Lo que presenciamos ayer en Zamora Chinchipe no fue un simple acto de ayuda, fue una verdadera lección de dignidad y solidaridad. En medio de una de las peores crisis viales que ha enfrentado nuestra provincia, fueron las manos y las máquinas de la gente, sí, de nuestra gente, las que respondieron con la urgencia que el momento exige.

Debemos reconocerlo y aplaudirlo: la empresa privada, los mineros zamoranos, los de aquí, los que conocen estas tierras porque en ellas crecieron, estuvieron ahí, presentes con maquinaria y alimentos, cuando la vía Loja–Zamora se encontraba bloqueada y cientos de familias esperaban una respuesta. No lo hicieron para ganar aplausos, lo hicieron porque saben que la vida en nuestra provincia no puede detenerse. Su ejemplo fue tan contundente que incluso sorprendió al propio gobierno central, que vio cómo una comunidad se levantaba para solucionar lo que el Estado, hasta entonces, no podía.

No se trató únicamente de liberar la vía principal; hubo presencia en distintos puntos críticos de la provincia, demostrando que cuando las instituciones fallan, la fuerza colectiva del pueblo zamorano chinchipense emerge como su mejor recurso. La humildad y la resiliencia de nuestra gente volvieron a quedar en evidencia.

Sin embargo, esta admirable reacción ciudadana también revela las ausencias. ¿Dónde estuvieron aquellas grandes empresas nacionales y transnacionales que operan en nuestra tierra, las que cada día se benefician de nuestros recursos? No vimos a Coca-Cola, a Tía, a las grandes cerveceras ni a las distribuidoras de combustibles aportando en este momento crítico. Si estuvieron presentes, que lo demuestren. Mientras tanto, el reconocimiento merece ser para nuestras empresas locales, para quienes siempre han estado ahí en silencio, ayudando sin esperar reflectores.

Este acontecimiento debe ser un llamado de atención al Gobierno. La lección es clara: se debe escuchar y apoyar a quienes verdaderamente sostienen a Zamora Chinchipe en los momentos difíciles. Legalicen su trabajo, denles las herramientas técnicas necesarias, y coordinen esfuerzos con ellos en lugar de ignorarlos o amenazarlos. Es inadmisible que una provincia rica en recursos como el oro y el cobre continúe mendigando inversiones para su vialidad, un hospital que ya no da abasto, y proyectos como el cuarto eje vial que siguen en el abandono.

El pueblo humilde, al que durante tanto tiempo las autoridades locales y nacionales han dado la espalda, demostró que es capaz de más de lo que muchos imaginan. Hoy, esas mismas autoridades tuvieron que observar con vergüenza, quizá, cómo la fuerza privada y comunitaria lograba lo que ellas no pudieron en días.

Que la visita del ministro Roberto Luque no sea solo una postal para los medios nacionales. Zamora Chinchipe necesita acciones sostenidas, recursos reales y un compromiso verdadero con su desarrollo. No podemos seguir siendo la provincia que da al Estado, pero recibe migajas cuando las crisis golpean.

Aplaudimos la unidad. Agradecemos a nuestras empresas privadas, a nuestros mineros, a nuestra gente. Pero también exigimos al Estado que cumpla su deber: apoyar y trabajar junto al pueblo que nunca se rinde.

En un contexto de creciente afectación ambiental, destrucción de infraestructura vial y desprotección ciudadana, el exasambleísta Salvador Quishpe realizó un pronunciamiento público de alto contenido crítico y reflexivo en el programa Frente a Frente, donde abordó de forma integral las causas estructurales de las recientes emergencias por lluvias e inundaciones en la provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la entrevista, Quishpe hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana y al accionar firme de las instituciones frente a una problemática que combina factores naturales con una intervención humana descontrolada, en particular por las prácticas extractivas de la minería y la deforestación en zonas de alto riesgo.

Quishpe inició su intervención reconociendo que los ciudadanos de la provincia están plenamente conscientes de las causas de las afectaciones: “Desde siempre lo dijimos y seguimos diciendo, talar los bosques hasta la orilla de los ríos es un error”. Insistió en que la provincia, rica en recursos hídricos, requiere una gestión ambiental coherente, pues las lluvias intensas propias del clima amazónico agravan los efectos de la deforestación y la minería mal planificada.

