Moradores del sector fronterizo de Río Blanco, perteneciente al cantón Chinchipe, expresaron su profunda preocupación y descontento ante la falta de regulación de las tarifas del servicio de transporte público, situación que —según indican— se mantiene desde hace aproximadamente dos años, afectando de manera directa la economía de las familias de esta zona rural y fronteriza.

De acuerdo con una denuncia ciudadana anónima, la Cooperativa de Transporte Ciudad de Zumba es la que actualmente presta el servicio hacia esta comunidad; sin embargo, los usuarios consideran que las tarifas aplicadas son elevadas y desproporcionadas, en relación con la distancia, el tiempo de recorrido y con otros trayectos similares del cantón.

Según el testimonio, el costo del pasaje desde la ciudad de Zumba hasta la comunidad de Río Blanco asciende a seis dólares (USD 6,00) por persona, en un recorrido aproximado de dos horas. No obstante, los denunciantes señalan que existen tramos más cortos, como desde el sector del Desecho de Guayusa hacia Guanchunangui, donde se cobran valores de 50 o 75 centavos, sin que exista una tabla tarifaria clara, estable ni oficialmente regulada.

Asimismo, se reportan cobros variables e irregulares por el transporte de carga, donde por un costal pequeño se exige entre USD 1,25 y USD 2,00, y por una caneca de combustible se aplican valores que superan el USD 1,00, sin criterios técnicos ni uniformidad en los precios. Esta situación genera incertidumbre y afecta especialmente a familias de escasos recursos económicos.

Los moradores indicaron que, hace más de dos años, ya se presentó una solicitud formal para la revisión de estas tarifas. Inicialmente, el trámite fue gestionado con el apoyo del ciudadano Miguel Molina, quien elevó el pedido ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT); posteriormente, el requerimiento fue remitido a la Empresa Municipal de Movilidad (EMMOV). No obstante, aseguran que no obtuvieron respuesta ni una solución efectiva por parte de las autoridades de ese entonces.

Actualmente, los habitantes de Río Blanco han reingresado la documentación, respaldada con firmas de los usuarios, aprovechando que las actuales autoridades de la EMMOV tienen conocimiento directo de la realidad local. En este sentido, destacan que el presidente de la EMMOV es el alcalde del cantón Chinchipe, Henry Ordóñez, y que el director es el doctor Julio Orlando Jaramillo, a quienes solicitan atender con prontitud esta problemática social.

En comparación con rutas similares, los denunciantes señalan que el pasaje en la vía Zumba–Chito o Zumba–San Andrés tiene un costo aproximado de USD 3,50, pese a que la diferencia en distancia con la ruta hacia Río Blanco sería de apenas dos o tres kilómetros adicionales, por lo que consideran que una tarifa justa debería oscilar entre USD 3,50 y USD 4,00.

Adicionalmente, se informó que el servicio de transporte hacia Río Blanco no es diario, sino que opera únicamente tres veces por semana (miércoles, viernes y domingo), lo que limita la movilidad de los habitantes. Si bien el número de usuarios diarios es reducido, en los días de turno la demanda aumenta considerablemente, lo que evidencia la necesidad de contar con un servicio regular y equitativo.

Finalmente, los moradores manifestaron su preocupación por el mal estado de la vía, agravado por la actual temporada invernal, lo que ha provocado la suspensión temporal del servicio de transporte en algunos días. Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno Provincial, municipales y demás entidades competentes, para que se realicen trabajos de limpieza, mantenimiento y rehabilitación vial, garantizando una circulación segura y continua.

La comunidad de Río Blanco espera que su pedido sea atendido con criterios técnicos y en defensa del derecho a un transporte digno, accesible y regulado, acorde a las condiciones socioeconómicas de esta zona fronteriza del cantón Chinchipe.

El alcalde del cantón Palanda, Segundo Jaramillo, abordó de manera amplia el estado actual de la gestión municipal, los proyectos en ejecución y planificación, así como las gestiones interinstitucionales que se desarrollan con el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe y entidades del Gobierno Central.

Durante su intervención, la autoridad cantonal inició con un saludo a toda la provincia de Zamora Chinchipe y, de manera especial, a la ciudadanía de Palanda, señalando que se mantienen reuniones previas de coordinación con la prefecta. En este contexto, el alcalde expresó su expectativa de que el presente año esté orientado al trabajo sostenido y a la consolidación de obras pendientes, siempre que las condiciones climáticas, especialmente durante la temporada invernal, permitan el normal desarrollo de los proyectos.

El alcalde Jaramillo reconoció que existen retrasos en la ejecución de algunas obras, los cuales obedecen principalmente a la difícil situación económica que atraviesa el país, afectando la disponibilidad y transferencia oportuna de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, destacó que varias iniciativas ya se encuentran en fase de estudios técnicos y revisiones finales, mientras que otras están próximas a ser publicadas en el portal de contratación pública, y algunas más se encuentran en etapa de culminación.

