Nacionales
¿Qué beneficios recibe un asambleísta a más de su sueldo?

A más de su sueldo mensual de $ 4.759, el asambleísta tiene derecho a recibir cinco rubros adicionales: compensación mensual por vivienda, movilización, boletos aéreos, plan de datos de telefonía móvil y viáticos por hospedaje y alimentación cuando viaja a territorio o al exterior en representación de la Asamblea Nacional.
Pero en la nueva modalidad de sesiones semipresenciales por la pandemia del coronavirus, ese beneficio se limita a 42 legisladores que integran el Consejo de Administración Legislativa (CAL), presidentes y vicepresidentes de las quince comisiones especializadas permanentes y a los coordinadores de las cinco bancadas que están autorizados por la Administración central de la legislatura para que trabajen de manera presencial en el Palacio Legislativo. Los demás se conectan por vía telemática. Adicionalmente, los miembros del CAL tienen asignado un vehículo para su movilización,
Una vez que se levante la restricción sobre las sesiones presenciales, esos beneficios contemplados en los reglamentos internos de la Asamblea Nacional comenzarán a aplicarse a los 137 asambleístas.
Aquellos legisladores que acuden presencialmente, sin estar autorizados administrativamente, no reciben viáticos ni los demás beneficios, comenta el legislador Jorge Abedrabbo (SUMA-PSC), quien el viernes pasado estuvo en la provincia de Napo. Afirma que no recibió ni solicitará viáticos por alimentación. Tampoco recibe la compensación económica por movilización terrestre como lo determina la normativa.
Darwin Pereira, delegado de Pachakutik ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), explica que ese organismo determinó semanas atrás que la Asamblea reconoce la movilización únicamente a los legisladores cuando están en trabajo presencial.
Se espera que el 4 de octubre próximo todos los legisladores regresen de manera presencial a las sesiones plenarias y de las comisiones, y a partir de esa fecha se reconocerá los pasajes aéreos o subsidio terrestre cuando el legislador que resida en una provincia donde no existe aeropuerto.
Viáticos
Es el valor diario que se asigna al asambleísta para cubrir los gastos de alojamiento y alimentación que se generen durante el cumplimiento de servicios institucionales dentro y fuera del país y por tal razón deban pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo.
Los viáticos se pagan según la zona. La zona A corresponde a las provincias y ciudades de Manta, Bahía de Caráquez, Santa Cruz, Galápagos, Salinas, Milagro y Quevedo. En resto del país es considerado zona B.
Cuando el asambleísta viaja a las provincias comprendidas en la zona A, recibe un valor de $ 150 por día; en cambio, los que se trasladan a una de las provincias de la zona B reciben $ 120 diarios.
En cambio, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, no tiene un techo del gasto para alojamiento, movilización y alimentación personal y funciona vía reembolso presentando las facturas y comprobantes correspondientes. Esto se aplica tanto para los viajes internos como en el exterior.
De ahí que días atrás saltó una denuncia en medios digitales que alertó un reembolso de $ 846,20 a favor de Guadalupe Llori, por dos días en la ciudad de Tena, por una visita oficial.
El legislador Pereira aclara que los asambleístas reciben viáticos cuando hay una salida oficial o cuando los miembros una comisión especializada permanente salen a territorio para realizar sus reuniones. Aunque el asambleísta señala que también es un tema de consciencia de cada legislador, pues indica que semanas atrás hicieron una “vaca” entre todos para costear la alimentación a los integrantes de la Comisión de Educación que visitó la provincia de El Oro.
Según Pereira, los gastos de la Asamblea Nacional por viáticos son menores a lo que gastó la Presidencia de la República en los tres últimos meses, pues dice que tiene información que mientras la legislatura pagó por este concepto $ 150.000, la Presidencia gastó $ 250.000. Lo que le preocupa es que en el Ejecutivo existe un rubro de gastos reservados, lo cual será parte de una investigación, advierte.
Pero el viático se incrementa si el legislador viaja en delegación hacia el exterior y para ello se realiza un cálculo multiplicando el valor fijado en $ 250 por el coeficiente de acuerdo con una tabla establecida en el reglamento aprobado en julio 2017 en la administración de José Serrano (AP).