En este sentido, criticó duramente la inacción de las autoridades ante la evidente vulnerabilidad de las cuencas hídricas. “Aquí no hay institucionalidad que se haya puesto a ejercer la gestión para prevenir todos estos problemas. Lamentablemente, Zamora Chinchipe es tierra de nadie”, sentenció.

Asimismo, lamentó que funcionarios públicos guarden silencio frente a estos hechos, bajo el argumento de que reciben amenazas. Para Quishpe, ese silencio es inaceptable: “Si están con miedo, renuncien. Que alguien venga con el valor de decir las cosas como son. Nadie está en contra de las actividades productivas, pero no podemos callar frente al daño evidente”.

El exlegislador evidenció con ejemplos concretos cómo la minería, especialmente en sectores como Chamico, ha alterado gravemente el entorno natural, desviando cauces de ríos, removiendo material de forma irresponsable y comprometiendo carreteras y puentes. Recordó que ya en 2021 denunció formalmente ante la Fiscalía la afectación a bienes públicos producto de actividades mineras, pero el caso fue archivado inicialmente, y sólo reabierto en 2024 tras insistencia.

“¿Qué pasa con los bienes públicos? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde está ARCOM?”, cuestionó Quishpe, exigiendo que las autoridades competentes asuman sus responsabilidades legales conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en especial el artículo 450, que faculta a la Fiscalía a iniciar investigaciones de oficio cuando los delitos ambientales son de conocimiento público.

Adicionalmente, denunció casos de amenazas por parte de personas vinculadas a la minería contra moradores que han alzado su voz. “Con lágrimas en sus ojos, una ciudadana relató cómo la amenazaban para desalojarla de su vivienda con el fin de realizar actividades mineras”.

Vialzachin, símbolo de abandono
Otro punto abordado con preocupación fue la situación de la empresa pública Vialzachin, actualmente debilitada económicamente. Según Quishpe, esta herramienta fue creada por la provincia con visión de desarrollo, y hoy se encuentra amenazada de desaparecer. “Nos dicen que necesitan alrededor de un millón de dólares para volver a operar adecuadamente. Hay rumores de quiebra. ¿Qué va a pasar con los trabajadores con diez o doce años de servicio?”, preguntó.
Subrayó que Vialzachin no es un regalo, sino el resultado de decisiones tomadas en asambleas provinciales, y por tanto debe ser defendida. También criticó que los alcaldes —quienes fungen como consejeros provinciales y tienen competencias sobre el uso del suelo— no hayan presentado posturas claras ante el deterioro vial ni frente al crecimiento de la actividad minera.

Doble moral institucional
Quishpe recordó que cuando en protestas ciudadanas se afectó un metro cuadrado de asfalto, se iniciaron procesos penales con celeridad contra los manifestantes, mientras que en los casos de destrucción de tramos enteros de vías por actividades extractivas ilegales, no hay ninguna acción judicial. “Eso es doble moral. Al campesino se lo persigue con rigor, pero a los responsables del desvío de ríos y destrucción de carreteras no se los toca”, denunció.

En un tono constructivo, Quishpe enfatizó la necesidad de diálogo y planificación, señalando que la minería no es intrínsecamente negativa, pero debe realizarse en lugares y condiciones adecuadas. “La minería, como el cuchillo, puede ser útil o letal dependiendo de cómo se use. Si se hace bien, con respeto a la provincia, puede ser una oportunidad, pero no podemos permitir amenazas ni destrucción”, afirmó.

Además, recordó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 279, establece la obligación de formular planes de ordenamiento territorial, instrumento que permitiría definir zonas de actividad económica y áreas de protección. “Necesitamos una Asamblea Provincial donde nos pongamos de acuerdo: autoridades, mineros, campesinos, ciudadanos”, propuso.

En otro tema, elevó un llamado directo a la Contraloría General del Estado para que audite la gestión de entidades como la Prefectura, la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y ARCOM, por su falta de acción oportuna ante delitos ambientales y pérdida de bienes públicos. “No basta con hablar bonito. Se necesita resultados. ¿Dónde están los responsables de que se haya perdido un puente nuevo por omisión institucional?”, cuestionó.

Salvador Quishpe cerró su intervención con un llamado al pueblo de Zamora Chinchipe a mantenerse vigilante, a exigir transparencia y a construir un futuro responsable para las nuevas generaciones. “No vengo aquí contra nadie. Pero no podemos seguir aceptando este silencio institucional. La provincia merece respeto. Las decisiones que tomemos hoy marcarán el destino de nuestros hijos y nietos”, concluyó.

