Nacionales
Siete pedidos de juicio político a la cola antes del proceso a la Fiscal
Al juicio político a la fiscal Diana Salazar le espera un largo proceso. Los pedidos de interpelación que dejó la anterior legislatura (2021-2023) sumado a las solicitudes de la nueva Asamblea, ubican al proceso impulsado por el correísmo, al final de una larga fila de pendientes.
El pasado 7 de diciembre, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó el pedio presentado por la correísta Gissela Garzón. Después de eso envió el proceso a la Comisión de Fiscalización, como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, aclaró que ese pedido deberá ponerse a la cola de lo que ya tiene la mesa legislativa.
Pero, ¿qué procesos de juicio político están pendientes? Todos tienen que ver con funcionarios del expresidente Guillermo Lasso.
Kronfle señaló que está pendiente un pedido en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. En la anterior Asamblea también se planteó una interpelación a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sobre este pedido aún resta resolver si será en contra de todos los consejeros o algunos de ellos.
Otros dos pedidos de juicio tienen que ver con el exministro de Transporte, Darío Herrera. El Presidente de la Asamblea señaló que ambos se podrían consolidar. Y, finalmente, hay uno en contra del exsecretario de Seguridad de Lasso, Diego Ordóñez.
La nueva Asamblea ha planteado ya tres pedidos de enjuiciamiento político. El primero en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Está relacionado con la crisis energética y lo planteó la legisladora Nicole Saca.
Otro exfuncionario de Lasso que enfrenta un proceso de interpelación es Juan Zapata, exprincipal del Interior. La solicitud fue presentada por el asambleísta Carlos Vera.
Después de estos siete pedidos está el del correísmo respecto a la fiscal Diana Salazar. El mismo Kronfle dijo que cada uno puede tomar, al menos, dos meses. Es decir, el actual periodo sí alcanzaría a tratar el tema antes de las elecciones generales de 2025.
En este momento todo depende de la mesa de Fiscalización en la cual no solo el correísmo tiene cuatro de nueve votos posibles, sino que también están otros integrantes del acuerdo como el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialista ADN.
El PSC ya ha anunciado que no apoya el juicio en contra de la Fiscal y, esta misma semana, el presidente de la República, Daniel Noboa, ratificó que ADN no votará a favor de esa iniciativa. (I)
Fuente: El Telégrafo
La jueza a cargo del caso «Magnicidio FV», que investiga el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ordenó este jueves prisión preventiva para el exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, y el procesado por el Caso «Metástasis», Xavier Jordán, tras considerar nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado.
El pasado 3 de septiembre, Jordán y Serrano fueron vinculados al crimen del otrora legislador, perpetrado el 9 de agosto de 2023, al término de un mitin en la ciudad de Quito, como presuntos autores intelectuales, junto al exasambleísta Ronny Aleaga y el sentenciado por corrupción, Daniel Salcedo.
En ese entonces, como medida cautelar, la jueza resolvió que ambos se presentaran una vez por semana en el Consulado de Ecuador de la ciudad de Miami, en Estados Unidos, donde se encontraban radicados, mientras avanzaba la investigación en torno al asesinato.
Según la Fiscalía General del Estado, Jordán habría actuado como financiador, Serrano presuntamente ordenó seguimientos a Villavicencio, Aleaga supuestamente coordinó el ataque armado y Salcedo sería quien estableció conexiones con el grupo de delincuencia organizada «Los Lobos».
El pasado 7 de agosto, Serrano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Miami porque aparentemente habría cometido una infracción de tránsito. Desde entonces permanece retenido por las autoridades estadounidenses, esperando a que se resuelva su situación jurídica.
Noticia en desarrollo (…)
El precio del galón de diésel, fijado en USD 2,80, bajará a partir del 15 de diciembre de 2025, a USD 2,78. El 15 de febrero de 2025 se establecerá un valor menor de USD 2,70.