Entre los proyectos prioritarios del cantón Palanda, el alcalde resaltó la regeneración urbana del barrio Tapala, una obra considerada estratégica para el desarrollo urbano, con una inversión aproximada de 800 mil dólares. Asimismo, informó sobre los trabajos coordinados con la Prefectura de Zamora Chinchipe para la colocación de asfalto en la vía de ingreso al cantón, lo que brindará una nueva imagen urbana y mejores condiciones de movilidad.

De manera complementaria, señaló la necesidad de ejecutar obras de infraestructura subterránea, especialmente en lo relacionado con el alcantarillado sanitario, como base técnica indispensable para futuras intervenciones de asfaltado y adoquinado. En este marco, mencionó también la urgencia de concretar el proyecto del recinto ferial, cuya ubicación definitiva será definida en conjunto con el Concejo Municipal y los concejales, con el objetivo de iniciar, durante el presente año, al menos la primera etapa de construcción, considerando además posibles opciones de financiamiento mediante créditos.

En el ámbito rural, el alcalde anunció la firma de un convenio para la ejecución de proyectos en siete barrios rurales, pertenecientes a los sectores de San Francisco y El Porvenir del Carmen, prevista para la próxima semana. Una vez transferidos los recursos, se procederá de manera inmediata a los procesos de contratación, destacando que estos proyectos están orientados a mejorar de forma directa la calidad de vida de la población. Adicionalmente, se gestiona un proyecto específico de alcantarillado fluvial en el sector San Francisco, con el propósito de dejar consolidados todos los servicios básicos para futuras administraciones.

Respecto al sistema vial del cantón, el alcalde indicó que las intensas lluvias han generado dificultades temporales; sin embargo, informó que el Gobierno Provincial ha reincorporado maquinaria adicional de los equipos camineros disponibles. Esto permitirá, una vez mejoren las condiciones climáticas, rehabilitar las vías principales y posteriormente las secundarias, en un trabajo coordinado entre el Consejo Provincial y el GAD Municipal de Palanda.

Finalmente, al referirse al proyecto vial de carácter regional que conecta a Palanda y Chinchipe, el alcalde Segundo Jaramillo manifestó su confianza en que el Gobierno Nacional cumpla con este compromiso, subrayando que se trata de un derecho ciudadano y no de un tema político. Indicó que se mantienen gestiones ante las autoridades nacionales y el ministerio correspondiente, con el objetivo de obtener información clara y oportuna que pueda ser transmitida con transparencia a la ciudadanía.

El alcalde concluyó reiterando su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con los distintos niveles de gobierno, priorizando proyectos que impulsen el desarrollo integral del cantón Palanda y fortalezcan el bienestar de sus habitantes.

El plantón pacífico que reunió a cerca de 5.000 personas en el sector El Pache, entre Portovelo y Piñas, evidenció el profundo malestar social generado por la suspensión total de las plantas de beneficio minero dispuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía. La movilización, realizada el miércoles 4 de febrero, congregó a trabajadores, familias, empresarios y autoridades locales que rechazan una medida que, aunque amparada en argumentos ambientales, no considera el impacto social y económico en territorios históricamente mineros.

La protesta se origina tras la Resolución Ministerial n.º MAE-MAE-2026-0005-RM, emitida el 2 de febrero de 2026, que ordena la suspensión de actividades mineras en Napo y el cierre de plantas de beneficio en El Oro y Loja, afectando directamente al distrito minero de Portovelo. La preocupación se extiende a otras provincias como Zamora Chinchipe, donde la minería no es una actividad reciente, sino una práctica histórica que hoy sostiene alrededor del 70 % de la economía local, mientras que en zonas de El Oro la dependencia supera el 90 % de la población de forma directa o indirecta.

El Ministerio sustenta la resolución en informes técnicos que evidencian contaminación en la cuenca Puyango–Tumbes, con presencia de metales pesados y cianuro por encima de los límites permitidos, situación que ha afectado la calidad del agua, los ecosistemas y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, estos problemas ambientales son también consecuencia de la ausencia prolongada del Estado, que no ha implementado políticas públicas efectivas de control, regulación y capacitación para una minería responsable.

En Zamora Chinchipe y otras provincias mineras no se rechaza el control ambiental; lo que se cuestiona es que la decisión se haya adoptado sin un análisis integral del impacto social ni alternativas claras de empleo. La Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio de la Provincia de El Oro (Aproplasmin) anunció que acatará la resolución, pero exigirá la instalación de mesas de diálogo, un paso necesario para construir compromisos reales entre el Estado y el sector minero.

En un país con serias limitaciones para generar empleo, la criminalización y paralización del sector minero solo profundiza la informalidad y el conflicto social. La salida no es la represión ni las decisiones de escritorio, sino la legalización, regulación y acompañamiento técnico del Estado, que permita proteger el ambiente sin vulnerar el derecho al trabajo. La minería, bien regulada, puede y debe ser parte de una solución económica y social para provincias que, por historia y realidad, dependen de ella.