres procesos contractuales de logística, catering y alojamiento.
El monto supera en USD 130.000 al contrato para los eventos de Relaciones Exteriores en todo 2024. Lo que podría sugerir que ese dinero extra iría a la posesión presidencial, a menos que haya eventos adicionales o más costosos en el cronograma de la entidad para este 2025.
En los años previos, ese presupuesto anual de la Cancillería alcanzó los USD 350.000 (2023), USD 371.000 (2022), USD 290.000 (2022), USD 700.000 (2021) y USD 880.000 (2019). Solo en 2021 ese monto incluyó la posesión presidencial.
Los costos y detalles
El costo de los eventos de posesión de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa han sido los más austeros desde 2013. El mayor monto de recursos públicos destinado a una transmisión de mando lo tuvo Rafael Correa, con USD 3,1 millones.
La organización de estos eventos recae sobre el gobierno saliente. Pero ese año (2013) no hubo cambio, por lo que el correísmo ‘tiró la casa por la ventana’. En 2017, cuando continuó la tendencia, aunque bajo la figura de Lenin Moreno, el Ejecutivo no dio a conocer el gasto total en la posesión.
El único contrato publicado fue el de «servicios comunicacionales para la difusión e información de los actos relacionados con la transmisión del cambio de mando presidencial», por USD 900.000.
Sin embargo, el objeto central de este proceso era generar propaganda sobre Rafael Correa. Los objetivos eran cuatro: informar sobre la transmisión de mando; generar impacto con los mensajes, logros e hitos alcanzados por el gobierno saliente; dar a conocer la gestión del presidente saliente y «brindar un justo y merecido homenaje» al presidente saliente.
De Moreno no había nada, puesto que ese día empezaba su periodo. De todas formas, aunque nunca se publicó el proceso o contrato para el evento como tal y su organización, la Cancillería sí utilizó un desglose comparativo al momento de buscar proveedores para la posesión de Lasso en 2021.
En esos documentos, a los que accedió PRIMICIAS, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que en 2017 la posesión de Moreno gastó USD 1,3 millones. Es decir, esa celebración política finalmente sumó un presupuesto total de USD 2,1 millones.
El desglose enumera los gastos de arribo y bienvenida de las autoridades internacionales, la ceremonia como tal, el acto en honor de Correa en el Palacio de Cristal, la bienvenida de Moreno en Carondelet, la presentación del nuevo gabinete en la Plaza Grande, los servicios de alimentación, transporte, hospedaje, bebidas, bocaditos y demás.
Por ejemplo, hubo 5.000 refrigerios en la Plaza Grande, 200 en la Asamblea y 600 en Carondelet; 642 almuerzos en el Itchimbía; 246 cenas y cocteles en Carondelet. Así como alojamientos en los hoteles más caros de Quito.
En el caso de la posesión de Correa en 2013, la Cancillería nunca reveló el desglose de los gastos. Tampoco pasó en la posesión de Guillermo Lasso en 2021.
Mientras que la primera posesión de Noboa, en noviembre de 2023, el Ministerio finalmente cerró el proceso, en el que hubo 75 invitados al almuerzo de honor en Carondelet y «750 cocteles VIP» para esa misma noche. Sin embargo, en esa ocasión, debido a la premura del cambio de gobierno, solamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pudo asistir a la posesión.
Por lo que, en esta ocasión, el presidente reelecto hace planes para invitar a sus homólogos como Donald Trump y Nayib Bukele, aunque su baja popularidad internacional, que quedó demostrada en fracaso de la Cumbre Iberoamericana en Cuenca, pondrá a prueba una vez más la gestión de la canciller Gabriela Sommerfeld. Fuente: Primicias
Nacionales
Suspenden por tres años los derechos políticos de Priscila Schettini, asambleísta electa del correísmo
Con cuatro votos a favor y uno en contra, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió este jueves suspender los derechos políticos de la asambleísta electa por el movimiento Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, por un periodo de tres años.
La sentencia fue resuelta ante la denuncia por presunta violencia política de género con tintes racistas, que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, interpuso en contra de la aspirante al Legislativo del correísmo y la abogada Angélica Porras. En el 2023, ellas impulsaron una iniciativa para que la titular del Ministerio Público renunciara.
La magistrada Ivonne Coloma fue quien votó en contra de las sanción, pues consideró que a las sentenciadas no les fue garantizado el derecho a la defensa.
Fue el juez electoral Fernando Muñoz quien determinó el año pasado que Schettini y Porras cometieron actos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de Salazar con miras a impulsarla a dejar su cargo.
De acuerdo a su sentencia, ambas hicieron publicaciones en redes sociales y medios de comunicación en la que se referían a la fiscal con calificativos como “inepta, incapaz, ignorante, corrupta, 10/20, mentirosa, fraude, ladrona, con problemas en el conocimiento del derecho penal”.
La suspensión de los derechos políticos de Schettini fue ratificada a las puertas de la posesión de la próxima Asamblea Nacional, cuya primera sesión está programada para el próximo 14 de mayo. Fuente: Vistazo
Un día antes de que terminara la instrucción fiscal del caso Malvinas, el pasado 30 de abril, las defensas de las víctimas e implicados revisaron una serie de videos en los que se confirma que los cuatro menores recibieron golpes por parte de algunos militares, los cuales podrían configurar en tortura.
Entre el domingo 27 y el lunes 28 de abril se llevó a cabo la segunda reconstrucción de los hechos solicitada por cinco de los 17 militares implicados. Ellos se acogieron a la cooperación eficaz y narraron una serie de agresiones que habrían cometido sus compañeros contra las víctimas.
En un camino de tercer orden, ubicado en la parroquia Taura (Naranjal), uno de los cooperantes relató que un militar se grabó mientras golpeaba a dos adolescentes.
Con este indicio, la Fiscalía solicitó extraer información de un celular marca Redmi color azul.
La audiencia para revisar el dispositivo se desarrolló el 30 de abril de manera reservada entre los abogados del caso, pero ya se conoce detalles de aquella diligencia.
¿QUÉ HABÍA EN EL VIDEO?
Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, comentó a Vistazo que en el video, grabado por uno de los uniformados, se observa a dos adolescentes “en posición fetal con las manos en la cara” mientras son golpeados.
Agregó que inclusive en el celular analizado hay un selfie en la que se observa al subteniente John Henrry Z. E.
Los abogados también observaron los videos de las cámaras de seguridad de la vía Durán-Tambo, la ruta que tomaron las dos patrullas para llegar a Taura. En el peaje de esa carretera “se ve claramente que los militares les pegan”, indica Aguirre.
En la audiencia también se revisó información contenida en un pendrive entregado por el teniente coronel Juan Francisco I. M.
“En el dispositivo había hojas de ruta, con las que la defensa del procesado daba a entender que el teniente coronel sí habría informado a los altos mandos sobre la captura de los tres adolescentes y el niño”, detalló el jurista perteneciente al Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH).
PODRÍAN IR A JUICIO
La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó este jueves, primero de mayo, la fecha y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por presunta desaparición forzada contra 17 militares.
El anuncio llegó una vez terminada la instrucción fiscal, que debía culminar el 31 de marzo, pero se extendió por la vinculación del teniente coronel Juan Francisco I. M., quien habría levantado prendas de las víctimas tres días después de la desaparición sin la debida cadena de custodia.
Se espera que los cinco uniformados, que forman parte de la cooperación eficaz, brinden más detalles en las próximas etapas del proceso judicial, ya que tendrían que dar sus testimonios anticipados. Fuente: Vistazo
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