Algunos ejemplos de montos de viáticos en el exterior de un asambleísta
País | Monto de viáticos diarios en dólares |
---|---|
Estados Unidos | Hasta 407,5 si viaja a Nueva York |
Japón | 502,5 |
España | 365 |
Francia | 327,8 |
Suiza | 412,5 |
China | 360 |
Rusia | 395 |
Afganistán | 350 |
Venezuela | 332,5 |
Italia | 375 |
Colombia | 315 |
Costa Rica | 312,5 |
Alemania | 372,5 |
El valor del viático para el desplazamiento del legislador al exterior se paga exclusivamente cuando cumple tareas oficiales o servicios institucionales, incluye los costos del pasaporte, visas y tasas e impuestos.
Concluido el viaje al exterior, el asambleísta tiene cuatro días para presentar el informe de cumplimiento de la delegación y este debe ser ubicado en la página web.
Subsistencia
Este es el valor diario que se asigna al legislador destinado a financiar los gastos de alimentación, $ 75 o $ 60, según la provincia a la que se desplaza para cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivadas de las funciones de su puesto, cuando dichas actividades o su duración supere las seis horas y siempre que el viaje de ida y de regreso se efectúe el mismo día.
El tiempo del cálculo de las horas para este pago se hace desde el momento y hora en que el asambleísta inicia su traslado hasta el instante que llega a su domicilio o lugar habitual de trabajo.
El valor de subsistencia de un asambleísta en el exterior, cuando este regresa en el mismo día, es el equivalente al 50 % del valor diario en el exterior.
Subsidio aéreo y terrestre por movilización
Este comprende los gastos por el transporte que sea asignado al asambleísta para el cumplimiento de los servicios institucionales y retorno a su domicilio o lugar habitual de trabajo, así como los gastos que generen por el desplazamiento a las terminales aéreas, terrestre, fluvial o marítima, desde y hacia el domicilio.
Aquellos legisladores que residan en provincias donde existe servicio de transporte aéreo tienen derecho a un pasaje semanal aéreo de ida y vuelta para asistir a las sesiones convocadas para el pleno o por las comisiones especializadas permanentes u ocasionales y para cumplir con la agenda legislativa.
Del total de boletos asignados en el año, el legislador principal podrá utilizar hasta doce boletos aéreos de ida y vuelta adicionales para trasladarse hacia otros destinos en el Ecuador. Este beneficio de los doce pasajes aéreos también incluye a los asambleístas que fijan residencia en Quito y en el exterior, pero con destinos en el interior del país.
Los asambleístas principales del exterior tienen derecho anualmente a cuatro boletos aéreos de ida y vuelta.
En cambio, si el legislador reside habitualmente en una provincia donde no existe servicio de transporte aéreo, la Asamblea reconoce un subsidio de movilización terrestre por el valor de 35 centavos de dólar por kilómetro con base en las distancias establecidas por el Ministerio de Transporte, cuando se desplace en vehículos que no pertenezcan a la Asamblea Nacional.
Las tres autoridades de la Asamblea más los cuatro integrantes del CAL tienen a su servicio un vehículo 24 horas los siete días de la semana, señala Pereira, pero él aclara que no lo ocupa para desplazarse a su provincia, El Oro, sino que prefiere viajar en bus aunque en dos ocasiones viajó por Guayaquil.
Ciudad | Valor en dólares por movilización terrestre |
---|---|
Ambato | 48,65 |
Esmeraldas | 105 |
Ibarra | 39,20 |
Latacunga | 24,50 |
Macas | 121,45 |
Puyo | 74,55 |
Tulcán | 83,65 |
Santo Domingo | 39,20 |
Babahoyo | 114,45 |
Tena | 66,15 |
Compensación por vivienda
En junio de 2017, el expresidente de la Asamblea José Serrano modificó el valor de la compensación mensual para cubrir los gastos de vivienda de los asambleístas cuya residencia habitual se encuentra más de 60 kilómetros a la redonda de Quito.
Con ello, cada legislador que no resida en Quito, sede principal de la Asamblea Nacional, aparte de su sueldo mensualmente recibe la cantidad de $ 1.125, aunque en el reglamento modificado señala que debe ser el equivalente a tres remuneraciones básicas unificadas.
Teléfonos y datos móviles
En mayo de 2018 se reformó el uso, administración y control de los servicios de telefonía celular e internet móviles en equipos y dispositivos de la Asamblea Nacional.
Los beneficiarios son presidenta; dos vicepresidentes; asambleístas; secretario general, secretario de comunicación, secretario de relaciones internacionales e institucionales, administrador general, jefe de la escolta legislativa, jefe de seguridad inmediata de la presidencia de la Asamblea.
