El reciente caso Caja Chica, en el que la Fiscalía investiga un supuesto financiamiento ilícito de la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023, puso nuevamente la atención en las organizaciones políticas y los recursos que utilizan en las contiendas electorales.

La Fiscalía apunta a un presunto delito de lavado de activos y sostiene que los fondos provenían de Venezuela. Aunque la cúpula correísta afirma que se trata de un nuevo show de persecución política en su contra.

Sin embargo, por fuera de las investigaciones fiscales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha presentado ya varias denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por incumplimientos del artículo 281 del Código de la Democracia, relativas al financiamiento de la política y el gasto electoral.

Las alertas que se refieren a la campaña de agosto de 2023 empezaron a llegar a partir de noviembre de 2025, es decir, más de dos años despues.

Eso permitió que las organizaciones y personas infractoras puedan participar nuevamente en las elecciones de 2025, sin que hayan aclarado las incógnitas sobre su gasto electoral, sin que se hayan determinado responsabilidades y sin que se hayan impuesto las sanciones respectivas, de ser necesario.

Por ejemplo, el mismo caso Caja Chica coincide con la denuncia del CNE del 24 de diciembre de 2025, sobre el binomio de la lista 5, Luisa González y Andrés Arauz, y su responsable del manejo económico, Estefanía Molina.

Aunque la autoridad electoral deja por fuera a Santiago Díaz, quien fue el jefe de campaña y ahora está colaborando con la Fiscalía en esta investigación. Pese a que el artículo 218 (segundo inciso del numeral 3) establece que tanto los jefes de campaña y los candidatos «responderán solidariamente, de manera pecuniaria, de acuerdo con el nivel de responsabilidad que se determine».

A esas causas se suman, en el terreno electoral, otras contra la alianza Claro que se puede (Unidad Popular, Partido Socialista, Democracia Sí), movimiento Construye y el movimiento AMIGO. Todas esas agrupaciones tuvieron candidatos presidenciales en 2025.

PRIMICIAS revisó los archivos del Consejo y de los ocho binomios que participaron en la primera vuelta de 2023, hay cuatro que todavía tienen los reportes quincenales incompletos: AMIGO no presentó nada; la alianza Claro que se puede presentó apenas el presupuesto inicial y un reporte de gastos; la alianza Actuemos (Avanza, SUMA) entregó información incompleta; y la alianza ADN (Pueblo Igualdad y Democracia y Mover) también entregó información incompleta.

Este problema no es nuevo, la capacidad de control y fiscalización del Consejo Nacional Electoral (CNE) es lenta. Y no solo se trata del financiamiento de la política, tema ampliamente reformado por ADN y el correísmo en la Asamblea, pese a que ninguna agrupación cumple a cabalidad con la normativa. El otro problema está en los obstáculos para controlar la campaña anticipada, la entrega de prebendas y el uso recursos públicos, y los abusos en redes sociales.

Las cuentas de 2025
PRIMICIAS revisó también los reportes quincenales de la última campaña presidencial de 2025. Desde la primera vuelta han transcurrido casi 12 meses y todavía hay agrupaciones que no han completado la información requerida por el Código de la Democracia.

De los 16 binomios que participaron, hay tres que no presentaron ninguno de los nueve informes: el Partido Socialista, la Izquierda Democrática y SUMA. A esto se suman otros dos, el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y el movimiento Creo, que presentaron todo en cero.

Sin contar que, en muchos casos, los gastos declarados no coinciden con la masividad de las campañas ejecutadas. Por ejemplo, pese a que el gasto en redes sociales ya debe ser cuantificado en estos reportes, no sucede.

En 2025, en la segunda vuelta, Acción Democrática Nacional (ADN) superó ya todos los plazos legales para completar la información. Con corte al 5 de febrero, la agrupación que impulsó la reelección del presidente Daniel Noboa todavía no ha presentado los informes con sus ingresos para la contienda, es decir, se desconoce de dónde salió el financiamiento de los USD 116.563 que dijeron haber gastado. Mientras que la Revolución Ciudadana los presentó con retraso.

