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“La fiscal está mostrándonos como funciona un narco Estado” María Paula Romo

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María Paula Romo, dirigente del movimiento Construye, que no aceptó ser parte del acuerdo legislativo al que llegaron el correísmo, el Partido Social Cristiano y el Gobierno, sostiene que el caso Metástasis confirma que tenía razón cuando dijeron que el correísmo era una línea roja. “Si ya lo sabíamos antes, esto que acaba de ocurrir confirma nuestras peores sospechas”, dice. “¿Qué va a pasar con el acuerdo? Esto tienen que responderlo los socios del correísmo”, sostiene.

P: ¿Qué significa Metástasis en las actuales circunstancias políticas del país?
R: La fiscal y un equipo de personas están mostrándole al país cómo funciona un narco-Estado. Cuando hablamos de estas grandes palabras como narco-Estado, de la narcopolítica o de la contaminación del Estado, se ven como ideas muy lejanas. Lo que hoy estamos mirando en Metástasis es exactamente de qué se tratan todos estos conceptos. Un capo de una organización criminal llega a tener contactos con jueces de la Corte Nacional de Justicia, compra policías, jueces, fiscales y todo un grupo alrededor para fabricar su inocencia. Finalmente se quedan con el administrador de la justicia del país.
(Le puede interesar: Caso Metástasis: Wilman Terán y Pablo Ramírez se excusan de la prisión preventiva)

P: El movimiento que usted dirige lo advirtió: con el correísmo no haremos acuerdo.
R: Exacto. Por eso dijimos que el correísmo es una línea roja, no porque seamos radicales o porque tengamos problemas personales o porque no comprendemos la política. Por esto es por lo que el correísmo es una línea roja. Son sus abogados, literalmente, los que firman sus escritos, los mismos que los representaron en Sobornos, en Singue, los que pusieron los habeas corpus truchos para sacarlos de la cárcel como a Glas, los mismos que han defendido a los narcos. Por todo esto, Metástasis es tan clave para poner en contexto nuestra posición política.

P: A esto habría que añadir el intenso activismo del correísmo en redes sociales y organismos internacionales para defender a los acusados y desprestigiar el operativo.
R: Efectivamente, la participación de estos días muestra una vinculación y un compromiso todavía más grande de lo que uno podía imaginar. Rafael Correa alerta sobre este megaoperativo y habría provocado la fuga de algunos de los investigados. Luego, de una manera comprometida y entusiasta, todas las cabezas del correísmo se dedican no solo a defender a los involucrados, sino a armar una narrativa de protección. ¿Cuál es su narrativa de protección? Esto es inventado, es político, es puro lawfare, no hay pruebas… ¡Son aproximadamente 15 mil páginas de pruebas las que ha presentado la fiscal! Ya se pronunció el Grupo de Puebla. Es decir, empiezan a trasladar esto a un ámbito internacional. Así de involucrados están con la estructura que nos mostró la fiscal general del Estado.

P: Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuál es el futuro de este acuerdo llamado de gobernabilidad?
R: No nos corresponde a nosotros responder esa pregunta porque para nosotros esa alianza era imposible e impresentable, aun antes de saber de Metástasis. Nosotros, aun antes de que esto se conozca, pensábamos que un acuerdo con ellos no era posible y que no se le podía entregar al correísmo la Comisión de Justicia o de Fiscalización de la Asamblea.

P: ¿Usted cree que el Gobierno ecuatoriano va a elevar una nota de protesta al Gobierno de Bélgica por el trabajo ‘de campana’ de Rafael Correa?
R: No lo sé. Pienso que esa es una pregunta que hay que hacerle al Gobierno, pero me parece que la Fiscalía y la justicia en el Ecuador tienen elementos suficientes para discutir esto considerando la condición migratoria del expresidente. Pero si se ha cometido un delito, también podría procesarlo la justicia.

P: ¿Cuál es el futuro del juicio político a la fiscal en la Asamblea, tomando en cuenta que es ella quien está procesando un caso muy grave?
R: Antes de esto, el juicio político no tenía presentación porque no se refería a la gestión de la Fiscalía o a la política criminal, (sino que) era una lista de asuntos jurisdiccionales, de ajuste de cuentas de los procesos penales de los líderes del correísmo. La pregunta es que si queremos una sociedad de derecho y de democracia, ¿de qué lado va a estar quién? ¿Qué tipo de sociedad seríamos si después de este caso la sancionada es la fiscal?

P: En octubre de 2022, Andersson Boscán, de La Posta, aseguraba que usted se reunía con los narcotraficantes Norero y Fito. Que incluso cenaba con ellos. ¿Qué puede decir?