El anuncio fue realizado por el presidente Daniel Noboa, quien también ratificó que el precio del gas de uso doméstico se mantendrá en USD 1,60.
Noboa también recalcó que estas medidas obedecen a la baja en la inflación de Ecuador, que en septiembre se fijó en un 0,08%, una de las menores de la región.
El mandatario recalcó que el sector productivo y de transporte podrá planificar sus actividades hasta finales de 2025 e durante los dos primeros meses de 2026, con el precio fijado del diésel.
«Estamos pasando del discurso al hecho, cuidando la economía del Ecuador y la de los hogares. Y para quienes disfrutan que al Ecuador le vaya mal… la realidad les arruinó el titular una vez más«, mencionó Noboa.
La decisión de fijar el precio del diésel se concretó después de que el Gobierno Nacional eliminara el subsidio el 19 de septiembre de 2025 y redistribuyera esos recursos en programas de asistencia social, bonos para agricultores, devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a adultos mayores y compensaciones a transportistas, entre otros. Con esto se evitó un posible incremento del precio de los pasajes y los productos de la canasta básica.
Con ello, el precio del diésel fluctúa mensualmente en relación al precio internacional del petróleo, que para este 2025 cerrará en USD 60 por barril, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. Este también incide en el costo de otros combustibles como las gasolinas Súper, Extra y Ecopaís. Fuente: El Telégrafo
El Grupo Noboa, uno de los conglomerados empresariales más grandes del Ecuador, redujo su deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI) de cerca de USD 98 millones a cero, luego de acogerse a la remisión tributaria establecida en la Ley de Integridad Pública, aprobada durante el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Según explicó el abogado del grupo empresarial, Fernando Yávar, la deuda del grupo Noboa se originaba en alrededor de 25 rubros, acumulados entre 2006 y 2025, que con intereses, multas y costas ascendían a USD 98 millones.
El jurista precisó que dos de estos casos fueron resueltos favorablemente para el grupo en instancias judiciales contencioso-tributarias, lo que redujo el monto entre unos USD 14 y USD 15 millones, dejando un saldo de aproximadamente USD 82 millones.
Posteriormente, el conglomerado —en particular Exportadora Noboa— se acogió a la remisión tributaria contemplada en la Ley de Integridad Pública, la cual permitió cancelar el capital adeudado sin pagar intereses, multas ni costas judiciales.
«Porque en ese periodo de tres o cuatro meses que estuvo vigente la Ley de Integridad Pública, más de 100 mil contribuyentes se acogieron a esta remisión, entre ellos el el grupo Noboa que pagó más de USD 25 millones al fisco ecuatoriano»
De acuerdo con Yávar, el grupo pagó al fisco USD 25’768.621, lo que permitió extinguir totalmente su deuda.
“La consecuencia de la remisión fue que no se cobraron multas ni intereses. Por eso hoy no existe ninguna deuda pendiente por parte del Grupo Noboa ni de Exportadora Noboa con el SRI”, puntualizó.
Ley que benefició al grupo Noboa
El abogado también recordó que desde 2006 se han emitido siete leyes de remisión tributaria en el país: tres durante el gobierno de Rafael Correa, una con Lenín Moreno, una con Guillermo Lasso y dos bajo la administración de Daniel Noboa.
Yávar señaló que, la última de ellas fue expulsada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional, aunque antes de ello más de 100.000 contribuyentes lograron acogerse a sus beneficios, incluyendo al grupo Noboa.
A finales de septiembre, la Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos de las cinco leyes tramitadas por Noboa mediante el mecanismo exprés de “urgencia económica”: la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional y la Ley Orgánica de Integridad Pública.
La Corte determinó que la primera de estas normas “mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica”, mientras que la segunda vulneró los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática.
«Estas decisiones recuerdan que ninguna ley puede aprobarse con atajos que limiten el debate público o sin una verdadera justificación económica», concluyó el alto tribunal. Fuente: Vistazo
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