Y, de acuerdo al ritmo de las autoridades electorales, las posibles denuncias de estas infracciones electorales llegarían al TCE en un plazo de dos años. A lo que debe sumarse el tiempo que los jueces electorales se tomen para tramitar cada caso y emitir una sentencia.

Las sanciones electorales
El Código de la Democracia establece como sanciones para este tipo de infracciones multas que van desde los USD 9.640 hasta USD 33.740 y la suspensión de los derechos políticos de los responsables, de dos a cuatro años.

Además, si las autoridades electorales determinan exceso en el gasto permitido, las organizaciones políticas, sus titulares, los responsables del manejo económico y los jefes de campaña serán responsables de pagar una multa equivalente al doble del monto sobrepasado. Y, si ese exceso supera el 30 % de lo autorizado, la multa será del cuádruple de esa cantidad.

Incluso, en caso de sospecha de aportes ilícitos, vinculados a actividades ilegales, las autoridades electorales deben notificar sus hallazgos a la Fiscalía.

En estos casos las sanciones van más allá de la pérdida de derechos políticos: los candidatos recibirán una multa del doble de esos valores, quienes haya recibido esos aportes recibirán una multa por el triple del valor ilícito, si los candidatos fueron electos perderán el cargo, y las organizaciones políticas perderán el financiamiento estatal (fondo partidario o fondo de promoción) hasta cubrir el monto de las multas no pagadas.

Y, si alguna organización política se negara a entregar las cuentas de campaña, esto implicaría la suspensión de su registro electoral por un periodo, y si la negativa se mantiene conllevará a su eliminación defitiva del tablero electoral. Fuente: Primicias 

De lo poco que se sabe sobre la Cárcel del Encuentro, el centro de privación de libertad de máxima seguridad abierto en noviembre de 2025 en Santa Elena, opera bajo un régimen que, según el mismo Gobierno, restringe visitas de abogados y familiares a los reclusos.

El Centro de Privación de Libertad CPL Santa Elena N° 1 -nombre oficial del presidio en la Costa de Ecuador- comenzó sus operaciones con 321 internos y alberga actualmente cerca de 650 privados de libertad, según datos del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

El modelo, defendido por el Ejecutivo como un ejemplo de control y seguridad, ha encendido alertas entre organizaciones de derechos humanos que denuncian similitudes con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde se limitan severamente las visitas, alimentos y actividades para los presos.

«Muy pocos sabrán el día que es y se enteran que amanece porque ven el rayito de sol que está entrando», relató el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista reciente en un canal de YouTube, al describir las condiciones en las que funciona ese presidio.

Restricción total de visitas, como en la Penitenciaría
En declaraciones recientes, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que «nadie» -ni abogados ni familiares- puede ingresar al nuevo centro penitenciario, aunque los primeros sí mantienen contacto con sus clientes por canales telemáticos.

Ninguna organización independiente o medio de comunicación, ha podido corroborar el funcionamiento del penal que comenzó a operar con un avance de obras de entre 35% y 45%, según reveló el presidente de la República, Daniel Noboa.

El centro tiene capacidad para unos 800 privados de libertad y, según el Gobierno, actualmente las obras de construcción están totalmente concluidas. Aunque el personal militar que vigila el perímetro penitenciario tuvo que dormir en carpas inundadas de lodo ante las primeras lluvias fuertes en el sector de la comuna Juntas del Pacífico.

En un Ecuavisa Reimberg fue consultado si es que las restricciones de visitas violan los derechos humanos, y respondió: “Estamos trabajando en asegurar, en educar a las personas (…) para que sepan que esto es distinto a otros centros penitenciarios. Vamos a ir paso a paso”.

En otras cárceles, como la Penitenciaría del Litoral, la restricción de visitas de familiares completan un año y cinco meses. Esto, a decir de comités de familiares, ha contribuido a agravar la crisis sanitaria de tuberculosis y desnutrición crónica, pues se impide la entrega de alimentos y medicinas.

Según los familiares, esa medida contraviene el artículo 51 de la Constitución, que garantiza explícitamente a las personas privadas de libertad el derecho a la comunicación y visitas de familiares y de profesionales del derecho, al menos de manera presencial.