R: Una pieza muy importante de este rompecabezas va a ser el papel de esas plataformas de información, entre comillas. ¿Por qué? Porque La Posta y Andersson Boscán entran a la cárcel con la protección de Norero cuando no estaba todavía preso. Entran a la cárcel, hacen un publirreportaje y terminan enviando el mensaje que lamentablemente el Gobierno de Guillermo Lasso aceptó y recogió: que había que hacer comisiones de negociación con los presos. Ese es un papel tremendo y que deliberadamente ha jugado La Posta, Boscán y que se verá reflejado aún más en este y otros casos.

P: ¿Y sobre la acusación?
R: Para responder esta burda acusación solamente voy a dar un detalle. Cuando yo era ministra de Gobierno, la justicia le daba por muerto a Norero porque él fingió su muerte en el Perú. Cuando yo era ministra, él no estaba preso. Fue detenido y llevado a prisión cuando Patricio Carrillo era ministro y eso explica el odio furibundo del correísmo y de La Posta contra Carrillo. Yo creo que tanto La Posta como el correísmo han jugado un papel sistemático para debilitar el sistema de justicia y seguridad en el Ecuador. Esto hay que saberlo para entender cómo es que el país llegó a una crisis de inseguridad tan terrible. Entre los responsables de esto están estos señores, especialmente Boscán. Fuente: Diario El Expreso

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El presidente Noboa cierra 29 viajes internacionales, ¿cuánto le asignaron en viáticos y cuántos informes de gestión presentó?

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Los gastos del presidente Daniel Noboa en sus viajes internacionales no son públicos hasta ahora. Con su última gira por España, Emiratos Árabes y Noruega, el Mandatario cierra el año con 29 desplazamientos desde que llegó al poder por primera vez.

Pero, desde el 23 de noviembre de 2023, el Jefe de Estado ha presentado solo una declaración de viáticos por esos traslados: cuando viajó a Madrid para la Feria de Turismo, en enero de 2024. El documento fue publicado en abril de ese año, pese a que la fecha del informe data del 31 de enero y el plazo para que este sea verificado y aprobado en el sistema de la Presidencia es de 30 días.

Esa comisión de servicios se efectuó entre el 23 y 27 de enero y el Mandatario viajó en el avión presidencial. Pero el único gasto declarado es una factura de 6.253 euros por hospedaje. Y el informe de actividades refleja una ajustada agenda con un promedio de 13 horas diarias.

En esa comitiva oficial se enumeró en el Decreto Ejecutivo No. 133 a: Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública, la entonces asesora Diana Jácome y el Jefe de seguridad presidencial. Según sus propias declaraciones, las funcionarias viajaron con Noboa.

Otros tres servidores presidenciales tomaron vuelos comerciales un día antes: la Subsecretaria de Protocolo, un fotógrafo y un camarógrafo. Los viáticos de los ministros que estuvieron en la Feria Internacional de Turismo y sus comitivas, no se toman en cuenta porque son cubiertos por cada entidad.

Antes y después de ese viaje, no hay ningún informe de actividades ni resultados sobre los otros 28 viajes del presidente Noboa. Por lo tanto, más allá de los boletines de la Secretaría de Comunicación, nada se sabe de los objetivos, justificaciones y logros de cada desplazamiento.

El Reglamento de Viajes al Exterior de la Presidencia establece como obligatorio el registro de esa información en cada traslado, y la Ley de Transparencia, en su artículo 19, obliga a todos los funcionarios públicos a transparentar sus viáticos, informes de trabajo y justificaciones de movilización.

Aunque la Ley no prohíbe que el presidente Noboa o cualquier otro funcionario público cubra sus propios gastos, lo que también debería ser informado en cada traslado, esto no exime la responsabilidad de cumplir con los informes legales.

A esto se suma el creciente hermetismo sobre los desplazamientos internacionales. Viajes oficiales que después se transforman en personales, comitivas que no se mencionan en los decretos, y solamente se señala los países a los que va el Mandatario, pero nada sobre las ciudades y citas en las que participará.

Incluso, el Gobierno dijo que había clasificado uno de los últimos viajes del Mandatario a Estados Unidos, para supuestamente tratar temas comerciales y de seguridad. Ninguna entidad ha presentado la respectiva declaración de confidencialidad que existe la Ley de Transparencia.

En los datos de Carondelet sí aparecen otros 213 informes de viáticos internacionales, de 58 funcionarios presidenciales. La mayoría de ellos han formado parte de las comitivas que acompañan al Mandatario. Los que más lo han hecho son el director de Fotografía, el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, y los subsecretarios de Protocolo.