Barrios Jorge Mosquera y La Albernia solicitan intervención inmediata de autoridades ante amenaza geológica

En un recorrido realizado este jueves 3 de julio, por periodistas de Diario El Amazónico, se constató una preocupante situación de emergencia geológica en los barrios Jorge Mosquera y La Albernia, ubicados en la parte alta de la ciudad de Zamora. Las fuertes precipitaciones registradas durante la presente temporada invernal han provocado un deslave de gran magnitud que afectó una cancha deportiva, destruyó una parte de la cubierta de la comunidad y representa un riesgo latente para al menos 50 familias asentadas en la zona baja de estos sectores.

Durante el recorrido, moradores y dirigentes comunitarios expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran una “bomba de tiempo”. La falta de intervención técnica adecuada para canalizar las aguas lluvias ha generado un proceso erosivo que compromete la estabilidad de taludes y vías de acceso, y pone en peligro a habitantes de la zona y  infraestructura pública de relevancia como el edificio del Gobierno Provincial, la Defensoría del Pueblo, incluso banco Pichincha.

Víctor Guamán exgobernador y morador del sector, alertó:
“Este deslizamiento ya ha generado afectaciones visibles. Si no se ejecutan obras de mitigación, un nuevo deslave podría tener consecuencias fatales para las familias de la parte baja de la ciudad, incluso para entidades estatales. Necesitamos una intervención urgente”.

Por su parte, Jorge Aguilar González, presidente del barrio Jorge Mosquera, convocó a una reunión comunitaria con carácter urgente para ayer jueves a las 19h00 en el sector:  “La canalización de aguas es una prioridad. Hay que evitar que el flujo pluvial siga debilitando el cerro. Si no se actúa hoy, mañana podemos estar lamentando pérdidas humanas”.

Ambos líderes comunales coincidieron en que el derrumbo ha sido acelerado por la acumulación de aguas pluviales desviadas de manera inadecuada y por el mal manejo de drenajes en construcciones cercanas. Adicionalmente, se identificaron fisuras en la ladera, acumulaciones de sedimentos y falta de mantenimiento en sistemas de desfogue de agua.

Walter, vecino del barrio La Albernia, subrayó que su comunidad también enfrenta serias amenazas por la mala canalización de aguas:
“Un día desvían el agua hacia un lado, otro día hacia otro. No se trata de generar conflictos entre barrios, sino de buscar soluciones conjuntas. La propuesta es construir canales de hormigón y definir un drenaje adecuado para proteger a las familias”.

También cuestiona la presencia de nuevas edificaciones en la parte alta, señalando que podrían estar vertiendo aguas residuales o pluviales de manera directa hacia zonas inestables, agravando el problema.

Milton Jiménez, otro residente del sector, indicó que desde hace varios años ha reportado la presencia de grietas profundas, el mal estado de caminos y la falta de mantenimiento en los sistemas de agua: “Esto no es nuevo. Ya en años anteriores advertimos del peligro, pero no se actuó con la urgencia requerida. Ahora vemos que se está repitiendo la historia, pero en condiciones más graves por el invierno”.

Jiménez reiteró que existen antecedentes de derrumbes en la zona, y pidió que el Municipio de Zamora, gestión de Riesgos y la Prefectura Provincial envíen personal técnico para evaluar y dar mantenimiento a las instalaciones, especialmente donde se ubican tuberías de agua potable y cajas de desfogue.

Los moradores de Jorge Mosquera y La Albernia hacen un llamado enfático a las instituciones competentes: Municipio de Zamora, Prefectura de Zamora Chinchipe, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio del Ambiente y a la empresa privada, a actuar de manera inmediata y articulada. La intervención debe contemplar: • Estudios geotécnicos y de estabilidad de taludes. • Construcción de canales de drenaje y muros de contención. • Mantenimiento preventivo de sistemas de desfogue y agua. • Control de construcciones en zonas vulnerables. • Declaratoria de alerta temprana si el riesgo se mantiene.

La ciudadanía organizada reitera que no se puede esperar a que ocurra una tragedia para actuar. La prevención y el compromiso interinstitucional son las herramientas claves para salvaguardar vidas y patrimonio.