Tienen derecho a recibir un equipo celular y tableta, y serán utilizados con fines exclusivamente institucionales y relacionados con las funciones que desempeñan. Con ello se asignan también datos mensuales para uso de telefonía móvil.
El monto máximo para consumo mensual de datos es de $ 314 para la presidenta; $ 100 a los dos vicepresidentes y asambleístas; $ 45 para secretarios, administrador general, jefe de escolta y jefe de seguridad presidencial.
Pero no todos los legisladores recibieron los equipos móviles, algunos de ellos rechazaron este beneficio. Quienes no reciben el teléfono de la institución no obtienen el servicio de datos móviles.
La presidenta de la Asamblea Nacional y los asambleístas podrán hacer uso del servicio de roaming en la telefonía celular, el cual se activará por el lapso que dure la representación oficial que motive la salida del país y cuyo consumo será adicional a los valores asignados para el uso de telefonía móvil celular. (I)
El Universo
Nacionales
Aquiles Alvarez sobre eliminación al subsidio del diésel: ‘No se subirá un centavo el pasaje’

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció este lunes sobre las declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en relación con la eventual decisión de los municipios de aumentar o no la tarifa del transporte urbano, ante la eliminación del subsidio al diésel.
En una entrevista en el programa televisivo Contacto Directo, el titular de dicha cartera explicó que el programa de compensaciones económicas a transportistas propuesto junto a la medida, que consiste de pagos mensuales de entre USD 400 A USD 1.000 dependiendo de la actividad a la que se dedican, se extenderá ocho meses, con opción a una prórroga de cuatro meses adicionales.
Luego de ello, explicó Luque, serán los gobiernos autónomos descentralizados las instituciones que deberán regular los precios del transporte público. El Gobierno únicamente resolvería si habría un alza en el sector de transporte intraprovincial e interprovincial.
El burgomaestre recalcó que “Guayaquil es autónoma” e indicó que, aunque el tema aún no se ha tratado en el Concejo Municipal, se ha evaluado la posibilidad de dividir el transporte urbano en dos modalidades: una clase popular, que mantendría la tarifa actual de 30 centavos, y una clase ejecutiva, con un costo de 45 centavos, cuyas unidades estarían equipadas con aire acondicionado y Wi-Fi.
Alvarez reiteró que utilizar la clase ejecutiva sería optativa y detalló que existen casi 2.600 buses urbanos en Guayaquil, de los cuales únicamente el 5% podría acogerse a esta modalidad si la medida llegase a ser aplicada. No obstante, para ello, acotó, «falta mucho todavía».
Advertencia de organizaciones sociales
Varias organizaciones sociales, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), anunciaron este lunes 15 de septiembre medidas de protesta a lo largo del país contra la eliminación del subsidio al diésel.
Según cálculos oficiales, supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares al año y un golpe a economías criminales, que, sostiene el Ejecutivo, se beneficiaban de la diferencia de costes para crear millonarias tramas de contrabando transfronterizo.
“Vamos a radicalizar las acciones. Habrá plantones y movilizaciones el 17 y 18 de septiembre”, confirmó Edwin Bedoya, presidente del FUT, en una rueda de prensa realizada junto a otros líderes sindicales.
Bedoya manifestó su respaldo a las manifestaciones registradas en Carchi, así como al cierre de vías en a las afueras de Quito, afirmando que «esa es la única forma».
El presidente del FUT señaló que los productores de leche y arroz también se están quejando.
«Es decir, el golpe de la subida afecta a todos: campesinos, pequeñas y medianas empresas. De ellos no se acuerda el Gobierno», afirmó.
Bedoya enfatizó que las radicalizaciones empiezan esta semana con plantones y movilizaciones. De su lado, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, invitó a otras organizaciones a respaldar las medidas de protesta. Fuente: Vistazo
Nacionales
La Corte Constitucional rechaza pregunta de referéndum de Noboa para reducir el número de asambleístas

La Corte Constitucional rechazó la pregunta propuesta por el presidente Daniel Noboa para ser votada en referéndum referida a reducir el número de asambleístas de la Asamblea Nacional, que actualmente cuenta con 151 integrantes, por no cumplir con los requisitos constitucionales de claridad y lealtad hacia el electorado.
