El pasado 20 de agosto en el Ecuador, se celebraron las elecciones legislativas, presidenciales y de consulta popular; en esta última, la pregunta referente a sí la población estaba de acuerdo con mantener el crudo del petróleo en el subsuelo, concerniente al Bloque 43 ITT, a respuesta en un gran porcentaje fue afirmativa para preservar los ecosistemas y el bienestar de las comunidades adyacentes.

Según el fallo de la Corte Nacional de Justicia, una vez que se conozcan los resultados de la consulta popular, ya se debía haber detenido las operaciones, pero no sucede así. Eduardo Ramos, ecólogo por la Universidad San Francisco de Quito, expone que en el art. 106 de la Constitución dicta que las operaciones deben interrumpirse, con un cumplimiento inmediato y obligatorio.

El profesional que ha trabajado por más de 20 años en el Yasuní, 7 años como parte de la ONG de estudios ecológicos ECOCIENCIA, siendo coautor del Plan de Manejo del Territorio Waorani 2002, con especial énfasis en la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento. Además, fue vocero de la veeduría ciudadana para la protección de los pueblos indígenas aislados entre 2004 y 2007, promoviendo y participando como tal en la delimitación de la zona intangible tagaeri-taromenane. En el 2008 fue el primer coordinador de la Oficina de Protección de Pueblos Indígenas Aislados, cargo que ocupó en el Ministerio del Ambiente del Ecuador durante 2 años, considera que el Sí marcará un precedente en la historia del país y el mundo por la lucha contra el cambio climático.

Es una decisión que va a tomar un gran peso para el Ecuador; con ello, la ciudadanía demostró la madurez característica para la comprensión y entendimiento de los problemas ambientales y sociales que ha traído consigo la extracción de recursos en territorios rurales, donde sus pobladores han sido fuertemente afectados.

“La planificación era de 50 años que ha dejado muy poco a esta parte del país y este sector. Esto, tendrá un significado importante hacía el futuro”, dijo Ramos.

Concluye en que las cifras otorgadas por el sector petrolero han sido especulativas, porque no hay sustento para poder decir que se van a perder USD 16.000 millones de dólares. Dicen que sus cálculos dan valores menores a los emitidos por el sector petrolero, por su puesto, no deja de ser perdidas para un país que obtienen recursos a través de ellos. Destacan que es un presupuesto que se puede obtener y recuperar a través de otras fuentes de ingreso que se están obviando como la evasión de impuestos para las grandes empresas.

Otro tema que afecta indirectamente al país es la elusión fiscal que tiene que ver con la salida de capitales al extranjero de manera “legal”. Asegura que las grandes empresas se valen de paraísos fiscales en los cuales las legislaciones con respecto a tributación son muy débiles o no cobran impuestos o son mínimos y de esa forma evitan pagar impuestos al Ecuador. Los ecologistas ven en esa situación, una forma de recuperar el concepto de los recursos por explotación en el Yasuní.

Además, el hecho de explotar dentro de un área protegida como lo es el parque nacional Yasuní no debe proceder, pues según el art. 407 de la Constitución, existe una declaratoria de interés nacional en el 2013 y en el mismo año, la Asamblea Nacional la destacó como la ‘Declaratoria de interés nacional’, la consulta popular debe ser de carácter nacional y no en las zonas de explotación, tal como lo manifestó el ministro Santos Albite.

El ecologista dice que son conscientes que no se tardarán un solo año en desmantelar la infraestructura petrolera, pero en el termino de un año, ya no deben explotar, es lo que está establecido por la Corte Constitucional.