Ausencia de programas de rehabilitación
Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), advierte que la restricción de visitas en las cárceles vulnera también estándares internacionales.

Señala que la visita forma parte del derecho a la rehabilitación social y de la prohibición del aislamiento, por lo que su limitación prolongada puede configurar tratos inhumanos o degradantes.

Respecto a la falta de acceso presencial a los abogados, subraya que eso restringe el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y el ejercicio profesional en condiciones adecuadas.  A su criterio, el control del ingreso de objetos ilícitos puede lograrse mediante «alternativas menos lesivas».

Desde el plano legal, enfatiza que no existe una ley que habilite al Estado a suspender visitas y que, al no existir un estado de excepción en el sistema carcelario, la decisión carece de sustento jurídico, configurando “un acto ilegal que genera violaciones de derechos humanos”.

“El principio de seguridad jurídica establece la existencia de normas claras, previas y públicas. Pero no existe ley que restrinja el derecho a la visita ni estamos en estado de excepción en el sistema de rehabilitación social”. Fernando Bastias, CDH.

En cuanto a la carencia de mecanismos de rehabilitación, según el ministro, los reclusos «conversarán entre ellos» en las celdas, sin acceso a libros ni ningún tipo de material educativo o recreativo.

«No tienen nada, solo el colchón», afirmó Reimberg, quien explicó que no se proporcionan almohadas «para evitar que se ataquen entre ellos” (por ahogamiento). El régimen incluye el confinamiento de cuatro personas por celda, la mezcla de internos de distintas estructuras criminales, la prohibición de comunicación externa y la ausencia total de objetos considerados no esenciales

¿Por qué es clave gestionar el ocio de los reclusos?
El régimen implementado en la Cárcel del Encuentro presenta paralelismos con el Cecot, la megacárcel de El Salvador, donde desde 2022 se restringieron las visitas bajo el régimen de excepción de Bukele.

Sin embargo, existe una diferencia crucial: mientras en Ecuador no hay programas de rehabilitación en el sistema carcelario, El Salvador implementó en 2024 el «Plan Cero Ocio», que involucra a decenas de miles de reclusos en trabajo productivo dentro y fuera de los centros penitenciarios.

El incentivo consiste en la reducción de condena «2×1» por día trabajado, aunque no aplica para criminales de alta peligrosidad, y ha sido cuestionado también por organismos de derechos humanos.

En Ecuador, la falta de programas de rehabilitación ha convertido a las prisiones tradicionales en verdaderas “universidades del crimen”, según expertos.  “El problema es que si no hay nada más que hacer, todo ese tiempo se usa para perfeccionar actividades delictivas”, señaló una fuente policial, bajo reserva.

Los presos -dice la fuente- salen de la cárcel con mayor rango criminal y redes consolidadas dentro de las estructuras delictivas. Pero hasta ahora la cárcel del Encuentro mantiene a los cabecillas aislados de sus huestes en las calles, destacó.

El gobierno ecuatoriano anunció la construcción de una nueva megacárcel con capacidad para 15.000 personas, que se prevé empezar a construir en abril de 2026, para paliar el problema de hacinamiento.

Renato Rivera, investigador de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), señala que el sistema penitenciario se ha convertido en un centro de poder criminal y  “deshumanización extrema” por la falta de control y el afianzamiento de estructuras de autogobierno.

«Hay que establecer estándares mínimos de derechos y acceso a servicios esenciales, incluidos la educación y el trabajo, para impedir que los grupos criminales monopolicen estos recursos». Renato Rivera, GI-TOC.

En el informe «Captura carcelaria: La gobernanza criminal en el sistema penitenciario de Ecuador» (enero 2026), Rivera recomienda «priorizar establecimientos penitenciarios pequeños y medianos con poblaciones manejables y entornos de control más eficaces, en lugar de depender de megacárceles hacinadas con baja gobernabilidad». Fuente: Primicias

Solicitan comparecencia virtual del juez Serrano

Oficio enviado a la Comisión de Fiscalización.