Esta es una de las cuatro preguntas para el nuevo referéndum que impulsa Noboa rechazadas por la Corte el pasado 5 de septiembre, pero sobre la que el mandatario había insistido con una nueva reformulación que tampoco ha sido validada por los jueces constitucionales.
El alto tribunal determinó que esta cuestión omitía datos fundamentales, como que la cámara nacional pasaría a tener solo 73 integrantes, y tampoco especificaba los criterios de redistribución de escaños por provincia.

«Esta ausencia de información dificultaba que el electorado comprenda con precisión el alcance de la propuesta«, señaló el máximo tribunal de garantías.
La Corte Constitucional rechazó hace diez días cuatro de las siete preguntas propuestas por Noboa para votar en un referéndum presumiblemente a finales de este año.
Una vez la Asamblea da el visto bueno a las cuestiones, deben ser estudiadas y analizadas por la Constitucional para determinar si son constitucionales o, por el contrario, deben ser modificadas.
Financiamiento de partidos políticos
La pregunta para eliminar la financiación pública a los partidos políticos y a las campañas electorales, así como la contratación por horas de jóvenes que se integran al mercado laboral en el sector turístico sí fueron catalogadas como constitucionales, pero se hicieron algunas modificaciones para evitar la ambigüedad y garantizar la neutralidad de la consulta.
En el caso de la financiación de los partidos, eliminó la intención de reformar el artículo 115 de la constitución porque mezclaba conceptos y afectaba a la igualdad en la difusión de propuestas electorales durante las campañas.
Por tanto, mantuvo la redacción de la pregunta por considerarla «neutral» y sí autorizó la modificación al artículo 110 de la Constitución, que permitiría suprimir la obligación del Estado de financiar a las organizaciones políticas.
La contratación por horas, aunque modificó un par de aspectos por considerarlos «valorativos», también alcanzó el visto bueno del alto tribunal y podrá ser votada en el futuro referéndum, a celebrarse previsiblemente en diciembre. Esta cuestión consiste en permitir que se puedan firmar contratos laborales en el sector turístico, siempre y cuando sea la primera relación laboral entre ambas partes.
Por último, y en relación con la declaratoria del estado de excepción por parte de Noboa en algunas provincias del país a principios de agosto, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de la medida en todas excepto en los cantones de La Maná y Las Naves por falta de justificación del presidente. Fuente: Vistazo
Nacionales
CONGOPE se pronuncia ante la eliminación del subsidio al diésel y llama al diálogo para garantizar estabilidad en las provincias

El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), frente a la reciente medida del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio al diésel, expresó su compromiso de velar por la estabilidad y el desarrollo territorial del país, especialmente en el ámbito provincial.
La organización reconoció el esfuerzo gubernamental por democratizar los recursos, los cuales deben destinarse prioritariamente a saldar la deuda histórica con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y a fortalecer áreas estratégicas como seguridad, bienestar social y generación de empleo.
En este sentido, el CONGOPE considera que la medida puede constituirse en una oportunidad para corregir desigualdades, dinamizar la economía, generar empleo y reducir la pobreza, siempre que los incentivos estén debidamente focalizados en los productores, transportistas y familias vulnerables.
Asimismo, la entidad destacó que la eliminación de subsidios mal direccionados, que en gran parte beneficiaban a la minería ilegal y al contrabando, permitirá mitigar estos problemas estructurales a mediano plazo.
No obstante, se advirtió sobre la relevancia de garantizar la continuidad de los sectores productivos y logísticos de las provincias, que dependen del transporte pesado, la maquinaria agrícola y la cadena de suministros para sus actividades cotidianas. En ese marco, el CONGOPE hizo un llamado a la ciudadanía y a los gremios a mantener la calma y evitar medidas de paralización que podrían generar graves impactos sociales y económicos.
El Consorcio reafirmó su voluntad de promover el diálogo y la coordinación interinstitucional con el Gobierno Nacional y los diferentes sectores, a fin de asegurar que los mecanismos redistributivos –como el bono destinado a transportistas– sean suficientes y lleguen oportunamente a los actores directamente involucrados.
Finalmente, el CONGOPE subrayó la importancia de realizar un monitoreo cercano del impacto de esta decisión en las provincias, con el objetivo de mitigar posibles efectos adversos y garantizar la continuidad de la producción, el transporte y la vida cotidiana de los ecuatorianos.
“Las Provincias somos el Ecuador”
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