Nacionales
Después de ganar el sí, ecologistas exigen que se detengan actividades

El pasado 20 de agosto en el Ecuador, se celebraron las elecciones legislativas, presidenciales y de consulta popular; en esta última, la pregunta referente a sí la población estaba de acuerdo con mantener el crudo del petróleo en el subsuelo, concerniente al Bloque 43 ITT, a respuesta en un gran porcentaje fue afirmativa para preservar los ecosistemas y el bienestar de las comunidades adyacentes.
Según el fallo de la Corte Nacional de Justicia, una vez que se conozcan los resultados de la consulta popular, ya se debía haber detenido las operaciones, pero no sucede así. Eduardo Ramos, ecólogo por la Universidad San Francisco de Quito, expone que en el art. 106 de la Constitución dicta que las operaciones deben interrumpirse, con un cumplimiento inmediato y obligatorio.
El profesional que ha trabajado por más de 20 años en el Yasuní, 7 años como parte de la ONG de estudios ecológicos ECOCIENCIA, siendo coautor del Plan de Manejo del Territorio Waorani 2002, con especial énfasis en la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento. Además, fue vocero de la veeduría ciudadana para la protección de los pueblos indígenas aislados entre 2004 y 2007, promoviendo y participando como tal en la delimitación de la zona intangible tagaeri-taromenane. En el 2008 fue el primer coordinador de la Oficina de Protección de Pueblos Indígenas Aislados, cargo que ocupó en el Ministerio del Ambiente del Ecuador durante 2 años, considera que el Sí marcará un precedente en la historia del país y el mundo por la lucha contra el cambio climático.
Es una decisión que va a tomar un gran peso para el Ecuador; con ello, la ciudadanía demostró la madurez característica para la comprensión y entendimiento de los problemas ambientales y sociales que ha traído consigo la extracción de recursos en territorios rurales, donde sus pobladores han sido fuertemente afectados.
“La planificación era de 50 años que ha dejado muy poco a esta parte del país y este sector. Esto, tendrá un significado importante hacía el futuro”, dijo Ramos.
Concluye en que las cifras otorgadas por el sector petrolero han sido especulativas, porque no hay sustento para poder decir que se van a perder USD 16.000 millones de dólares. Dicen que sus cálculos dan valores menores a los emitidos por el sector petrolero, por su puesto, no deja de ser perdidas para un país que obtienen recursos a través de ellos. Destacan que es un presupuesto que se puede obtener y recuperar a través de otras fuentes de ingreso que se están obviando como la evasión de impuestos para las grandes empresas.
Otro tema que afecta indirectamente al país es la elusión fiscal que tiene que ver con la salida de capitales al extranjero de manera “legal”. Asegura que las grandes empresas se valen de paraísos fiscales en los cuales las legislaciones con respecto a tributación son muy débiles o no cobran impuestos o son mínimos y de esa forma evitan pagar impuestos al Ecuador. Los ecologistas ven en esa situación, una forma de recuperar el concepto de los recursos por explotación en el Yasuní.
Además, el hecho de explotar dentro de un área protegida como lo es el parque nacional Yasuní no debe proceder, pues según el art. 407 de la Constitución, existe una declaratoria de interés nacional en el 2013 y en el mismo año, la Asamblea Nacional la destacó como la ‘Declaratoria de interés nacional’, la consulta popular debe ser de carácter nacional y no en las zonas de explotación, tal como lo manifestó el ministro Santos Albite.
El ecologista dice que son conscientes que no se tardarán un solo año en desmantelar la infraestructura petrolera, pero en el termino de un año, ya no deben explotar, es lo que está establecido por la Corte Constitucional.
Nacionales
Policías a cargo del rastrillo vendían armas a Mafia 18 y Freddy Krueger, así era el modo de operar

La corrupcion permea en la Policía Nacional, que este 3 de julio desarticuló una red de delincuencia organizada, que tenía como ‘protagonistas’ a seis agentes en servicio activo de la institución, y quienes vendían armas de dotación a bandas criminales.
El operativo Embestida 32 fue desarrollado en cuatro provincias de forma simultánea este jueves y se realizaron 14 allanamientos en distintas ciudades.
Además de los seis policías detenidos, hay un agente en servicio pasivo aprehendido, y tres civiles, quienes serían los encargados del traslado y entrega de las armas.
Pero, ¿cómo operaban estos policías en la red desmantelada? Esto informó el director nacional de Asuntos Internos de la Policía, Joffre García, en una rueda de prensa desde Quito: En total 10 personas fueron detenidas en este caso que la Fiscalía denominó Depuración Azul, y que surgió como parte de una investigación interna de la Policía hace cinco meses.
A los seis policías en servicio activo se les abrió una sumario administrativo.
Ellos estaban encargados del rastrillo, o lugar donde se acopian de ‘forma segura’ las armas de dotación de la Policía en Ecuador.
Otros de los detenidos laboraban en el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, que también fue allanado este jueves.
Precisamente, de ambos lugares, los agentes «habrían sustraído armas y municiones para venderlas, presuntamente, a organizaciones criminales».
Luego, las armas y municiones se entregaban a conductores que las distribuían o entregaban a dos bandas: Los Freddy Krueger y los Mafia 18.
Ambas organizaciones criminales se dedican a operaciones delictivas en zonas de Guayaquil, como el traslado de la droga.
El jefe policial García señaló que además de las armas y municiones, los implicados vendían pertrechos policiales, es decir, prendas y objetos alusivos a la institución como chalecos antibalas y uniformes.
En los allanamientos se decomisaron cuatro armas de fuego, 2.000 cartuchos y radios de comunicación. Fuente: Primicias
Nacionales
Ministerio de Energía descarta cortes de luz en Ecuador pese a paralización de ocho hidroeléctricas

