Con el tiempo en contra, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, prevé presentar la agenda legislativa 2025-2026 hasta el próximo 8 de julio de 2025, es decir, poco antes del plazo de 60 días que le otorga la Ley de la Función Legislativa.

Este 26 de junio, Olsen se reunió con la coordinadora de la bancada de Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, pero también con Cecilia Baltazar y Alfredo Serrano, en representación de Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC), respectivamente.

También, estuvo presente Valentina Centeno por el bloque gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), y no hubo representante de los pocos independientes que tiene el actual periodo legislativo.

El diálogo duró menos de una hora. La disposición del presidente de la Asamblea fue que enviarán por escrito las propuestas para poder tratarlas este jueves, pero se conoció que solo el PSC remitió un documento.

Por eso, se amplió el plazo hasta el 27 de junio, para plantear las ideas de cada agrupación política. Baltazar informó que los seis asambleístas de la facción de Pachakutik, que vota con ADN en el Pleno, se reunirán este mismo jueves para hacer una propuesta.

El legislador Baltazar adelantó que los temas centrales son educación, salud, seguridad, producción y empleo. También propondrán leyes para promover los derechos individuales y colectivos, además una normativa para la consulta previa e informada.

Mientras que Alfredo Serrano dijo que el PSC insistirá en el tratamiento de leyes propuestas por el partido desde el anterior periodo, especialmente aquellas relacionadas con reformas penales y un proyecto de ley de tipo agrario.

Olsen añadió que es importante la construcción conjunta de la agenda, no solo con las dos bancadas oficialmente registradas que son ADN y RC, sino con todos los actores y por eso se incluyó a Pachakutik y PSC, pese a no ser bloques mayoritarios. Fuente: Primicias

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por USD 400 millones a Ecuador, para fortalecer la prevención y respuesta del Estado al crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.

El crédito fue aprobado bajo la modalidad de Préstamo Programático en Apoyo de Reformas de Política (PBP, por sus siglas en inglés), en un contexto de creciente inseguridad en el país, explicó el BID en un comunicado difundido este 26 de junio de 2025.

Además se otorga en el marco del ‘Programa de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Respuesta a la Violencia y la Criminalidad en el Ecuador’, que viene ejecutando el Gobierno desde el año pasado para combatir el crimen organizado.

«El programa propone una respuesta integral, multisectorial y basada en evidencia, que incluye la creación de nuevos marcos normativos, mecanismos de coordinación interinstitucional, estrategias de intervención y herramientas de trazabilidad y control de activos ilícitos», detalló el organismo multilateral.

El BID añadió que el programa plantea reformas estructurales en cuatro áreas clave: 

La prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos criminales.
La modernización de la función policial.
El combate al lavado de activos y la recuperación de bienes ilícitos
La reducción de la minería ilegal

Resultados previstos
El proyecto contempla beneficios directos para más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes; 641.000 residentes de la Amazonía ecuatoriana, estudiantes de 1.785 escuelas priorizadas por su exposición al riesgo de reclutamiento y 5.880.000 de habitantes de 23 cantones vulnerables.

«Se espera que, hacia 2027, la tasa promedio de homicidios en estos cantones se reduzca de 73,9 a 66,6 por cada 100.000 habitantes, y que aumente en un 10% la percepción de seguridad en las comunidades educativas», agregó el organismo.

El plan también incluye medidas específicas para proteger a niños y adolescentes migrantes, como la implementación de un protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes y un procedimiento de regularización migratoria para menores no acompañados.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco de la ‘Alianza por la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo’, la estrategia regional del BID para fortalecer la capacidad de los países de la región de coordinar sus esfuerzos contra el crimen organizado.

El proyecto será ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, en coordinación con instituciones clave de los sectores seguridad, justicia, educación, minería y finanzas. Fuente: Primicias

Loja, 26 de junio de 2025. En una sesión extraordinaria cargada de tensión, expectativa ciudadana y un marcado tono político, el Concejo Cantonal de Loja resolvió este jueves remover de su cargo al alcalde Franco Quezada, tras aprobar con nueve votos afirmativos el informe que recomendaba su destitución.

El pleno del Concejo se instaló a las 10h00, conforme al marco normativo vigente que regula los procesos de remoción de autoridades seccionales. La sesión se desarrolló bajo estricta observancia del debido proceso, en medio de un clima social polarizado y con una ciudadanía vigilante, tanto en los exteriores del cabildo como en los espacios de opinión pública.

Una votación que marca un antes y un después en la política lojana

La propuesta de remoción, respaldada por un informe técnico-jurídico previamente elaborado, fue sometida a votación tras un intenso debate en el que se expusieron argumentos tanto a favor como en contra del alcalde Quezada. La moción logró superar el mínimo requerido de ocho votos, consolidando así una mayoría calificada a favor de la salida del primer personero municipal.

✔️ Así fue la votación definitiva:

A favor de la remoción:

1. Pablo Carrión ✅

2. Miguel Castillo ✅

3. Lenin Cuenca ✅

4. Santiago Erraez ✅

5. Jhon Espinoza ✅

6. Iván Ludeña ✅

7. Jorge Patiño ✅

8. Pablo Quiñónez ✅

9. Yuri Yaguana ✅

En contra de la remoción:
▪️ Adalber Gaona ❌
▪️ Polivio Vélez ❌

⚖️ Implicaciones institucionales y políticas

La decisión adoptada por la mayoría del Concejo no solo significa un giro drástico en la administración del cantón, sino que abre un escenario político complejo y lleno de interrogantes. Mientras los concejales que votaron a favor sostienen que actuaron en defensa de la institucionalidad y la ética pública, los ediles que se opusieron al proceso han cuestionado la legitimidad y oportunidad de la remoción.

El proceso ha sido observado con especial atención por diversos sectores sociales, medios de comunicación y organizaciones civiles, que demandan transparencia, gobernabilidad y garantías para una transición responsable.