PRIMICIAS consultó directamente a la Presidencia de la República sobre la información de viáticos del Mandatario, pero hasta la fecha no ha habido respuesta. Fuente: Primicias

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EEUU ofrece recompensa de hasta USD 5 millones por información sobre alias ‘El Churrón’

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La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves una recompensa de hasta USD 5 millones por información que conduzca a la detención de Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias ‘El Churrón’, líder de Los Choneros en el Ecuador.

‘El Churrón’ es acusado de participar en la toma de decisiones sobre el tráfico de drogas y armas para Los Choneros. Además, es conocido como un lugarteniente de alias ‘Fito’, máximo cabecilla de aquella banda delictiva.

Previamente, el sujeto junto a ‘Fito’ y Darío Javier Peñafiel Nieto, alias ‘Topo’, fueron acusados en el Distrito Este de Nueva York de conspirar para importar y distribuir cocaína y poseer armas de fuego para facilitar el tráfico de drogas.

Tanto ‘Topo’ como ‘Fito’ están bajo custodia, pero Bermúdez Cagua permanece prófugo de la justicia.

La oferta del Gobierno de Estados Unidos se enmarca en el Programa de Recompensas contra el Narcotráfico (NRP), que busca desarticular organizaciones internacionales de tráfico de drogas en todo el mundo y llevar a los prófugos ante la justicia.

Si tiene información sobre alias ‘El Churrón’, puede contáctese con la DEA al +593 988292235 (texto/WhatsApp/Signal), al Plan de Recompensas al 131 (en Ecuador), o por correo electrónico a ecuadortips@dea.gov o informa@recompensas131.org.

LOS CHONEROS EN LA MIRA

Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas del Ecuador, está vinculada al Cártel de Sinaloa y controla rutas clave del tráfico de cocaína, según el Gobierno de Estados Unidos.

El 5 de septiembre de 2025, el Secretario de Estado Rubio designó a Los Choneros como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).

En enero de 2024, el Gobierno del Ecuador también había designado a Los Choneros como una organización terrorista. Fuente: Vistazo

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Cruce de acusaciones en la Asamblea por el caso Chevron y la explosión en la Bahía de Guayaquil

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Fuertes intercambios se registraron este miércoles en la Asamblea Nacional entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y la Revolución Ciudadana (RC), con respecto al reciente fallo del caso Chevron y la explosión de un artefacto en la Bahía de Guayaquil, el pasado 3 de junio.

El asambleísta Xavier Ordóñez (ADN) afirmó que la Revolución Ciudadana es la principal responsable del reciente laudo arbitral que obliga al Estado ecuatoriano a pagar USD 220 millones a Chevron.

Según el legislador, las actuaciones del correísmo en el proceso judicial vinculado al caso habrían derivado en que el tribunal internacional sancione económicamente al país.

“Lo que hoy enfrenta el Ecuador es gravísimo: estuvimos a un paso de una catástrofe económica (…) La verdadera mano negra no fue la de Chevron, sino la del correísmo, que una vez más intervino en la justicia”, declaró en una rueda de prensa.

Ordóñez aseguró que entre la década de los 70 y los 90 existió contaminación ambiental en la Amazonía por operaciones conjuntas entre Texaco y el Estado, pero que posteriormente se certificó que la petrolera había cumplido los procesos de remediación.

Según su versión, cuando el correísmo llegó al poder “vio la oportunidad de un juicio millonario” basado en una “narrativa populista”, y habría impulsado un proceso judicial plagado de irregularidades, entre ellas sentencias “fabricadas” y peritajes “amañados”.

El legislador sostuvo que, inicialmente, Ecuador pudo haber enfrentado una condena superior a los USD 3.000 millones, y que solo tras años de defensa se logró reducir la sanción al valor actual.

Afirmó que, aunque el monto es menor, continúa siendo “una carga que todos los ecuatorianos deberán pagar”.

Revolución Ciudadana vuelve a pedir respuesta en el «Caso Porsche»

Poro otro lado, el jefe de bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, volvió a elevar cuestionamientos —antes difundidos por su organización política— sobre la explosión en junio del 2025 de un artefacto en las calles Eloy Alfaro y Ayacucho, en la Bahía de Guayaquil,, calificando el hecho como un “autoatentado”.

$!Fotografía que muestra a González exponiendo contradicciones entre versiones del csaso.

El legislador mencionó nuevamente el denominado “Caso Porsche”, asegurando que el vehículo involucrado estaría vinculado a la familia del mandatario, reiterando que fue observado a las afueras de la vivienda de uno de los sospechosos, en el sur de la ciudad portuaria.

“Fiscalía, una institución secuestrada por la función ejecutiva, no ha iniciado la investigación presentada el 15 de octubre de 2025”, afirmó. “Ese Porsche llegó a la casa de un terrorista. Ese Porsche pertenece a Industrial Molinera, es decir, a la familia del presidente”, dijo González. Fuente: Vistazo

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