Las intensas lluvias en la Amazonía han dañado la calidad del agua en los ríos que abastecen a ocho hidroeléctricas, lo que ha dejado fuera de servicio unos 1.200 megavatios; es decir, un 31% de la demanda nacional media que es de 3.900 megavatios.
Lo dijo el ministro encargado de Energía, Guillermo Ferreira, en rueda de prensa realizada este 3 de julio de 2025.
Lea: Petroecuador declara la fuerza mayor para el oleoducto SOTE y advierte afectación en exportaciones petroleras
«No habrá ningún tipo de racionamiento. Las ocho hidroeléctricas que están paralizadas están en una capacidad de generación de 1.200 megavatios, pero la demanda está cubierta», dijo Ferreira.
Ferreira insistió en que están llamando, además, a empresas privadas para que apoyen con su generación propia.
«En el momento en que la condición de los ríos permitan volveremos a operar con las hidroeléctricas», dijo Ferreria al señalar que no hubo daños en las centrales por la mala calidad del agua y que su paralización es una medida preventiva para evitar daños en los equipos.
El Viceministro no detalló los nombres de todas las hidroeléctricas, pero entre ellas están Coca Codo Sinclair, Delsitanisagua, San Bartolo.
El ministro de Energía encargado dijo, sin embargo, que hoy (3 de julio de 2025) se importaron 100 megavatios de Colombia desde las 09:00 hasta las 11:00.
¿Un sistema vulnerable?
Para el consultor eléctrico, Ricardo Buitrón, considera que las medidas tomadas por la salida de operación de las hidroeléctricas reflejaría que el país no cuenta con una reserva de centrales termoeléctricas adecuadas.
Y eso ha llevado a tomar medidas desesperadas como son la activación de la generación eléctrica a privados y la importación de electricidad de Colombia, ambas son dos tipos de energía costosa.
«La presunción es que tuvimos que tomar energía cara porque no teníamos el parque térmico (propio) para entrar en operación. (…) Si no tengo una reserva termoeléctrica adecuada, comienzo a pedir auxilio», dice Buitrón.
El parque termoeléctrico de Ecuador es de unos 1.800 megavatios de potencia, pero no todo está operando, sea porque está en mantenimiento, porque es obsoleto o porque tiene fallas.
El Viceministro de Electricidad ha señalado que el Gobierno ha trabajado fuertemente para recuperar parte del parque termoeléctrico.
Sin embargo, el 2 de julio de 2025, cuando el operador estatal de energía Cenace pidió a los privados encender sus motores de manera urgente, estuvieron en operación 1.000 megavatios termoeléctricos, lo que incluiría los 200 a 300 megavatios de las barcazas.
De ser así, según Buitrón, esas cifras reflejaría la alta vulnerabilidad que aún tiene el parque termoeléctrico y del sistema eléctrico en general para afrontar por cuenta propia escenarios de fuerte déficit de energía, sobre todo de cara al próximo estiaje que está por venir.
El consultor eléctrico, Gabriel Secaira, preocupa que «aparentemente» no pusieron a operar todo el parque termoeléctrico el 2 de julio de 2025.
«Lo ocurrido estos días hace ver que Ecuador no tiene energía de respaldo ante escenarios de déficit. Se debe tener un 10% de respaldo para cubrir la demanda máxima del país», dice Secaira. Fuente: Primicias
Nacionales
Dominique Serrano, el asambleísta que se hizo tendencia por dibujar durante una sesión

La escena se viralizó en redes sociales. Un video captó a Dominique Serrano, el asambleísta más joven, con apenas 19 años, dibujando con un lápiz y sobre unas hojas, mientras la Comisión de Transparencia y Control Social, recibía las comparecencias de autoridades sobre los contratos de las empresas Progen y Austral.
El episodio ocurrió la tarde del miércoles 2 de julio de 2025, pero se volvió tendencia en redes sociales este miércoles, debido a que muchos usuarios empezaron a cuestionar la actuación del legislador más joven que tiene el hemiciclo ecuatoriano.
Pese a que su nombre inunda las redes por el polémico video, Serrano aún no se ha pronunciado. La bancada de ADN tampoco ha emitido ningún comunicado.
Durante la sesión de la Comisión de Transparencia, acudieron autoridades como el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, para responder sobre los procesos de contratación por la crisis eléctrica. Las empresas Progen y Austral, que tenían que instalar generadores, han incumplido con los acuerdos por lo que el gobierno terminó los contratos, pese a que ya se les canceló más de 100 millones de dólares. Fuente: Vistazo
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